Fedesarrollo —el principal centro de pensamiento de la élite colombiana—, presentó un documento titulado Reformas para una Colombia post-covid 19 (*). Pretende sentar las bases de un nuevo contrato social, ya que contempla política social, protección a la vejez, mercado laboral, política tributaria. Buen intento.
Un contrato social es un conjunto de acuerdos que rigen las relaciones de un Estado con sus ciudadanos. Establece los derechos y deberes de la comunidad y la responsabilidad del Estado de velar por ellos. O sea, no es trivial la propuesta en un momento crítico, que, aunque suene a cliché, es una gran oportunidad para reorientar las cosas. Pero hay señales de turbulencia.
La izquierda, como es habitual, lo ha rechazado de plano. Este lado del espectro político no es de matices: exige lo perfecto y lo radical o nada. Y más aún: considera sospechosa por definición lo que tenga origen en esta entidad proestablecimiento.
El centro —la coalición de la Esperanza— como es igualmente habitual, aún no toma posición.
Algunos políticos tradicionales han dicho que sí pero que no. Estiman necesario incluir excepciones, enmiendas, beneficios especiales, etc., pensando en algunos sectores. Anhelan con ansiedad una oportunidad de hacer proposiciones populistas atractivas a ciertos públicos. Cada uno busca algo para sus seguidores (azucareros, banqueros, transportadores, profesores, militares, confeccionistas, madres comunitarias, en fin…), no necesariamente en beneficio colectivo.
El partido de gobierno tiene otras ideas. Prefiere temas que reditúen votos en el 2022, para asegurar el mantenimiento del poder; hasta ahí alcanza su visión de futuro. Y el gobierno tampoco ha prestado mayor atención. No está en su talante emprender grandes reformas. Su visión de los asuntos públicos es administrativa, no estratégica. Acaba de presentar su paquete legislativo: elección de jueces, reglamentación de la cadena perpetua, mejora en las juntas de acción comunal, y una temerosa agenda de transformación social (que solo consulta con gremios empresariales y congresistas de su partido). Un nuevo contrato social es algo que sobrepasa su liderazgo y planes.
Y en tanto, los partidos políticos destacan por su silencio. Ni proponen una agenda ni opinan. Están ocupados —seguramente— preparando la estrategia electoral.
Por supuesto, las reformas que recomienda Fedesarrollo son un punto de partida para una gran discusión. Su examen exige una visión de largo aliento y no solo hasta las próximas elecciones; debatirla con menos sesgos ideológicos y más pragmatismo puesto que hay problemas básicos por resolver. Focalizar el gasto social en subsidios, mejorar la cobertura y las condiciones de retiro de los viejos, atacar la informalidad laboral, aumentar los ingresos tributarios del estado con una mayor progresividad. Sin duda, les carga la mano impositiva a las clases media-media y media-alta sin ocultar su favorecimiento por la clase alta. Un debate serio podría corregir este sesgo: es un sinsentido sobrecargar de tributos a los ricos, la clase media debe contribuir; pero es necesaria una mayor equidad.
El campo laboral es uno de los pilares fundamentales de un contrato social. Urge un acuerdo para regir las relaciones entre empresas y trabajadores. El mercado laboral colombiano tiene distorsiones: la sola cifra del 60% de informalidad lo evidencia. Sería una oportunidad para que el sector privado hiciera realidad la percepción de que es mejor que el sector público. Podría promover cambios en la legislación laboral orientados a elevar el bienestar. Pero tampoco en este campo hay buenas señales.
«Mandan huevo» decía el empresario barranquillero Christian Daes, refiriéndose al escaso aumento en el salario mínimo. Su posición lo distanciaba de sus colegas empresarios. Y esta parece ser la tónica de un sector. Ensayar modos de rebajar el costo laboral: facilidad para despidos, contratación por horas, desfinanciar Cajas de Compensación, pagar menos a los jóvenes. No solo es infame esta pretensión sino que no se entiende su lógica. Mediante la precarización laboral no hay forma de elevar el nivel de vida de la gente y menos de convertirla en compradora de los productos y servicios de sus empresas. Un capitalismo en pleno siglo XXI apuntalado en bajos salarios como factor de competitividad está llamado a desaparecer. Y no merece defenderse.
Molesta la creencia de un sector del empresariado acerca de que hacen un favor al país y a la gente al generar empleos. ¡Por poco se les debe pagar por hacerlo! Disimulan su motivación original —y legítima, por demás: la acumulación de capital— para lo cual necesitan utilizar la fuerza productiva de los trabajadores. Pero son de esperar unas condiciones dignas de contratación. Las empresas dependen de sus empleados, y estos dependen de su trabajo para sobrevivir y, en muchos casos, darle un sentido a su vida. Igualmente, se espera una justa tributación de las empresas como ciudadanos con capacidad económica y como entidades que usufructúan la infraestructura nacional (calles, puentes, policía, energía, redes, todo) y educativa (talento humano). Legítimamente, insisto.
¿Qué se deduce de la forma como las élites enfrentan los problemas de la sociedad colombiana? Una hipótesis es que están haciendo una mala apuesta: cambios para salir del paso. La propuesta de Fedesarrollo habría sido más provocadora si hubiera incluido unos valores cívicos (bien común, decencia, pensar desde el bien) para emprender este nuevo contrato social. Pero no es tarde para hacerlo y es urgente.
*https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4087/Reformas%20para%20una%20Colombia%20post-COVID%2019a_Marzo_2021_Fedesarrollo.pdf?sequence=1&isAllowed=y