No puede negarse que el desprestigio de la actividad política tiene responsables. Durante décadas, numerosos dirigentes públicos abusaron de la confianza ciudadana y protagonizaron escándalos de corrupción que erosionaron la legitimidad de las instituciones. Esa historia explica, aunque no justifica, la profunda desconfianza que hoy despierta cualquier servidor público investigado.

El problema surge cuando esa desconfianza deja de ser una actitud crítica para convertirse en un prejuicio. En ese momento desaparece la diferencia entre investigar y condenar. La apertura de un proceso judicial deja de entenderse como un mecanismo para esclarecer los hechos y pasa a interpretarse como la prueba definitiva de culpabilidad. Así, el proceso penal pierde su razón de ser, porque la sentencia ya ha sido dictada por la opinión pública.

El caso del excongresista Carlos Trujillo ilustra nuevamente esa realidad. Independientemente de las opiniones que cada ciudadano tenga sobre su trayectoria política, lo cierto es que durante años su nombre estuvo asociado a sospechas que alimentaron titulares, comentarios y juicios apresurados. Hoy, cuando la justicia ha descartado responsabilidades en su contra, el eco de esa decisión resulta mucho más débil que el ruido que produjo la investigación.

Y ese es uno de los mayores problemas de nuestra cultura pública: las absoluciones rara vez reciben la misma atención que las acusaciones. El escándalo vende; la rectificación apenas ocupa unas cuantas líneas. El daño reputacional, entretanto, ya está hecho y, en muchos casos, resulta irreversible.

No es un fenómeno nuevo. Ocurrió durante los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y otros grandes expedientes judiciales que marcaron la historia reciente del país. Muchos de los investigados fueron finalmente absueltos o nunca se encontraron pruebas suficientes para vincularlos penalmente. Sin embargo, el juicio social permaneció intacto. Para una parte de la opinión pública, la investigación bastó para convertirlos en culpables de manera definitiva.

Ese comportamiento revela una preocupante incapacidad para distinguir entre la sospecha y la prueba, entre la imputación y la condena, entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Son categorías distintas que cumplen funciones diferentes en una democracia. Confundirlas no fortalece la lucha contra la corrupción; por el contrario, debilita las garantías que protegen a todos los ciudadanos.

La misma lógica aparece cuando se pretende estigmatizar a cualquier persona que haya trabajado en una entidad pública donde posteriormente se descubren hechos de corrupción.

En los últimos meses he escuchado a colegas escandalizarse simplemente porque alguien prestó sus servicios profesionales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como si pertenecer a esa institución constituyera, por sí solo, un indicio de deshonestidad.

La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo trabajar para una entidad del Estado equivale a compartir las conductas ilegales de algunos de sus funcionarios? Aceptar semejante razonamiento conduciría al absurdo de afirmar que todos los empleados del Congreso de la República son corruptos o que cada integrante del INPEC responde por los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Las responsabilidades penales son individuales, nunca colectivas.

Como periodista, esa tendencia me preocupa especialmente. El periodismo existe para verificar hechos, contextualizar la información y ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos, no para amplificar prejuicios ni para sustituir a los jueces.

Cuando la profesión abandona el rigor y convierte la sospecha en noticia definitiva, deja de cumplir su función democrática y termina alimentando la polarización que dice combatir.

No conozco personalmente al excongresista Carlos Trujillo ni escribo estas líneas para reivindicar su carrera política. Cada lector tendrá su propia opinión sobre ella. Lo que sí considero digno de celebración es que la justicia haya podido cumplir su función y establecer, tras el debido proceso, que no existían responsabilidades penales en su contra.

Porque una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad para condenar a los culpables. Se mide, sobre todo, por su disposición a reconocer la inocencia de quienes fueron investigados cuando las pruebas así lo demuestran. Mientras sigamos confundiendo una investigación con una sentencia y el escándalo con la verdad, continuaremos debilitando el Estado de derecho que decimos defender y reemplazando la justicia por el tribunal, siempre implacable, de la opinión pública.

Nota recomendada: El voto fusil: ¿una verdad conveniente?

Lo más sorprendente de este asunto es que se escandalizan cuando el problema toca al sector político opuesto al suyo, pero lo niegan o se hacen los de la vista gorda cuando los afecta a ellos.

De ser cierto que, bajo la presión de las armas, se obligó a votar en las elecciones presidenciales de 2026 por el candidato Iván Cepeda en zonas donde el conflicto armado hace de las suyas día y noche, no sería la primera vez que ocurre en nuestro país, ni sería un hecho inédito. No se entiende por qué hasta ahora la militancia del Centro Democrático y otros sectores políticos de derecha se muestran sorprendidos.

¿Acaso se les olvidó que el fenómeno de la parapolítica, que tanto negaron y que todavía hoy se resisten a reconocer porque afectó judicialmente a muchos de sus amigos y aliados, se dio precisamente con la intermediación del fusil?

¿Por qué no hacen la misma pregunta y le piden a la Fiscalía que investigue si los actuales mandatarios locales y concejales de esos municipios llegaron al cargo por acción y efecto del voto fusil? ¿O se les olvidó que las alcaldías y los concejos de esos municipios también se obtienen en las urnas? Más aún, si alguno de sus candidatos obtuvo votación, sin importar si ganó o perdió, ¿también la consiguió mediante el voto fusil?

La parapolítica fue un fenómeno que se presentó porque candidatos a cargos de elección popular pactaron directamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que no solo se les permitiera hacer proselitismo en las zonas bajo control paramilitar, sino también para que obligaran a la población a votar por ellos.

Conozco a Iván Cepeda y sé muy bien que sería incapaz de pactar con grupos ilegales a cambio de votos a su favor, como sí lo hicieron muchos políticos cercanos a Álvaro Uribe Vélez, entre ellos su primo Mario Uribe, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con Salvatore Mancuso.

Y, a propósito de Mancuso, hay que recordar que en diferentes ocasiones este exlíder paramilitar ha afirmado que, en el año 2002, las autodefensas apoyaron las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez de llegar a la Presidencia de la República. La respuesta del uribismo ha sido que a un criminal no se le puede ni se le debe creer. Es decir, para el uribismo hay criminales buenos, en quienes sí se puede confiar, y criminales malos, en quienes no.

Que un actor ilegal influya, en los territorios donde ejerce control, en favor de la candidatura que más le conviene no constituye ninguna novedad. Lo hicieron las AUC y también lo han hecho y lo hacen otros grupos armados. Precisamente por eso es tan importante acabar con la ilegalidad en todos los territorios del país, para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto.

Sin embargo, una cosa es que un político haga acuerdos con actores ilegales para favorecerse electoralmente y otra muy distinta es que un grupo armado actúe por cuenta propia en favor de determinado candidato, sin que este tenga participación alguna en esa decisión.

Tratar de enlodar el nombre de Iván Cepeda con el mismo lodo que ha ensuciado a algunos sectores políticos en Colombia constituye una estrategia profundamente mezquina y baja, que debería ser castigada por los ciudadanos en las urnas.

Las emociones suelen imponerse sobre la reflexión, y el deseo de justicia puede transformarse fácilmente en sed de venganza. En ese sentido, la historia parece repetirse con un personaje que la tradición cristiana conoce muy bien: Barrabás.

De acuerdo con el relato bíblico, Barrabás no era simplemente un ladrón o un homicida condenado por las autoridades romanas. Para muchos judíos de su tiempo representaba algo más profundo: la esperanza de liberarse del dominio romano mediante la fuerza. Roma no solo era el poder ocupante; era también el símbolo de años de humillaciones, abusos, despojos, ejecuciones, persecuciones y violencia contra el pueblo de Israel.

En un contexto semejante, un hombre dispuesto a combatir al imperio con las armas podía convertirse fácilmente en un héroe para quienes habían acumulado décadas de sufrimiento.

Jesús, por el contrario, representaba un camino radicalmente distinto. Predicaba el Reino de Dios, llamaba al arrepentimiento, enseñaba el amor al prójimo y el perdón incluso hacia los enemigos. Su mensaje devolvía la esperanza espiritual a un pueblo desesperanzado, pero no respondía a las expectativas políticas de quienes anhelaban un libertador militar semejante a David. Muchos esperaban un mesías que derrotara a Roma con la espada; Jesús les hablaba de transformar el corazón. Mientras Barrabás prometía responder a la violencia con más violencia, Jesús proponía romper ese ciclo mediante el perdón y la reconciliación.

Por esa razón, cuando llegó el momento de escoger entre ambos, buena parte del pueblo prefirió a quien encarnaba su rabia antes que a quien representaba la misericordia. Eligieron al hombre que expresaba sus emociones más profundas y no al que les proponía una verdad más difícil de aceptar. El deseo de ver castigado al opresor terminó pesando más que el llamado a construir una sociedad distinta.

Algo parecido ocurre hoy en Colombia. Nuestro país ha acumulado durante décadas un inmenso dolor causado por asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos, despojo de tierras, violencia sexual y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por diferentes actores armados. Ese sufrimiento ha dejado heridas profundas que explican por qué muchos ciudadanos reciben con entusiasmo a quienes prometen mano dura, cárcel, exterminio del delincuente o incluso la eliminación física del adversario.

No se trata de negar el derecho de las víctimas a exigir justicia. La justicia es indispensable para la convivencia y para la reparación. El problema surge cuando el discurso político deja de buscar justicia y comienza a alimentar el resentimiento como principal herramienta para conquistar el poder. En ese momento, el dolor deja de ser un llamado a reconstruir el país y se convierte en un instrumento para movilizar emocionalmente a los ciudadanos.

Las palabras perdón, reconciliación, diálogo y entendimiento suelen perder fuerza frente a mensajes que ofrecen respuestas inmediatas al sufrimiento colectivo. Resulta paradójico que muchos de quienes se identifican como cristianos o católicos, que cada domingo proclaman su fe y oran diciendo: “Señor Jesús, ilumíname con tu verdad y guíame con tu Espíritu”, encuentren más atractivo un discurso centrado en el castigo que uno inspirado en el perdón que enseñó Cristo. Esa contradicción invita a una profunda reflexión sobre la distancia que puede existir entre profesar una fe y vivir de acuerdo con sus principios.

Mientras Colombia siga permitiendo que el miedo, el resentimiento y la indignación sean los principales motores de la política, siempre aparecerá un nuevo “Barrabás”: un líder dispuesto a prometer una patria redentora mediante la confrontación, explotando las heridas abiertas de la sociedad para alcanzar el poder. Y una vez instalado en la Casa de Nariño, ese mismo líder puede terminar olvidando las promesas que lo llevaron allí, mientras quienes votaron movidos por la emoción continúan padeciendo las mismas carencias en municipios, pueblos y veredas.

La gran lección del relato bíblico no consiste únicamente en recordar que un pueblo escogió a Barrabás en lugar de Jesús en medio de un arresto al hijo de Dios promovido por una conspiración de los líderes de la Iglesia de ese entonces. Consiste en reconocer que las sociedades, cuando son gobernadas por el miedo, el odio o el deseo de venganza, corren el riesgo de elegir siempre a quienes reflejan sus heridas antes que a quienes ofrecen el difícil camino de la reconciliación. La historia demuestra que la venganza puede producir satisfacción momentánea, pero rara vez construye una paz duradera. La reconciliación, aunque exige más sacrificio y paciencia, sigue siendo el único camino capaz de romper definitivamente el ciclo de la violencia.

Nota recomendada: Los cinco errores de la campaña de Iván Cepeda

Las respuestas que he recibido coinciden en varios puntos y, debo admitirlo, comparto buena parte de esos análisis. Durante la campaña del Pacto Histórico se cometieron errores que hoy tienen a sus dirigentes lamentando no haber atendido las advertencias que se hicieron a tiempo. Entre ellos, destacan los siguientes:

1. La fórmula vicepresidencial

No entiendo a quién se le ocurrió la idea de escoger a la senadora Aída Quilcué como compañera de fórmula de Iván Cepeda, ya fuera por decisión del propio candidato o por recomendación de su equipo. Lo cierto es que allí comenzaron algunos de los errores más evidentes.

No se trata de descalificar a la líder indígena, quien posee grandes méritos gracias a su lucha por los derechos de las comunidades indígenas y de las víctimas del conflicto armado. El problema radica en que no es una figura que conecte fácilmente con la opinión pública. Con frecuencia se mostró distante frente a la prensa y pareció desconocer que quien ejerce funciones públicas y aspira a un cargo de elección popular está obligado a responder preguntas y rendir cuentas, incluso cuando estas resulten incómodas. Además, nunca logró motivar, cautivar o entusiasmar al electorado como sí lo hizo Francia Márquez durante la campaña de 2022.

2. La ausencia en los debates

Confiarse en una competencia electoral suele ser uno de los peores errores que puede cometer un candidato. Aunque Iván Cepeda afirmaba que asistiría a los debates, en repetidas ocasiones rechazó invitaciones de gremios económicos, universidades y medios de comunicación que promovían espacios de discusión entre los aspirantes. Parecía convencido de que tenía asegurado el triunfo en primera vuelta.

Esa estrategia terminó pasándole factura. El costo político fue evidente en la primera vuelta y, cuando intentó corregir el rumbo en la segunda, Abelardo De La Espriella ya había fortalecido su posición y logró imponer condiciones que evitaron escenarios que pudieran favorecer una eventual remontada de Cepeda.

3. Una campaña anclada en el pasado

Aunque a muchos no les guste, la política moderna se trasladó en gran medida a las redes sociales. Es allí donde millones de personas se informan, debaten y conocen las propuestas de los candidatos.

Hoy, las tarimas y los discursos tradicionales tienen un impacto limitado si no están acompañados de una estrategia de comunicación adaptada a los nuevos tiempos. A diferencia de Abelardo De La Espriella, quien construyó una marca política reconocible y la posicionó con éxito en plataformas digitales, Cepeda desarrolló una campaña que parecía sacada de los años ochenta: sin una narrativa atractiva, sin una identidad visual sólida y sin un mensaje capaz de conectar emocionalmente con amplios sectores del electorado.

4. El fantasma de la Constituyente

Aunque Iván Cepeda insistía en que no impulsaría una Asamblea Constituyente y que, por el contrario, promovería un gran acuerdo nacional, la recolección de firmas para convocar una Constituyente durante sus recorridos y actos públicos terminó enviando un mensaje contradictorio.

La percepción pública suele construirse más a partir de los hechos que de las declaraciones. Por eso, para muchos ciudadanos, las acciones observadas durante la campaña hablaron más fuerte que las explicaciones posteriores.

5. La intromisión de Gustavo Petro

Los constantes mensajes publicados por Gustavo Petro en su cuenta de X terminaron convirtiéndose en un factor que jugó en contra de la campaña. Lejos de fortalecer a Cepeda, en algunos momentos generaron dudas sobre el grado de autonomía que tendría un eventual gobierno suyo e incluso llevaron a ciertos sectores a preguntarse si el presidente realmente estaba comprometido con la candidatura de su supuesto sucesor.

Hay que reconocerle a Iván Cepeda, sin embargo, que mantuvo distancia de figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia, así como de otros dirigentes cuya presencia podía afectar la imagen de su campaña. Esa decisión reflejó coherencia con su discurso de transparencia y rectitud, atributos que incluso sus adversarios suelen reconocerle.

La derrota de Iván Cepeda no puede explicarse por una sola causa ni atribuirse exclusivamente a los errores de campaña. Sin embargo, los factores mencionados contribuyeron de manera significativa a debilitar una candidatura que, en otros momentos, parecía tener opciones reales de triunfo. Si el Pacto Histórico aspira a recuperar la confianza de una mayoría de colombianos en futuras elecciones, deberá hacer una revisión profunda de sus estrategias, escuchar las críticas con mayor atención y entender que las campañas modernas se ganan tanto con propuestas sólidas como con una comunicación efectiva y una lectura acertada del momento político. La principal lección de esta elección es que ningún proyecto político puede darse el lujo de ignorar las señales de advertencia cuando aún está a tiempo de corregir el rumbo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Mis preguntas a Abelardo De La Espriella

En las entrevistas que ha concedido a diferentes colegas periodistas, he observado cómo no permite que se le contradiga, que se le contrapregunte o que se le sugiera siquiera la posibilidad de estar equivocado.

Hay un viejo adagio que dice que “en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Si así actúa Abelardo De La Espriella como candidato a la Presidencia, no quiero imaginar cómo será si llega a ser elegido presidente, cargo desde el cual debe generar confianza, pues se gobierna para todo un país y no únicamente para el sector que lo eligió.

¿Serán estas sus actuaciones como presidente de la República? ¿Demandará a todos los periodistas que, ejerciendo su oficio, se atrevan a cuestionar su labor y la de sus colaboradores? ¿Actuará contra todo aquel que ejerza su derecho a la crítica y a la veeduría ciudadana?

Le recuerdo, señor De La Espriella, que ejercerá un cargo público si es elegido y que su labor, así como la de todos sus colaboradores, estará sometida a la crítica y al control ciudadano. Si sus pretensiones son llegar a la Presidencia para que se le rinda culto, es mejor que se quede donde está. Puede que allí continúe rodeado de un séquito de aduladores, pero, a partir del 8 de agosto, quienes voten por usted esperarán resultados, y los exigirán rápidamente.

Le recuerdo además, señor De La Espriella, que el periodismo existe para vigilar, preguntar, cuestionar e incluso incomodar. Todas las personas que pretendan ocupar un cargo público bajo su gobierno, si usted resulta elegido presidente, estarán sometidas a estos procesos, les guste o no.

Si su intención, señor De La Espriella, es instaurar un régimen como los de Cuba o Venezuela, donde discrepar se convierte en un delito, lo invito entonces a que lo diga de frente.

Oscar Sevillano

La organización habla de posibles irregularidades en contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todos estos hechos fueron puestos al conocimiento de los órganos de control para que investiguen y emitan los fallos correspondientes, en el caso de encontrar mérito, otorgando el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia.

“No puede ser que en plena Ley de Garantías a menos de dos semanas de conocer quién será nuestro próximo presidente, se insista por parte de Ecopetrol en una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares, eso no tiene presentación”, dijo Luis Miguel Marimon, presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

Nota recomendada: Nueva preocupación por aparentes manejos turbios en Ecopetrol

Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan establecer las autoridades competentes, el caso plantea una reflexión de fondo sobre uno de los principios esenciales del Estado de Derecho: la prohibición de utilizar la función pública para favorecer intereses políticos o electorales.

Los servidores públicos administran recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, no a proyectos políticos particulares. Por esa razón, la Constitución y la ley imponen límites claros frente a la participación en política, especialmente cuando existe el riesgo de que se utilicen cargos, contratos, programas sociales o estructuras administrativas para influir en procesos electorales.

Las denuncias conocidas hacen referencia a presuntas presiones sobre funcionarios y contratistas para participar en actividades proselitistas, así como a la posible utilización de recursos institucionales para fines electorales. De comprobarse estos hechos, estaríamos frente a conductas que vulneran principios fundamentales de la administración pública y afectan la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin presiones ni condicionamientos.

Particularmente preocupante resulta cualquier señalamiento relacionado con la supuesta vinculación entre la continuidad contractual o el pago de obligaciones y la participación en actividades políticas. La libertad del sufragio es un derecho esencial en cualquier democracia y no puede verse condicionada por relaciones laborales, contractuales o de dependencia frente al Estado.

Sin embargo, es igualmente importante recordar que las denuncias constituyen apenas el punto de partida de un proceso investigativo. Corresponde ahora a la Fiscalía verificar la autenticidad de las pruebas aportadas, establecer los hechos y determinar si existieron conductas sancionables. De la misma manera, la Procuraduría deberá evaluar la eventual existencia de faltas disciplinarias, siempre garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las personas involucradas.

Lo verdaderamente valioso en este momento es el mensaje institucional que deja la actuación de quienes han solicitado la investigación: las denuncias sobre posibles irregularidades electorales no deben ser ignoradas ni minimizadas. Por el contrario, deben ser examinadas con rigor, transparencia e imparcialidad para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

En una época en la que la desconfianza hacia la política y hacia las instituciones públicas representa uno de los mayores desafíos para la democracia, resulta indispensable reafirmar una premisa básica: el Estado no puede estar al servicio de campañas políticas. Los funcionarios públicos están llamados a servir a los ciudadanos, no a estructuras electorales.

La transparencia no es una opción; es una obligación. La neutralidad de la función pública no es una recomendación; es un deber constitucional. Y la protección de la libertad del voto no es una formalidad jurídica; es una condición indispensable para que la democracia siga siendo legítima.

Las investigaciones determinarán si las denuncias tienen fundamento y quiénes deben responder por los hechos. Mientras tanto, el país debe insistir en un principio irrenunciable: ninguna institución pública puede convertirse en instrumento de presión política ni en plataforma electoral. La confianza ciudadana se construye con transparencia, legalidad y respeto absoluto por las reglas democráticas.

Nota recomendada: El Partido Liberal, un partido sin memoria ni coherencia

No es posible que justamente el partido que en el pasado se puso la camiseta para que Colombia expidiera una ley que permitiera la reparación a las víctimas del conflicto armado y la restitución de las tierras a quienes fueron despojados, hoy decida apoyar a un personaje como Abelardo De La Espriella, a quien poco o nada parecen importarle esas víctimas y que, por el contrario, ha utilizado su profesión como abogado para defender a narcotraficantes y paramilitares responsables de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y despojo de tierras.

Tampoco se entiende cómo un partido que defendió a capa y espada la firma del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC hoy termine al lado de quienes se opusieron a él mediante campañas cargadas de mentiras, desinformación y posverdades, y que desde entonces han buscado hacerlo trizas a cualquier costo.

De igual manera, resulta incomprensible que el partido que defendió la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respalde ahora a un candidato que ha prometido cerrarla, siguiendo motivaciones que nadie termina de explicar con claridad.

Ese tipo de incoherencias son las que han provocado que muchos colombianos desconfíen de la política y de los partidos políticos, porque, en lugar de entender lo que pide y necesita la sociedad actual, se han dedicado a darle rienda suelta al apetito burocrático de sus dirigentes y congresistas, defendiendo causas y visiones propias de la Constitución de 1886 más que los principios consagrados en la Constitución de 1991.

Lo más preocupante es que estas decisiones no parecen obedecer a una discusión ideológica seria ni a una revisión programática de fondo, sino a la simple búsqueda de cuotas de poder y espacios de influencia.

El Partido Liberal, que durante décadas se presentó como una fuerza reformista, progresista y comprometida con la ampliación de derechos, da hoy la impresión de haber renunciado a cualquier identidad política reconocible. Sus dirigentes parecen más interesados en acomodarse al candidato que mejor garantice su supervivencia burocrática que en defender las banderas históricas que alguna vez le dieron sentido a su existencia.

Si esa tendencia continúa, el liberalismo corre el riesgo de convertirse en una simple franquicia electoral sin principios, capaz de respaldar cualquier proyecto político independientemente de sus contradicciones con la historia del partido. Y cuando una colectividad deja de actuar con base en ideas y valores para hacerlo únicamente en función de conveniencias coyunturales, deja de ser un actor relevante para la democracia y se transforma en uno de los principales factores del desencanto ciudadano.

Después, los mismos dirigentes se preguntan por qué crece la abstención, por qué aumenta el rechazo hacia los partidos tradicionales y por qué cada vez más colombianos consideran que la política se ha convertido en un ejercicio de oportunismo antes que en una herramienta para transformar la sociedad.

Peor aún, el Partido Liberal parece haber llegado al punto en el que ya ni siquiera intenta justificar sus contradicciones. Ha pasado de ser una colectividad con una visión reconocible del país a convertirse en una organización que adapta sus principios a las conveniencias del momento.

Lo que antes se presentaba como una defensa de los derechos humanos, de las víctimas, de la paz y de las instituciones democráticas, hoy parece reducirse a un discurso vacío que se abandona tan pronto aparecen cálculos electorales o beneficios burocráticos. Si el liberalismo puede respaldar sin mayor reparo a quienes cuestionan o combaten las causas que durante años afirmó defender, entonces la conclusión inevitable es que para buena parte de su dirigencia esas banderas nunca fueron convicciones profundas, sino simples herramientas retóricas utilizadas mientras resultaron políticamente rentables.

Esa es una degradación política que no solo traiciona su propia historia, sino que contribuye a erosionar aún más la credibilidad de las instituciones democráticas ante una ciudadanía cada vez más cansada de la incoherencia y el oportunismo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Petro y Uribe son los grandes perdedores de la primera vuelta

En el caso de Uribe Vélez se empieza a demostrar que no es ni de cerca el gran elector que fue en las elecciones de 2010 cuando gracias a su evidente participación en política desde la Casa de Nariño, Juan Manuel Santos ganó la presidencia, y luego en 2018, logró que Iván Duque ganara.

Hoy la realidad le fue contraria, porque por más que quiso influir en el electorado con sus intrigas y cizañas queriendo enlodar el nombre de Iván Cepeda no logró, ni que Paloma Valencia pasara a la segunda vuelta, ni que sus seguidores y militantes del Centro Democrático le obedecieran ciegamente como sucedía en el pasado.

Para nadie es un secreto que más de la mitad del Centro Democrático estaba ya con Abelardo De La Espriella mucho antes del 31 de mayo.

Álvaro Uribe Vélez comienza a verse como lo que realmente es: un pasado, que ni el ni su circulo cercano quieren aceptar, y lo que es peor, cree que la Colombia es igual a la del año 2002 cuando fue elegido presidente de la república, que sus problemas son iguales y que por tanto las soluciones también.

No entienden que de ese tiempo acá han corrido dos generaciones y que los tiempos cambiaron y que aunque los problemas de una u otra manera se mantenga, las fórmulas para solucionarlos son otras.

Les sucede lo mismo que le pasa a algunos funcionarios de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán cuando se les pide mayores escenarios de educación en lo que tiene que ver con cultura ciudadana, y lo primero que se les ocurre es sacar la foto de Antanas Mockus, como si todavía estuviésemos en el año 1995 y lo que es peor, como si los ciudadanos fuesen los mismos de aquel entonces.

Otro perdedor fue el presidente Gustavo Petro, no porque Iván Cepeda no lograra la mayor votación en la primera vuelta, no. Sino porque el ciudadano del común le demostró la inconformidad que siente por los desastres de su mandato en materia de seguridad, por la crisis de la salud y por su costumbre de generar caos, desorden y mayor grado de discusión y enfrentamientos verbales, en momentos en que el país pide calma y discusiones moderadas.

Si a los resultados electorales de la primera vuelta le sumamos los de las pasadas elecciones locales, podemos concluir sin ninguna duda que es la segunda derrota electoral que sufre Gustavo Petro durante su presidencia.

Recordemos que Bogotá estrenaba segunda vuelta y lo que sucedió fue la elección contundente de Carlos Fernando Galán en la primera vuelta, claro mensaje de los bogotanos a Gustavo Petro, de que no permitirían más interferencias de la presidencia en las decisiones de la ciudad, especialmente en lo que tiene que ver con grandes obras de infraestructura como el metro, TransMilenio por la avenida 68, la ampliación de la Autopista Norte, etc.

En estas elecciones quedó claro que a los colombianos poco les importa lo que digan expresidentes, incluso el mismo presidente de la república si no esta ejerciendo un buen mandato y que están dispuesto a ejercer un voto castigo si el caso lo merece. Por ahora hay que esperar que resulta en la segunda vuelta y ya el tiempo dirá si el remedio fue peor que la misma enfermedad.

Nota recomendada: Nueva preocupación por aparentes manejos turbios en Ecopetrol

Por lo anterior, cualquier duda o inquietud que pueda generar crisis en la empresa será motivo de cuestionamientos a sus directivas por parte de la opinión pública.

Recientemente se conoció una denuncia de La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos, quien acaba de prender las alarmas por supuestos malos manejos del vicepresidente downstream de Ecopetrol, Felipe Trujillo.

La organización recopila una serie de denuncias anónimas de trabajadores, documentos entregados a la línea de ética de la empresa y movimientos sospechosos que ya habrían llegado incluso a la UIAF en las que se afirma de supuestas presiones ejercidas para firmar, en plena ley de garantías y a las puertas de un nuevo gobierno corporativo, contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todo a velocidad récord, con posibles extensiones de cinco a ocho años. Y lo más grave: se habla abiertamente de coimas del 3 %.

No quiero entrar a juzgar al doctor Trujillo, entre otras porque no lo conozco, y tampoco me corresponde lanzar juicios desde la opinión pública porque no me corresponde y tampoco es de mi interés. Pero, si quiero preguntar si esto es cierto.

Una denuncia por temas de coimas en cualquier escenario es algo supremamente delicado.  No se trata de una irregularidad menor ni de un “error administrativo”. Es un señalamiento que no solo mancha el nombre de la persona en cuestión, sino que además daña la reputación de la empresa como tal, en donde prestan sus servicios miles de colombianos, y es una empresa que valga decirlo, ha beneficiado a todas las regiones a donde ha llegado con temas de responsabilidad social.

Es poner en entredicho miles de millones de pesos que salen del bolsillo de la Nación para terminar, presuntamente. Es afirmar que en plena transición política alguien intenta apurar jugosos contratos con el riesgo evidente de que el 3 % de coima termine siendo el verdadero motor de la decisión. Eso no es un detalle: es un escándalo de proporciones nacionales.

Ecopetrol no es una cualquier empresa; es el corazón energético de Colombia. Es por esto que cada vez que salen a la luz pública este tipo de señalamientos y pedidos para que se investigue, sin importar de quien se trata, la opinión pública cumple el papel de alertar, vigilar y cuestionar si es el caso porque más allá de que esto sea cierto o no, no se puede permitir que la empresa se convierta en botín de unos pocos.

Por todo lo anterior, me uno a quienes piden se investigue este asunto, brindando todas las garantías para la legítima defensa de las personas que resulten involucradas, para que ejerzan su derecho de demostrar su inocencia como nuestra Constitución y nuestras leyes lo establecen.