La cosa no es ni debe ser así tampoco

En tiempos de campañas y alta polarización política, resulta cada vez más frecuente que el debate público se traslade a las redes sociales, donde las versiones, los señalamientos y las acusaciones circulan con una velocidad muy superior a la capacidad de las instituciones para verificar los hechos. Ese fenómeno obliga a la ciudadanía a ejercer un mayor sentido crítico y a recordar un principio esencial del Estado de derecho: nadie puede ser considerado responsable de un hecho mientras la justicia no lo determine.

En ese contexto, el candidato a la Contraloría General de la República, Jorge Eliecer Laverde, ha sido objeto de diversos señalamientos que han encontrado eco en redes sociales. Sin embargo, es indispensable hacer una distinción que muchas veces se pierde en el ruido de la confrontación política: una acusación, un rumor o una versión difundida en redes sociales no constituyen una prueba, ni mucho menos una sentencia.

Una cosa es estar en desacuerdo con sus planteamientos y la manera como los expresa. En ese sentido, ratifico lo que exprese en mi columna de opinión anterior, que no se puede, ni se debe aspirar a dirigir una entidad desprestigiando el trabajo que desde la misma entidad se ejecuta porque lo único que se podría conseguir es que aumente la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado.

Otra cosa es dar por hecho un rumor sin siquiera conocer a ninguna de las partes involucradas en lo que se dice, sin tener en cuenta que se puede afectar el buen nombre y que, así como le ocurre a esta persona, también cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos ataques que muchas veces se hacen de forma malintencionada.

Si existen investigaciones en curso, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes adelantarlas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso y será la Fiscalía, y en su momento los jueces si llegara a ser el caso, quienes deberán establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades. Antes de que ello ocurra, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.

El problema de las redes sociales es que con frecuencia convierten las sospechas en certezas y las opiniones en supuestas verdades absolutas. Basta con que un mensaje sea compartido miles de veces para que muchos lo asuman como un hecho comprobado, cuando en realidad puede tratarse de información incompleta, descontextualizada o simplemente falsa. Ese fenómeno no solo afecta a quien es objeto de los señalamientos, sino que también deteriora la calidad del debate democrático.

Las campañas electorales suelen ser escenarios donde abundan las estrategias de desprestigio, la desinformación y la circulación de contenidos cuyo propósito es influir en la opinión pública. Precisamente por ello, la ciudadanía debe actuar con prudencia y exigir evidencias antes de emitir juicios. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones.

Lo anterior no significa que las denuncias deban ignorarse o minimizarse. Toda denuncia seria merece ser investigada por las autoridades competentes. Pero investigar no equivale a condenar. Entre una denuncia y una sentencia existe un proceso que debe respetarse para garantizar tanto el derecho de las víctimas como las garantías fundamentales de las personas señaladas.

La presunción de inocencia no es un privilegio de los poderosos ni una fórmula jurídica vacía. Es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos frente a condenas anticipadas en la plaza pública. Renunciar a ese principio por conveniencia política sería abrir la puerta a que cualquier persona pudiera ser destruida reputacionalmente con base únicamente en rumores o acusaciones sin sustento.

En una democracia madura, las redes sociales no pueden reemplazar a los jueces, ni los rumores sustituir las pruebas. La credibilidad de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales dependen, precisamente, de que la verdad sea establecida por la justicia y no por el tribunal de la opinión pública.

Bienvenido el debate por el cargo de contralor general de la república, pero este debe hacerse sobre las ideas que se propongan para ejercer el control fiscal tan necesario en un país donde abunda la corrupción, y donde muchas veces los proyectos no se ejecutan a tiempo ni de la manera adecuada.

Nota recomendada: No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría