Por: Adriana Herrera Rodríguez*

El 13 de junio de 2023 la cámara de representantes aprobó el proyecto de acto legislativo que reconoce a los campesinos del país como sujetos de derechos y de especial protección. Con 149 votos por el sí, la plenaria respaldó el proyecto radicado por el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  y el ministerio del Interior el 17 de agosto de 2022, en este se integra el bloque constitucional el texto de la Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Dicha declaración fue adoptada en el año 2018 durante el 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El proyecto de acto legislativo y la declaración sobre los derechos de los campesinos son instrumentos jurídicos y políticos que construyen el reconocimiento a las diferentes luchas sociales sobre los derechos humanos de los campesinos. Básicamente, este acto legislativo modifica el artículo 64 de la constitución política de Colombia de 1991, que se basaba solamente a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de forma individual o asociativa, acceso a servicios de salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial. Es de saber que la Constitución se refería al campesino como trabajador agrario y no lo tenía en cuenta como sujeto cultural, social, político y otros aspectos que lo representan. Ya en el Acto legislativo se les otorga el respaldo a varios derechos humanos de importante reconocimiento en el país. Se acepta sus formas de vida geográficas y culturales, la importancia ambiental, se establece enfoque de género, etario y territorial, los derechos de igualdad, acceso a la educación de calidad, el intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, la participación reforzada, la conectividad digital, entre otros.

Ahora, con lo anterior parecería que todo por lo que los campesinos han luchado por décadas se hará realidad. Pero, si anteriormente en el artículo 64 de nuestra Constitución Política se les reconocía algunos derechos, actualmente los campesinos siguen enfrentando injusticias y desigualdades, ¿será que con la añadidura de la declaración de los derechos de los campesinos el Estado hará frente a todas las necesidades que los campesinos afrontan? No se puede negar el logro tan grande que es el acto de que esté plasmado en nuestra Constitución Política, pero lo que se quiere incitar es  ¿qué hará y construirá el nuevo gobierno que se ha importado tanto en los campesinos? Veamos un poco de la realidad campesina y desafíos que le espera a Colombia remediar.

Según el DANE hasta el mes de agosto de 2023, el 15,5% de los campesinos viven en las cabeceras municipales y el 85,1% de los campesinos viven en centros poblados y rural disperso de Colombia. En cuanto al mercado laboral, la tasa de ocupación es del 57,2%, de ese total la participación para los hombres fue de 75,1% y las mujeres fue del 38,6%; a diferencia de la tasa de desocupación que fue del 7,8% donde los hombres representan el 5,5% y las mujeres 12,2%. En cuanto a la educación, el Informe de Características y retos de la educación rural en Colombia indica que la tasa de estudiantes matriculados en zonas rurales en nivel educativo superior es mínima a comparación de los niveles de básica primaria y que el 65,4% de personas en edad escolar no asiste a las instituciones educativas. Según el DANE, en 2022 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue de 12,9% donde el 8,7% compete a los centros poblados y el 27,3% al rural disperso.

La realidad de los campesinos no es la mejor, se dio a conocer parte de los problemas que están enfrentando en el campo y que es realmente necesario que el Estado direccione sus esfuerzos con los recursos necesarios para poder cumplir lo que la Constitución Política proclama sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Los campesinos están cansados de que todo quede plasmado en el papel pero nada se lleva a la acción, es un proceso arduo pero que con el verdadero esfuerzo y sobre todo la disposición política tiene que tener para redimir las luchas campesinas del actor más importante del espacio rural Colombiano.

Aunque es de valorar el esfuerzo que durante varios debates se consiguió aprobando este acto legislativo y que se reconoce que es un gran paso hacia adelante, Colombia tiene que involucrase más implementando acciones y estrategias tanto para cumplir lo que se consignó en nuestra Constitución y también para brindar veeduría para que se cumpla.

En estos últimos días se destaca la acción del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que desde el 11 de septiembre al 13 de octubre del presente año, en su 54a sesión decidió aprobar el Grupo de trabajo sobre los derechos del campesino y de oras personas que trabajan en las zonas rurales, que será establecido por un periodo de tres años, integrado por cinco expertos independientes, con representación geográfica equilibrada nombrados por el Concejo de Derechos Humanos en la 55° periodo de sesiones. Las funciones de este grupo de trabajo serán fundamentales para promover la difusión y aplicación de la UNDROP, identificar, intercambiar y promover buenas prácticas y enseñanzas sobre la aplicación de la UNDROP, entre otras. En el caso de Colombia, un país tan complejo se recomienda que siga con mucha atención las recomendaciones y brinde acompañamiento a este nuevo grupo que fue aprobado por un grupo de países interesados en implementar los derechos de los campesinos.

* Integrante del semillero Propiedad Rural - PUJ
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