Por: Javier Alejandro Henao Pinilla
El nuevo gobierno de Colombia que inició el 7 de agosto de 2022 representa un importante cambio en la forma en la que se interpreta la violencia en el país y, por lo tanto, la forma de entender y abordar la importancia y el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Por esto, tras seis años de la publicación del Acuerdo Final y dos gobiernos, es necesario realizar un balance sobre cómo va su implementación y así vislumbrar el horizonte, la situación y los retos que le esperan al gobierno entrante.
La victoria de Gustavo Petro, además del acceso al poder de partidos y movimientos alternativos, representa también la ambición de diversos sectores de lograr construir paz en el país a partir de la implementación de los Acuerdos de la Habana, los diálogos de paz y las políticas alternativas en la lucha contra las drogas.
El gobierno entrante junto con sus partidos de coalición ha sido defensor del Acuerdo y de la salida negociada del conflicto. Durante los últimos meses Petro ha mostrado respaldo a las instituciones del Acuerdo como la JEP y la Comisión de la Verdad, ha sentado la posibilidad de una negociación con el ELN y dentro de sus nombramientos se encuentran personas con experiencia y afines a las negociaciones.
Del otro lado, para la administración Duque y el partido del gobierno saliente, parece que el Acuerdo no ha sido prioridad y tampoco es entendido como una política especialmente útil para lograr la paz. El eje de su política de seguridad y de paz parte de la interpretación de la violencia como resultado directo y único del narcotráfico. Por lo tanto, el papel del Estado corresponde a únicamente la respuesta militar y la lucha contra el crimen organizado. La violencia en el país no se entiende como el Acuerdo de Paz lo hace; como consecuencia de condiciones estructurales específicas, como el resultado de la exclusión de grandes sectores sociales de la participación política y el acceso a la tierra.
Por esta incompatibilidad de narrativas, de la administración Duque resulta una implementación del Acuerdo de Paz rezagada, incompleta y con grandes compromisos incumplidos. Según la organización encargada para el monitoreo y verificación del cumplimiento de los puntos, el Instituto Kroc, si bien ha habido avances de puntos porcentuales, al analizar la trayectoria del cumplimiento, se hace evidente la desaceleración que ha sufrido la implementación durante los últimos años, especialmente comparada a un inicio relativamente rápido.
Si bien hay puntos donde los avances han sido significativos y la mayoría de los compromisos están cumplidos o adelantados, como en los componentes sobre el Fin del conflicto o los Mecanismos para la implementación, verificación y refrendación, para marzo de 2022, el balance aún es deficiente. Cinco años y medio después de iniciada la implementación la mitad de los componentes de todo el Acuerdo ha sido ejecutado de forma mínima o no ha iniciado.
El panorama se hace más desolador cuando se analizan dos de los puntos base de la negociación; el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral y el 2, sobre la Participación política. Sobre la primera, el 79% de los compromisos tiene una implementación mínima o no ha iniciado y apenas el 4% ha sido completado. Igualmente, sobre el segundo punto, aproximadamente el 71% de los componentes no empieza o tiene una implementación mínima.
Sumado a lo anterior, existen condiciones externas al Acuerdo de Paz, pero que impactan de forma negativa su implementación, y que el actual gobierno no ha estado en la capacidad e interés de solucionar. Entre ellas se encuentra el detrimento de las condiciones de seguridad en el país, con nuevos actores armados fortalecidos y los municipios PDET convertidos en focos de violencia dirigida hacia excombatientes, líderes y defensores de Derechos Humanos.
Estas condiciones y los indicadores de violencia crecientes de los últimos años, sumado a un Acuerdo de Paz con una implementación incompleta y olvidado por el gobierno, hace que el contexto en el cual entra la nueva administración sea muy complejo. De cualquier modo, el gobierno de Petro tendrá el reto de implementar casi de forma completa la Reforma Rural Integral y los puntos de Participación política, cumplir con los compromisos para con las víctimas y brindar las garantías de seguridad a los líderes y a las comunidades, sobre todo en los municipios priorizados.
La administración Petro tendrá la responsabilidad de demostrar a su oposición política y a un sector de la sociedad escéptico sobre las políticas de paz y reacio ante la salida negociada que es posible construir paz y seguridad desde este enfoque. Debe demostrar que la política de seguridad alternativa y la implementación de los Acuerdos de la Habana tiene la capacidad de reducir indicadores de violencia. En el éxito o no de su gestión está el futuro de la permanencia en el panorama político del país las acciones que buscan resolver las causas estructurales del conflicto armado y no la mera solución militar y represiva.