Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Cultivos de coca y deforestación en la Amazonía colombiana

Por: Ana María Güiza Gómez

“Mejor es declararle la guerra a la Selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas. Mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad.”, dijo el presidente Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre, criticando la inacción de la comunidad internacional sobre la deforestación de la Amazonía y el tratamiento a los cultivos de coca.

La región de la Amazonía está compuesta por los departamentos del Guaviare, Casanare, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Desde mediados de 1970, según Pamela Sanabria Cuervo, el cultivo de hoja de coca en la Amazonía es una actividad económica criminal que se expande y fortalece a lo largo del país, especialmente desde 1994. Dicha concepción oculta el carácter cultural y ancestral de los cultivos de hoja de coca para las comunidades indígenas, pues mambear cocoa es fundamental para mantener conectada su conciencia con la dimensión mágica y ordinaria; así como para ejecutar el proceso colectivo de conocimiento.

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2020, el país registró 143.000 ha de coca sembradas, donde la Amazonía es una de las regiones con grandes extensiones de cultivo, especialmente la región Putumayo–Caquetá; en la que el enclave productivo es la frontera, pues representa un 33% a nivel regional y un 5% del total nacional. Igualmente, los departamentos de Vaupés, Guainía y Amazonas son territorios esenciales para el tráfico de actores ilegales. Esto demuestra que la región ha estado relacionada con los cultivos de coca en alguna de sus etapas: producción, procesamiento, cristalización, comercialización o tráfico.

La Amazonía también es una de las regiones más afectadas por la deforestación. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FDCS), la deforestación aumentó un 7% en la Amazonía en 2021 (del 63% en 2020 a 70% en 2021), que corresponde a 92.399 ha deforestadas.

¿Qué relación hay entre la deforestación en la Amazonía y los cultivos de coca?

Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), la relación deforestación–cultivos de hoja de coca depende de las dinámicas regionales y de su proceso de desarrollo, pues “en algunas regiones, los dos fenómenos, deforestación y coca, se concentran en la misma zona; en otras regiones, la coca se concentra en sitios ya deforestados, y en otras, la deforestación no está asociada a los cultivos de coca”.

Por un lado, según Cesed, la afectación es directa y de degradación cuando hay una conversión directa de la cobertura de bosque natural y/o de sus áreas circundantes a un cultivo de coca en un periodo determinado, la cual tiene consecuencias negativas en sus capacidades naturales; en 2020, según el  Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), cerca 12.989 ha fueron deforestadas directamente por cultivos de hoja de coca (7,54% del total nacional) y 38.449 ha (22,4%) están a 1 km de los cultivos de hoja de coca. Por otro lado, los cultivos de coca inciden indirectamente en la deforestación al abrir el espacio para que lleguen otras actividades productivas con mayor impacto. Según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), otras de las principales causas directas de deforestación fueron la praderización, la ganadería extensiva, la extracción ilícita de minerales, la expansión de infraestructura vial, la apropiación ilegal y concentración de tierras y la extracción de madera ilícita.

¿Y el Estado?

No podemos quedarnos con la visión de que los campesinos cultivadores de hoja de coca son los únicos que propician la deforestación para la esta actividad, así como para abrir las puertas de otras actividades; sino que debemos ampliar nuestra visión y analizar el papel del Estado.

El Estado ha implementado planes de fumigación aérea, la cual trae grandes consecuencias sobre el territorio y la población, pues no solo cae sobre el cultivo de hoja de coca, sino que – gracias al viento y la lluvia – se expande sobre otros cultivos. Por tanto, según Germán Quimbayo, las aspersiones de glifosato “acarrea daños para los seres humanos, los sistemas productivos, los suelos, los cuerpos de agua y por tanto grandes grupos de fauna silvestre, principalmente de mamíferos, insectos, anfibios y peces.”

Estas políticas de erradicación no ofrecen otras alternativas productivas a los campesinos, sino que incentivan el avance de los cultivos hacia zonas de bosque lejanas, aumentando así la tala y quema de bosque. Dichas áreas pueden ser destinadas a otras formas productivas mucho más destructivas, como la ganadería y los monocultivos, donde el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, absorbidos por la tierra, degradan las capacidades naturales y la calidad del agua.

El Estado, entonces, produce un efecto contrario a la reducción de hectáreas con cultivos de hectáreas de coca y desforestadas, pues el resultado directo es la expansión y desplazamiento de los cultivos de coca. Este resultado significa – para Quimbayo – “la intensificación procesos de destrucción de nichos ecológicos y del acervo genético en la biodiversidad local, la erosión, la contaminación y disminución de fuentes de agua, la destrucción del bosque y la desaparición de especies endémicas.”

¿Cómo enfrentar esta problemática?

El gobierno no puede volver a caer en las campañas que criminalizan al campesino cultivador de coca, pues esto reproduce el ciclo de negación de las repercusiones estatales sobre el medio ambiente al implementar políticas de erradicación. No obstante, el gobierno Petro tiene una postura diferente.

El gobierno ha expresado en diferentes escenarios su preocupación y compromiso por buscar soluciones a la deforestación y los cultivos ilícitos. El mismo hace un llamado al mundo donde deja claro que esto no es solo responsabilidad de un país, sino que es una responsabilidad compartida con la comunidad internacional pues los países vecinos deben fortalecer sus políticas contra la deforestación y contra las drogas, por un lado, y los productores hacer más presencia y control territorial y ofrecer formas de sustitución, mientras define la situación legal de los cultivos, por el otro.

El gobierno tiene voluntad política de implementar programas que den opciones productivas a los campesinos – como el punto cuatro de Acuerdo de Paz, el cual plantea un Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) –, así como la reforestación. De igual forma, gobierno debe fortalecer los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), donde los compradores de servicios ecosistémicos pagan a los dueños de las tierras para que conserven y provean dichos servicios. Así mismo, según Lobo y Vélez (2020), el gobierno debe invertir recursos económicos y humanos a la capacidad organizativa de la comunidad, para fortalecer el papel de las zonas de manejo y reorientar las intervenciones públicas y políticas para la prevención de los cultivos de uso ilícito.

No obstante, el objetivo no debe ser eliminar los cultivos de hoja de coca, sino evitar su procesamiento. La hoja de coca no debe ser exterminada dado su valor cultural en las comunidades indígenas de la Amazonía, por tanto, debemos reflexionar sobre la capacidad estatal, internacional y de la sociedad de aceptar una posible regulación de los cultivos de coca que respeten las tradiciones ancestrales.

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