El voto fusil: ¿una verdad conveniente?

Lo particular de quienes se han sorprendido, e incluso espantado, por el tan mentado “voto fusil” es que pareciera que apenas ahora descubrieron que el agua moja.

Lo más sorprendente de este asunto es que se escandalizan cuando el problema toca al sector político opuesto al suyo, pero lo niegan o se hacen los de la vista gorda cuando los afecta a ellos.

De ser cierto que, bajo la presión de las armas, se obligó a votar en las elecciones presidenciales de 2026 por el candidato Iván Cepeda en zonas donde el conflicto armado hace de las suyas día y noche, no sería la primera vez que ocurre en nuestro país, ni sería un hecho inédito. No se entiende por qué hasta ahora la militancia del Centro Democrático y otros sectores políticos de derecha se muestran sorprendidos.

¿Acaso se les olvidó que el fenómeno de la parapolítica, que tanto negaron y que todavía hoy se resisten a reconocer porque afectó judicialmente a muchos de sus amigos y aliados, se dio precisamente con la intermediación del fusil?

¿Por qué no hacen la misma pregunta y le piden a la Fiscalía que investigue si los actuales mandatarios locales y concejales de esos municipios llegaron al cargo por acción y efecto del voto fusil? ¿O se les olvidó que las alcaldías y los concejos de esos municipios también se obtienen en las urnas? Más aún, si alguno de sus candidatos obtuvo votación, sin importar si ganó o perdió, ¿también la consiguió mediante el voto fusil?

La parapolítica fue un fenómeno que se presentó porque candidatos a cargos de elección popular pactaron directamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que no solo se les permitiera hacer proselitismo en las zonas bajo control paramilitar, sino también para que obligaran a la población a votar por ellos.

Conozco a Iván Cepeda y sé muy bien que sería incapaz de pactar con grupos ilegales a cambio de votos a su favor, como sí lo hicieron muchos políticos cercanos a Álvaro Uribe Vélez, entre ellos su primo Mario Uribe, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con Salvatore Mancuso.

Y, a propósito de Mancuso, hay que recordar que en diferentes ocasiones este exlíder paramilitar ha afirmado que, en el año 2002, las autodefensas apoyaron las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez de llegar a la Presidencia de la República. La respuesta del uribismo ha sido que a un criminal no se le puede ni se le debe creer. Es decir, para el uribismo hay criminales buenos, en quienes sí se puede confiar, y criminales malos, en quienes no.

Que un actor ilegal influya, en los territorios donde ejerce control, en favor de la candidatura que más le conviene no constituye ninguna novedad. Lo hicieron las AUC y también lo han hecho y lo hacen otros grupos armados. Precisamente por eso es tan importante acabar con la ilegalidad en todos los territorios del país, para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto.

Sin embargo, una cosa es que un político haga acuerdos con actores ilegales para favorecerse electoralmente y otra muy distinta es que un grupo armado actúe por cuenta propia en favor de determinado candidato, sin que este tenga participación alguna en esa decisión.

Tratar de enlodar el nombre de Iván Cepeda con el mismo lodo que ha ensuciado a algunos sectores políticos en Colombia constituye una estrategia profundamente mezquina y baja, que debería ser castigada por los ciudadanos en las urnas.