Ahora, cuando termina un gobierno y comienza otro, Sánchez plantea una discusión que va más allá del balance sobre Petro: qué país queda y qué país se quiere construir. Habla de energía, gas, tarifas, inversión, pobreza y empleo, pero también de la necesidad de recuperar la técnica en las decisiones públicas, de tener funcionarios capaces de contradecir al presidente y de entender que el sector privado no puede ser visto como un enemigo. Su frase resume buena parte de la conversación: “Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso”.

Pero quizá la parte más importante de escucharlo ahora está en su llamado a dejar atrás la política de la confrontación permanente. “Tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro”, dice. Sánchez no propone olvidar lo ocurrido durante estos cuatro años, sino aprender de ello y construir sobre lo que ya existe. En un país acostumbrado a que cada gobierno quiera empezar de cero y a que cada diferencia termine convertida en una pelea, su invitación es sencilla y, al mismo tiempo, difícil: volver a hablar, volver a escuchar y preguntarnos menos quién ganó la discusión y más qué necesita Colombia.

Diego Aretz: Usted fue compañero de Gustavo Petro en el Senado y lo conoce desde hace muchos años. Ha sido también un crítico de su gobierno. ¿Cómo lee hoy a Petro? ¿Es el mismo alcalde, el mismo senador o el presidente fue otra persona?

Camilo Sánchez: Yo estoy acostumbrado a construir desde la diferencia. Cuando llegó Petro al Gobierno pensé que íbamos a tener un diálogo técnico. La gran sorpresa fue que terminó siendo ideología y no técnica.

Yo lo tuve como compañero en el Senado y tengo que decirlo: era un buen parlamentario, hacía debates muy bien sustentados. Eso fue totalmente distinto a lo que vimos como gobernante.

Creo que no tuvo un equipo real y serio que pudiera acompañarlo. Fue muy egoísta, creyendo que él tenía la verdad revelada. Nombró funcionarios para que hicieran caso y no para que lo ayudaran a gobernar. Esa fue una de sus grandes falencias.

Si se hubiera mantenido con el primer gabinete, con personas pensantes que podían decirle que no y darle buenos consejos, hubiera tenido una administración admirable. Hoy creo que fue deplorable. Cometió el error de rodearse de áulicos, de personas que solamente hacían caso y no de personas que lo ayudaran a gobernar.

Él es bueno para hacer debates, malo para ejecutar. Lo demostró en la Alcaldía y ahora lo ratificó como presidente.

Diego Aretz: Hablemos de economía y energía. ¿Cuál es su balance de estos cuatro años?

Camilo Sánchez: Los servicios públicos son el nivelador social por excelencia. Desde que llegué a Andesco aprendí que cuando uno mejora la calidad, la cobertura y la continuidad de los servicios públicos, mejora el nivel de vida de todos los colombianos.

Como senador tuve la suerte de ayudar a hacer las leyes 142 y 143, que produjeron una gran revolución. En menos de 32 años cambiamos las coberturas, la calidad y la continuidad de los servicios públicos. Mostramos que para cambiar lo público se necesitaba algo fundamental: competencia. Entraron los privados y los modelos mixtos a competir con lo público y el servicio mejoró.

Hoy tenemos coberturas superiores al 95% en todos los servicios. Es un ejemplo para Latinoamérica. En muchos rincones del país la gente tiene acueducto, alcantarillado, energía y tecnologías de información y comunicación, algo que antes parecía reservado a los departamentos ricos.

Lo triste es que este Gobierno no aprovechó esa ventaja.

Los empresarios, que son quienes hacen la inversión, pedían dos cosas: seguridad jurídica y personas que conocieran técnicamente los sectores para tomar decisiones. Nosotros tenemos una frase: “Buenas decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana”.

Cuando se toman malas decisiones ocurre lo que estamos viviendo. Nosotros nunca deberíamos estar hablando de un apagón.

Un apagón en Colombia nos puede costar entre 1,8 y 2,2 puntos del PIB. Es gravísimo. El Gobierno decidió que Colombia no iba a producir más petróleo y gas y terminamos dependiendo de otros países. Hoy estamos importando más del 30% del gas, cuando antes se importaba alrededor del 4%.

Necesitamos recuperar la soberanía energética y construir una matriz energética diversa: agua, energía eólica, solar, pero también térmica. Aquí se decidió que algunas de esas energías no tenían sentido y son precisamente las que nos han salvado.

Diego Aretz: ¿Qué tan probable es un apagón y qué tiene que hacer el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Si no hubieran existido las empresas del sector eléctrico colombiano que se endeudaron, trabajaron e hicieron esfuerzos enormes, este país habría tenido problemas muy graves.

Hoy tenemos un apagón técnico. La demanda del país está casi un 5% por encima de la oferta y tenemos cortes programados en municipios del Pacífico y el Atlántico de cuatro, seis y hasta ocho horas. Les ponemos un nombre técnico, pero son apagones.

Cualquier contingencia puede apagar el país.

Además, tenemos un problema financiero. A Air-e se le deben alrededor de tres billones de pesos y a las térmicas cerca de dos billones. En un momento como el fenómeno de El Niño, cuando las térmicas pueden generar una parte fundamental de la energía firme del país, no tener liquidez puede producir un apagón financiero.

Por eso le estamos pidiendo al nuevo Gobierno que priorice estos recursos en el Presupuesto Nacional. Hay que evitar ese apagón.

También aplaudo que se haya nombrado una persona técnica al frente de Minas y Energía. En el Gobierno anterior, los ministros de Minas y Energía brillaron por su ausencia de capacidad técnica. Hicieron ideología y política.

Nosotros dimos muchas propuestas, pero querían bajar las tarifas a las malas y no lo lograron.

Diego Aretz: ¿Fue una estrategia deliberada de desfinanciar empresas públicas y servicios para debilitarlos?

Camilo Sánchez: Desde afuera parecía exactamente la misma práctica aplicada en dos sectores distintos. Era un modus operandi.

Tengo que aplaudir a los empresarios que hicieron hasta lo imposible. Otros habrían botado la toalla. Las empresas térmicas se endeudaron hasta el máximo para poder cumplirle al país.

Ahora tenemos que hacer un plan de choque. Primero, priorizar el Presupuesto Nacional para resolver el problema de Air-e. Segundo, revisar la opción tarifaria. Y tercero, pedirles a alcaldes y gobernadores que paguen las deudas de colegios, hospitales y otras entidades públicas.

La liquidez es la única forma de evitar una quiebra y un apagón.

Diego Aretz: Usted ha tenido una postura muy abierta al diálogo. Incluso durante el Gobierno Petro invitó a sus ministros a los congresos de Andesco. ¿Cómo debe ser la relación con el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Desde antes de que ganara el presidente de la República teníamos un vínculo muy grande con el vicepresidente y estuvimos revisando las propuestas para construir un plan de choque para los primeros 100 días.

Nosotros creemos en construir sobre lo construido. Una de las cosas que le decía al presidente Petro y a sus ministros era que ellos creían que habían llegado a fundar el mundo. Aquí ya se habían hecho cosas muy importantes que tenían que seguir construyéndose.

Desde la diferencia buscamos puntos de encuentro.

Nosotros les entregamos estudios sobre electricidad y gas. Les dijimos a tiempo que íbamos a tener que importar grandes cantidades de gas si dejábamos de perforar y aumentar las reservas. Nos dijeron que éramos mentirosos y tramposos, que el apagón era mentira.

Hoy estamos en un apagón técnico y tenemos cortes programados.

Al presidente le faltó dignidad para nombrar personas que pudieran llevarle la contraria. Y ese también es un mensaje para el nuevo Gobierno:

Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso.

Gabinetes capaces de escuchar las distintas posiciones y tomar decisiones aunque no sean las que inicialmente tenían previstas.

Y tenemos que entender algo fundamental: el sector privado no es el enemigo a vencer.

Con este Gobierno queremos trabajar. Para todo lo bueno estaremos acompañándolo, pero tampoco vamos a ser áulicos. Vamos a decir siempre las cosas en las que no estemos de acuerdo, con argumentos y estudios.

Aquí tienen que volver a gobernar la inteligencia, los estudios y la técnica.

Diego Aretz: ¿Cuáles son las prioridades de los primeros 100 días?

Camilo Sánchez: Lo primero es revisar y derogar los proyectos que fueron negativos y estuvieron fundamentados solamente en ideología. El Consejo Gremial entregó un arsenal de propuestas y prospectiva. Mostramos cuáles resoluciones, decretos y proyectos eran negativos.

En energía y servicios públicos tenemos varios asuntos claves: el marco tarifario de agua potable y saneamiento básico, la transmisión, la generación y, especialmente, Air-e.

También es fundamental priorizar el Presupuesto Nacional para darle liquidez al sector en el momento más crítico.

Lo que estamos viendo ahora es algo que no se había hecho durante cuatro años: técnica, conocimiento y convocatoria a los mejores, sin importar de dónde vengan.

Y hay otro reto: la oposición.

Me parece equivocado empezar a hacer oposición sin que siquiera haya comenzado el Gobierno. ¿Cómo se puede juzgar un Gobierno que todavía no ha tenido la posibilidad de empezar a actuar?

Primero hay que esperar 90 o 100 días y hablar sobre hechos, no sobre prejuicios.

Diego Aretz: ¿Cómo podemos superar la polarización?

Camilo Sánchez: A mí me dolió mucho ver cómo se perdió la cultura democrática. Un presidente tiene que saber entregar el poder.

Uno no puede ser una persona maleducada ni en la entrada ni en la salida. El presidente Duque no tenía por qué estar feliz de entregarle el poder a Petro, pero era un demócrata y lo entregó como debía.

Ahora tenemos que trabajar para volver a unir al país. Lograron dividir a los colombianos, a las familias, los barrios y las poblaciones.

La gran estrategia debe ser que todos, desde la diferencia, construyamos para el beneficio general.

Tenemos que volver a trabajar en equipo. Lo que queremos todos es que le vaya bien al país.

Diego Aretz: Hablemos de servicios públicos. ¿Son caros o baratos en Colombia frente a los países desarrollados?

Camilo Sánchez: Tenemos servicios públicos admirables para los estándares internacionales y nuestras rentabilidades no son excesivas.

Hay que entender algo: más del 80% de los colombianos gana menos de dos salarios mínimos. Los empresarios saben que no pueden poner tarifas que la gente no pueda pagar porque destruirían el sector.

En Colombia hemos hecho un milagro. Somos un fenómeno en Latinoamérica.

Tenemos, además, un sistema de subsidios cruzados: los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comercial e industrial, subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Eso es algo maravilloso.

Lo que tenemos que hacer es sacar a los colados del sistema.

En Colombia el estrato 4 es el único al que se le cobra lo que realmente vale el servicio.

En tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo, los precios han crecido por debajo de la inflación. Es un sector tecnológico, con economías de escala y mucha competencia.

Y en energía, comparados con Estados Unidos, nuestros costos son muy bajos.

El problema es que tenemos redes de transmisión de más de 50 años. Somos unos berracos: hemos logrado mantener y aprovechar tecnología que ya es obsoleta.

Pero durante cuatro años no fue negocio invertir porque cambiaron las reglas de juego.

Diego Aretz: ¿Cómo sacamos de la pobreza a los colombianos que siguen en esa situación?

Camilo Sánchez: Lo primero es evitar el asistencialismo puro. Cuando un país se vuelve asistencialista, la gente puede terminar atrapada en la pobreza porque no encuentra incentivos para progresar.

Los subsidios son necesarios para quienes realmente los necesitan y no tienen posibilidades de salir adelante. Pero tienen que ser dignos, pagables y sostenibles.

El resto debe complementarse con incentivos.

Yo creo profundamente en el autoempleo y en la creación de microempresas. Hoy una persona crea una empresa y puede quebrarse en los siguientes cinco años porque le ponen condiciones como si fuera una gran compañía.

Hay que darle líneas de crédito, subsidios a las tasas de interés y condiciones para que pueda desarrollar su actividad.

Eso es más barato que mantener permanentemente un subsidio.

Y tenemos que incentivar a quien estudia y se esfuerza. ¿Cómo puede haberse convertido en pecado que una persona de estratos bajos reciba apoyo para estudiar en una universidad como Los Andes?

En mi caso particular, mi padre fue mesero del Hotel Tequendama y uno de mis mayores orgullos es que me dio la educación para que yo no tuviera que repetir lo que a él le tocó vivir. Llegó incluso a ser presidente encargado de este país.

Eso es lo que tenemos que crear: conciencia de que una persona puede progresar.

Diego Aretz: Si tuviera que escoger una política concreta para reducir la pobreza, ¿cuál sería?

Camilo Sánchez: Hacer de la generación de microempresas un objetivo nacional.

Tenemos que crear una política de autoempleo. Dar crédito, capacitación e incentivos para que una persona pueda convertirse en su propio empleador y trabajar para mantener a su familia y mejorar su situación.

También hay que hacer algo con el campo. Si entregamos tierras pero no damos maquinaria, crédito, asistencia y posibilidades de comercialización, en cinco años esas tierras pueden volver a concentrarse en otras manos.

No basta con entregar cinco hectáreas. Hay que darle al campesino las condiciones para producir, pagar a sus trabajadores, tener agua, servicios y comercializar.

Por eso necesitamos una política de autoempleo y darle incentivos al sector productivo, no convertirlo en el enemigo a vencer.

Los particulares son quienes hacen la inversión en este país. Tenemos que volver a darles confianza.

Diego Aretz: Hay algo que parece fundamental para el nuevo Gobierno: ¿cómo hacemos para que Colombia deje de vivir permanentemente mirando hacia atrás, discutiendo sobre Petro y sobre los cuatro años que terminan?

Camilo Sánchez: Yo creo que tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro. Petro ya tuvo cuatro años para gobernar, tomó sus decisiones y los colombianos las van a evaluar. Ahora el país tiene que mirar hacia adelante.

No podemos permitir que durante los próximos cuatro años toda la agenda nacional siga siendo Petro. Sería un error político y un error histórico. Si el nuevo Gobierno se dedica a responderle todos los días al presidente anterior, termina gobernando para él y no para los colombianos.

Hay que pasar la página, pero pasarla no significa olvidar. Significa aprender. Tenemos que mirar qué funcionó, qué no funcionó y qué tenemos que corregir. Y eso implica reconocer también las cosas buenas que se hicieron en gobiernos anteriores. Colombia no puede seguir siendo un país que cada cuatro años cree que empieza de cero.

Tenemos que construir sobre lo construido.

Yo le diría al nuevo presidente: no se deje llevar por la tentación de gobernar solamente para quienes votaron por usted. Gobierne para todos. Y eso significa escuchar a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, a las regiones, a las universidades, a las organizaciones sociales y también a quienes están en la oposición.

La oposición es necesaria en una democracia. Lo que no podemos tener es una oposición que quiera que al Gobierno le vaya mal para demostrar que tenía razón. Si al Gobierno le va mal, le va mal a Colombia. Y si le va bien, ganamos todos.

Por eso también necesitamos bajar el nivel de agresividad. Colombia está cansada de que todo se convierta en una pelea. Hay que recuperar la conversación pública.

Yo no estoy diciendo que tengamos que pensar igual. Al contrario. Yo creo en la diferencia. Pero una cosa es tener diferencias y otra es convertir al que piensa distinto en un enemigo.

El sector privado no puede ser el enemigo. La oposición no puede ser el enemigo. Los empresarios no pueden ser enemigos. Los trabajadores no pueden ser enemigos. El Gobierno tampoco puede ver enemigos en todas partes.

Tenemos que volver a construir confianza.

Y la confianza se construye con reglas claras, con instituciones fuertes, con decisiones técnicas y con personas capaces de reconocer cuando se equivocan.

Colombia tiene enormes problemas, pero también tiene enormes posibilidades. Tenemos empresarios, trabajadores, científicos, universidades, campesinos y jóvenes capaces de hacer cosas extraordinarias.

Lo que necesitamos es que el Gobierno no les ponga obstáculos y que vuelva a existir una idea común de país.

Tenemos que dejar de preguntarnos quién ganó la discusión y empezar a preguntarnos qué necesita Colombia. Ese tiene que ser el acuerdo nacional: mirar hacia adelante.

Grupo Argos lidera “Juntos por Urabá”, una iniciativa que podría resultar un modelo replicable en otros lugares del país.

Hablamos con Julián Ramírez, funcionario de Creamos Valor Social del Grupo Argos, y con una habitante vocal del corregimiento.

De fondo, Nueva Colonia verá llegar el progreso junto con la operación de Puerto Antioquia, lo que evitaría la conflictividad social que se observa en Buenaventura y causa traumatismos al puerto.

Por Natalia Díaz, estudiante reportera de la Universidad de Antioquia.

El corregimiento de Nueva Colonia, en el municipio de Turbo (Urabá antioqueño), está ubicado a orillas del golfo de Urabá, a tan solo 7 u 8 kilómetros del proyecto portuario de Puerto Antioquia, uno de los desarrollos logísticos más importantes en fase final de construcción para la región.

Su ubicación estratégica, cercana al puerto y al corredor que conecta con el eje bananero, convierte a Nueva Colonia en un punto clave para el crecimiento urbano e industrial del Urabá antioqueño.

Durante años, esta comunidad de vocación agrícola y con más de 17.000 habitantes, ha enfrentado graves limitaciones en saneamiento básico y manejo de aguas residuales.

Por eso, el proyecto de alcantarillado de Nueva Colonia se considera un
hito histórico: es el de mayor presupuesto en la historia del mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión total de 112.700 millones de pesos.

De acuerdo con Julián Ramírez, líder de Creamos Valor Social del Grupo Argos, este monto ya se encuentra garantizado dentro de un patrimonio autónomo conformado por 24 compañías que aportaron recursos para la ejecución, entre ellas Grupo Argos, EPM, Sura, Uniban, Smartfit, BanColombia, , Banafrut, entre otras.

Ramírez explicó que este trabajo conjunto busca impulsar el desarrollo de Urabá bajo el programa “Juntos por Urabá”, del que el alcantarillado es solo una de varias iniciativas sociales y de infraestructura que beneficiarán a la región.

El proyecto contempla la construcción completa del sistema de alcantarillado del casco urbano (incluyendo redes, planta de elevación, tubería de impulsión y zona de descarga) con el objetivo de beneficiar a 12.000 habitantes, y capacidad proyectada para soportar el crecimiento demográfico futuro del corregimiento, estimado en cerca de 17.000 personas.

Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, la urgencia de esta obra se
comprende al escuchar las voces de quienes han vivido por años sin este servicio.

Vivir sin alcantarillado

Según Karen Hernández, habitante del corregimiento, “vivir sin alcantarillado es algo a lo que la población se acostumbra, pero que realmente afecta tanto física como en el ámbito saludable de las personas. Siempre te vas a encontrar con aguas residuales al frente de tu casa, aguas negras contaminadas, lo que genera enfermedades en la población, sobre todo en los niños”.

Hernández recuerda que en 2015 y 2016 se intentó un proyecto de alcantarillado que no logró resolver la problemática: “en vez de aportar, lo que hizo fue volver más complejo el corregimiento. Quedaron calles muy expuestas, con pozos sépticos que drenaban hacia las vías, lo que generaba más lodo, contaminación y enfermedades”.

La comunidad considera este nuevo proyecto como una necesidad de vital
importancia y urgencia, especialmente ante el crecimiento que se avecina con la
construcción del puerto y la llegada de visitantes y trabajadores externos.

“Van a llegar extranjeros, se construirán hoteles, y eso generará más desechos —explica Hernández—. Hoy, cada casa tiene un pozo séptico del que los residuos terminan en los canales frente a las viviendas, generando malos olores e incluso intoxicaciones”.

Desde una mirada institucional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señala que estos proyectos forman parte de la Política de suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural de Colombia, establecida en el CONPES 3810 de 2014, la cual “busca promover el acceso equitativo, sostenible y de calidad a estos servicios en las áreas rurales del país” (Ministerio de Vivienda, 2021).

Según explicó Ramírez, los principales retos técnicos incluyen el alto nivel freático del suelo, la inclinación del terreno y la constitución de servidumbres necesarias para instalar las tuberías bajo predios privados.

Además, el presupuesto contempla una interventoría independiente, encargada de verificar la correcta ejecución, con supervisión directa del Ministerio de Vivienda.

El plan general prevé una duración de 40 meses, incluyendo la etapa de contratación y la construcción de la planta de elevación, el tubo de impulsión y la conexión de las viviendas. Aunque el proyecto completo tomará ese tiempo, Ramírez precisó que los beneficios comenzarán a sentirse desde los primeros meses de ejecución, con las primeras casas conectadas al sistema.

La comunidad de Nueva Colonia participa activamente en el seguimiento de la obra a través de círculos de diálogo, espacios donde se socializan los avances y los programas complementarios de Juntos por Urabá, como mejoramientos de vivienda, infraestructura educativa y deportiva.

Adicionalmente, se capacitó a líderes locales en mecanismos legales, fortaleciendo la vigilancia ciudadana sobre el proceso.

Finalmente, Ramírez explicó que el operador del sistema ya fue identificado y cuenta con solvencia técnica y financiera para garantizar el mantenimiento y funcionamiento del alcantarillado una vez entregado, bajo la supervisión de entidades públicas.

Este esfuerzo conjunto entre el sector privado, el Estado y la comunidad marca un
punto de inflexión en la historia de Nueva Colonia y de toda la región de Urabá, que avanza hacia un futuro con infraestructura sanitaria moderna, sostenible y equitativa.

Lo más inspirador es que esta decisión fue posible gracias a una iniciativa valiente de 27 estudiantes de derecho de las Islas del Pacífico, quienes, ante la amenaza existencial que representa la crisis climática para sus territorios, impulsaron una campaña que logró escalar hasta la Asamblea General de la ONU. En 2023, esta adoptó la resolución 77/276, solicitando oficialmente la opinión de la Corte. La voz de la juventud insular, organizada y estratégica, logró abrir una de las discusiones más trascendentales de nuestro tiempo en el escenario jurídico internacional más alto.

La respuesta no deja lugar a dudas: los Estados tienen obligaciones claras, vinculantes y multidimensionales —ambientales, de derechos humanos y de cooperación internacional— para proteger el sistema climático y evitar daños significativos a las personas y a la naturaleza.

Obligaciones que no son optativas

La Corte reconoció que los tratados climáticos (como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París) imponen obligaciones concretas, como reducir emisiones, adaptar sistemas sociales y económicos al nuevo clima, y cooperar con otras naciones, especialmente las más vulnerables. Pero fue más allá: confirmó que también existe una obligación bajo el derecho internacional consuetudinario de prevenir daños significativos al ambiente y de actuar con la diligencia debida, un estándar legal exigente.

Esta responsabilidad no se limita a los actos del Estado, sino también a su omisión o negligencia en regular actividades privadas que generan emisiones, como la producción y consumo de combustibles fósiles o los subsidios que las facilitan.

Derechos humanos y justicia intergeneracional

La CIJ fue clara al reconocer que la crisis climática pone en riesgo derechos fundamentales: la vida, la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento, y en particular, el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y sostenible. Esta interpretación robustece el litigio climático desde una perspectiva de derechos humanos, y refuerza el deber de los Estados de prevenir daños incluso cuando sus contribuciones al problema sean parciales o históricas y reafirma que los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades en condiciones de vulnerabilidad deben estar en el centro de las respuestas climáticas.

Acá recordamos el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en abril del 2024, en contra del estado suizo concediendo la razón a un grupo de mujeres suizas quienes reclamaron la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores cuando el estado no hace lo suficiente para enfrentar el cambio climático. El asunto argüido es que el estado debía proteger eficazmente la vida y garantizar el respeto a su vida privada y familiar. Alegaron entre otros hechos, que su salud se veía afectada por el aumento de temperatura en los meses de verano, y achacaron esto a la ausencia de legislaciones adecuadas, apropiadas y suficientes para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático. Además de no garantizar el principio de precaución e intergeneracional.

La responsabilidad existe, aunque sea compartida

Uno de los aspectos más relevantes de esta Opinión es que la Corte no excusa la responsabilidad por la naturaleza global o acumulativa del cambio climático. Señala que, si bien los daños son causados por múltiples actores y a lo largo del tiempo, es científicamente posible establecer la contribución de cada Estado a través de sus emisiones históricas y actuales. Por ello, cada país puede ser considerado responsable por no cumplir con sus obligaciones y puede ser obligado a cesar la conducta dañina, garantizar su no repetición y reparar el daño causado.

¿Qué significa esto para América Latina y Colombia?

La Opinión Consultiva respalda y fortalece el uso del litigio climático como estrategia legítima y efectiva para exigir acción estatal. En países como Colombia, donde existe una creciente jurisprudencia ambiental y una Constitución ecológica, esta decisión de la CIJ abre nuevas puertas para exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales y avanzar en la implementación efectiva de políticas climáticas, en consonancia con el Acuerdo de Escazú.

La obligación de proteger a las personas defensoras del ambiente, garantizar el acceso a la información climática, asegurar la participación y prevenir daños no es solo una aspiración ética: es una exigencia jurídica internacional.

Un llamado urgente

Desde Ambiente y Sociedad celebramos esta decisión como un avance sin precedentes para la justicia climática. No hay más excusas. Los Estados deben actuar ya, con urgencia y ambición, para cumplir sus obligaciones legales y proteger el planeta. Como señalamos recientemente en nuestro artículo de opinión en Razón Pública, es imperativo que Colombia actualice su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), como una forma concreta de demostrar el cumplimiento progresivo de sus compromisos climáticos. La Opinión Consultiva de la CIJ refuerza el deber de todos los Estados —incluido Colombia— de actuar con debida diligencia y responsabilidad climática, no solo como una obligación ética, sino como una exigencia jurídica internacional.

La CIJ nos recuerda que el derecho internacional no es ajeno a la crisis climática. Ahora nos toca a la sociedad civil, a las comunidades y a los movimientos seguir usando estas herramientas para exigir un futuro justo, habitable y digno para todas las formas de vida.

En un mundo donde cada vez se registran los días, meses y años más calurosos —atribuidos principalmente a la quema de combustibles fósiles—, también crecen los esfuerzos que trabajan por un consumo energético más limpio y responsable que ayude a mitigar los efectos de la crisis climática. El Día de la Tierra de este año es un espacio para hablar de ellos.

Este 2025 se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de París —el tratado internacional que busca frenar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales— y una fecha límite para que los países actualicen sus compromisos climáticos y expliquen cómo reducirán sus emisiones, mediante las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

Si bien 2024 fue el año más cálido del que se tiene constancia, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), también se registró un récord para la producción mundial de energías renovables, que representaron más del 92 % de la nueva capacidad eléctrica instalada el año pasado, de acuerdo con un reporte de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA).

Mongabay Latam comparte experiencias y testimonios de diferentes esfuerzos locales por una transición energética justa en Latinoamérica.

La cooperativa eléctrica pionera en Argentina

Uno de estos esfuerzos nació en la localidad de Armstrong —de apenas 15 000 habitantes, en la provincia argentina de Santa Fe— donde la alianza entre la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada y Crédito de Armstrong (CELAR) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) permitieron sustituir el diesel con sistemas fotovoltaicos para la generación de parte de la electricidad que se consume.

Aunque esta iniciativa se trabajó desde hace más de 10 años, recién en 2017 inició la operación de una planta fotovoltaica de 880 paneles y 50 techos solares en casas de los propios integrantes de la cooperativa que han gestionado el mantenimiento y administración de este modelo.

Pablo Bertinat, ingeniero electricista y quien fue director del proyecto en su inicio, destaca la autonomía y la resiliencia de la localidad que se adueñó de esta iniciativa.

“Al tener que comprar menos energía del sistema, porque la generan allí, implica un grado de autonomía no sólo económica. Que esta experiencia se haga en una cooperativa tiene algún germen de transición justa porque estamos hablando de una entidad sin fines de lucro, que fue creada para resolver un servicio y un derecho”, explica Bertinat.

El también investigador y docente señala que a diferencia de otros sistemas convencionales que hay en Argentina, la generación eléctrica del modelo de los techos solares en Armstrong se usa y administra en favor de toda la comunidad.

Por ejemplo, la cooperativa decidió en asamblea que los propietarios donde se instalaron los paneles solares no reciben una renta por aportar parte de sus viviendas, sino que ese dinero se reinvierte en el mismo proyecto, lo que ha permitido un aumento de energía.

“Lo que hacíamos era contabilizar la energía que se generaba en la planta industrial y la que se generaba en todos los techos, eso se monetiza, digámosle así. Con ese ahorro, la planta incrementó su potencia el año pasado”, sostiene el especialista.

El proyecto de redes solares en Armstrong fue más allá de solo sustituir una tecnología por otra, pues hubo un involucramiento de las comunidad en el proceso. Desde la capacitación y montaje de las instalaciones hasta su mantenimiento con mano de obra local.

Para Bertinat, estos procesos permiten ubicar a la transición no como un objetivo, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida y construir un derecho en medio de la privatización y uso mercantil de la energía.

“Es un tema central bajar la emisión de gases de efecto invernadero del sistema energético, pero no de cualquier manera. Tenemos que bajar esas emisiones generando sistemas mucho más democráticos y públicos”, afirma.

El especialista en sistemas ambientales humanos advierte que este tipo de iniciativas enfrentan un escenario complejo en la actual administración argentina, pues sostiene que se ha fortalecido “la mirada de mercado” alrededor de energía.

“Lo que hace es incrementar la pobreza energética, incrementar la exclusión energética. Hay que pensar en cómo generar sistemas que sean mucho más democráticos, desconcentrados, descentralizados”, afirma.

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Electrificar a comunidades y escuelas rurales de Perú

Hace casi 18 años, en Perú inició un proyecto para iluminar a la población de El Alumbre, la primera comunidad electrificada a pequeña escala con energía eólica del país. La iniciativa llegó a 33 viviendas y a un centro de salud que dependían de velas y quema de kerosene para alumbrarse.

Esta iniciativa, ubicada al sur del distrito de Bambamarca, en la región Cajamarca, tuvo la participación de diferentes instituciones, autoridades y universidades, que aprovecharon la extensión de redes eléctricas para instalar aerogeneradores de 100 vatios en las viviendas. Esto les permitió a los habitantes no solo tener energía en sus casas, sino también pagar menos por ella y adquirir el conocimiento para gestionar y mantener el sistema.

El modelo contempló la creación de una microempresa local responsable de operar y mantener los sistemas por el que cada familia pagaba una tarifa mensual de aproximadamente tres dólares, explica Ivo Salazar, líder temático en Energía de Practical Action, una de las organizaciones que acompañó el proyecto.

“Ellos pagaban más porque usaban baterías, pilas, mecheros, gasolina y si le sumas las horas que invertían en transporte para conseguir todas estas cosas, les resultaba más barato la implementación de estas tecnologías”, explica.

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Salazar destaca que más allá de la implementación de tecnología, los retos siempre están en la gestión y organización de los sistemas energéticos renovables, pues de esto dependerá si una iniciativa se sostiene en el tiempo.

Además de la iluminación, de acuerdo con Practical Action, la iniciativa facilitó el uso de computadoras y contenido educativo en una escuela, así como la refrigeración de vacunas y esterilización de material del centro de salud. Incluso, señala que se impulsó una radio comunitaria y servicios de carga de celulares en la comunidad.

Estos resultados permitieron replicar el modelo participativo para electrificar otras zonas rurales dispersas con energía eólica, como el caso de Cerro Alto y Alto Perú, también ubicadas en la región de Cajamarca, donde se apostó por sistemas mixtos con energía solar.

Si bien la cobertura eléctrica en Perú se ha incrementado en los últimos años, llegando a un a un 93.9 %, aún hay 700 000 hogares que carecen de acceso a redes eléctricas legales. En zonas rurales la cobertura es del 82.9 %, de acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú (CEPLAN).

Salazar sostiene que los proyectos de energías renovables son una oportunidad para cerrar brechas y brindar oportunidades adecuadas a los contextos donde se requiere una transición.

“Debería promoverse el uso productivo porque solo luz por luz no es suficiente, hay que generar algún ingreso adicional. El reto es atender a comunidades con energías renovables, pero que sea suficiente para las necesidades de la población”, dice el especialista sobre la política pública que busca generar proyectos renovables en comunidades apartadas.

Futuros brillantes, una transición energética en las escuelas

Practical Action, junto con otras organizaciones, empresarios y autoridades educativas de Perú intervinieron 16 escuelas rurales en las regiones de Amazonas y Puno para instalar sistemas fotovoltaicos, de bombeo de agua y saneamiento, así como uso de tecnologías como laptops, tabletas, pantallas, torres para carga de celulares y biohuertos, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje.

Aunque esta primera fase benefició directamente a 650 estudiantes y 54 maestros, en esta segunda fase se busca hacer sostenible el modelo, así como capacitar a los actores involucrados en escuelas que están en diferentes contextos rurales del país.

“Queríamos también mostrar la diversidad de la realidad peruana. Las realidades son distintas y las soluciones de parte del Estado también tienen que ser distintas”, expone Salazar.

Biodigestores, una opción energética que beneficia a agricultores de México

Milpa Alta es una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Además de ser una demarcación rural productiva, cuenta con el primer biodigestor de la capital del país, una planta de tratamiento de residuos orgánicos que aprovecha su descomposición para generar biogás, una fuente de energía renovable.

El biodigestor funciona como una especie de estómago gigante para tratar principalmente los desechos del nopal (Opuntia ficus-indica), una fuente de alimento altamente consumida y producida en México.

Durante este proceso, los residuos del nopal se colocan en un tanque herméticamente cerrado, para la propagación de bacterias, quienes descomponen los residuos y producen una mezcla de gases como metano y dióxido de carbono.

Al mismo tiempo, producen un fertilizante natural que ha sido aprovechado por los productores de nopal de Milpa Alta, quienes iluminan su centro de acopio con la luz producida por el biodigestor, reducen la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y mejoran los suelos y la calidad de sus productos.

David Peralta Olivos, productor de nopal en Milpa Alta, destaca que con el uso del biodigestor han identificado una mejora en la calidad del producto.

“Esta composta líquida está hecha del mismo residuo de la planta y tiene un potencial que antes no veíamos”, reconoce el productor.

El biodigestor inició en 2017, impulsado por la empresa SUEMA junto con autoridades capitalinas y comunidades de productores de Milpa Alta, que ocupa el segundo lugar nacional en la producción de este alimento, el cual se cultiva a 2300 metros sobre el nivel del mar.

Aunque existen otros biodigestores de estas características en el país, esta planta se enfoca en tratar principalmente los residuos orgánicos del nopal para evitar que estos terminen en tiraderos a cielo abierto emitiendo metano directamente a la atmósfera.

“Este tipo de tecnología nos ayuda a tener una mejor trazabilidad del producto y saber que es un producto con buenas prácticas, que no estamos usando químicos para neutralizar la tierra”, dice Peralta sobre la iniciativa.

También insiste en difundir la importancia de este proyecto, para que las personas “tengan la certeza de que el producto no se fertiliza con químicos, sino con un mejorador de suelos natural”.

De acuerdo con las autoridades y encargados de la operación de la planta, el biodigestor puede procesar tres toneladas diarias de residuos. Además de producir cerca de 10 000 litros de biofertilizante en menos de dos semanas.

Imagen principal: en Armstrong los integrantes de esta cooperativa se abastecen de energía con la luz solar, ahorran dinero y cuidan el ambiente. Foto: Fundación Energizar

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Pequeñas manchas rojas en aguas superficiales, eso fue lo primero que vieron desde el barco durante una de sus expediciones los investigadores de la Fundación Rewilding Chile y el Instituto Español de Oceanografía. Ese detalle los motivó a realizar luego un muestreo en la Reserva Nacional Kawésqar, la sexta área marina protegida más grande de Chile, ubicada en el extremo sur del país, donde encontraron, a tan solo 1,2 metros de profundidad, una gran cantidad de hidrocorales rojos.

El hallazgo llamó la atención, puesto que hasta entonces no se había registrado nunca esta especie, normalmente caracterizada como de aguas profundas, en zonas tan someras y mucho menos en esas latitudes tan australes.

Sin embargo, este descubrimiento no fue fortuito, los científicos habían pasado meses analizando investigaciones marinas realizadas desde Puerto Montt hasta Cabo de Hornos para detectar vacíos bibliográficos. “Revisamos toda la cartografía terrestre y también los mapas del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile), donde salen las profundidades y descripciones de bancos de algunas especies”, cuenta Ingrid Espinoza, directora de Conservación de Rewilding Chile y coautora de la investigación. El objetivo era reconocer qué zonas eran las más inexploradas y, para terminar de identificar los lugares de interés, los responsables del estudio entrevistaron  a personas de la zona, conocedoras de su territorio.

La siguiente fase fue realizar inmersiones con buzos y robots. Fue entonces que los investigadores encontraron colonias de hidrocorales rojos en cuatro de los 23 transectos o sitios de muestreo: Bahía Bournand, Punta León y Angostura Toms. Las colonias encontradas de esta especie, que a simple vista parece ser un coral aunque no lo es exactamente, y que la ciencia llama Errina Antarctica, son las más australes y superficiales descritas en todo el mundo hasta la fecha, aseguraron los investigadores en el artículo que publicaron en la revista científica Scientific Reports.

Este estudio es parte de una serie de investigaciones que está realizando el programa marino de la Fundación Rewilding Chile, en distintos puntos de la ruta de los parques de la Patagonia chilena. El objetivo es levantar información sobre la biodiversidad del mar para después utilizarla en la creación de parques marinos o áreas de protección marina.

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 ¿Qué son los hidrocorales?

“Los corales son animales super pequeños, pero que generan comunidades que se pueden ver desde el espacio”, explica la bióloga marina Ximena Escovar-Padul, experta en conservación marina para la ONG Seacology.

Esos pequeños seres vivos a los que hace referencia Escovar-Padul y que unidos forman los corales que habitan en los arrecifes marinos, son los llamados pólipos y durante toda su vida se mantienen inmóviles, adheridos al fondo del océano.

Un hidrocoral, en cambio, aunque luce prácticamente igual que un coral, posee una importante diferencia. Según explica Mathias Hüne, director del Programa Marino de Rewilding Chile, estas especies tienen dos fases en su ciclo de vida: la de pólipo —durante la cual se mantienen adheridas al fondo marino— y la de medusa, que serían organismos de tipo gelatinoso que están en la columna de agua.

Debido a esta diferencia, los científicos han clasificado a los corales dentro del grupo de los Anthozoa, donde también están, por ejemplo, las anémonas de mar, mientras que a los hidrocorales los han clasificado en el grupo de los Hydrozoa.

Esa distinción, además, es la razón por la cual las colonias de hidrocorales rojos encontradas en la reserva marina Kawesqar no son son consideradas arrecifes de coral, sino bosques marinos de animales (BMA).

Los hidrocorales, explica Ana de la Torriente, autora principal del estudio e investigadora del Instituto Español de Oceanografía, tienden a especializarse en sus colonias. ”Algunos Errina Antarctica tienen la función de capturar el plancton que está en el agua, otros se encargan de la reproducción y así van distribuyendo sus quehaceres”, asegura.

Sobre los hallazgos en la reserva marina Kawésqar, la investigadora  destaca la gran cantidad encontrada de estos animales. “Existen en mucha densidad, muchas colonias juntas de hidrocoral rojo”, detalla. La importancia de eso, precisa la experta, es que, al igual que un arrecife de coral, estos bosques marinos de animales forman una estructura tridimensional que es el hogar de una gran variedad de especies diferentes.

Los hidrocorales rojos encontrados por los científicos en la reserva marina cubren hasta un 28,5% del sustrato de Angostura Toms —uno de los senos del Estrecho de Magallanes— a profundidades que van desde 1.23 metros hasta al menos 33 metros de profundidad. Esto los diferencia considerablemente de los demás hidrocorales rojos encontrados hasta ese momento en otras partes del mundo que, según de la Torriente, se han documentado hasta los 770 metros de profundidad. “Generalmente, son especies típicas de zonas profundas. Que aparezcan en los fiordos patagónicos, en zonas muy poco profundas, es algo diferente desde el punto de vista ecológico”, dice la investigadora del Instituto Español de Oceanografía.

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¿Por qué han logrado colonizar este espacio?

La Reserva Nacional Kawésqar, limita al sur con el Estrecho de Magallanes, “el canal más importante de la Patagonia austral que conecta los océanos Pacífico y Atlántico”, dice el artículo publicado tras el hallazgo. Además, a lo largo de sus 550 kilómetros de longitud lo cruzan varias microcuencas por lo que “el área está influenciada por masas de agua salina que se mezclan con agua dulce proveniente de lluvias, aportes de ríos y deshielo, generando un sistema estuarino”, agrega el estudio.

José Luis Iriarte, oceanógrafo, académico de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), explica que esas características oceanográficas permiten la circulación de dos capas de aguas con diferentes densidades. Según el experto, mientras la porción dulce fluye hacia la superficie, la salada se dirige a las profundidades, y eso hace que haya una constante renovación y circulación del agua.

Además, desde el punto de vista químico, el agua dulce que proviene desde el continente a través de los ríos, posee altos niveles de oxígeno, mientras que la que aporta el océano es rica en nutrientes. Eso, asegura Iriarte, propicia la biodiversidad.

Por otro lado, el especialista agrega que la variedad de seres vivos también se vería favorecida por el florecimiento de microalgas que ocurre en primavera y que genera una mayor fotosíntesis y producción de biomasa.

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Las amenazas del hidrocoral rojo

La presencia de los hidrocorales rojos también indicaría la buena salud del ecosistema, asegura Ignacio Garrido, biólogo marino y director del Laboratorio Costero Calfuco, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile.

“Son bioindicadores, al ser especies que no se pueden mover, son súper sensibles a los cambios de las condiciones ambientales, pero son especies que no son muy estudiadas fisiológicamente. Se sabe, más o menos, el número de especies que hay, pero cuál es su tolerancia a las frustraciones ambientales, no se sabe mucho”, explicó el especialista.

De acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres de Chile, los hidrocorales rojos se encuentran en estado Vulnerable de conservación. Su sensibilidad, explica Garrido, se debe en parte a que tienen que fijar carbonato de calcio para generar su esqueleto, un componente que puede correr peligro por la crisis climática. “Con el cambio climático y la acidificación de los océanos, tienen menos capacidad de poder fijar carbonato de calcio”, asegura.

Pero eso no es lo único que preocupa a los científicos, puesto que, según precisan en el estudio, la región donde se encontraron los hidrocorales rojos está amenazada por la contaminación, la eutrofización —el aporte en exceso de nutrientes — y la introducción de especies invasoras, entre otros estresantes.

De hecho, en la reserva marina Kawésqar existen más de 60 concesiones para la salmonicultura, aunque científicos y organizaciones de la sociedad civil llevan años solicitando el saneamiento del área.

La presencia de esta industria en el área protegida preocupa a los expertos debido a que la ciencia ya ha documentado ampliamente sus impactos ambientales.

En 2006, un estudio publicado por los científicos Verena Häussermann y Günter Försterra, reveló acumulaciones de grandes colonias de Errina Antarctica en laderas inferiores a 10 metros de profundidad en el fondo del canal Copihue, en el archipiélago de Madre de Dios, en Chile. Sin embargo, cuando los investigadores volvieron en 2013, todas las colonias habían muerto.

Aunque no se logró establecer la causa precisa de la mortalidad, Häussermann aseguró a Mongabay Latam que las pistas recopiladas apuntaron a que, posiblemente, se debió a una marea café, un fenómeno producido principalmente por la presencia de microalgas que poseen pigmentos de ese color. Aunque se trata de un fenómeno que puede aparecer naturalmente, científicos también aseguran que ciertas floraciones de marea café pueden producirse debido a la contaminación asociada a la industria salmonera.

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¿Qué viene luego de los descubrimientos?

“Las comunidades bentónicas —es decir, aquellas que viven adheridas al fondo marino— son en gran medida desconocidas y probablemente contengan numerosas especies no descubiertas y ubicaciones de bosques de animales desconocidos”, señala la investigación. Esa falta de conocimiento del ecosistema marino, agrega, obstaculiza la capacidad para diseñar programas de gestión sostenible a largo plazo que sean eficaces y adecuados y que permitan el cumplimiento de los objetivos internacionales.

Por eso, Ingrid Espinoza explica que un primer paso sería generar más información. “Para poder hacer propuestas de protección y de conservación tienes que saber qué es lo que hay y en el caso del mar hay bastante poca información respecto de cuáles son estas especies”.

Los datos son claves para la elaboración del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, el cual todavía no tiene fecha de ejecución, pues el proceso de consulta indígena se encuentra paralizado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La necesidad de acciones de conservación para asegurar la supervivencia de la riqueza de especies y biodiversidad asociadas a las comunidades bentónicas y específicamente a bosques marinos de animales existentes en aguas patagónicas chilenas, “debe incluir herramientas concretas y efectivas”, dice Espinoza. Por ejemplo, agrega, se deben establecer zonas de no extracción. Además, para la experta, remover las concesiones de acuicultura en las áreas protegidas continúa siendo un pendiente para asegurar la conservación de la biodiversidad en el largo plazo.

*Imagen Principal: hidrocorales rojos. Foto:Pablo Zavala

El artículo original fue publicado por Rocío González Trujillo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En diferido,  viernes 12, por UniValle TV (Une 117 y Claro 104), 7:00 pm; y domingo 14, por TeleIslas, 1:30 pm (DirecTv 150, Une 62, Claro 127 y Movistar 167).

Esta es la emisión 121 de «Revista Colombia Afro TV», en séptima temporada (el programa inició en 2020). La conductora del episodio, Danna Rendón, les hará las siguientes preguntas orientadoras a los panelistas invitados.

Preguntas para los tres panelistas

1)¿Qué es la Ciénaga de Zapatosa?

2) ¿Cuál es la importancia ambiental y ecológica de la Ciénaga de Zapatosa?

3) ¿Qué actividades económicas dependen de la Ciénaga de Zapatosa?

4) ¿Qué actividades económicas impactan negativamente la Ciénaga de Zapatosa?

5) ¿Cómo impacta el saneamiento básico de municipios a la Ciénaga de Zapatosa?

6) ¿Quiénes cuidan institucionalmente la Ciénaga de Zapatosa?

7) ¿Qué mediciones existen sobre el estado ambiental de la Ciénaga de Zapatosa?

8) Tres acciones urgentes para la sostenibilidad de la Ciénaga de Zapatosa.

Revista Colombia Afro TV

Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

La nómina de presentadoras y conductoras, con emisiones diferentes, está integrada por Wendy Murillo y Danna Rendón desde Cali, y María Rosa Barrios desde Cartagena.

La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones (desde el 29 de junio de 2022), y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia.

En emisiones  de Revista en 2022 los temas fueron:  Madera y medio ambiente,  Minería y regiones, Inteligencia artificial y desigualdad regional,  Candidatos afros en las elecciones del 13 de marzo,  Emprendimientos de alto impacto en regiones rezagadas,  Sobre Francia Márquez y otros resultados electorales, y Centenario del poeta Hugo Salazar Valdés (1922-1997), Educación y talentos de poblaciones desfavorecidas,  ¿Se cumple Sentencia del Río Atrato?, Turismo cultural en Pacífico y Caribe,  Freddy Rincón, fútbol y nación,  Discusión de propuesta de Conpes sobre desarrollo municipal afro.

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En 2023, charla con Francisco Javier Flórez Bolívar, profesor de la U. de Cartagena y autor del libro «La vanguardia intelectual y política de la nación. Historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia, 1877-1947», y con Darío Henao, decano de Humanidades de UniValle y editor de nuevos tomos de la obra de Manuel Zapata Olivella; y charla con Gina Molinares, autora de Sueños con fecha, y William Mina, director de la Biblioteca Afrocolombiana de Ciencias Sociales.

*Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 3:  Empoderamiento económico y desarrollo sostenible. Iniciativa: Revista Colombia Afro TV.