Todo parece calculado. De La Espriella sabe que el conflicto vende y genera titulares. Por eso sus asesores graban cada regaño con calidad profesional y luego filtran los videos a medios de comunicación que no cuestionan nada. Estos espacios replican las imágenes sin preguntarse si lo que dice el mandatario es verdad o si estamos ante una simple maniobra de distracción.

Resulta muy llamativo que el show contra la gobernadora de San Andrés haya ocurrido justo cuando el país empezaba a pedir explicaciones a su esposa, Ana Lucía Pineda, por los millonarios aportes privados que recibió su fundación, «Colombia Luz y Sonrisas» para atender la crisis social que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. Ante las preguntas incómodas la respuesta del gobierno no fue la transparencia, sino provocar un nuevo escándalo regional para desviar la atención.

A esta táctica se sumó la artillería. Vicky Dávila publicó las declaraciones de Eva Ferrer bajo un estilo que ya no parece periodismo de investigación, sino una tribuna de chismes, rumores e intrigas.

En esas entrevistas se intentó vincular a Verónica Alcocer, expareja de Gustavo Petro, con redes de narcotráfico hacia Venezuela, pero sin mostrar un solo documento o prueba contundente que respaldara semejante acusación. Al mismo tiempo, el director del Dapre, Carlos Ríos, salió a denunciar la existencia de 48 contratos de mujeres supuestamente instrumentalizadas en la administración anterior.

Como era de esperarse,  el foco de la discusión pública volvió a mirar hacia el gobierno pasado y se olvidó que al que hay que vigilar hoy es al presidente de turno. Mirar hacia atrás es el truco más viejo de la política para no rendir cuentas en el presente. Si Eva Ferrer, Angie Rodríguez o los funcionarios de la Presidencia tienen denuncias serias sobre el mandato anterior, deben llevarlas a los tribunales y sustentarlas con pruebas. Si no lo hacen, sus palabras no pasarán de ser difamaciones y cuentos de pasillo para alimentar el morbo y ayudar a destruir moralmente a alguien.

Colombia no necesita más comedia ni presidentes jugando a ser jueces en televisión. Mientras el mandatario se dedica a montar espectáculos que rayan en el ridículo, la realidad en las regiones es dramática. Miles de familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto siguen viviendo bajo carpas improvisadas, esperando la caridad de la gente y aguardando una vivienda digna que nunca llega. Es hora de que el De La Espriella deje de jugar a ser el hazme reír de los colombianos,  apague las cámaras, guarde los micrófonos y se ponga a trabajar de verdad por los ciudadanos

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Navarro aclaró de manera enfática que los recursos señalados no corresponden al sistema de salud público, sino a operaciones realizadas dentro de una empresa filial de confección de uniformes.

“Es importante aclarar que estos pagos no corresponden a recursos de la salud. Se trata de operaciones cuestionadas realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud. Cuando el agente interventor me informó de estos hechos, mi orientación fue que se denunciaran ante la Fiscalía, como efectivamente lo hizo la intervención en febrero de 2026”, explicó la exfuncionaria.

Un proceso que viene desde 2024

La exsuperintendente recordó que la Cooperativa Coosalud fue intervenida formalmente en diciembre de 2024 debido a serios cuestionamientos por irregularidades de carácter administrativo, financiero y contable. Entre los puntos críticos investigados se encontraban movimientos relacionados con Coosalud Inversa y el destino final de los fondos administrados por la EPS.

Asimismo, precisó que durante su gestión al frente de la Supersolidaria se inició un proceso sancionatorio directo contra Jaime González y los integrantes del consejo de administración de la entidad.

La denuncia de la UIAF y la alerta por “cortina de humo”

El caso suma antecedentes de alto impacto, como la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) —dada a conocer públicamente en agosto de 2026— por un presunto desvío de recursos públicos de la salud. Dentro de las transacciones bajo la lupa figura un crédito por $221.000 millones otorgado a Coosalud Inversa, en el cual la EPS actuó como garante.

Frente a la coyuntura mediática, Navarro advirtió sobre el riesgo de perder el foco de las indagaciones principales:

“Estas revelaciones no pueden convertirse en una cortina de humo, porque fue una denuncia que nosotros mismos hicimos en su momento. El foco debe estar en conocer quiénes realmente se robaron los recursos de Coosalud”, aseveró.

Agregó que la administración que lideró ya aportó las denuncias y el acervo probatorio correspondiente a las autoridades.

Llamado a los entes de control

La exsuperintendente concluyó reiterando que la responsabilidad de determinar el destino final de los dineros, esclarecer las circunstancias de cada operación y fijar las responsabilidades penales e individuales recae de manera exclusiva en la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control del Estado.

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Al parecer, más de uno está dispuesto a seguir su juego de poner el foco de atención en el pasado, incluso si el periodo anterior ya hace parte de la historia; lo importante es que los vigilados sean otros y no él. Quizá sea esta la razón por la cual va a las regiones a regañar a los gobernadores y alcaldes, señalándoles de corruptos a grito entero y apuntándoles con su dedo acusador.

Así mismo, ha salido el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) con la historia de que encontró 48 contratos a mujeres que, según él, fueron instrumentalizadas por el gobierno de Gustavo Petro, frase que más de uno salió a repetir como loro ante cámaras y micrófonos sin hacerse la pregunta más obvia que se le viene a la cabeza a cualquier periodista novato o de primer semestre de comunicación social: ¿cómo supo el funcionario que fueron instrumentalizadas?

En ningún contrato de ninguna entidad pública queda por escrito este objetivo, entre otras cosas porque todo el que ha trabajado en el Estado sabe muy bien que primero hay que cumplir unos términos de referencia —vigilados por los órganos de control antes de que el interesado los refrende— para luego dar paso a la obligación laboral. Entonces, ¿cómo se sabe y se demuestra semejante instrumentalización?

No basta con que Vicky Dávila salga con una entrevista a una señora, preguntando cosas que francamente rayan en lo vulgar y en el mal gusto, para supuestamente demostrar que existió una red de trata en la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro.

Si es cierto que esto se presentó, a quien más se debería cuidar es precisamente a estas mujeres que, según Vicky y el director del DAPRE, se contrataron en el periodo anterior para quién sabe qué tipo de fines. Deberían tener un poco de respeto por ellas y por sus nombres antes de ponerlas en la palestra pública; pero visto lo visto, pedir esto es demasiado para la señora Dávila, quien en su afán de ganar likes de manera servil a un gobierno —que vaya uno a saber si en verdad la respeta y le agradece lo que hace—, poco le importan las formas.

A esto hay que sumarle lo dicho por las señoras Eva Ferrer y Angie Rodríguez, cuyo único logro ha sido distraer a la Fiscalía en audiencias inútiles donde dicen cosas que otro les dijo, pero sin aportar ni una sola prueba. Y mientras tanto, la opinión pública se distrae en estos temas y poca atención le presta a quien en verdad hay que vigilar y hacer veeduría en todo lo que hace y dice: es decir, a Abelardo De La Espriella.

Sí, señor, el mismo Abelardo De La Espriella que detesta que lo critiquen, lo vigilen y lo controlen, y a quien solo le gusta que le aplaudan.

Por lo anterior, al menos para mí no es extraño que se haya configurado este panorama donde el chisme sobre hechos que supuestamente ocurrieron en el gobierno anterior va y viene, porque el gobierno actual sabe muy bien que el tiempo para que la opinión pública ponga sus ojos sobre sus actividades diarias ha llegado, algo que parece no gustarle mucho ni al señor presidente ni a su séquito de seguidores

Nota recomendada: Cuando la infancia paga la factura de los ‘elefantes blancos’

La historia es tan insólita como indignante. Corría el año 2014 cuando se inició este proyecto. Doce años después, tras haber desembolsado más de 4.600 millones de pesos del dinero de todos los colombianos, el predio sigue con las puertas cerradas para la ciudadanía. Lo más grave de esta radiografía de abandono es que no responde únicamente a la desidia del pasado. En octubre de 2024, con el bombo y platillo habitual de las salvaciones institucionales, se firmó un nuevo contrato para adecuar y finalizar la obra. Dos años después, la realidad vuelve a golpear: el contrato acumula un nuevo incumplimiento y la obra apenas registra un 76 % de avance.

¿Hasta cuándo el presupuesto público seguirá siendo un pozo sin fondo donde las fechas de entrega son meras sugerencias y las cláusulas de cumplimiento simple papel mojado?

Este episodio en Rafael Uribe Uribe sintetiza una crisis estructural de gobernanza que exige decisiones inmediatas en dos frentes urgentes:

En primer lugar, transparencia absoluta e intransigente en la ejecución de los recursos públicos. Los ciudadanos no pueden seguir enterándose de las ruinas presupuestales únicamente cuando llega una nueva administración a hacer inventario. Cada peso destinado a la infraestructura social —y más aún cuando involucra al ICBF, la entidad encargada de proteger a la niñez— debe ser rastreable en tiempo real. La contratación pública en Colombia no puede seguir operando en la penumbra de adiciones presupuestales interminables, prórrogas injustificadas y contratistas que incumplen una y otra vez sin consecuencias severas. La gestión del dinero público exige un compromiso ético donde la eficiencia sea la única métrica de éxito aceptable.

En segundo lugar, este caso deja al desnudo un preocupante letargo institucional y exige un control implacable por parte de las entidades de fiscalización. ¿Dónde han estado la Contraloría, la Procuraduría y la Personería durante más de una década de abandono? Los organismos de control no pueden limitarse a ser historiadores de los desastres administrativos o a emitir informes disciplinarios cuando el daño social y económico ya es irreversible. Es imperioso un control preventivo y sancionatorio real, que identifique las alertas tempranas y castigue con severidad y celeridad a quienes ejecutan mal los recursos o supervisan con indolencia.

Un “elefante blanco” no es simplemente un edificio sin terminar; es una escuela que no abrió, un centro de atención que no prestó servicio y una comunidad a la que se le privó de sus derechos. Los más de 4.600 millones de pesos atrapados en el predio de Rafael Uribe Uribe pertenecían a los colombianos, pero sobre todo, a la infancia golpeada que necesitaba ese espacio desde hace más de una década.

Exigir cuentas claras, veeduría ciudadana efectiva y sanciones ejemplares no es una postura política, es una obligación ciudadana. Es hora de que las entidades de control despierten de su letargo y de que la administración pública entienda que con el dinero y los derechos de la gente no se juega.

Nota recomendada: La doble moral de las marchas

Durante el Gobierno de Iván Duque, en medio del estallido social y de las noches de cacerolazos, la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que eran más los colombianos que no marchaban que quienes sí lo hacían. Un razonamiento bastante conveniente para el poder: como muchos no salen a protestar, entonces deben estar satisfechos. ¡Qué manera tan ingeniosa de fabricar mayorías! No hace falta conquistar el respaldo ciudadano; basta con atribuirle una opinión a quienes nunca la expresaron.

La realidad es que la gente no marcha por muchas razones: porque trabaja, porque tiene responsabilidades familiares, porque teme perder su empleo o, sencillamente, porque no le gusta manifestarse. También hay quienes respaldan al Gobierno, por supuesto, pero convertir a todos los que permanecen en casa en simpatizantes del poder es una forma bastante descarada de manipulación política.

Lo curioso es que quienes invocan los derechos de los que no marchan suelen preocuparse, ante todo, por los trancones. Parece que el problema no es la congestión, sino quién la produce. Cuando protesta el adversario, la movilidad se convierte en una tragedia nacional; cuando marcha el bando propio, las incomodidades parecen sacrificios necesarios para defender la democracia. En Colombia, hasta los trancones tienen ideología.

Por supuesto, el derecho a protestar no autoriza a agredir personas, destruir bienes públicos o privados ni vandalizar buses y estaciones de transporte. La violencia debe condenarse sin importar quién la ejerza. Pero tampoco es legítimo utilizar los actos de algunos para estigmatizar a todos los manifestantes. Ni todos los que salen a la calle son vándalos, ni todos los que se quedan en casa respaldan al Gobierno.

La doble moral también aparece cuando se cuestiona a la izquierda por llevar menores de edad a las manifestaciones, mientras sectores conservadores y organizaciones religiosas marchan acompañados de sus hijos contra el aborto o determinadas políticas relacionadas con la población LGBTIQ+. ¿Los niños corren peligro cuando marchan con la izquierda, pero están perfectamente seguros cuando lo hacen con la derecha? Si de verdad preocupa su bienestar, el criterio debe ser el mismo para todos. La protección de la infancia no puede depender del color de una bandera ni de las convicciones políticas de sus padres.

Eso no significa desconocer que la izquierda también ha abusado de las convocatorias callejeras. Durante el Gobierno de Duque, algunas movilizaciones parecían responder a una estrategia de protesta permanente, como si el país tuviera que vivir en campaña electoral las veinticuatro horas del día. Incluso Gustavo Petro llegó a proponer que la gente golpeara cacerolas desde sus ventanas a la medianoche del 31 de diciembre. Una ocurrencia que pretendía convertir hasta la llegada del Año Nuevo en una manifestación política. Afortunadamente, los colombianos también quieren celebrar, descansar y vivir sin que cada momento de su existencia tenga que convertirse en un acto de militancia.

Y qué decir de las marchas contra la corrupción. Allí aparecen políticos de todos los sectores denunciando indignados un problema que también ha salpicado a sus propias colectividades. Todos condenan la corrupción, siempre y cuando la cometa el adversario. Cuando el señalado pertenece al propio bando, aparecen las justificaciones, los matices y las explicaciones. ¡Qué admirable compromiso con la transparencia, siempre que no haya que aplicarla en casa!

Si la izquierda y la derecha quisieran organizar una marcha verdaderamente coherente contra la corrupción, podrían empezar por revisar sus propias filas. Aunque habría que ver cuántos dirigentes llegarían hasta el final si las pancartas dijeran: «La corrupción es inaceptable, especialmente cuando la cometen los nuestros».

El problema, entonces, no es que unos marchen y otros no. El problema es que cada sector pretenda presentar sus propias protestas como heroicas expresiones democráticas y las del adversario como amenazas para la convivencia. La democracia exige garantizar el derecho a manifestarse, respetar a quienes deciden no hacerlo y condenar la violencia sin distinciones políticas.

En últimas, la marcha más necesaria en Colombia sería la de los políticos contra su propia hipocresía. Esa sí tendría serios problemas de asistencia: no por falta de ciudadanos dispuestos a acompañarla, sino porque muchos de sus principales convocantes tendrían que marchar en contra de sí mismos.

Nota recomendada: ¿Dónde están los milagros?

Para miles de familias samarias, la cotidianidad se ha convertido en una condena marcada por el cansancio de almacenar agua en baldes, la angustia de esperar carrotanques inciertos y la humillación de pasar semanas o meses enteros en una sequía inducida por la desidia. Vivir sin agua no es un simple inconveniente técnico; es una herida abierta en el corazón de la dignidad de todo un pueblo.

En medio de esta penumbra institucional, la bandera que hoy levanta la exsuperintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, no es solo un llamado a la acción: es un grito de indignación transformada en esperanza. Al tomar las calles junto a la gente para reunir más de 50.000 firmas, Navarro está encendiendo la chispa de una ciudadanía que decidió no callar ni agachar la cabeza nunca más.

Esta movilización no busca pañitos de agua tibia; encarna la lucha sagrada por el futuro de Santa Marta. Cuidar con uñas y dientes los $786.000 millones garantizados para el agua es un deber moral con cada hogar que hoy sufre la escasez, pues esos recursos le pertenecen al pueblo y no pueden diluirse en el olvido de la burocracia o en mezquinas disputas de poder.

Del mismo modo, abrazar sin vacilaciones proyectos definitivos como las desalinizadoras significa romper de una vez por todas con las cadenas de la dependencia y la resignación. Ya no más carrotanques que perpetúen la miseria; lo que se debe garantizar y ejecutar es la infraestructura que devuelva el progreso y la tranquilidad a quienes no la tienen.

Y quizás lo más transformador de esta causa es que deposita la fuerza en la propia comunidad. La conformación de un Comité Cívico del Agua y la movilización popular son la prueba reina de que la ciudadanía ha decidido tomar el control de su propio destino, haciendo valer sus derechos a través de la veeduría viva y la acción jurídica.

Como de manera contundente lo ha recordado María José Navarro, “el agua es un derecho, no un favor de los políticos”. Los samarios están exhaustos de discursos vacíos, de diagnósticos eternos y de ver cómo el bienestar de sus familias se convierte en moneda de cambio electoral.

La recolección de firmas que inicia no es un simple trámite en un papel; es el despertar de un pueblo heroico que sale a marchar con el alma para exigir respeto. Firmar esta causa es levantar la voz por el niño que no puede lavarse las manos para ir al colegio, por la madre cansada de trasnochar esperando un hilo de agua en la pluma y por una ciudad histórica que merece florecer.

La paciencia se agotó y los discursos prometedores y deben acabarse y traducirse en hechos y para eso la ciudadanía de Santa Marta debe vigilar y hacer cumplir las obras que desde hace mucho debieron ejecutarse.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

La reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que en segunda instancia condenó al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo a 72 meses de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, merece ser observada con serenidad y responsabilidad. La decisión revocó la absolución que había proferido en primera instancia el Juzgado 14 Penal del Circuito de Barranquilla. 

La lección institucional debería ser sencilla, aunque no por ello menor: la justicia debe ser defendida también por quienes ejercen la profesión de abogado.

Un sistema judicial fuerte necesita abogados combativos, sí, pero también respetuosos de las reglas. Necesita fiscales rigurosos, jueces independientes, víctimas escuchadas y procesados con todas las garantías. Y necesita, sobre todo, que nadie pretenda colocarse por encima del procedimiento, porque cuando se afecta la integridad de una prueba se afecta algo más que un expediente: se compromete la posibilidad misma de llegar a la verdad judicial.

El caso de Arcadio Martínez Pumarejo debe seguir su curso por las vías institucionales previstas. Será la justicia, y no la opinión pública, la que determine el desenlace definitivo si se presentan los recursos anunciados.

Mientras tanto, queda una reflexión que debería ser compartida por todos los actores del sistema: quien ejerce el derecho tiene la enorme responsabilidad de recordar que las formas no son un obstáculo para la justicia; son una de sus principales garantías.

La crítica, entonces, no necesita ser estridente. Basta con señalar algo elemental: en una democracia, nadie puede exigir respeto por sus derechos mientras desconoce las reglas que protegen los derechos de los demás. Y cuando se trata de la administración de justicia, esa responsabilidad adquiere todavía mayor importancia.

El abogado pidió al juez que no ordenara una medida de aseguramiento contra su representado.

Según el abogado, de las 47 pruebas expuestas por el apoderado de víctimas, solamente dos se refieren a su cliente y, además, lo hacen de manera general.

Para la defensa, estos elementos no serían suficientes para establecer una inferencia razonable sobre la participación de Ortega en las conductas que son objeto de investigación.

El abogado también se refirió a un número telefónico que habría sido vinculado a un grupo de WhatsApp llamado “Amigos”. Según lo expuesto durante la audiencia, en ese grupo se habrían discutido acciones relacionadas con la presunta apropiación de recursos.

Sin embargo, la defensa aseguró que el número señalado no pertenece ni ha sido utilizado por Sebastián Ortega. Por ello, cuestionó que esta información pueda ser tenida en cuenta para relacionarlo con las conversaciones y los hechos investigados.

El abogado pidió al juzgado revisar cada elemento de manera independiente y establecer si existe una conexión verificable entre las pruebas y su representado.

El proceso está relacionado con contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos Voluntarios de Itagüí durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022. De acuerdo con la información expuesta en el proceso, estos contratos alcanzaron un valor cercano a los $17.656 millones.

La audiencia quedó suspendida y continuará posteriormente para que el juzgado escuche los argumentos de las partes y avance en el análisis de la situación jurídica de los investigados.

Nota relacionada: ¿Dónde están los milagros?

El argumento, en principio, parece razonable. Todo gobierno necesita tiempo para ejecutar sus políticas, poner en marcha sus programas y demostrar resultados. Pero hay una pequeña contradicción que no debería pasar inadvertida: ¿no dizque Abelardo De La Espriella era el milagroso?

Porque si durante la campaña se vendió la idea de que él tenía soluciones extraordinarias para los problemas del país, entonces resulta inevitable preguntar dónde están los milagros. No se puede pedir paciencia para medir los resultados y, al mismo tiempo, reclamar aplausos anticipados por un gobierno que apenas comienza. Si 30 días son insuficientes para determinar si gobierna mal, también deberían ser insuficientes para decretar que gobierna bien.

No se puede jugar con las dos barajas.

Cuando conviene, se dice que hay que esperar para juzgar. Cuando conviene, se celebra cada declaración, cada gesto y cada decisión como si estuviéramos asistiendo al nacimiento de una nueva era. Eso no es evaluación: es indulgencia selectiva.

Y conviene decirlo con toda claridad: gritar frente a un micrófono, manotear, cerrar el puño, elevar la voz o adoptar una postura desafiante no constituye una política pública. Mucho menos demuestra capacidad de gobierno. El volumen de la voz no guarda relación alguna con la calidad de las decisiones.

Iván Duque también sabía utilizar el micrófono, levantar la voz y construir discursos de firmeza. Eso, sin embargo, no impidió que su gobierno terminara siendo objeto de fuertes cuestionamientos y que su legado político quedara sometido a una evaluación mucho más compleja que la que ofrecían sus intervenciones públicas.

El problema, entonces, no es que De La Espriella lleve apenas 30 días. El problema sería creer que durante esos 30 días el país debe suspender su capacidad crítica porque el nuevo presidente necesita tiempo para demostrar lo que prometió. Una cosa es darle tiempo y otra concederle inmunidad política.

En lo que he visto hasta ahora aparece un presidente que parece especialmente empeñado en demostrar quién manda. Y ahí es donde comienzan las preguntas incómodas. Porque la autoridad presidencial no se demuestra intimidando, gritando o imponiendo. Se demuestra gobernando dentro de las reglas, respetando las instituciones y entendiendo que el poder tiene límites.

También preocupa la impresión de que el Presidente prefiera tener cerca a quienes lo aplauden antes que a quienes puedan decirle que está equivocado. Un gobernante rodeado de aduladores puede sentirse muy poderoso, pero está extraordinariamente mal acompañado.

La historia está llena de gobiernos que terminaron creyéndose sus propios aplausos.

El caso del DANE merece especial atención. Si la salida de Ricardo Valencia estuvo relacionada con discrepancias frente al manejo o la interpretación de las cifras, como se ha planteado públicamente, entonces el asunto no debería despacharse como una simple disputa burocrática. Las estadísticas oficiales no pueden convertirse en instrumentos al servicio de la narrativa de un gobierno. Si una cifra incomoda, se debate. Si una metodología tiene problemas, se corrige. Si existe una irregularidad, se investiga. Pero la solución no puede ser que las instituciones produzcan únicamente los datos que resulten políticamente convenientes.

Y aquí aparece otro asunto de fondo: la obsesión con el gobierno de Gustavo Petro.

Nadie está diciendo que Petro haya sido un ángel. Su administración tuvo errores, escándalos y decisiones profundamente controvertidas. Todo aquello que deba investigarse debe investigarse. Si hubo corrupción, quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia.

Pero una cosa es investigar posibles delitos y otra convertir la administración pública en una gigantesca operación de revancha política.

No todos los funcionarios que trabajaron durante el gobierno anterior son delincuentes. No todos los programas anteriores fueron un desastre. No todas las cifras negativas son falsas y no todas las positivas son sospechosas. Gobernar consiste precisamente en tener la capacidad de distinguir.

Si el nuevo Gobierno pretende corregir lo que estuvo mal, adelante. Para eso recibió el poder. Pero si su principal argumento para justificar cada problema consiste en señalar a Petro, entonces la pregunta inevitable será cuándo empezará realmente a gobernar De La Espriella.

Porque resulta muy cómodo gobernar culpando al antecesor. Lo difícil es hacerse responsable de lo que ocurre durante el propio mandato.

Y aquí De La Espriella debería tener cuidado con algo que parece olvidar: el cielo también tiene memoria.

Está escupiendo demasiado hacia arriba.

Ningún gobierno está vacunado contra los escándalos. Ningún presidente está por encima de los errores. Ninguna administración puede garantizar que entre sus funcionarios no aparecerá un caso de corrupción. Quien construye su autoridad política sobre la supuesta superioridad moral frente a sus adversarios debería recordar que el poder tiene una costumbre particularmente incómoda: tarde o temprano, examina a todos con la misma lupa.

Por eso sería saludable que el Presidente dejara de comportarse como si cada crítica fuera una conspiración y entendiera que la prensa no está para aplaudirlo.

Porque respetar la libertad de prensa no significa permitir que los periodistas hagan preguntas mientras sean cómodas. La libertad de prensa se pone a prueba precisamente cuando aparece la pregunta que incomoda, la repregunta que molesta y el periodista que no acepta la respuesta prefabricada.

Un presidente democrático no necesita periodistas arrodillados ante el poder. Necesita periodistas que pregunten. Que contradigan. Que investiguen. Que insistan. Que incomoden.

Y también necesita funcionarios capaces de decirle que no.

El verdadero peligro para un presidente no es tener críticos. El verdadero peligro es quedarse sin ellos.

Después de 30 días no es serio declarar que el gobierno fracasó. Pero tampoco es serio proclamar que ya demostró ser exitoso. El mismo criterio debe aplicarse en ambas direcciones. Si todavía es temprano para exigir resultados definitivos, también es temprano para repartir certificados de excelencia.

Así que paciencia, sí. Pero paciencia no significa silencio.

Tiempo, sí. Pero tiempo no significa impunidad política.

Respeto institucional, sí. Pero respeto institucional también significa permitir que las instituciones hagan su trabajo aunque sus decisiones incomoden al Gobierno.

Y milagros, si fueron prometidos, que aparezcan donde realmente importan: en el empleo, la seguridad, la economía, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y la calidad de vida de los colombianos.

Porque un país no se gobierna a gritos.

Tampoco a punta de aplausos.

Y mucho menos a punta de milagros prometidos.

Al final, De La Espriella tendrá que demostrar algo mucho más difícil que su capacidad para llenar plazas, levantar el puño o pronunciar discursos incendiarios: tendrá que demostrar que puede ejercer el poder sin convertirlo en una extensión de su personalidad, gobernar sin confundir autoridad con autoritarismo, escuchar sin sentirse derrotado y aceptar la crítica sin tratar al crítico como enemigo.

Los colombianos no necesitan un presidente que les diga constantemente quién manda. Ya sabemos quién manda: temporalmente, el presidente. Pero el poder no le pertenece. Es prestado. Y precisamente por eso, cuando terminen los aplausos, cuando se apaguen los micrófonos y cuando desaparezcan las cámaras, quedará la única pregunta que realmente importa: ¿qué hizo con ese poder?

Ahí, y no en el volumen de sus discursos, comenzará la verdadera evaluación.

Por eso resulta preocupante que, alrededor del proceso de selección, haya comenzado a instalarse la percepción de una posible concentración de candidatos provenientes de los círculos más cercanos a la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con la información publicada sobre el proceso, entre los preseleccionados aparecen varios fiscales delegados ante la Corte Suprema y funcionarios con experiencia en investigaciones de alto impacto. Entre ellos están Diego Antonio Montaña Bohórquez, Gabriel Sandoval y María Cristina Patiño, además de Francy Eugenia Gómez Sevilla. La coincidencia merece ser examinada públicamente, no porque pertenecer a la Fiscalía descalifique a alguien para ser magistrado —sería absurdo sostenerlo—, sino porque la independencia judicial exige algo más que cumplir formalmente los requisitos. Exige confianza. Y la confianza, particularmente en una elección de esta naturaleza, se construye con transparencia.

El asunto adquiere una dimensión institucional todavía mayor si se tiene en cuenta que la propia Corte Suprema participó en la elección de la actual fiscal general. Esto significa que algunos de los mismos magistrados que intervinieron en aquella decisión ahora participan en un proceso en el que podrían resultar elegidos funcionarios vinculados profesionalmente con la cabeza del ente investigador.

No se trata de afirmar que exista un acuerdo, un intercambio de favores o una maniobra concertada. Nada de eso puede darse por probado sin evidencia. Pero sí es legítimo advertir sobre el riesgo de que una coincidencia de relaciones institucionales termine alimentando la percepción de un sistema de favores cruzados.

La justicia no puede darse el lujo de que sus decisiones parezcan responder a un roscograma. Porque ese es precisamente el problema de fondo: no basta con que una elección sea legal. También debe ser comprensible para la ciudadanía. Debe poder resistir el escrutinio público y demostrar que los méritos profesionales, la independencia, la trayectoria y la solvencia jurídica estuvieron por encima de cualquier cercanía personal, política o institucional. La Corte Suprema tiene ahora una oportunidad extraordinaria para demostrarlo.

La fórmula debería ser sencilla: máxima publicidad sobre el proceso, criterios objetivos previamente conocidos, hojas de vida examinadas con rigor, audiencias transparentes y una explicación suficiente de las razones que conduzcan a la elección de cada magistrado. Si existen factores de posible conflicto de interés, deben ser identificados y tratados públicamente. Si algún candidato tiene relaciones profesionales o personales relevantes con quienes participan en la elección, la sociedad tiene derecho a conocerlas.

No se trata de estigmatizar a los fiscales que aspiran a la magistratura. Muchos pueden tener las credenciales necesarias y una trayectoria legítima para aspirar al cargo. El problema no son sus hojas de vida por el solo hecho de provenir de la Fiscalía. El problema sería que una institución tan sensible terminara siendo percibida como una extensión de otra rama o como el resultado de acuerdos entre funcionarios que, en distintos momentos, han tenido capacidad de influirse mutuamente. La Sala de Instrucción no puede convertirse en una prolongación de ningún despacho. Mucho menos de la Fiscalía.

Fiscalía y Corte Suprema cumplen funciones distintas dentro del sistema penal y esa separación no es un detalle administrativo: es una garantía para los ciudadanos y para quienes están sometidos a investigación. Precisamente por eso, cualquier señal de dependencia, subordinación o intercambio de cuotas burocráticas resulta especialmente delicada.

En una democracia, la independencia judicial no consiste únicamente en que un magistrado pueda decir que nadie le dio una orden. También consiste en que nadie pueda razonablemente pensar que su llegada al cargo obedeció a una deuda, una alianza o una cercanía determinada.

La Corte debería ser especialmente cuidadosa con esto

Si los cinco fiscales mencionados resultaran elegidos, ello no demostraría, por sí mismo, la existencia de una operación de la Fiscalía para controlar la Sala de Instrucción. Pero si varios candidatos cercanos a la actual dirección del ente acusador terminan ocupando simultáneamente las plazas disponibles, sin que la Corte explique de manera convincente los criterios que condujeron a esas decisiones, la sospecha política e institucional será inevitable. Y la justicia no puede depender de explicaciones posteriores. La transparencia debe comenzar antes de la elección.

La Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que sus decisiones no responden a roscas, cuotas ni cálculos de poder. Para hacerlo no necesita discursos defensivos. Necesita reglas claras, deliberaciones suficientemente públicas, criterios verificables y decisiones que puedan ser escrutadas por periodistas, abogados, académicos y ciudadanos.

El país no está eligiendo simplemente cinco magistrados. Está definiendo quiénes tendrán en sus manos una parte sustancial del control judicial sobre quienes ejercen el poder político. Por eso la Corte debe entender que esta elección no admite zonas grises.

La institución debe despejar cualquier duda sobre la existencia de un eventual “carrusel” de favores entre quienes eligieron a la fiscal general y quienes ahora podrían convertirse en magistrados de la Sala de Instrucción. No porque esas relaciones prueben una conducta irregular, sino precisamente porque la independencia de la justicia es demasiado importante como para dejarla a merced de las sospechas.

En este proceso, la Corte Suprema no solo debe elegir buenos magistrados. Debe demostrarle al país que los eligió sin dueños, sin padrinos y sin roscas.

Esa diferencia puede parecer semántica, pero en la justicia es fundamental. Porque cuando se pierde la confianza en la independencia del juez, la primera víctima no es un funcionario ni un candidato: es la legitimidad de la justicia misma

Y por cierto: Se debe también evitar la presencia de lobbistas tratando de influir en las decisiones llevando y trayendo razones. Se rumora sobre la supuesta presencia de Juan Alberto Castro, lobbista de la justicia, Pipe Córdoba el excontralor y Adriana Mercado (hoy magistrada auxiliar de la corte constitucional), en este asunto dejando ver sus preferencias y abordando, a través de los exmagistrados Luis Hernández y Patricia Salazar, a los actuales togados para intentar persuadirlos de sus intereses.

El asunto se torna complicado si recordamos que Juan Alberto Castro fue involucrado en el caso de Transmilenio, cuando intercedía a favor del clan de los Ríos (Alberto Ríos y CIA) con la fiscal de hierro Angélica Monsalve, en hechos ocurridos en la Universidad Sergio Arboleda y gracias a una grabación hecha por la misma fiscal.

Esperaría que por temas de transparencia, la Corte Suprema de Justicia, despeje de estas dudas sobre la supuesta presencia de lobbistas en el proceso de elección porque solo así es posible establecer confianza entre la justicia y la ciudadanía.