Durante el Gobierno de Iván Duque, en medio del estallido social y de las noches de cacerolazos, la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que eran más los colombianos que no marchaban que quienes sí lo hacían. Un razonamiento bastante conveniente para el poder: como muchos no salen a protestar, entonces deben estar satisfechos. ¡Qué manera tan ingeniosa de fabricar mayorías! No hace falta conquistar el respaldo ciudadano; basta con atribuirle una opinión a quienes nunca la expresaron.

La realidad es que la gente no marcha por muchas razones: porque trabaja, porque tiene responsabilidades familiares, porque teme perder su empleo o, sencillamente, porque no le gusta manifestarse. También hay quienes respaldan al Gobierno, por supuesto, pero convertir a todos los que permanecen en casa en simpatizantes del poder es una forma bastante descarada de manipulación política.

Lo curioso es que quienes invocan los derechos de los que no marchan suelen preocuparse, ante todo, por los trancones. Parece que el problema no es la congestión, sino quién la produce. Cuando protesta el adversario, la movilidad se convierte en una tragedia nacional; cuando marcha el bando propio, las incomodidades parecen sacrificios necesarios para defender la democracia. En Colombia, hasta los trancones tienen ideología.

Por supuesto, el derecho a protestar no autoriza a agredir personas, destruir bienes públicos o privados ni vandalizar buses y estaciones de transporte. La violencia debe condenarse sin importar quién la ejerza. Pero tampoco es legítimo utilizar los actos de algunos para estigmatizar a todos los manifestantes. Ni todos los que salen a la calle son vándalos, ni todos los que se quedan en casa respaldan al Gobierno.

La doble moral también aparece cuando se cuestiona a la izquierda por llevar menores de edad a las manifestaciones, mientras sectores conservadores y organizaciones religiosas marchan acompañados de sus hijos contra el aborto o determinadas políticas relacionadas con la población LGBTIQ+. ¿Los niños corren peligro cuando marchan con la izquierda, pero están perfectamente seguros cuando lo hacen con la derecha? Si de verdad preocupa su bienestar, el criterio debe ser el mismo para todos. La protección de la infancia no puede depender del color de una bandera ni de las convicciones políticas de sus padres.

Eso no significa desconocer que la izquierda también ha abusado de las convocatorias callejeras. Durante el Gobierno de Duque, algunas movilizaciones parecían responder a una estrategia de protesta permanente, como si el país tuviera que vivir en campaña electoral las veinticuatro horas del día. Incluso Gustavo Petro llegó a proponer que la gente golpeara cacerolas desde sus ventanas a la medianoche del 31 de diciembre. Una ocurrencia que pretendía convertir hasta la llegada del Año Nuevo en una manifestación política. Afortunadamente, los colombianos también quieren celebrar, descansar y vivir sin que cada momento de su existencia tenga que convertirse en un acto de militancia.

Y qué decir de las marchas contra la corrupción. Allí aparecen políticos de todos los sectores denunciando indignados un problema que también ha salpicado a sus propias colectividades. Todos condenan la corrupción, siempre y cuando la cometa el adversario. Cuando el señalado pertenece al propio bando, aparecen las justificaciones, los matices y las explicaciones. ¡Qué admirable compromiso con la transparencia, siempre que no haya que aplicarla en casa!

Si la izquierda y la derecha quisieran organizar una marcha verdaderamente coherente contra la corrupción, podrían empezar por revisar sus propias filas. Aunque habría que ver cuántos dirigentes llegarían hasta el final si las pancartas dijeran: «La corrupción es inaceptable, especialmente cuando la cometen los nuestros».

El problema, entonces, no es que unos marchen y otros no. El problema es que cada sector pretenda presentar sus propias protestas como heroicas expresiones democráticas y las del adversario como amenazas para la convivencia. La democracia exige garantizar el derecho a manifestarse, respetar a quienes deciden no hacerlo y condenar la violencia sin distinciones políticas.

En últimas, la marcha más necesaria en Colombia sería la de los políticos contra su propia hipocresía. Esa sí tendría serios problemas de asistencia: no por falta de ciudadanos dispuestos a acompañarla, sino porque muchos de sus principales convocantes tendrían que marchar en contra de sí mismos.

Nota recomendada: ¿Dónde están los milagros?

Para miles de familias samarias, la cotidianidad se ha convertido en una condena marcada por el cansancio de almacenar agua en baldes, la angustia de esperar carrotanques inciertos y la humillación de pasar semanas o meses enteros en una sequía inducida por la desidia. Vivir sin agua no es un simple inconveniente técnico; es una herida abierta en el corazón de la dignidad de todo un pueblo.

En medio de esta penumbra institucional, la bandera que hoy levanta la exsuperintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, no es solo un llamado a la acción: es un grito de indignación transformada en esperanza. Al tomar las calles junto a la gente para reunir más de 50.000 firmas, Navarro está encendiendo la chispa de una ciudadanía que decidió no callar ni agachar la cabeza nunca más.

Esta movilización no busca pañitos de agua tibia; encarna la lucha sagrada por el futuro de Santa Marta. Cuidar con uñas y dientes los $786.000 millones garantizados para el agua es un deber moral con cada hogar que hoy sufre la escasez, pues esos recursos le pertenecen al pueblo y no pueden diluirse en el olvido de la burocracia o en mezquinas disputas de poder.

Del mismo modo, abrazar sin vacilaciones proyectos definitivos como las desalinizadoras significa romper de una vez por todas con las cadenas de la dependencia y la resignación. Ya no más carrotanques que perpetúen la miseria; lo que se debe garantizar y ejecutar es la infraestructura que devuelva el progreso y la tranquilidad a quienes no la tienen.

Y quizás lo más transformador de esta causa es que deposita la fuerza en la propia comunidad. La conformación de un Comité Cívico del Agua y la movilización popular son la prueba reina de que la ciudadanía ha decidido tomar el control de su propio destino, haciendo valer sus derechos a través de la veeduría viva y la acción jurídica.

Como de manera contundente lo ha recordado María José Navarro, “el agua es un derecho, no un favor de los políticos”. Los samarios están exhaustos de discursos vacíos, de diagnósticos eternos y de ver cómo el bienestar de sus familias se convierte en moneda de cambio electoral.

La recolección de firmas que inicia no es un simple trámite en un papel; es el despertar de un pueblo heroico que sale a marchar con el alma para exigir respeto. Firmar esta causa es levantar la voz por el niño que no puede lavarse las manos para ir al colegio, por la madre cansada de trasnochar esperando un hilo de agua en la pluma y por una ciudad histórica que merece florecer.

La paciencia se agotó y los discursos prometedores y deben acabarse y traducirse en hechos y para eso la ciudadanía de Santa Marta debe vigilar y hacer cumplir las obras que desde hace mucho debieron ejecutarse.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

La reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que en segunda instancia condenó al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo a 72 meses de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, merece ser observada con serenidad y responsabilidad. La decisión revocó la absolución que había proferido en primera instancia el Juzgado 14 Penal del Circuito de Barranquilla. 

La lección institucional debería ser sencilla, aunque no por ello menor: la justicia debe ser defendida también por quienes ejercen la profesión de abogado.

Un sistema judicial fuerte necesita abogados combativos, sí, pero también respetuosos de las reglas. Necesita fiscales rigurosos, jueces independientes, víctimas escuchadas y procesados con todas las garantías. Y necesita, sobre todo, que nadie pretenda colocarse por encima del procedimiento, porque cuando se afecta la integridad de una prueba se afecta algo más que un expediente: se compromete la posibilidad misma de llegar a la verdad judicial.

El caso de Arcadio Martínez Pumarejo debe seguir su curso por las vías institucionales previstas. Será la justicia, y no la opinión pública, la que determine el desenlace definitivo si se presentan los recursos anunciados.

Mientras tanto, queda una reflexión que debería ser compartida por todos los actores del sistema: quien ejerce el derecho tiene la enorme responsabilidad de recordar que las formas no son un obstáculo para la justicia; son una de sus principales garantías.

La crítica, entonces, no necesita ser estridente. Basta con señalar algo elemental: en una democracia, nadie puede exigir respeto por sus derechos mientras desconoce las reglas que protegen los derechos de los demás. Y cuando se trata de la administración de justicia, esa responsabilidad adquiere todavía mayor importancia.

El abogado pidió al juez que no ordenara una medida de aseguramiento contra su representado.

Según el abogado, de las 47 pruebas expuestas por el apoderado de víctimas, solamente dos se refieren a su cliente y, además, lo hacen de manera general.

Para la defensa, estos elementos no serían suficientes para establecer una inferencia razonable sobre la participación de Ortega en las conductas que son objeto de investigación.

El abogado también se refirió a un número telefónico que habría sido vinculado a un grupo de WhatsApp llamado “Amigos”. Según lo expuesto durante la audiencia, en ese grupo se habrían discutido acciones relacionadas con la presunta apropiación de recursos.

Sin embargo, la defensa aseguró que el número señalado no pertenece ni ha sido utilizado por Sebastián Ortega. Por ello, cuestionó que esta información pueda ser tenida en cuenta para relacionarlo con las conversaciones y los hechos investigados.

El abogado pidió al juzgado revisar cada elemento de manera independiente y establecer si existe una conexión verificable entre las pruebas y su representado.

El proceso está relacionado con contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos Voluntarios de Itagüí durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022. De acuerdo con la información expuesta en el proceso, estos contratos alcanzaron un valor cercano a los $17.656 millones.

La audiencia quedó suspendida y continuará posteriormente para que el juzgado escuche los argumentos de las partes y avance en el análisis de la situación jurídica de los investigados.

Nota relacionada: ¿Dónde están los milagros?

El argumento, en principio, parece razonable. Todo gobierno necesita tiempo para ejecutar sus políticas, poner en marcha sus programas y demostrar resultados. Pero hay una pequeña contradicción que no debería pasar inadvertida: ¿no dizque Abelardo De La Espriella era el milagroso?

Porque si durante la campaña se vendió la idea de que él tenía soluciones extraordinarias para los problemas del país, entonces resulta inevitable preguntar dónde están los milagros. No se puede pedir paciencia para medir los resultados y, al mismo tiempo, reclamar aplausos anticipados por un gobierno que apenas comienza. Si 30 días son insuficientes para determinar si gobierna mal, también deberían ser insuficientes para decretar que gobierna bien.

No se puede jugar con las dos barajas.

Cuando conviene, se dice que hay que esperar para juzgar. Cuando conviene, se celebra cada declaración, cada gesto y cada decisión como si estuviéramos asistiendo al nacimiento de una nueva era. Eso no es evaluación: es indulgencia selectiva.

Y conviene decirlo con toda claridad: gritar frente a un micrófono, manotear, cerrar el puño, elevar la voz o adoptar una postura desafiante no constituye una política pública. Mucho menos demuestra capacidad de gobierno. El volumen de la voz no guarda relación alguna con la calidad de las decisiones.

Iván Duque también sabía utilizar el micrófono, levantar la voz y construir discursos de firmeza. Eso, sin embargo, no impidió que su gobierno terminara siendo objeto de fuertes cuestionamientos y que su legado político quedara sometido a una evaluación mucho más compleja que la que ofrecían sus intervenciones públicas.

El problema, entonces, no es que De La Espriella lleve apenas 30 días. El problema sería creer que durante esos 30 días el país debe suspender su capacidad crítica porque el nuevo presidente necesita tiempo para demostrar lo que prometió. Una cosa es darle tiempo y otra concederle inmunidad política.

En lo que he visto hasta ahora aparece un presidente que parece especialmente empeñado en demostrar quién manda. Y ahí es donde comienzan las preguntas incómodas. Porque la autoridad presidencial no se demuestra intimidando, gritando o imponiendo. Se demuestra gobernando dentro de las reglas, respetando las instituciones y entendiendo que el poder tiene límites.

También preocupa la impresión de que el Presidente prefiera tener cerca a quienes lo aplauden antes que a quienes puedan decirle que está equivocado. Un gobernante rodeado de aduladores puede sentirse muy poderoso, pero está extraordinariamente mal acompañado.

La historia está llena de gobiernos que terminaron creyéndose sus propios aplausos.

El caso del DANE merece especial atención. Si la salida de Ricardo Valencia estuvo relacionada con discrepancias frente al manejo o la interpretación de las cifras, como se ha planteado públicamente, entonces el asunto no debería despacharse como una simple disputa burocrática. Las estadísticas oficiales no pueden convertirse en instrumentos al servicio de la narrativa de un gobierno. Si una cifra incomoda, se debate. Si una metodología tiene problemas, se corrige. Si existe una irregularidad, se investiga. Pero la solución no puede ser que las instituciones produzcan únicamente los datos que resulten políticamente convenientes.

Y aquí aparece otro asunto de fondo: la obsesión con el gobierno de Gustavo Petro.

Nadie está diciendo que Petro haya sido un ángel. Su administración tuvo errores, escándalos y decisiones profundamente controvertidas. Todo aquello que deba investigarse debe investigarse. Si hubo corrupción, quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia.

Pero una cosa es investigar posibles delitos y otra convertir la administración pública en una gigantesca operación de revancha política.

No todos los funcionarios que trabajaron durante el gobierno anterior son delincuentes. No todos los programas anteriores fueron un desastre. No todas las cifras negativas son falsas y no todas las positivas son sospechosas. Gobernar consiste precisamente en tener la capacidad de distinguir.

Si el nuevo Gobierno pretende corregir lo que estuvo mal, adelante. Para eso recibió el poder. Pero si su principal argumento para justificar cada problema consiste en señalar a Petro, entonces la pregunta inevitable será cuándo empezará realmente a gobernar De La Espriella.

Porque resulta muy cómodo gobernar culpando al antecesor. Lo difícil es hacerse responsable de lo que ocurre durante el propio mandato.

Y aquí De La Espriella debería tener cuidado con algo que parece olvidar: el cielo también tiene memoria.

Está escupiendo demasiado hacia arriba.

Ningún gobierno está vacunado contra los escándalos. Ningún presidente está por encima de los errores. Ninguna administración puede garantizar que entre sus funcionarios no aparecerá un caso de corrupción. Quien construye su autoridad política sobre la supuesta superioridad moral frente a sus adversarios debería recordar que el poder tiene una costumbre particularmente incómoda: tarde o temprano, examina a todos con la misma lupa.

Por eso sería saludable que el Presidente dejara de comportarse como si cada crítica fuera una conspiración y entendiera que la prensa no está para aplaudirlo.

Porque respetar la libertad de prensa no significa permitir que los periodistas hagan preguntas mientras sean cómodas. La libertad de prensa se pone a prueba precisamente cuando aparece la pregunta que incomoda, la repregunta que molesta y el periodista que no acepta la respuesta prefabricada.

Un presidente democrático no necesita periodistas arrodillados ante el poder. Necesita periodistas que pregunten. Que contradigan. Que investiguen. Que insistan. Que incomoden.

Y también necesita funcionarios capaces de decirle que no.

El verdadero peligro para un presidente no es tener críticos. El verdadero peligro es quedarse sin ellos.

Después de 30 días no es serio declarar que el gobierno fracasó. Pero tampoco es serio proclamar que ya demostró ser exitoso. El mismo criterio debe aplicarse en ambas direcciones. Si todavía es temprano para exigir resultados definitivos, también es temprano para repartir certificados de excelencia.

Así que paciencia, sí. Pero paciencia no significa silencio.

Tiempo, sí. Pero tiempo no significa impunidad política.

Respeto institucional, sí. Pero respeto institucional también significa permitir que las instituciones hagan su trabajo aunque sus decisiones incomoden al Gobierno.

Y milagros, si fueron prometidos, que aparezcan donde realmente importan: en el empleo, la seguridad, la economía, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y la calidad de vida de los colombianos.

Porque un país no se gobierna a gritos.

Tampoco a punta de aplausos.

Y mucho menos a punta de milagros prometidos.

Al final, De La Espriella tendrá que demostrar algo mucho más difícil que su capacidad para llenar plazas, levantar el puño o pronunciar discursos incendiarios: tendrá que demostrar que puede ejercer el poder sin convertirlo en una extensión de su personalidad, gobernar sin confundir autoridad con autoritarismo, escuchar sin sentirse derrotado y aceptar la crítica sin tratar al crítico como enemigo.

Los colombianos no necesitan un presidente que les diga constantemente quién manda. Ya sabemos quién manda: temporalmente, el presidente. Pero el poder no le pertenece. Es prestado. Y precisamente por eso, cuando terminen los aplausos, cuando se apaguen los micrófonos y cuando desaparezcan las cámaras, quedará la única pregunta que realmente importa: ¿qué hizo con ese poder?

Ahí, y no en el volumen de sus discursos, comenzará la verdadera evaluación.

Por eso resulta preocupante que, alrededor del proceso de selección, haya comenzado a instalarse la percepción de una posible concentración de candidatos provenientes de los círculos más cercanos a la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con la información publicada sobre el proceso, entre los preseleccionados aparecen varios fiscales delegados ante la Corte Suprema y funcionarios con experiencia en investigaciones de alto impacto. Entre ellos están Diego Antonio Montaña Bohórquez, Gabriel Sandoval y María Cristina Patiño, además de Francy Eugenia Gómez Sevilla. La coincidencia merece ser examinada públicamente, no porque pertenecer a la Fiscalía descalifique a alguien para ser magistrado —sería absurdo sostenerlo—, sino porque la independencia judicial exige algo más que cumplir formalmente los requisitos. Exige confianza. Y la confianza, particularmente en una elección de esta naturaleza, se construye con transparencia.

El asunto adquiere una dimensión institucional todavía mayor si se tiene en cuenta que la propia Corte Suprema participó en la elección de la actual fiscal general. Esto significa que algunos de los mismos magistrados que intervinieron en aquella decisión ahora participan en un proceso en el que podrían resultar elegidos funcionarios vinculados profesionalmente con la cabeza del ente investigador.

No se trata de afirmar que exista un acuerdo, un intercambio de favores o una maniobra concertada. Nada de eso puede darse por probado sin evidencia. Pero sí es legítimo advertir sobre el riesgo de que una coincidencia de relaciones institucionales termine alimentando la percepción de un sistema de favores cruzados.

La justicia no puede darse el lujo de que sus decisiones parezcan responder a un roscograma. Porque ese es precisamente el problema de fondo: no basta con que una elección sea legal. También debe ser comprensible para la ciudadanía. Debe poder resistir el escrutinio público y demostrar que los méritos profesionales, la independencia, la trayectoria y la solvencia jurídica estuvieron por encima de cualquier cercanía personal, política o institucional. La Corte Suprema tiene ahora una oportunidad extraordinaria para demostrarlo.

La fórmula debería ser sencilla: máxima publicidad sobre el proceso, criterios objetivos previamente conocidos, hojas de vida examinadas con rigor, audiencias transparentes y una explicación suficiente de las razones que conduzcan a la elección de cada magistrado. Si existen factores de posible conflicto de interés, deben ser identificados y tratados públicamente. Si algún candidato tiene relaciones profesionales o personales relevantes con quienes participan en la elección, la sociedad tiene derecho a conocerlas.

No se trata de estigmatizar a los fiscales que aspiran a la magistratura. Muchos pueden tener las credenciales necesarias y una trayectoria legítima para aspirar al cargo. El problema no son sus hojas de vida por el solo hecho de provenir de la Fiscalía. El problema sería que una institución tan sensible terminara siendo percibida como una extensión de otra rama o como el resultado de acuerdos entre funcionarios que, en distintos momentos, han tenido capacidad de influirse mutuamente. La Sala de Instrucción no puede convertirse en una prolongación de ningún despacho. Mucho menos de la Fiscalía.

Fiscalía y Corte Suprema cumplen funciones distintas dentro del sistema penal y esa separación no es un detalle administrativo: es una garantía para los ciudadanos y para quienes están sometidos a investigación. Precisamente por eso, cualquier señal de dependencia, subordinación o intercambio de cuotas burocráticas resulta especialmente delicada.

En una democracia, la independencia judicial no consiste únicamente en que un magistrado pueda decir que nadie le dio una orden. También consiste en que nadie pueda razonablemente pensar que su llegada al cargo obedeció a una deuda, una alianza o una cercanía determinada.

La Corte debería ser especialmente cuidadosa con esto

Si los cinco fiscales mencionados resultaran elegidos, ello no demostraría, por sí mismo, la existencia de una operación de la Fiscalía para controlar la Sala de Instrucción. Pero si varios candidatos cercanos a la actual dirección del ente acusador terminan ocupando simultáneamente las plazas disponibles, sin que la Corte explique de manera convincente los criterios que condujeron a esas decisiones, la sospecha política e institucional será inevitable. Y la justicia no puede depender de explicaciones posteriores. La transparencia debe comenzar antes de la elección.

La Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que sus decisiones no responden a roscas, cuotas ni cálculos de poder. Para hacerlo no necesita discursos defensivos. Necesita reglas claras, deliberaciones suficientemente públicas, criterios verificables y decisiones que puedan ser escrutadas por periodistas, abogados, académicos y ciudadanos.

El país no está eligiendo simplemente cinco magistrados. Está definiendo quiénes tendrán en sus manos una parte sustancial del control judicial sobre quienes ejercen el poder político. Por eso la Corte debe entender que esta elección no admite zonas grises.

La institución debe despejar cualquier duda sobre la existencia de un eventual “carrusel” de favores entre quienes eligieron a la fiscal general y quienes ahora podrían convertirse en magistrados de la Sala de Instrucción. No porque esas relaciones prueben una conducta irregular, sino precisamente porque la independencia de la justicia es demasiado importante como para dejarla a merced de las sospechas.

En este proceso, la Corte Suprema no solo debe elegir buenos magistrados. Debe demostrarle al país que los eligió sin dueños, sin padrinos y sin roscas.

Esa diferencia puede parecer semántica, pero en la justicia es fundamental. Porque cuando se pierde la confianza en la independencia del juez, la primera víctima no es un funcionario ni un candidato: es la legitimidad de la justicia misma

Y por cierto: Se debe también evitar la presencia de lobbistas tratando de influir en las decisiones llevando y trayendo razones. Se rumora sobre la supuesta presencia de Juan Alberto Castro, lobbista de la justicia, Pipe Córdoba el excontralor y Adriana Mercado (hoy magistrada auxiliar de la corte constitucional), en este asunto dejando ver sus preferencias y abordando, a través de los exmagistrados Luis Hernández y Patricia Salazar, a los actuales togados para intentar persuadirlos de sus intereses.

El asunto se torna complicado si recordamos que Juan Alberto Castro fue involucrado en el caso de Transmilenio, cuando intercedía a favor del clan de los Ríos (Alberto Ríos y CIA) con la fiscal de hierro Angélica Monsalve, en hechos ocurridos en la Universidad Sergio Arboleda y gracias a una grabación hecha por la misma fiscal.

Esperaría que por temas de transparencia, la Corte Suprema de Justicia, despeje de estas dudas sobre la supuesta presencia de lobbistas en el proceso de elección porque solo así es posible establecer confianza entre la justicia y la ciudadanía.

Es comprensible que la congresista se atreva a decir una mentira de semejante tamaño. Si no lo hace, quizá sus jefes políticos podrían llamarla a juicio y, muy seguramente, no saldría bien librada. Pero Colombia no está compuesta por una multitud de ingenuos dispuestos a tragarse entero cuanto les sirvan desde los balcones del poder. Y aunque es cierto que el gobierno Petro no se caracterizó precisamente por ser un ejemplo de eficiencia ni por dejar un legado extraordinario, también lo es que Abelardo De La Espriella, hasta ahora, tampoco se ha esforzado demasiado por demostrar una capacidad de gestión, una visión de Estado o una inteligencia política capaces de sacar adelante a un país agobiado por tragedias, problemas estructurales y enormes desafíos.

Hasta el momento, lo que hemos visto es a un Abelardo De La Espriella más preocupado por rodearse de una secta de aduladores que por construir hojas de ruta coherentes con las necesidades reales del país.

Lo vimos coronando la imagen de la Virgen María con la misma devoción farisea con la que puso la educación del país en manos de la Biblia cristiana de Viviane Morales. Todo muy solemne, muy piadoso y muy fotogénico, como si gobernar consistiera en producir estampitas mientras los problemas de fondo esperan turno en la sacristía.

Tenemos, además, a un Abelardo que proclama querer ejecutar un gobierno austero, pero que parece no tener la menor intención de ponerle freno a sus extravagancias y excentricidades, esas mismas que lo hacen parecer como supercorroncho con presupuesto público y afición por los reflectores.

También tenemos al Abelardo que, durante su discurso, prometió respetar las diferencias, pero que se molesta cuando descubre que alguien tuvo, así fuera de manera remota, algún vínculo con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, de repente, las capacidades profesionales, la experiencia y los méritos dejan de importar. Basta con que alguien huela ligeramente a Petro para que sea considerado sospechoso y quede con un pie fuera de la puerta. Qué manera tan peculiar de entender la pluralidad: respetar las diferencias, siempre y cuando las diferencias piensen exactamente como él.

Porque si algo parece importarle a De La Espriella es la adulación. Necesita que a su alrededor haya personas dispuestas a asentir, a aplaudir y, si es posible, a convertir cada decisión presidencial en una epopeya histórica. Contradecirlo parece ser una especie de pecado capital. Y cuando un gobernante comienza a confundir lealtad con obediencia, crítica con traición y pluralismo con sumisión, conviene empezar a preocuparse.

Me aterra pensar que De La Espriella esté configurando un autoritarismo de derecha. Ya sacó del medio a Carolina Soto de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y lo mismo ha ocurrido con otros profesionales que parecen haber cometido el imperdonable pecado de tener algún antecedente laboral o institucional relacionado con el gobierno Petro. No importa si esa vinculación obedeció al afecto político, al deber profesional o, simplemente, a que una persona capacitada aceptó trabajar para el Estado, como corresponde en cualquier democracia medianamente normal. Para el nuevo gobierno parece bastar con la sospecha ideológica para convertir la trayectoria profesional en un inconveniente.

Y si esto hace con profesionales que han demostrado capacidad y compromiso con sus labores y que no pertenecen a su círculo de confianza, no resulta descabellado imaginar que, más temprano que tarde, comiencen las presiones contra los medios y los periodistas que nos empeñamos en ejercer el oficio de informar y criticar sin pedir permiso. Porque, aparentemente, en esta nueva república de las alabanzas, el periodista ideal no es el que pregunta, investiga o contradice, sino el que hace venias con entusiasmo y convierte cada gesto presidencial en motivo de celebración. Vicky Dávila, por ejemplo, parece tener muy claro el libreto.

Lo verdaderamente preocupante no es que un presidente tenga seguidores entusiastas; todos los gobernantes los tienen. Lo preocupante es que empiece a rodearse exclusivamente de quienes lo adulan, a expulsar a quienes no le son políticamente cómodos y a interpretar cualquier cuestionamiento como una conspiración. Así empieza siempre el deterioro de las democracias: no necesariamente con tanques en las calles, sino con pequeñas purgas administrativas, silencios complacientes, medios domesticados y una corte de aduladores convencida de que el jefe nunca se equivoca. Al final, hasta los errores terminan convertidos en triunfos y las extravagancias en políticas de Estado.

Por eso conviene bajar de inmediato la música triunfalista. Un mes de gobierno no constituyen un legado, del mismo modo que dos fotografías inaugurando obras no convierten a nadie en estadista. Colombia no necesita un presidente que se pase el día demostrando que es más macho, más creyente, más austero, más patriota o más antipetrista que sus adversarios. Necesita resultados, instituciones respetadas, funcionarios escogidos por mérito, libertad de prensa y una administración capaz de entender que gobernar no es recibir aplausos. Porque si el gran logro de este gobierno termina siendo convencernos de que cualquier gesto presidencial merece una ovación, quizá no estaremos ante el milagro colombiano que sus fanáticos anuncian, sino ante algo mucho más viejo y peligroso: el culto religioso a un ídolo con pies de barro disfrazado de gobierno.

Por cierto, Debo reconocer que el único milagro que se ha dado en este primer mes, es que Abelardo De La Espriella ya se dio cuenta que el presidente no es el Estado, ni el Estado es el presidente. En pocas palabras, que el no es Luis XIV.

En ese sentido, considero que tienen toda la razón los proveedores y contratistas del colegio Gimnasio Santana del Norte que han hablado conmigo para manifestar su profundo malestar por los constantes incumplimientos en el pago de las obligaciones adquiridas y formalmente pactadas por el centro educativo. No se trata, por tanto, de simples inconformidades aisladas ni de reclamos carentes de fundamento, sino de situaciones que, según relatan quienes las padecen directamente, vienen afectando de manera seria el normal desarrollo de sus actividades económicas.

Es perfectamente entendible que estos proveedores y contratistas estén molestos. Muchos de ellos dependen de los pagos que reciben del colegio para cumplir con la nómina de sus trabajadores, atender compromisos con sus propios proveedores, cubrir obligaciones tributarias y mantener en funcionamiento los servicios que prestan. Cuando una institución contrata un servicio, recibe el beneficio de este y establece unas condiciones de pago, lo mínimo que puede esperarse es que honre oportunamente lo pactado. Cumplir un contrato no debería presentarse como un favor, sino como una obligación elemental derivada de la palabra empeñada y de la responsabilidad empresarial.

No creo que sea necesario recordar al colegio ni a su propietaria, la señora Jackeline Santana, que detrás de cada factura pendiente, de cada cuenta sin pagar y de cada obligación incumplida hay personas, familias, trabajadores y pequeñas empresas que también tienen compromisos que atender. Mucho menos debería ser necesario recordar que una institución educativa, por la naturaleza de su actividad y por el ejemplo que pretende transmitir a sus estudiantes, debería distinguirse precisamente por el respeto, la responsabilidad y la ética en sus relaciones con quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano.

Lo que resulta aún más preocupante, según manifiestan las personas que han hablado conmigo y cuyos nombres no voy a mencionar para protegerlas, es la presunta falta de canales efectivos de comunicación para atender estos reclamos. Afirman que en repetidas ocasiones no reciben respuesta a sus llamadas telefónicas ni a sus correos electrónicos y que, incluso cuando acuden personalmente en busca de una explicación, no encuentran una atención adecuada. Si esto ocurre de manera sistemática, estaríamos frente a una situación mucho más grave que un simple retraso en un pago: estaríamos hablando de una preocupante ausencia de responsabilidad y de respeto frente a quienes legítimamente exigen el cumplimiento de lo que se les debe.

Una institución puede atravesar dificultades financieras, administrativas o de cualquier otra naturaleza. Lo que no resulta aceptable es convertir esas dificultades en una carga que deban soportar unilateralmente quienes prestaron un servicio de buena fe. Si existen problemas para cumplir con los compromisos adquiridos, lo correcto es dar la cara, explicar la situación, establecer acuerdos serios y cumplirlos. El silencio, la evasión y la indiferencia no solucionan las obligaciones pendientes; por el contrario, profundizan la desconfianza y deterioran relaciones comerciales construidas durante años.

Tener una posición dominante o contar con mayor capacidad económica, contractual o institucional no otorga licencia para desconocer los derechos del otro, ignorar sus reclamos o tratarlo con desprecio. Mucho menos cuando se trata de personas y empresas que prestan servicios vitales para la operación de un colegio. Ningún proveedor debería sentirse obligado a rogar por un pago que le corresponde, perseguir indefinidamente a quien tiene la obligación de pagarle o soportar malos tratos simplemente porque se encuentra en una posición contractual más débil.

El respeto hacia los proveedores también hace parte de la responsabilidad social y de la cultura institucional de cualquier organización. Un colegio no solo educa dentro de sus aulas; también educa con sus decisiones, con la manera como trata a sus trabajadores, con la forma en que responde ante sus obligaciones y con el comportamiento que adopta frente a quienes dependen de su actividad. Por eso, resulta particularmente contradictorio que una institución dedicada a la formación de niños y jóvenes pueda transmitir, por acción u omisión, la idea de que las obligaciones pueden incumplirse y que quienes reclaman legítimamente pueden ser ignorados.

Por ello, sería deseable que el Gimnasio Santana del Norte y su administración asuman con seriedad los reclamos que vienen haciendo sus proveedores y contratistas, revisen las obligaciones pendientes y establezcan mecanismos claros, transparentes y verificables para ponerse al día. La solución no pasa por guardar silencio ni por cerrar las puertas a quienes reclaman; pasa por responder, reconocer las obligaciones y cumplirlas. Al final, la verdadera medida de una institución no está únicamente en lo que ofrece a quienes pagan por sus servicios, sino también en la manera como responde frente a quienes, desde otras posiciones, hacen posible que esos servicios puedan prestarse.

La educación exige coherencia. No se puede hablar de valores, responsabilidad, respeto y principios mientras, al mismo tiempo, quienes hacen parte de la cadena que sostiene la actividad educativa deben enfrentar incertidumbre, silencio o incumplimientos para recibir aquello que legítimamente se les adeuda. Los proveedores también merecen respeto, respuestas oportunas y, sobre todo, que se honre la palabra empeñada. Esa debería ser una obligación básica de cualquier institución, pero mucho más de una que tiene como propósito formar a las nuevas generaciones.

Nota recomendada: El adoctrinamiento de Viviane Morales

No creo que la doctora Morales desconozca que el mundo cambió y que ya no es posible pretender que un joven —sea menor o mayor de edad— piense y actúe de acuerdo con visiones propias del Antiguo Testamento, desconociendo los principios de una sociedad que lucha por la igualdad, la libertad, la inclusión y el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas.

Me atemoriza pensar que, valiéndose de un cargo de poder, la ministra de Educación promueva limitaciones o prohibiciones para que, a través de los manuales de convivencia de los colegios, dos adolescentes del mismo sexo no puedan expresar sus sentimientos dentro de las aulas o, peor aún, se les obligue a adoptar comportamientos que están lejos de querer asumir. Una cosa es orientar y educar, y otra muy distinta imponer desde el Estado una determinada concepción moral o religiosa.

En Colombia ya tenemos antecedentes de profundas depresiones que han terminado en suicidios por la incomprensión de directivas escolares que no han entendido que los jóvenes de hoy no quieren vivir escondiendo su manera de pensar, sus sentimientos ni sus proyectos de vida. Casos como el de Sergio Urrego no pueden ni deben repetirse, y la ministra debería tenerlo muy claro antes de pretender imponer su manera de pensar en la educación de niños y adolescentes.

Viviane Morales debe entender que la educación de los menores de edad no puede ni debe diseñarse de acuerdo con lo que piensa o quiere una ministra en particular. La educación pública pertenece a la sociedad y debe estar dirigida al respeto por el otro, a la convivencia, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por ningún motivo. El Ministerio de Educación no puede convertirse en una extensión de las convicciones religiosas de quien temporalmente ocupa el cargo.

Estoy de acuerdo con la ministra cuando afirma que a un niño menor de 10 años no se le pueden presentar términos o asuntos sin considerar su edad y su nivel de desarrollo. Pero hay algo que la doctora Morales parece ignorar o, al menos, no querer reconocer: un adolescente no espera a cumplir 18 años para comenzar a preguntarse por su identidad, sus afectos y sus preferencias sexuales. Estos procesos forman parte del desarrollo y del crecimiento humano, y no desaparecerán porque una autoridad administrativa intente ignorarlos o regularlos desde una determinada visión moral.

Pretender que desde el Ministerio de Educación se pueda controlar la manera en que los adolescentes sienten, piensan o construyen su identidad es, además de ingenuo, profundamente peligroso. La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y convivir, no un escenario en el que los estudiantes tengan que esconder quiénes son por miedo a ser señalados, sancionados o discriminados. Cuando una institución educativa convierte la diferencia en motivo de castigo, deja de educar y comienza a excluir.

También resulta preocupante que, mientras el país enfrenta enormes desafíos en materia educativa, el debate ministerial termine concentrándose en cruzadas morales y disputas ideológicas. La prioridad debería estar en ampliar los cupos, mejorar la calidad de la educación pública, dignificar las condiciones de los docentes, reconstruir los colegios afectados por desastres, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales y garantizar acceso real a tecnología y herramientas educativas. Esas son las urgencias que requieren liderazgo, presupuesto y decisiones de Estado.

Aquí no hay tiempo ni espacio para adoctrinamientos ni para visiones religiosas impuestas desde el Ministerio de Educación. Colombia es un Estado plural en el que las creencias religiosas de una funcionaria, por respetables que sean en el ámbito personal, no pueden convertirse en política pública ni utilizarse para limitar los derechos de quienes piensan, sienten o viven de manera diferente.

La ministra debería recordar, además, que ocupar un cargo público no significa tener licencia para imponer convicciones personales sobre toda la sociedad. Su responsabilidad no es educar al país según sus creencias, sino garantizar que el sistema educativo respete la Constitución, la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Si no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, entonces el problema no está en los jóvenes ni en la sociedad que ha cambiado: está en una concepción del poder que todavía pretende que el país se adapte a ella.

Y si, como consecuencia de políticas excluyentes, vuelven a presentarse casos de jóvenes perseguidos, discriminados, humillados o llevados al límite de la desesperación por su orientación sexual o su identidad, la responsabilidad política no podrá esconderse detrás de los manuales de convivencia ni de las decisiones de cada colegio. Quienes ocupan posiciones de poder deben responder por las consecuencias de las políticas que promueven. Doctora Viviane Morales, la educación no puede convertirse en el instrumento para imponer una moral particular: debe ser, ante todo, una herramienta para formar ciudadanos libres, críticos, respetuosos y capaces de convivir con quienes son diferentes.

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No deja de ser, por lo menos, preocupante que sean precisamente cuatro de sus colegas —Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos— quienes hayan advertido posibles irregularidades en la manera como Lombana ha abordado este caso. La situación adquiere todavía mayor relevancia porque, según ha señalado la defensa de la congresista, existen actuaciones que podrían tener incidencia directa en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso.

La comunicación remitida a la Comisión de Acusaciones también advierte sobre posibles irregularidades en la manera en que se habrían ejercido competencias coercitivas dentro de la actuación penal. Si estas preocupaciones terminan siendo confirmadas por las autoridades competentes, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad, porque quien tiene la responsabilidad de administrar justicia no puede convertirse, precisamente, en quien termine poniendo en riesgo las garantías que debe proteger.

A las objeciones planteadas por la defensa de la senadora Peralta se suman ahora las consideraciones de cuatro magistrados de la misma Sala. Y eso, como mínimo, obliga a hacerse preguntas serias sobre la forma en que la magistrada Lombana ha conducido el proceso.

No se trata de afirmar anticipadamente que haya cometido una falta disciplinaria o penal, porque esa determinación corresponde a las autoridades competentes. Pero tampoco sería responsable mirar hacia otro lado frente a señalamientos de esta naturaleza. Cuando varias voces dentro de la propia institución judicial llaman la atención sobre posibles excesos, lo mínimo que se espera de la funcionaria cuestionada es prudencia, transparencia y disposición para revisar sus actuaciones.

La justicia no puede ejercerse desde la pasión, el afán de protagonismo ni la necesidad de demostrar autoridad. Mucho menos puede convertirse un proceso judicial en una especie de competencia para determinar quién logra imponer su criterio a cualquier precio. Una magistrada no está para ganar batallas personales ni para demostrar que puede llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias pasando por encima de quien está siendo investigado. Está para garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Y ahí está precisamente una de las mayores preocupaciones que genera este episodio: si se utilizaron herramientas procesales de manera indebida, si se sobrepasaron competencias o si se limitaron injustificadamente los derechos de la defensa, no estaríamos simplemente ante un error de procedimiento. Estaríamos ante una conducta capaz de comprometer la legitimidad misma de la actuación judicial.

No pretendo usurpar las funciones de un abogado ni presentar estas consideraciones como un concepto jurídico. Hablo como ciudadano. Y como ciudadano espero que quienes tienen en sus manos la libertad, el buen nombre y el futuro político y personal de otros seres humanos actúen con absoluta responsabilidad.

Investigar a una persona no significa maltratarla. Ejercer autoridad no significa abusar de ella. Y tener facultades dentro de un proceso judicial no significa disponer de un cheque en blanco para utilizarlas sin límites.

La justicia colombiana ya enfrenta una profunda crisis de confianza. Por eso resulta especialmente grave que quienes tienen la obligación de fortalecer esa confianza terminen alimentando la percepción de que algunos procesos pueden manejarse con excesos, arrogancia o criterios personales.

En un caso tan mediático como el relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la responsabilidad es todavía mayor. La presión mediática, la relevancia política de los involucrados y el interés nacional jamás pueden convertirse en excusas para flexibilizar las garantías procesales.

La justicia no puede convertirse en un trofeo. Ningún magistrado debería sentir que tiene que llevarse la medalla de haber puesto a alguien tras las rejas. La verdadera victoria de la justicia consiste en que, al final de un proceso, nadie pueda cuestionar que se respetaron las reglas, las garantías y el debido proceso.

Porque si una actuación judicial se construye sobre excesos, errores o vulneraciones de derechos, el daño no se limita al investigado. También se perjudica la credibilidad de la institución y se fortalece la peligrosa idea de que en Colombia la justicia puede depender del temperamento, la interpretación personal o la voluntad de quien tiene el poder de investigar y decidir.

Por eso, más que explicaciones, lo que ahora corresponde es que la magistrada Cristina Lombana responda ante las instancias competentes por los cuestionamientos que han surgido alrededor de su actuación. Y si existen razones jurídicas para apartarla del proceso, deberá hacerlo con la misma rigurosidad con la que ha exigido el cumplimiento de las reglas a los demás.

Lo que no puede ocurrir es que la soberbia termine reemplazando la prudencia, ni que la autoridad termine confundida con autoritarismo. Una magistrada puede equivocarse, como cualquier ser humano, pero lo verdaderamente grave sería negarse a reconocer los límites cuando otros miembros de la propia institución judicial están advirtiendo que podrían haberse cruzado.

Tal vez este episodio sirva, al menos, para recordar algo elemental: quienes administran justicia también están sometidos a la ley. Y precisamente porque tienen tanto poder sobre la vida de los demás, están obligados a ejercerlo con mayor rigor, mayor humildad y mayor responsabilidad.

La justicia no necesita magistrados que actúen movidos por emociones, protagonismos o afanes de demostrar poder. Necesita funcionarios capaces de entender que, en un Estado de derecho, el verdadero poder no está en castigar a cualquier precio, sino en respetar las reglas incluso cuando hacerlo resulte incómodo, difícil o políticamente impopular.

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