No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría

Hay algo profundamente contradictorio en la aspiración de Jorge Eliécer Laverde a convertirse en Contralor General de la República: para convencer al país de que él es la persona indicada para dirigir la entidad, parece haber decidido comenzar por desacreditarla.

Su estrategia resulta, cuando menos, paradójica. El candidato que pretende asumir la responsabilidad de conducir uno de los organismos más importantes del Estado en materia de vigilancia de los recursos públicos ha optado por presentar a la institución que aspira a dirigir como una estructura ineficiente, costosa, atrasada y atrapada en un laberinto normativo. Ha cuestionado su funcionamiento, ha puesto en duda la relación entre lo que cuesta y lo que recupera y ha advertido que ha perdido terreno frente a la inteligencia artificial.

La pregunta, entonces, no es solamente qué reformas propone Laverde. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿por qué alguien que aspira a dirigir una institución considera necesario destruir su reputación antes de llegar a ella?

Porque una cosa es hacer una crítica rigurosa al funcionamiento de la Contraloría y otra muy diferente es convertir el desprestigio de la entidad en la plataforma de lanzamiento de una candidatura.

Si la Contraloría tiene problemas, deben señalarse. Si existen procesos que deben modernizarse, deben reformarse. Si la tecnología disponible no está siendo aprovechada suficientemente, debe corregirse. Si el sistema normativo requiere una actualización, el Congreso debe discutirla. Todo eso es perfectamente legítimo y, en muchos casos, necesario.

Lo que resulta difícil de aceptar es que se pretenda construir un proyecto de dirección institucional a partir de una narrativa que termina arrastrando en sus cuestionamientos a miles de funcionarios que no tienen responsabilidad alguna en las decisiones políticas de quienes han ocupado el despacho del Contralor.

La Contraloría no apareció ayer. No nació con el próximo Contralor ni desaparecerá cuando termine su periodo. Es una institución que ha sobrevivido a gobiernos de diferentes tendencias políticas, a múltiples administraciones y a distintas coyunturas nacionales. En ella trabajan servidores públicos que han dedicado años de su vida profesional a investigar el uso de los recursos estatales, adelantar auditorías y procesos de responsabilidad fiscal y vigilar el patrimonio público.

Por eso, cuando un candidato afirma que la institución no ha funcionado realmente, no está cuestionando únicamente a sus antiguos directivos. Está poniendo bajo sospecha el trabajo de miles de personas que han cumplido sus funciones dentro del marco constitucional y legal existente.

Y aquí aparece el punto que Laverde parece olvidar: quien quiere ser Contralor no puede comportarse como si estuviera haciendo campaña para ser el liquidador de la Contraloría.

El país necesita un Contralor que llegue a fortalecer la institución, no uno que necesite debilitarla discursivamente para justificar su propia llegada.

Una candidatura seria debería ser capaz de explicar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué debe cambiar. Debería presentar cifras, resultados comparables, evaluaciones técnicas y propuestas concretas. Debería reconocer que una institución pública puede tener deficiencias sin que eso signifique que todo lo construido durante décadas carezca de valor.

Pero decir que el control fiscal colombiano es una «colcha de retazos», cuestionar el desempeño de la entidad y presentar sus herramientas como insuficientes puede resultar políticamente rentable, pero institucionalmente es una apuesta peligrosa. Porque una vez que se destruye la confianza en una entidad de control, se debilita precisamente aquello que se pretende defender: la capacidad del Estado para vigilar el uso de los recursos públicos.

La paradoja es todavía mayor cuando se habla de modernización. Nadie discute que la Contraloría debe avanzar en inteligencia artificial, analítica de datos y herramientas tecnológicas. Pero modernizar una institución no significa declarar obsoleto todo lo que existe. La tecnología debe ponerse al servicio de la experiencia acumulada, no utilizarse como argumento para desconocerla.

Y si la DIARI requiere mayor inversión, mejores resultados o un uso más eficiente, la discusión debe hacerse con evidencia. No basta con mencionar cuánto cuesta una herramienta tecnológica para insinuar que no funciona. La verdadera discusión debería ser qué resultados produce, qué capacidades ha desarrollado y cómo puede mejorarse.

Lo mismo ocurre con el marco jurídico. Es posible que el control fiscal necesite una mayor integración normativa. Es posible que existan disposiciones dispersas que requieran armonización. Pero presentar décadas de evolución legislativa como una simple «colcha de retazos» desconoce que las normas también son el resultado de las respuestas que el Estado ha tenido que construir frente a nuevas formas de corrupción, nuevas modalidades de daño patrimonial y nuevas exigencias constitucionales.

La reforma que necesita Colombia no es la que nace del desprecio por lo existente. Es la que nace del conocimiento profundo de aquello que se quiere transformar.

Y es precisamente allí donde los cuestionamientos sindicales adquieren una dimensión que Laverde debería tomar en serio. Que las organizaciones de trabajadores de la Contraloría hayan decidido salir públicamente a controvertir sus afirmaciones no puede despacharse como una simple reacción gremial. Es, también, una señal de que existe una institución que se siente injustamente representada por el discurso de quien aspira a dirigirla.

Laverde debería preguntarse si realmente está construyendo autoridad o si, en su intento por obtener el respaldo necesario para llegar al cargo, está erosionando la legitimidad de la institución que mañana podría estar bajo su responsabilidad.

Porque hay una diferencia entre ser elegido para cambiar una entidad y ser elegido después de haber contribuido a convencer al país de que esa entidad es prácticamente un fracaso.

El próximo Contralor tendrá que enfrentar enormes desafíos. Tendrá que mejorar la recuperación de recursos públicos, fortalecer el control preventivo, combatir la corrupción, modernizar los sistemas de información, coordinar el trabajo con las contralorías territoriales y aprovechar las nuevas tecnologías. Para hacerlo necesitará algo que no se obtiene con discursos de campaña: la confianza de la institución que va a dirigir.

Y esa confianza comienza por respetar a quienes la integran.

No se trata de blindar a la Contraloría de la crítica. Se trata de exigir que la crítica tenga altura, rigor y responsabilidad. Un candidato puede y debe señalar los errores de una institución, pero no puede desconocer que detrás de ella hay funcionarios que han dedicado años a cumplir una función esencial para la democracia.

Es muy fácil llegar desde afuera y decir que todo está mal. Lo verdaderamente difícil es asumir la responsabilidad de demostrar, desde adentro, que se puede hacer mejor.

Por eso, si Jorge Eliécer Laverde quiere ser el próximo Contralor General, debería entender que su primera tarea no será destruir la imagen de la entidad para después presentarse como su salvador. Su desafío será demostrar que conoce la institución, que respeta a sus funcionarios y que tiene la capacidad de transformarla sin convertirlos en los primeros damnificados de su discurso.

Colombia no necesita un Contralor que llegue a pasar factura. Necesita uno que llegue a construir.

No necesita un candidato que pretenda demostrar que todo estaba mal antes de su llegada. Necesita un servidor público capaz de reconocer los avances, corregir las fallas y asumir la responsabilidad de producir resultados.

Y, sobre todo, no necesita que quien aspire a dirigir una institución tenga que pasar por encima de ella para llegar al cargo.

Porque si para conquistar la Contraloría hay que destruir la confianza en la Contraloría, entonces cabe preguntarse qué es lo que realmente se está buscando: ¿fortalecer una institución fundamental para la democracia o utilizarla como el escenario de una ambición personal?

La respuesta debería importarles, y mucho, a quienes tienen en sus manos la elección del próximo Contralor General.

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