Se quitaron el sombrero

No es extraño que, cuando alguien asciende al más alto cargo del Estado, quienes han hecho del poder una fuente de privilegios y beneficios personales corran a rendirle pleitesía. Lo verdaderamente llamativo es la forma en que muchos lo hacen: no se limitan a ofrecer una reverencia protocolaria, sino que se muestran entusiastas, confiados y hasta felices, como si el nuevo escenario político les despertara una admiración genuina. Sin embargo, todos sabemos que, en la mayoría de los casos, esa comodidad es fingida y responde únicamente a un cálculo de conveniencia.

Para nadie es un secreto que numerosos políticos, empresarios e incluso algunos colegas periodistas miran con desconfianza al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Pero, como durante los próximos cuatro años buena parte de las decisiones del país pasarán por sus manos, muchos parecen considerar que conservar sus privilegios vale más que preservar su independencia. Prefieren sacrificar la dignidad antes que arriesgar el acceso al poder, porque en ciertos círculos la cercanía con el gobernante de turno siempre ha sido una inversión más rentable que la coherencia.

Desde mi punto de vista, esa es la principal razón por la que las críticas al nuevo presidente han sido tan escasas y tibias. Lo prioritario, por ahora, parece ser congraciarse con De La Espriella, repetir los temas que le resultan agradables y alimentar una narrativa complaciente, aunque esta carezca de relevancia para los problemas reales del país. Resulta difícil encontrar una mejor muestra de esa actitud que dedicar una mañana entera de un programa radial a exaltar un vallenato de Rafael Escalona compuesto en honor al presidente electo, como si el país no enfrentara asuntos infinitamente más urgentes que discutir.

Me pregunto si Abelardo De La Espriella siente algún grado de gratitud frente a semejante nivel de complacencia. No me sorprendería que, en realidad, le resultara indiferente. Conoce demasiado bien a quienes hoy lo ovacionan. Sabe que buena parte de las élites económicas, políticas y sociales —especialmente las bogotanas— no actúan por convicción, sino por conveniencia. Son las mismas élites que, según soplaran los vientos del poder, fueron capaces de aplaudir tanto a Simón Bolívar por liberar a la Nueva Granada como a Pablo Morillo cuando la Corona española recuperó el control. La lealtad, para muchos de ellos, nunca ha sido un principio; ha sido un negocio.

Tampoco me sorprende que De La Espriella anuncie que no vivirá en el Palacio de Nariño y que prefiera establecerse en Barranquilla. Más que una decisión administrativa, parece un gesto político cuidadosamente calculado. Obligar a los grandes poderes económicos y políticos de Bogotá, Cali y Medellín a desplazarse hasta donde él se encuentre constituye una manera de reafirmar su liderazgo y de enviar el mensaje de que será el centro alrededor del cual deberá girar el establecimiento. Es, en esencia, un desafío deliberado a las élites tradicionales y una demostración de fuerza frente a quienes históricamente han monopolizado la influencia en el país.

Sin embargo, esa decisión también refleja la extravagancia que ha caracterizado su estilo público. Da la impresión de que concibe la Presidencia como una extensión de su personalidad y no como una institución sometida a límites constitucionales. Pareciera creer que, una vez asuma el cargo, él será el Estado y que donde él esté también estará el Estado. Es una visión profundamente personalista del poder, más cercana a la lógica absolutista de un Luis XIV que a la de un jefe de Estado en una democracia constitucional.

De La Espriella parece olvidar que el Estado colombiano no se reduce al presidente de la República. Está integrado por tres ramas del poder público, cada una con autonomía y competencias propias. El Ejecutivo es apenas una de ellas. Que el presidente decida residir en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Tumaco o cualquier otra ciudad no significa que el Estado cambie de sede ni que la institucionalidad se traslade con él. La descentralización consiste en fortalecer las capacidades de las regiones, no en convertir el lugar de residencia del mandatario en el nuevo epicentro del país. Confundir ambas cosas revela una comprensión equivocada del funcionamiento del Estado o, peor aún, una peligrosa tendencia a identificar la institucionalidad con la figura presidencial.

Ojalá quienes hoy hacen fila para quitarse el sombrero, hacer venias y rendirle honores al nuevo mandatario recuperen pronto la independencia que exige una democracia saludable. El papel de los dirigentes políticos, de los empresarios y, sobre todo, de los periodistas no consiste en halagar al poder, sino en vigilarlo, cuestionarlo y señalar sus errores, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quien gobierna. La crítica responsable no debilita la democracia; por el contrario, la fortalece.

Porque, si algo ha demostrado la historia política colombiana, es que el exceso de adulación suele preceder a las mayores decepciones. Quienes hoy aplauden sin reservas podrían ser los primeros en tomar distancia cuando aparezcan los errores inevitables del ejercicio del poder. En Colombia, escupir al cielo siempre ha sido un mal negocio: tarde o temprano, la realidad termina imponiéndose sobre la propaganda. Y si el gobierno pretende convertir la llamada “Patria Milagro” en algo más que un eslogan, necesitará mucho más que aplausos, canciones y reverencias. Necesitará instituciones fuertes, resultados concretos y ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, no a rendir pleitesía.