La crisis de la verdad en el siglo XXI no es solo un fenómeno tecnológico; es, ante todo, un desafío pedagógico de proporciones históricas para el docente. Si bien la transición del modelo informativo analógico al ecosistema de las redes sociales prometía una democratización del saber, la realidad nos ha devuelto un espejo de fragmentación y radicalización para el docente.

En este escenario, la pregunta que debe ocupar el centro del debate público no es solo cómo regular las plataformas, sino cómo la educación puede reconstruir la capacidad crítica de una generación que navega en un mar de algoritmos diseñados para la confrontación. Como bien advierten Estellés y Castellví (2020), la educación tiene el imperativo de sumergirse en este fenómeno, no desde una instrucción cívica tradicional, sino desde una formación que permita al ciudadano del futuro diseccionar la información con una objetividad que hoy parece en peligro de extinción.

La arquitectura digital y la psique del estudiante

La escuela hoy no compite solo con otros relatos, sino con sistemas de inteligencia artificial que crean “cámaras de eco”. Según Ríos Nicoli (2023), estos entornos no solo refuerzan las creencias preexistentes, sino que amplifican los valores del grupo propio mientras deshumanizan al “otro”. Para el docente, el reto es mayúsculo: el aula ya no es el único lugar donde se adquiere conocimiento, pero debe ser el único lugar donde ese conocimiento se somete a un juicio ético y lógico.

La UNICEF (2025) señala con preocupación que el acceso a estos dispositivos comienza en la infancia tardía, una etapa donde la necesidad de pertenencia social es el motor principal de la identidad. Sin una intervención docente orientada, los jóvenes terminan asimilando discursos de odio no por convicción ideológica, sino por el deseo instintivo de conexión grupal.

Sin embargo, el obstáculo más complejo para la labor educativa es lo que la ciencia ha denominado “dopamina digital”. Medina-Martín (2025) describe con rigor cómo las notificaciones e interacciones en redes activan los circuitos cerebrales del placer inmediato, de forma análoga a las sustancias psicoactivas.

Esta gratificación instantánea genera una erosión sistemática de la paciencia cognitiva; el estudiante, acostumbrado a la velocidad del algoritmo, pierde la capacidad de detenerse a analizar la validez de una fuente.

Donde la labor docente se vuelve revolucionaria

En un mundo que exige respuestas inmediatas y viscerales, la escuela debe ser el espacio que reivindique la pausa, la duda y el análisis multiperspectivista. Es alarmante observar cómo figuras de autoridad e influencers emplean la emocionalidad para vender verdades parciales, sabiendo que la ira y el miedo inhiben el pensamiento crítico. Ante el postulado de que “si tiene seguidores, tiene la razón”, el docente debe oponer la fuerza del método científico y la hermenéutica.

Por ello, es un error estratégico que las instituciones educativas y las familias eviten los temas controversiales por temor al conflicto. El silencio pedagógico no protege al estudiante; por el contrario, lo entrega inerme a las corrientes de desinformación.

La escuela debe transformarse en un laboratorio de pensamiento donde se descompongan los discursos de odio y los radicalismos políticos. El docente, actuando como un orientador neutral pero firme en los valores democráticos, debe facilitar que el estudiante descomponga la información en sus partes mínimas, analice los intereses de los actores involucrados y aprenda a identificar las falacias lógicas que sostienen las narrativas de polarización.

Como sostiene Liang Wu (2019), la falta de una intervención oportuna permite que la desinformación genere efectos destructivos; por tanto, el aula debe ser el escenario donde se aprenda a desmontar esa mentalidad de “nosotros contra ellos” que hoy fractura nuestra cohesión social.

La Escuela de Argumentación

Frente a esta realidad, el Colegio Bilingüe José Max León ha consolidado la Escuela de Argumentación, un ecosistema donde el estudiante desarrolla habilidades de interpretación, análisis normativo y pensamiento crítico de alto nivel.

A través de ejercicios pedagógicos en el Senado, la Asamblea y el Modelo de Naciones Unidas (Max Mun), los jóvenes perfeccionan su capacidad de investigación y la defensa de ideas fundamentadas, superando la reactividad digital. En estos escenarios, el aprendizaje se traduce en la habilidad técnica para diseccionar problemáticas sociales y económicas, construyendo propuestas viables que nacen de una comprensión profunda de los marcos constitucionales y legales reales.

Esta formación práctica potencia la oratoria, la comunicación persuasiva y la seguridad al hablar en público, herramientas esenciales para un liderazgo íntegro. Al participar en debates formales, el estudiante entrena su capacidad de escucha respetuosa y deliberación democrática, aprendiendo a gestionar posturas ideológicas diversas y a tomar decisiones responsables en equipo.

Así, la institución trasciende el currículo técnico para entregar a la sociedad ciudadanos preparados para retos nacionales e internacionales, capaces de ejercer un poder ético y de sostener una participación activa en la construcción de una democracia consciente, en una social digital llena de vacíos en su pensamiento racional.

En conclusión, la educación no es simplemente una herramienta contra la polarización, es la única defensa sólida que poseemos como sociedad. La misión de los colegios hoy trasciende el cumplimiento de un currículo técnico; su verdadera prioridad debe ser la formación ética y ciudadana en entornos digitales.

En una época donde, como señala Medina-Martín (2025), se miente sin miedo a las consecuencias, la escuela tiene la responsabilidad de formar individuos que no solo busquen la aceptación de su burbuja digital, sino que tengan la valentía de observar la realidad con autonomía, rigor y, sobre todo, humanidad.

El futuro de la democracia no se decidirá en los algoritmos de las redes sociales, sino en la capacidad de nuestros docentes para encender la chispa de la duda metódica en la mente de sus estudiantes.

Bibliografía:

• Estellés, M., & Castellví, J. (2020). The Educational Implications of Populism, Emotions and Digital Hate Speech: A Dialogue with Scholars from Canada, Chile, Spain, the UK, and the US. Sustainability, 12(15), 6034. https://doi.org/10.3390/su12156034.
• Ríos Nicoli, B. M. (2023). Radicalización digital: el efecto de las redes sociales en el extremismo político y el discurso del odio. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 10749-10755. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5247.
• Haynes, T. (1 de mayo de 2018). Dopamine, Smartphones & You: A battle for your time. SITNBoston; Harvard University, The Graduate School of Arts and Sciences
• UNICEF. (2025). Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital: Informe sobre el uso de tecnologías y riesgos en el entorno digital. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2025/111125-Informe-InfanciaDigital-Alumnado.pdf.
• Medina-Martín, Ulises-Jesús (2025). “Disinformation networks: the virality of fake news, echo chambers and algorithmic manipulation”. Infonomy, 3(6) e25039. https://doi.org/10.3145/infonomy.25.039.

Confieso que este tema no me atraía hasta que hace un mes debí hospitalizarme en un centro de salud mental. Desde que ingresé entendí que era un privilegio: mi seguro cubría todo, y en la primera clínica que consulté. 

El 25 de octubre no fue un buen día para mí ni para las 20 personas que ingresamos a la clínica Montserrat. Sin embargo, fuimos más las que tuvimos una mejor estadía: entramos al pabellón B y logramos, esa misma noche, tener un cuarto en el lugar más adecuado para cada una, según el diagnóstico inicial.

Unas cinco personas de las que estaban conmigo en el pabellón B entraron en la penumbra de la remisión: buscar una clínica que cubriera su seguro. A una de ellas la llamaré Ana*. Ana lloró muchísimo porque le indicaron que iba a la Clínica la Paz; según ella, “la peor clínica psiquiátrica en Bogotá”. Sin saber mucho del tema pero tan inquieta como siempre, salí 20 días después a investigar sobre clínicas y aún sigo sin saber nada de la “aterradora” Clínica la Paz que le robó la calma a Ana. Su página web no funciona, y en estos tiempos digitales todos sabemos que eso no es una buena señal. 

Regresemos en el tiempo, ya que las palabras siempre lo permiten. El día de mi hospitalización entré a las 12 del mediodía. A las 10 pm ya tenía un cuarto, una psiquiatra asignada y enfermeros que estaban a mi disposición. Sinceramente, aún estando en un psiquiátrico pensaba que soy una privilegiada y lo sigo confirmando al ver las cifras. Es 2022 y en Colombia solo hay un psiquiatra por cada 38.000 habitantes. Me detengo de nuevo ante esa cifra absurda, y agradezco que uno de ellos me atendió cuando lo necesité. 

Mi diagnóstico es trastorno mixto de ansiedad y depresión. Aunque cuesta hablar de salud mental, hoy sé que no soy la única a la que esas dos palabras acompañan: a nivel mundial, el 5% de adultos padecemos depresión. Estuve a punto de hacerme daño y no poder escribir esta columna. No sabía qué estaba pasando. Por eso estuve durante 20 días, sin interrupción, en un tratamiento en la Clínica Montserrat. 

Incluir ese detalle -sin interrupción- no es un adorno ni un capricho; es un dato relevante en un país como el mío. De mis compañeras de hospitalización, al menos tres fueron remitidas cada día hacia otro centro. Su seguro no les cubría más la clínica. 

¿Qué significa esto? Retraso en el tratamiento, tener que adaptarse a otro sitio, a un psiquiatra nuevo y, en ocasiones, hasta a una marca diferente de medicamentos. Esos cambios entorpecen el tratamiento y alejan cada vez más la tan anhelada recuperación. Además, son situaciones que contradicen lo que estipula la ley 1616 de 2013, que contiene disposiciones para garantizar el derecho a la salud mental, la prevención y atención integral en consonancia con el artículo 49 de la Constitución Política.

Muchos dirán “esto es Colombia” y seguirán con sus vidas, pero quienes recibimos un diagnóstico que compromete nuestra salud mental respondemos “eso no es vida”. En Colombia no contamos con una política pública seria que se encargue de la prevención y atención en salud mental. 

Según la OMS, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Mientras escribo este párrafo, pienso en las personas que no reciben atención, que no tienen el privilegio de que alguien les dé la mano que necesitan y que tantas veces no encuentran. Pienso en los que mueren por esta causa en el mundo porque en Colombia tampoco tenemos cifras claras y actualizadas. 

El 10 de octubre, único día del año en que se habla del asunto, el Ministerio de Salud dijo que el 44,7% de los niños tienen indicios de algún problema de salud mental. Lo aterrador no es solo la cifra, sino que no existe un plan de  prevención en nuestro país. O si existe, fallan las comunicaciones y fallan las instituciones porque no encuentro información. Seguramente, tampoco la encuentran las familias y cuidadores de esos niños. Si alguien sabe, por favor, cuénteme.

Ya estoy fuera del psiquiátrico y en tratamiento, y sigo insistiendo en que soy una privilegiada y que esto no debería ser así. TODOS TENEMOS DERECHO A ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. Cuidar la salud es costoso, todos lo sabemos. Para poder tener un buen seguimiento a mi salud mental estoy pagando los medicamentos y las citas de psiquiatría y psicología particular, porque por el seguro se demora una eternidad y necesito mi atención de forma permanente y continúa. Cada mes invierto la mitad de mi salario en estos gastos. Para lo demás, me ayudan mis papás. Pero, ¿y los demás?

Qué es de mis compañeros del psiquiátrico que ya completaban un recorrido por tres clínicas seguidas. Qué ha sido de ellos y los paseos obligados porque el seguro es un asunto de trámites sin fin. Cómo siguen, cómo pueden seguir, cuando tienen que esperar hasta dos meses para una cita con su psiquiatra y otro más para ver a su psicóloga. 

O, para pensar ahora en los más cercanos, qué será de mis amigos del pueblo que aún no saben que tienen un problema de salud mental y simplemente emborrachan la situación. Porque en este país sigue siendo bien visto ser alcohólico, pero es cuestionable buscar ayuda mental. No solo falta política pública en atención sino también en prevención: el desconocimiento puede llevarnos a la muerte.

Las cifras son altas y preocupantes. ¿Cuántos 10 de octubre deben pasar, cuántos suicidios hay que sumar para que esta realidad llame la atención de quienes deberían estar involucrados activamente? Quiero ser optimista, pero no creo que tengamos calendarios suficientes para seguir siendo indiferentes. 

Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.

“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.

Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.

Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.

Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.

Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.

Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.

La vía Cumare: un camino para la ilegalidad

La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.

El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.

Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.

Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.

El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.

Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.

El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.

Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) han sido zonas clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.

A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.

Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.

Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizó para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.

El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.

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Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.

Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.

“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.

Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.

El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.

Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.

La guerra y los impactos ambientales

“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.

Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.

Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.

Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.

En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.https://flo.uri.sh/visualisation/25518536/embed

Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.

El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.

Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.

Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.

La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.

A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.

Los nukak, en medio de la guerra

Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.

Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.

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Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.

Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Curare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.

​​Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.

En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.

Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.

“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.

Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste el Fernando, bajando la voz con cada palabra.

Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.

En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.

En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.

Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.

Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras.

El artículo original y completo fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hasta el 30 de noviembre se podrá votar en este álbum en las cuentas de FaceBook de El Espectador y la Fundación Color de Colombia, otorgantes del premio desde 2010. También en la cuenta de Instagram de @ColordeColombia

Son ocho jurados y tres votos del público. Los ganadores se conocerán en la ceremonia de premiación el 09 de diciembre en Cali.

Las trece categorías del premio son: Medios y Periodismo, Música y Artes, Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Sector Público, Academia, Ciencia y Tecnología, Sector Salud, Deportes, Joven y Sector Social.

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Nominados en Sector Salud

Dos gerentes de hospital con premios y certificaciones institucionales y un cardiólogo intervencionista laureado son los referentes de la participación de los afrocolombianos en un sector que enfrenta agudas problemáticas.

Carlos Gabriel Quiñonez Quintero, gerente de hospital: recuperó financieramente el Hospital Francisco de Paula Santander en Santander de Quilichao, Cauca, y el MinSalud le otorgó el Premio Nacional por prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Caucano.

Irne Torres Castro, gerente de hospital: con su liderazgo, el Hospital Universitario del Valle obtuvo el certificado de buenas prácticas clínicas del INVIMA y el reconocimiento oficial como Hospital Universitario. Vallecaucano.

Luis Alberoni Areiza Trujillo, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Mederi de Bogotá:  ganador del premio al caso de mayor complejidad de cardiopatía estructural en el evento más importante de cardiología intervencionista, PCR Río de Janeiro, Brasil 2025. Chocoano.

Los jurados, que representan simbólicamente a la sociedad colombiana

Los cinco jurados permanentes son: 

• Fidel Cano, director de El Espectador;
• Cecilia María Vélez, exministra de Educación;
• Mabel Lara, actual secretaria de Desarrollo Económico de Cali;
• Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador; y
• Daniel Mera Villamizar, director ejecutivo de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.  

Este año los jurados invitados son tres mujeres líderes de cámaras empresariales:

• la exministra María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana;
• Ingrid Tatiana Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio; y
• Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI.

El público vota

El público es el jurado número nueve.  El nominado que reciba más “Me gusta” y “Me encanta” por categoría sumará dos votos frente a los ocho de los jurados individuales.

Por tercer año, habrá un tercer voto de parte del público, correspondiente a cerca de 500 estudiantes pilos de colegio y de universidad de Semilleros de Becarios U, un programa de la Fundación Color de Colombia, que está en más de 20 municipios de 12 departamentos.

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Personalidades que entregan galardones y placas

Para reforzar el simbolismo de ser un premio por el cual la sociedad reconoce todavía más que los afrocolombianos pueden desempeñarse en cualquier responsabilidad y que han aportado históricamente y aportan a la construcción de una mejor nación colombiana, se invita a personalidades a entregar galardonas y placas, además de los jurados:

• Alejandro Eder, alcalde de Cali
• Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
• Esteban Piedrahita, rector de la Universidad ICESI
• Claudia Calero Cifuentes, presidenta de Asocaña
• Carlos José Murgas, vicepresidente del Grupo Empresarial Oleoflores
• José Miguel Maldonado, gerente de la Unidad de Negocio de Plátanos de Uniban
• Marie Claude Joachim, gerente de Talento Humano y Cultura de Totto
• Lina Sinisterra, directora de la ANDI regional Valle del Cauca
• Carlos Arcesio Paz, empresario
• Kira Gidrón, directora general de Lumni, inversora en educación

Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa de inclusión simbólica que ayuda a contrarrestar estereotipos negativos asociados al color de la piel, rezago cultural del racismo en una parte de la sociedad, y a visibilizar más la integración de los afrocolombianos en la nación. 

Por ser una acción afirmativa tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesaria.

La Fundación Color de Colombia, co-otorgante del premio, con 19 años de existencia, se enfoca en promover el reconocimiento, la movilidad social y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible. 

Para información adicional, escribir a: reconocimiento.integracion@fundacioncolordecolombia.org

En mi anterior post (“Escepticismo y relativismo”), intenté despejar algunas confusiones alrededor de la noción de escepticismo, además de ofrecer un modesto argumento—específicamente, una reducción al absurdo—en contra de cierta forma radical de relativismo. En esta entrada quisiera relajarme un poco y abordar un tema de actualidad en Colombia: la penalización de la dosis personal. He de confesar, desde el comienzo, que ignoro los pormenores del proyecto de ley en cuestión que promueve (¿por quinta vez? Ya perdí la cuenta) el gobierno de Uribe. Por ello, es probable que mucho de lo que diga no se aplique, o se aplique sólo en parte, al contexto político actual de Colombia. Ustedes juzgarán. Sin embargo, tengo mis razones para pensar que no es así.

La pregunta que quisiera plantear es la siguiente: ¿qué justificación podría tener un Estado de Derecho (de ahora en adelante ‘ED’) para penalizar la dosis personal? Es importante notar que la dosis personal no ampara el consumo en sitios públicos; únicamente ampara el porte de una determinada cantidad de droga ilegal en tales lugares. Esa cantidad debe ser tal que sea altamente razonable que la sustancia transportada no esté destinada al tráfico sino al uso personal. Así las cosas, la pregunta es: ¿por qué razón pensar que una persona es merecedora de una sanción social por el simple hecho de llevar consigo una cantidad de droga ilegal que obviamente no está destinada al comercio?

Creo que, en general, un gobierno dispone de dos líneas argumentativas para penalizar el porte de sustancias psicoactivas ilegales. La primera es lógicamente prioritaria a la segunda, pero ambas, presumo, son estériles. El primer argumento (A) es de corte ético, y comienza por la suposición que el ED tiene la obligación de defender los derechos de sus ciudadanos. Dado que el consumo de drogas ilegales para el disfrute personal representa una amenaza para la vida del ciudadano (uno de sus principales derechos), el ED tiene el compromiso de prevenir este consumo. Una forma, entre otras, de hacer esto, es mediante la prohibición de la dosis personal, pues se supone que ésta desestimulará (en cierta medida) el consumo. El segundo argumento (B) toma A como base y enmarca la discusión en el contexto de la lucha contra las drogas. En la medida en que tiene la obligación de defender el derecho a la vida, un ED debe combatir el fenómeno de las drogas ilegales en todos sus frentes. Uno de estos frentes es el económico. Prohibir la dosis personal supondría un obstáculo extra para la compra de droga ilegal, lo cual menguaría (hipotéticamente) la capacidad financiera de los carteles.

En lo que resta de esta entrada me ocuparé solamente del primer argumento. Esto es natural, pues B depende de A. A continuación, voy a desplegar el argumento A en la forma de un esquema:

1. El ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos.

2. Si el ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, entonces debe prevenir el consumo de drogas por parte de sus ciudadanos.

3. El ED debe prevenir el consumo de drogas por parte de sus ciudadanos.

4. Si el ED debe prevenir el consumo de drogas por parte de sus ciudadanos, entonces el ED debe prohibir la dosis personal.

* Conclusión: El ED debe prohibir la dosis personal.

Si bien este razonamiento es válido (es decir, si bien las premisas del argumento sí implican la conclusión), creo que la primera premisa (“El ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos”), leída sin calificación, es falsa. Pues no siempre un ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Ésta debe ser una obligación del ED, sí, pero sólo mientras su aplicación no viole una libertad fundamental del individuo—una libertad que el ED, por su misma naturaleza, está también obligado a respetar y a hacer respetar (al menos en el caso que nos concierne, que es el de las acciones perjudiciales para la salud cuyo origen y destino es la misma persona).

Imaginemos, por ejemplo, que una persona decide, después de una fría meditación, privarse de la vida. ¿Sería legítimo que un ED interviniera en tal designio, bajo el estandarte de la defensa al derecho a la vida de sus ciudadanos? A mí me parece que no. El comercio de una persona con su propia vida es casi por definición algo que no es cosa de interés público. Si la relación conmigo mismo no es algo que me incumba a mí y solamente a mí, no veo entonces cuál es el punto de hablar de mis “libertades”. Esto aplica al tema que nos atañe. Cuando alguien decide consumir o portar una droga ilegal ejerce una prerrogativa inalienable que esa persona posee sobre su propio cuerpo, una prerrogativa que, de arrebatársela, un ED no tendría de Estado de Derecho sino la sigla.

Si la premisa 1 del argumento A tiembla, con ella tiembla todo el razonamiento que se basa en ella. Es más: si mi crítica a la premisa 1 es atinada, entonces la situación de un gobierno con ánimo de penalizar la dosis personal es bastante incómoda, pues estaría obligado a mostrar por qué, si bien es cierto que un ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos en la medida en que ello no conlleve la violación a libertades fundamentales del individuo, prohibir el porte de una sustancia ilícita para el consumo personal no implica tal violación. No obstante, esta alternativa me parece vana, por el simple hecho de que prohibir el porte—el mero porte—o el consumo—a secas—sí implica una violación a una libertad fundamental: a la de no ser acusado por algo que no merece castigo.

Éste es un caso típico de conflicto entre los deberes de un agente (en este caso, el agente es el estado). Lo que está en juego es, por un lado, el respeto debido a una prerrogativa inalienable del sujeto social, y por el otro, el imperativo de defender un derecho fundamental de los ciudadanos. Mi argumento apunta a la idea de que el último imperativo es derrotable por el primero (al menos en el tema que nos atañe), y que dicha derrotabilidad se basa en la naturaleza misma del ED. En este sentido, no podemos penalizar la dosis personal y a la vez preciarnos de tener un ED. Ambas cosas, me parece, son incompatibles.

IG: @pater_doloroso

“Tú enrúmbate y después derrúmbate”: Andrés Caicedo, escritor colombiano (1951-1977), en su novela ¡Qué viva la música!

 “Víctor le dice que nada de sexo, él lo que busca es maconha, la mina asiente, dice que la espere, 10 minutos, el olor a peligro y suciedad es potente, un largo tiempo para estar en esa subsidiaria del averno (…) llega con el encargo, 8000 pesos trocados por 200 gramos de marihuana armados en cigarros, vaya a saber su origen”: Sanadius, novela de Stiv Vélez, escritor bogotano.

Bogotá era una fiesta. Lo sigue siendo para muchos. Pero a las cosas que te tentaron de joven, ya no hay para qué hacerles caso de viejo.

Lo más cerca que estuve de la bareta fue la serie “Baretta” de los años 70s, que vimos por televisión en los 80s, con el magnífico Robert Blake, el detective que a veces se disfrazaba de mujer para atrapar a los malos y en la vida real fue absuelto por el asesinato de su esposa.

—¿Has probado la marihuana? —me preguntaron una vez, y otra vez y otra vez. Y las tres veces dije la verdad.

Estar vivo es la única verdad comprobable. Sobre todo lo demás, no estoy seguro de nada. La verdad es lo real; por ejemplo, ver gente fumándose sus porros en la calle, y en la Bogotá moderna es cada vez más frecuente. Tengo la impresión de que celebran algo. Puede que sí, puede que no, aunque estar vivo debería ser motivo de celebración siempre. Para mí lo es. Estar vivo es la primera cosa importante que me pasa cada día. Pero no necesito sustancias psicoactivas para celebrarlo.

No, no he fumado marihuana, ni una sola vez, más si la he visto, pero de reojo y de lejitos, que es como se deben ver ciertas cosas antes de que se te metan en el alma y se amañen. Es que la droga, poquita o mucha, se mete hasta con el nido de la perra. Un amigo fue muchas veces al Bronx a pagar las deudas de su hermano para que lo dejaran salir de aquel inframundo. Se lo llevaba para su casa y al día siguiente desaparecían su hermano y sus tenis de marca. La historia se repetía: desaparecían su hermano y los pantalones más nuevos. La historia se repitió durante cinco años, lo único que cambiaba era el objeto robado para alimentar su adicción al bazuco.

“El murmullo de las calles se me escapaba definitivamente por entre el pliegue diminuto de los dedos y de la risa. Mierda. El ruido de la calle, el olor de la calle, el perfume del mundo se estaba diluyendo vertiginosamente en el reflejo de la lluvia y entonces le dije a la enfermera que siempre había querido una muerte así, con violencia, con whisky en mitad de los sesos, una muerte nocturna y en una ambulancia con una enfermera que me dijera que pasáramos la noche juntos”: Fragmento de la novela Opio en las nubes, del colombiano Rafael Chaparro (1963-1995).

La bareta es otra cosa, según entiendo. Una adicción que tiene nombre de mujer. La llaman Bareta, Maconha (macoña, en Brasil); Macumba, Maripepa Mariana, Doña Juana, Mary Poppins. “Voy a hablar con María”, “Me voy a ver con Juana”, “Quiero danzar con Mary Jane”, “Voy a tocar marimba”.

“Tiene nombre de mujer, porque la que produce el efecto sicotrópicos es la parte femenina de la planta, la maestra, la canalizadora…”, me dice el escritor Stiv Vélez, quien no olvida la experiencia más terrible en uno de esos “viajes”:

—“Me puso demasiado analítico, quizás porque los sentidos se agudizan en cierta medida, y recordé momentos duros del pasado, fue terrible…”.

Su nombre también está en la música y en la literatura, me cuenta Stiv, cuyas novelas recrean la Bogotá de los bajos fondos que pocos conocen. Hay canciones que hablan del respeto o conexión o de situaciones que pasan con la hierba, como Sweet leaf, de Black Sabbath; Mary Jane, de Rick James; Pass de marijana, de Mystic Roots, Tiempo pa matar, de Willie Colón…”.

Yo confieso ante ustedes que no he probado la marihuana, ni nada que se le parezca, pero siento que la probé ayer durante el Septimazo.

Desde mi casa, abordo el bus F51 y desembarco en la Estación de Transmilenio de la Calle 19 de Bogotá. Me dirijo a la calle de las librerías de segunda mano yendo en busca de una novela de Mario Vargas Llosa. La quiero dar una oportunidad al escritor peruano, recién fallecido. Hojeo “Conversación en La Catedral”: en las primeras hojas leo esto: “Ninguna otra novela me ha dado tanto trabajo; por eso, si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría ésta”. Me convenció, regateo hasta transar en veinte mil pesitos, la estoy leyendo.  

Amo el centro de Bogotá y no le temo. Desde la carrera 8ª octava con calle 16, voy hacia la carrera Séptima, y dese allí camino varias cuadras hasta la Biblioteca Nacional de Colombia.

Sí, Bogotá huele a bareta, en sus parques y en sus esquinas. Huele a bareta y en ciertas calles, en ciertas paredes, también el olor a orina humana impregna el aire, a la brava. No sé qué es peor, pero estoy seguro de que hay olores peores que la bareta y esos orines sancochados al sol de la tarde.

“La marihuana es la nueva forma de hacerse rico (…) se calcula que veinte millones de norteamericanos están consumiendo esa hierba en este momento”: La mala hierba, novela de Juan Gossain, refiriéndose al año 1971. Para 1980, agrega el pie de página, 70 millones era el número de consumidores. 

Hay lugares emblemáticos de Bogotá donde huele más a bareta: Parque de los Hippies, alrededores del Museo Nacional, Parkway, Parque de la Independencia, Parque de los Periodistas, Parque Santander y Chorro de Quevedo. Dicen que en el sector de Teusaquillo hay una galería-bar, muy apetecida por los extranjeros, donde van a consumir maconha y venden productos derivados del cannabis, como la cerveza cannábica. Conozco amigos que usan gotitas de un derivado del cannabis para conciliar el sueño; existe amplía literatura sobre sus beneficios medicinales y científicos.

Mientras camino, me topo con una traba fugaz, inofensiva, en contra de mi voluntad, claro.  No me debería preocupar lo que los demás hagan con sus vidas, pero me pregunto por qué lo hacen. ¿No ven que hay niños en la calle?

—¿A qué huele, mami?

Los padres, metidos en la grande, sin saber qué responder, responden lo de siempre: “No pregunte, mijo”, se escurre uno por la tangente.

Sobre el consumo de marihuana o de cualquier otra sustancia psicoactiva, Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, que lidera programas de prevención contra la drogadicción y el alcoholismo, recuerda que “los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos, y eso aparece en la Constitución”.  

El experto agrega que “si bien no se puede castigar a nadie por consumir sustancias psicoactivas, desde 1994 existen normas que prohíben hacerlo en sitios públicos, pero no se cumplen”. Como solución propone que los alcaldes reglamenten el consumo, de modo que se prohíba durante el día pero se permita en horas de la noche, “entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m. para no interferir con la vida de las familias y especialmente la de los niños”. Un proyecto de acuerdo que hace trámite en el Concejo de Bogotá aboga por la prohibición total. Según el Ministerio de Justicia, el consumo empieza tempranamente: a los 13.7 años de edad. 

“Sady comparte el pedazo de marihuana que compró a los engendros; el chorro y la cannabis se acaban, hay que ir por más; se siente un déja-vu, como si se hubiese vivido lo que no se vivió, zona de San Bernardo”: Sanadius, novela de Stiv Vélez, escritor bogotano.

Hablando del “Sanber”, en el diario El País hay una crónica interesante sobre la historia de este barrio, donde todavía prevalece el estilo Art Decó en algunas de sus casas antiguas, hoy convertido en un territorio en disputa por bandas dedicadas al microtráfico; de hecho allí funciona una olla, que así llaman a los expendios.

“Ahora uno solo oye todo el día a la gente repetir códigos en las calles, como ‘rojo rojo’, ‘todo capas’, ‘gato gato’”, le dice una residente a la cronista, en referencia al léxico particular de este (otro) mundo.

—Ni cocaína, ni marihuana, ni éxtasis, ni heroína, ni perico, ni nada de nada, les respondo a los curiosos. Ya estoy muy viejo para ponerme con esas pendejadas. Por esa misma razón dudo mucho de que nuestro presidente, Gustavo Petro, sea un mariguanero como vociferan por ahí. ¡Creo que está muy viejo para ponerse con esas pendejadas!

Huele a bareta en el parque, por los lados de mi casa, pero también en los alrededores de la Casa de Nariño, la verdad no sé si dentro del palacete. Un día de estos quisiera entrevistar al presidente y pedirle que se sincere. —Tranquilo, my president, no soy sapo como el doctor Leyva, le diría sin reírme para darle confianza.

—No he metido ni meteré por una sencilla razón, respondí a principios de los 90s. Íbamos como ocho embutidos todos en el Renault 4 rojo de un amigo que trabajaba como diseñador en una revista. Fumaban y reían o reían y fumaban, ¡qué importa el orden! Para entonces, yo hablaba más bien poquito.

—Con la nicotina me basta y me sobra, les decía.

Me bastaba porque ya no fumo. Lo dejé en 2020, antecitos de que nos encerraran por causa de la pandemia. El cigarrillo es la muerte a plazos, no importa si usted fuma del original o del de contrabando. Es el mismo veneno. De la bareta no puedo hablar nada, ni bueno ni malo; allá cada quien con sus cosas. “Es su problema y que con su pan se lo coman”, le aprendí a la actriz Delfina Guido, aquella vez que la entrevisté para El Espectador.

“… mucha bareta, las voces de Gaby, Víctor y Ramiro se oyen distantes (…) siente que se despega de este plano y entra en algo atemporal, es ahí donde se sumerge en el Pandemónium Muisca Alternativa, en esa otra ciudad donde el sur también existe…”: Sanadius, novela de Stiv Vélez, escritor bogotano.

Quienes fuman porro describen aquella sensación como el placer de un viaje a un más allá que, al parecer, está en el más acá interior de cada uno, acaso en el subsuelo del que hablaba Dostoiesvski en una de sus novelas, escrita tras la muerte de su esposa, afectado por trastornos emocionales. La historia trata sobre un hombre infeliz que se siente víctima de ofensas imaginarias.

Con el correr del tiempo, y de las páginas leídas, me di cuenta de que, al menos en mí, el mismo efecto lo proporciona el placer de la lectura, la buena literatura. Algunos libros se escribieron, curiosamente, bajo el efecto de ayudas extras. Dicen, por ejemplo, que Jean Paul Sartre consumía mescalina y que bajo los efectos de este alucinógeno concibió La náusea, la historia de un historiador agobiado por el sinsentido de la existencia.

La lista es larga: Tennessee Williams, Robert Louis Stevenson, Aldous Huxley, Stephen King, Jack Kerouac, Edgar Allan Poe, Truman Capote, William Faulkner, Charles Baudelaire, Charles Dickens, Allen Ginsberg, Víctor Hugo, Honoré de Balzac… y los que falten.

La revista Vanity Fair cuenta una anécdota: “En 1893 apareció publicada en Inglaterra ‘El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde’, de Robert Louis Stevenson. El autor de ‘La isla del tesoro’ escribió este clásico en seis días. Su esposa Fanny dijo: “Que un inválido como mi marido (la salud de Stevenson siempre fue frágil) haya sido capaz de escribir 60.000 palabras en seis días es increíble”. No, increíble no. Este récord, explicó posteriormente su hijastro Samuel, fue posible gracias a los efectos de la cocaína”.

Pero no hay que ir tan lejos. El escritor colombiano Andres Caicedo, antes de tomar la ruta del suicidio, dejó escrito lo siguiente en su novela “¡Que viva la música!”:“Los hombres me han llamado loco. Lo cierto es que aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan sólo de noche. Diremos pues que estoy loco. Concedo por lo menos que hay dos estados distintos en mi existencia mental: el estado de razón lúcida que no puede discutirse y que pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida, y un estado de sombra y duda que pertenece al presente y a los recuerdos que forman la segunda era de mi existencia. Lo que pasa es que soy muy feliz en la duda y en la sombra”.

La película lo muestra en imágenes.

3:30 de la tarde. Ya estoy a pocos metros de la Biblioteca Nacional. Sentados en unas sillas de madera con espaldar, observo a varios muchachos con sus porros, a lo mejor esperan la noche para seguir la fiesta o iniciar otro viaje o el regreso, no sé. Están con sus dosis mínimas, me digo, sin saber qué diablos es una dosis mínima.

En Colombia un ciudadano puede portar hasta 20 gramos de marihuana y uno de cocaína) siempre y cuando su fin no sea comercializarlo, según el Estatuto Nacional de Estupefacientes, en tanto que la ley le permite cultivar hasta veinte plantas de cannabis medicinal para autoconsumo.

El olor prorrumpe en el ambiente. Cualquiera que no sepa a qué huele la maconha, extrañamente lo sabrá cuando sienta el olor. Los miro sin mirarlos, de reojito, haciéndome el pendejo. Porque en casos así es mejor atenerse a lo que dijo Andrés Caicedo: “Las peores cosas que le pasan a uno en la vida, le pasan por meterse en lo que no le importa”. En parte tiene razón. “Es su problema y que con su pan se lo coman”.

Aquí estoy, por fin, jubiloso andando la exposición: “El cuento de la creación de Gabo”, que permaneció abierta hasta el 2 de agosto. Este viaje sí ha valido la pena. Rapidito reconozco que, en efecto, soy un adicto. Un adicto a la buena literatura. Contemplo un cuadro. Me pregunto bajo qué poder alucinante estaba Gabito en aquella cuartilla en que mandó a Remedios, la bella al cielo, en cuerpo y alma, envuelta entre sábanas. FIN.

Aunque García Márquez dejó de dibujar cuando se dedicó a escribir cuentos, de vez en cuando hacía dibujos, como este de 1971, que hizo parte de la exposición “El cuento de la creación de Gabo”, en la Biblioteca Nacional.

Hace poco menos de dos años, fui invitado a presentar una realidad del conflicto ambiental en Colombia en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, fue un espacio que compartimos con investigadores de 15 países distintos y prácticamente todas las latitudes, contó también con presencia de otros Colombianos, investigadores y comunidades, incluso Cristian Samper el director del Jeff Bezos Fund, estuvo presente. Mi presentación se tituló “the sacred plant and the wrong policy”  algunas de esas reflexiones quisiera compartir en este espacio.

Desde tiempos inmemoriales, la hoja de coca ha sido considerada sagrada por muchas comunidades indígenas de Sudamérica y particularmente en mi país, Colombia. Su consumo en forma de masticación o infusión ha estado ligado a prácticas espirituales, ceremoniales y medicinales. Sin embargo, en la modernidad, su derivado más famoso, la cocaína, ha sido demonizado, convertido en un símbolo del narcotráfico y en el eje de una guerra global con desastrosas consecuencias para las comunidades y para ecosistemas únicos. A pesar de que Colombia ha sido el epicentro de la producción de cocaína durante décadas, los dividendos económicos de esta industria ilícita no se quedan en el país, sino que alimentan mercados en Europa y Estados Unidos. La contradicción entre la sacralidad ancestral de la planta y la política represiva contemporánea muestra la necesidad de un replanteamiento serio de la política global de drogas.

La relación de la humanidad con la coca es milenaria. Los pueblos indígenas de la región andina han utilizado la hoja de coca durante siglos, no solo como un estimulante suave que ayuda a soportar el hambre y la fatiga, sino también como un puente espiritual en sus rituales. En los Andes, la coca es un símbolo de identidad y resistencia, una herencia que sobrevive a pesar de los intentos de erradicación por parte de los gobiernos y las políticas internacionales.

Pero la cocaína como sustancia química tuvo su auge en el siglo XIX, cuando fue aislada por primera vez en 1860 por Albert Niemann, un químico alemán. Su uso rápidamente se extendió en Europa y Estados Unidos. Figuras emblemáticas como Sigmund Freud la defendieron como una sustancia con propiedades beneficiosas para el ánimo y la concentración. Un caso aún más ilustrativo y divertido es el de Sherlock Holmes, el célebre detective creado por Arthur Conan Doyle, quien en varias de sus aventuras es descrito como consumidor de una solución al 7% de cocaína, la cual se inyectaba para estimular su mente y combatir el aburrimiento.

La cocaína era un producto de consumo relativamente común en la era victoriana, utilizada en tónicos, bebidas y hasta en la fórmula original de la Coca-Cola. Fue solo en el siglo XX, con el advenimiento de los movimientos prohibicionistas y la creciente asociación de la sustancia con el crimen organizado, que comenzó a ser ilegalizada en la mayoría de los países.

Colombia, Perú y Bolivia han sido los principales productores de hoja de coca y cocaína en el mundo. Según el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU de 2023, se estima que la producción mundial de cocaína alcanzó un récord histórico, con más de 2,000 toneladas métricas anuales. Sin embargo, el grueso de las ganancias no queda en las comunidades cultivadoras ni en los países productores. Se estima que en el mercado global, la cocaína genera más de 150,000 millones de dólares al año, de los cuales la mayoría termina en las arcas de organizaciones criminales en Europa y Estados Unidos.

El campesino cocalero en Colombia recibe entre 50 y 100 dólares por arroba de hoja de coca, mientras que el kilo de cocaína puede venderse en Nueva York o Londres por más de 60,000 dólares. Este brutal diferencial de precios refleja la asimetría del negocio: mientras los países productores enfrentan la violencia, la represión y la criminalización, los grandes capitales del narcotráfico se manejan en las principales economías del mundo.

Esta asimetría económica revela una brecha de valor de hasta el 600% a lo largo de la cadena de suministro. A pesar de los esfuerzos represivos, el consumo global de cocaína ha aumentado en un 22% en la última década, evidenciando el fracaso de las políticas prohibicionistas y la necesidad urgente de un enfoque regulatorio alternativo.

Desde el Plan Colombia hasta la guerra contra las drogas promovida por Estados Unidos, la estrategia ha sido la misma: erradicación, criminalización y militarización. No obstante, los resultados han sido catastróficos. En Colombia, la lucha contra la cocaína ha servido de pretexto para una guerra interna que ha dejado más de 260,000 muertos y millones de desplazados y esto sigue.

La erradicación forzada con glifosato ha afectado no solo a los cultivos de coca, sino también a los ecosistemas y a los cultivos de subsistencia de los campesinos. Además, la sustitución voluntaria ha sido un fracaso en muchos casos, ya que no existen alternativas económicas viables para las comunidades rurales. Mientras tanto, los grandes capos del narcotráfico y narco-guerrillas siguen operando con impunidad, reconfigurando sus rutas y métodos para adaptarse a las nuevas estrategias gubernamentales, es el caso actual del Cauca y el Catatumbo.

El enfoque represivo también ha tenido un impacto devastador en la sociedad colombiana. La militarización ha alimentado la corrupción, la violencia y la expansión de grupos armados ilegales. En lugar de reducir el tráfico de drogas, ha hecho que el negocio sea más lucrativo para quienes pueden operar en la clandestinidad.

 Con el paso del tiempo, la percepción de la cocaína cambió radicalmente y se convirtió en un símbolo de la cultura del exceso y el lujo en el siglo XX. En los años 70 y 80, el auge del consumo en Estados Unidos y Europa llevó a una respuesta gubernamental agresiva, cimentando la narrativa de la “guerra contra las drogas”.

También esto ha afectado el imaginario propio de la sociedad Colombiana, nuestra identidad en el mundo está fuertemente asociada a la cocaína, a la mafia y al narcotráfico, somos víctimas de una estigmatización injusta y esto también cambió la forma en que nos vemos a nosotros mismos, algo muy injusto pues no somos el 2% de los consumidores globales, además de esto nuestra participación en el negocio global es espuria.

Sin embargo, en los últimos años, han surgido nuevas visiones sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Países como Portugal han optado por la despenalización de todas las drogas, enfocándose en la reducción de daños y el tratamiento en lugar de la criminalización. Los resultados han sido positivos: una reducción en el consumo problemático y la disminución de muertes por sobredosis.

Si algo ha demostrado la historia es que la prohibición no ha funcionado. El narcotráfico sigue siendo una de las economías más rentables del mundo, y su represión solo ha servido para perpetuar la violencia en los países productores. La pregunta es: ¿qué alternativa existe?

Un enfoque más sensato debería partir del reconocimiento de la coca como lo que es: una planta con múltiples usos, cuya criminalización solo ha servido para alimentar un negocio ilegal. La regulación de la cocaína, junto con la legalización y des-estigmatización de la hoja de coca para usos tradicionales y medicinales, podría debilitar las estructuras del narcotráfico y generar beneficios para las comunidades que han sido históricamente castigadas por esta política fallida.

La regulación permitiría controlar la calidad de la sustancia, reducir la deforestación, evitar la adulteración con productos altamente tóxicos y reducir el poder de las organizaciones criminales, que hoy son amenazas en todo el hemisferio. Además, un modelo de impuestos sobre la cocaína podría generar recursos para programas de salud pública y educación.

El debate sobre las drogas está cambiando en el mundo, y América Latina debería asumir un rol protagónico en la construcción de una política alternativa. Para eso hay una oportunidad aún de mirar a las comunidades indígenas y su comprensión de la planta, su entendimiento, que en verdad dista mucho de la visión consumista y destructiva, que domina la narrativa sobre la hoja de coca desde el siglo XIX. Es urgente apostar por un enfoque basado en la salud, la regulación y el respeto por las comunidades que han sido guardianas de esta planta sagrada durante siglos y que hoy siguen afectadas en el corazón de este conflicto.♦

Preferiría hacer un trato con un equipo profesional de Buenaventura, dice, pero ese proyecto es incierto hoy, y en la búsqueda de sostenibilidad lo puramente deportivo puede desplazar a lo social por razones económicas.

En nueve años, la Academia se ha acreditado entre los agentes y buscadores de talento del fútbol colombiano por los más de diez jugadores profesionales que ha producido y porque algunos han conocido de primera mano el proceso.

Con  ocho entrenadores,  cerca de 600 prospectos y 42 ya en divisiones inferiores de clubes profesionales del país, se entiende el interés de Millonarios y Once Caldas por la Academia.

En esta entrevista, Christopher Moreno hace un repaso de los nuevos talentos que ya descollan y subraya  que en las categorías 2006 a 2009 “viene una cohorte de jugadores que van a marcar diferencia en el fútbol colombiano”.

Esa cohorte  y la generación de talentos competitivos concentra el interés de los clubes, pero el modelo de la Academia de Moreno incluye a niños y adolescentes que probablemente no se destacarán en los campeonatos.

Entrenar a ambos grupos de chicos en canchas alquiladas, horarios restringidos y con subsidios para transporte en muchos casos vuelve heroica la operación de la Academia.

Christopher Moreno fue el asistente técnico de Pacífico Fútbol Club, el equipo de Buenaventura en la B en 2010 y 2011, y sabe que a diferencia de esa fallida experiencia, esta vez un equipo profesional de la ciudad encontraría una cantera formada de jugadores.

Pero la sostenibilidad apremia y el proyecto de un equipo de la B en Buenaventura no tiene hoja de ruta.

“No quiero precipitarme en una decisión. Voy a esperar que en Bogotá me consigan una asesoría ad honorem para hacer un plan estratégico de la Academia. Si lo mejor es que la Academia trabaje para un club de otra ciudad, pues tocará”, anota.

En esta entrevista también se refiere a la infraestructura deportiva y al sueño de un centro de alto rendimiento con restaurante comunitario, ideas que son un aporte a “Buenaventura piensa en grande”. 

¿Quién es Christopher Moreno?

Christopher Moreno Arias se inició como futbolista en el municipio de Bagadó, Chocó. Sus destacadas actuaciones le merecieron una convocatoria a las divisiones juveniles de la Selección Chocó y  posteriormente fue incorporado a Independiente Santa Fe en 1989.

En el club capitalino estuvo casi diez años. Integró todas las categorías inferiores, pasando por el club Cóndor, equipo de la primera B que pertenecía a Santa Fe, hasta debutar en el equipo profesional. También jugó en condición de préstamo en el Atlético Zulia de Venezuela.

En 1998 pasó al Once Caldas, donde jugó Copa Libertadores y Conmebol. También pasó por Once Caldas, Deportivo Pereira, Envigado, Atlético Huila, Bucaramanga, Cortuluá y Pasto. Jugó además en Ecuador, Centroamérica, Corea del Sur e Israel,  antes de retirarse por causa de las lesiones y dedicarse a la formación deportiva.

Es licenciado en Educación Física de la Universidad del Magdalena y está cursando una especialización en Gerencia Deportiva.

Actualmente es director deportivo de la Academia de Fútbol Christopher Moreno y de la Fundación ChristoGol, donde entrenan fútbol con enfoque psicosocial con niños y niñas en zonas vulnerables de Buenaventura.

¿Cómo ha sido la experiencia con su Academia de fútbol en Buenaventura?

En estos nueve años, ha sido una experiencia significativa, hemos tomado el fútbol como una herramienta de formación, transformación, construcción de proyecto de vida y oportunidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Buenaventura.

Nuestra parte administrativa está ubicada en el barrio El Modelo, en la Calle 5 #40-60. En la parte deportiva, el grupo lo tenemos dividido en dos; tenemos el grupo competitivo que está participando en la Copa Telepacífico, entrenamos en la mañana en la cancha La Independencia, de 8 a 10 a.m. por lo general, nos prestan la cancha dos horas.

Hay muchos niños, jóvenes y adolescentes de los 16 años en adelante, a quienes les abrimos la puerta para ocupar el tiempo libre, no solamente en la parte competitiva, sino que también hacemos un trabajo social ocupando el tiempo libre de ellos para prevenir que sean reclutados, que tomen malos caminos.

Pero nos toca hacerlo a la vez con el grupo de la primera C porque no tenemos más espacio, nadie nos presta más canchas, no tenemos en la mañana cómo pagar una cancha. Tenemos esas dos horas en la mañana, van alrededor de 120 jóvenes y adolescentes.

Pero de todas formas nos toca abrir las puertas porque no hay para más, si nosotros los rechazamos sería entregarlos directamente a las pandillas, a un mal camino, entonces tratamos de ocupar ese tiempo para que al menos puedan entrenar y estar activos físicamente. Nos toca dos horas con esa cantidad de jóvenes y adolescentes porque no hay espacio para seguir entrenando en otro lugar.

Si yo tuviera otro espacio podría trabajar esas dos horas con ese grupo y las otras dos horas con el grupo que está en la parte competitiva en la Copa Telepacífico, torneo que organiza la Liga Vallecaucana de Fútbol.

Son jóvenes y adolescentes que, en esas edades, es muy difícil que los padres los puedan ayudar porque es un momento en que, como dicen acá en Buenaventura, “ellos ya tienen que producir”, entonces es muy difícil que ellos puedan hacer un aporte para las necesidades del club.

En la tarde trabajamos con alrededor de 450 chicos, de 2 a 4 p.m. con una categoría, de 4 a 6 p.m. con otro grupo; y de 6 a 8 p.m. va otro grupo. Nos toca alquilar la cancha de la salchipapa, pagamos el alquiler por cancha, mensualmente cada chico hace un aporte de $30 mil y nosotros como Academia Christopher Moreno ponemos el faltante para pagar las canchas mes a mes para poder entrenar. En estas canchas entrenamos tres veces a la semana, los martes, jueves y el sábado de 8 a.m. a 12 p.m.

Contamos con ocho profesores, a cada uno se le da una bonificación mensual de $500 mil, un dinero personal que directamente se invierte en el reconocimiento el trabajo de la labor que ellos nos aportan en la formación de todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes.

¿Ha sacado talentos para el fútbol profesional?

Sí, hemos ubicado muchos jugadores en diferentes clubes profesionales, entre ellos: Santiago Mosquera, Stiven Pretel, Cristian Cangá, Jhonathan Angulo, Jefrie Flores, Carlos Ibarguen, Luis Fernando Caicedo, Kevin Angulo, Diego Hernández, Emerson Rodríguez y Jhon Viveros. Tenemos 42 chicos en divisiones menores de diferentes clubes profesionales.

En realidad son muchos más, no podría recordar el listado completo. En estos momentos todos están en Buenaventura debido a la pandemia, y no sabemos si podrán continuar en los clubes o qué pasará dependiendo de cómo evolucione la pandemia.

Entre los más representativos en este momento tenemos a Wilson Danilo Cardona, tiene 15 años, está en la sub-15 del Once Caldas; allá también se encuentra Jean Marcos Angulo, tiene 17 años, está en la sub-17, al igual que Jhon Michael Riascos. Harrison Viveros Cáceres tiene 18 años y está trabajando con el equipo profesional.

En Millonarios tenemos en la sub-20 a Luis Ángel Arias, tiene 18 años, al igual que Carlos Reyes. Emerson Rodríguez, que también se encuentra en Millonarios, ya está trabajando con el equipo profesional.

En América tenemos a Kevin Angulo, central zurdo, 17 años, también está en proceso con selección Colombia; y Diego Hernández, central derecho, 19 años, también está con el equipo profesional.

En Pereira tenemos a Leyton Martínez, que está con el equipo profesional; y Juan David Mosquera, que está con la sub-20 del Deportivo Pereira. En divisiones menores de otros clubes también hay varios chicos que hemos sacado y que están haciendo sus procesos.

En el Boca Juniors de Cali está Dylan Moreno, tiene 13 años; Álex Belleizá, de 12 años; y en la selección Valle tenemos en estos momentos al único jugador de Buenaventura y goleador de la selección Valle, Arlen Darío Campaz, 13 años, está en la categoría selección Valle categoría infantil.

Carlos Ibargüen está en Cortuluá, en el equipo profesional; y así hay muchos más que están ubicados en diferentes clubes, haciendo su proceso en divisiones menores, construyendo su proyecto de vida y esperando una oportunidad.

Otros chicos que han pasado por mi mano son, por ejemplo, Santiago Mosquera, a quien llevé a Millonarios, al igual que Cristian Cangá, que llevé al Atlético Huila y de ahí pasó por diferentes equipos del fútbol colombiano.

También está Stiven Pretel, que jugó en el Cúcuta Deportivo, Cortuluá y en este momento está en Costa Rica; Jefrie Flores, a quien llevé al Once Caldas y en este momento está jugando en la tercera división en la Liga Española. Jonathan Angulo, que estuvo en divisiones menores de Millonarios y luego lo llevé al Atlético Huila, en este momento está jugando en tercera división en España.

En este momento tenemos una cantera de 600 chicos aproximadamente, donde hemos venido recuperando ese talento del puerto. En las categorías 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 viene cohorte con una proyección de jugadores muy interesante, yo sé que esa cohorte va a marcar diferencia en el fútbol colombiano.

Lo que viene va a ser grande, viene un jugador más estructurado, un jugador con más fortaleza mental, un jugador muy inteligente, un jugador con cultura futbolística del jugador de Buenaventura. Pienso que van a ser jugadores que van a dar mucho de que hablar en Colombia y fuera Colombia.

Si Buenaventura tuviera equipo en la B, ¿usted recomendaría divisiones inferiores desde qué edad y por qué?

Pienso que las divisiones menores son el futuro de todo club, recomiendo la escuela de formación con sede en las diferentes comunas y la zona rural, integrado a un trabajo social con valores desde los 4 años en adelante, organizado por categorías dependiendo la edad.

Yo tengo mi Fundación, trabajo en las diferentes comunas y en la zona rural, hacemos un trabajo de fútbol con enfoque social y construcción de tejido social, con valores y principios. El objetivo de nosotros es prevenir el reclutamiento armado de los niños, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo a temprana edad y prevenir tanta problemática social que viven nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las diferentes zonas vulnerables de Buenaventura y la zona rural.

Nosotros venimos haciendo ese trabajo acompañados un equipo psicosocial y un equipo nutricional. A través del fútbol atraemos a todos esos jóvenes, trabamos con los talleres y diferentes temáticas la problemática social que estamos viviendo.

A los chicos que a través de ese trabajo psicosocial le vemos proyección y talento, los apadrinamos y los llevamos a la academia. Nosotros respondemos por los transportes, la Fundación paga la mensualidad, le conseguimos el equipamiento deportivo y le colaboramos con el transporte para que pueda llegar a practicar.

Eso hacemos en la zona rural y en las zonas vulnerables de Buenaventura. Además, si vemos que el chico no está estudiando, gestionamos con Secretaría Educación y los colegios, y le conseguimos una institución educativa para que pueda continuar su estudio.

¿De qué modo su Academia se podría integrar al proceso de divisiones inferiores de un equipo de Buenaventura en la B?

Siempre he soñado con esa oportunidad de que los chicos de la Academia Christopher Moreno tengan la oportunidad de tener un proceso formativo en un club profesional de Buenaventura. Si mi Dios nos brinda esa Bendición estaremos trabajando 100% de corazón por el bien de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Aquí se está haciendo una inversión y trabajo social con todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Mi interés es que estos chicos lleguen a un club profesional y que tengan una verdadera oportunidad aquí en su casa; pero también hay que tener en cuenta toda la inversión y trabajo que se ha venido haciendo, y se debe respetar y buscar a través del diálogo llegar a un acuerdo para que estos chicos puedan hacer parte del proyecto de primera B que traigan aquí a Buenaventura.

Yo pienso que no es fácil lo que venimos haciendo, es muy duro porque no tenemos apoyo, no tenemos recursos, nadie nos da la mano en estos proyectos, pero tratamos de subsistir luchando con perseverancia; y pienso que el club de primera B que venga va a tener algo muy fácil porque ya hay un proyecto, un esquema y una estructura montada, y lo que vendría a hacer es terminar de fortalecerla y darle continuidad.

No como en el pasado que me tocó como entrenador del club Pacífico, aquí no había divisiones menores, no había estructura competitiva para eso; ahora sí la hay, tenemos un proceso formativo que, el club que llegue, podrá apoyarse en lo que tenemos y terminar de fortalecerlo.

¿Qué infraestructura deportiva faltaría para un proceso de divisiones inferiores ambicioso en la ciudad?

Un centro de alto rendimiento bien dotado de múltiples canchas, gimnasio, zonas húmedas, departamento médico y fisioterapia, zona de alimentación, casa hogar, departamento psicosocial, formación intelectual y personal y, algo muy importante, los escenarios para la competencia.

De concretarse el proyecto del equipo en la B, lo primero que tendríamos que hacer es acudir a la Alcaldía para ver qué espacios tiene disponible y buscar la forma de ocuparlo, ya sea de alquiler o comprarlo.

Yo he estado gestionando, he estado buscando, pero no es fácil, acá en Buenaventura la tierra es muy cara. Uno los sueños de nosotros es tener un centro alto rendimiento propio, donde los chicos no tengan que pagar ni un peso por entrenar, por alquiler de canchas, donde los chicos tengan la comodidad de prepararse como debe ser, donde podamos tener un gimnasio propio, una casa hogar para los chicos que tienen dificultad y que viven en la zona rural.

Con el equipo nutricional queremos tener un restaurante comunitario para todos los chicos, donde después de cada práctica tengan su alimentación, y también atender a los chicos que tengan problemas alimenticios o de nutrición.

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Editó: Juan David Morales, jefe de redacción de Color de Colombia.

**Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 3: Mercados inclusivos y desarrollo sostenible. Iniciativa: Promoción de consensos estratégicos para el desarrollo sostenible (sobre proyectos de gran impacto en territorios de población afrocolombiana). Proyecto: Internacional por Buenaventura 2040 (500 años de la ciudad).