Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Acuerdo de Escazú, una incertidumbre latente

Por: Angie Lorena Romero

Defender el medio ambiente en uno de los países con mayor biodiversidad no tendría por qué significar peligro. La pregunta es ¿para cuándo el Acuerdo de Escazú?

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, Colombia fue elogiado por sus diferentes iniciativas ambientales donde las principales metas se han centrado en reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y delimitar y proteger más de 36 complejos de páramos, lo cual se expone en el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático (PNACC). En esta cumbre, uno de los compromisos era dar priorización a la ratificación del acuerdo de Escazú, no obstante, la ratificación   sigue en curso desde el 29 de octubre de 2021, y esta fue radicada sin mensaje de urgencia, lo que indica que no es de alta importancia.

Cabe destacar que distintas partes del gobierno no apoyan este acuerdo y argumentan que el país cuenta con diferentes normativas ambientales y mecanismos de participación que se sustentan bajo el marco de la Corte Constitucional en la Sentencia T-348 de 2012 donde se habla del medio ambiente como un bien jurídico protegido que tiene triple dimensión en: principio, derecho constitucional y de prioridad en los fines del Estado.

Pese a que existe un amplio panorama normativo, para nadie es un secreto que el país enfrenta grandes retos como la deforestación. Esta se ha incrementado en los últimos años y ha dado lugar a diferentes conflictos socioambientales que, como consecuencia, han recrudecido la violencia, militarizando los territorios y criminalizando a los que se oponen. Tan solo en lo corrido del año 2022, según el último reporte de Indepaz, han asesinado a 41 lideres sociales y defensores de derechos humanos.

Lo anterior nos muestra cómo el modelo de desarrollo no ha tenido en cuenta los componentes ambientales, sociales ni culturales, incrementando las desigualdades estructurales y generando un desequilibrio de poder que afecta a mujeres, juventudes, campesinos y pueblos indígenas, los cuales históricamente han sido excluidos en el acceso a la información, la participación y la justicia.

En el deber ser, tal como lo afirma Schlosberg, toda noción de justicia debe centrarse no sólo en las injusticias distributivas, sino en los aspectos de reconocimiento, participación y capacidades, es por ello que las comunidades tienen un rol importante y deben estar involucradas, tanto en el diagnóstico de sus propias vulnerabilidades como en el diseño de políticas y proyectos; todo ello como parte de la propia definición de justicia ambiental.

Urge enfrentar la actual crisis ambiental y el magnicidio que está ocurriendo con los lideres sociales provocando el deterioro del tejido social, por lo que se requiere imponer mayores exigencias a las políticas de los nuevos mandatos, así como a otros sectores de la sociedad donde se tome al Acuerdo de Escazú como prioridad y no solamente hablen de prioridades de cara al mundo, cuando la realidad es otra.La ratificación del Acuerdo de Escazú es la oportunidad para cambiar esta realidad y permitir que las comunidades que han ejercido su ciudadanía ambiental de manera restrictiva, puedan ejercer sus derechos libremente y mejorar sus condiciones en los territorios.

#EscazúAHORA

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