Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Ese dato revela algo profundo: una ruta puede seguir abierta en el mapa, pero cerrarse en la práctica si aumenta el costo de transitarla. Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina: la victoria ya no se mide en banderas clavadas, sino en pólizas canceladas.

Tendemos a imaginar los grandes cuellos de botella de una manera dramática: minas, fragatas, drones, misiles. Sin embargo, el comercio global también depende de una capa invisible: el cálculo financiero.

Una zona no necesita estar bloqueada por fusiles y tanques para convertirse en un problema real. Basta con que se vuelva demasiado incierta, cara o riesgosa para sus operadores.

Por eso el conflicto en torno a Irán no puede leerse, únicamente, como una secuencia de ataques y represalias. Debe leerse también como una batalla por alterar las condiciones de circulación. Los caminos se cierran si los aseguradores retroceden, los armadores dudan, los fletes se recalculan o si el riesgo es incierto. La presión sobre el comercio se realiza sin la necesidad de batallones o baterías de misiles. Los bombardeos destruyen; la incertidumbre regula el desgaste.

Trump no solo ha bombardeado; su gobierno ha tenido que plantearse algo menos fotogénico: mecanismos de aseguramiento público y escoltas navales para algunos barcos en el Golfo. Esa es la confesión de que el problema ya no cabe en las acciones militares.

La pregunta principal ya no es quién puede derrotar militarmente, sino quién puede hacer más difícil la economía de su enemigo.

En este momento el objetivo no es la destrucción del rival, sino aumentar el costo de sostener la guerra, elevar la ansiedad de los ciudadanos, perturbar las rutas de abastecimiento y obligar a los gobiernos a gastar más dinero y energía en preservar la normalidad.

Por eso resulta insuficiente leer la coyuntura solo con categorías militares. La guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos es una combinación de violencia armada, dislocación económica y castigo a la infraestructura. Un ataque no solo se mide por el cráter que deja, sino por las pólizas que multiplican el valor, los servicios que encarece y el miedo que siembra en los habitantes y las bolsas de valores.

Cuando el riesgo financiero empieza a rozar la infraestructura, la guerra cambia de escala. Ya no se trata solo de cuánto cuesta mover petróleo, sino de cuánto cuesta sostener ciudades.

Ahí entra el segundo frente: el agua.

Diversos análisis advierten que las plantas desalinizadoras del Golfo han pasado a ser objetivos militares. No porque muevan mercados, sino porque sostienen vidas. Esa observación debería bastar para cambiar la manera en la que pensamos esta crisis. Cuando una región depende de infraestructuras de desalinización para sostener su vida urbana, un ataque contra ellas no es un episodio técnico: es un golpe directo contra la supervivencia y la habitabilidad.

El petróleo domina la conversación porque mueve mercados. El agua, en cambio, debería preocupar más porque sostiene el tejido social. Una interrupción de suministro afectaría hospitales, hogares, saneamiento, electricidad y orden público.

Aquí emerge la paradoja iraní. Mientras participa en una crisis regional que puede poner en jaque la infraestructura hídrica de sus enemigos, Irán arrastra su propia emergencia de agua: presas en niveles críticos, racionamiento en Teherán y la advertencia sobre una posible evacuación de la capital si la escasez empeora.

Eso significa que el agua no es solo una vulnerabilidad del entorno, sino una fractura de Irán. Irán puede resistir sanciones, aislamiento o bombardeos, pero es difícil, prácticamente imposible, resistir el deterioro de las condiciones mínimas de vida. Cuando falta el agua, la geopolítica deja de ser un juego de élites y entra en la casa de las personas.

El conflicto está mostrando algo más amplio que una simple escalada regional: la transformación de la guerra en un sistema de presión distribuida. Ya no basta con contar bajas o medir el avance de la tropa. Hay que evaluar qué pasa con los seguros, las infraestructuras civiles, los recursos hídricos y la capacidad social de soportar una crisis prolongada.

Por eso no interesa la pregunta por el vencedor militar, sino por la sostenibilidad. ¿Cuál sociedad puede soportar, durante más tiempo, la combinación de miedo, costo, precariedad y desgaste? ¿Cuál Estado puede seguir prometiendo control si no garantiza circulación, abastecimiento y servicios?

Los titulares seguirán prefiriendo el estruendo, pero la guerra, como la vida, se decide en una póliza que no se renueva o en el grifo que no provee agua. Mientras las cámaras sigan buscando el destello del próximo misil, la verdadera guerra seguirá ganándose en el silencio de un despacho o en el eco de la tubería vacía.

Un reconocido empresario deportivo internacional, dos gerentes públicos y una privada del sector salud, y una exsecretaria de Turismo y de Desarrollo Económico de Cali completan la lista.

La visita se da después de una reunión de gerentes y líderes con el rector, Esteban Piedrahíta, a comienzos de enero, y de sesiones con las áreas de apoyo financiero y filantropía.

Con el rector Piedrahita se habló del interés de acompañar el proceso formativo de estudiantes de pregrado oriundos de cerca de 60 municipios focalizados de los cuatro departamentos del Pacífico y uno de Caldas, sin importar su color de piel.

En la hora con los estudiantes, les contarán cómo llegaron a sus posiciones de responsabilidad.

También se cumplirá el segundo paso del proceso de selección para seis (6) plazas de pasantía “Un día como asistente del gerente o jefe …” en el periodo intersemestral.

Quiénes son los gerentes visitantes

No son muchos los gerentes afrocolombianos en las industrias del país, pero un número de ellos, en distintas regiones del país, está dispuesto a contribuir para que hayan más en el futuro y también paisanos de los municipios focalizados, sin importar su color de piel. Aquí la muestra de quienes lograron agendarse.

Luis Guillermo Amú Caicedo, gerente agrícola (campo y cosecha) de Ingenio Manuelita.

Ingeniero industrial de UniValle que ha hecho historia por ser el primer negro con altas responsabilidades en la industria azucarera.

• Rodrigo Abonía Mera, jefe de planta de Pavco de Occidente. Otro ingeniero industrial (de la U. Antonio Nariño) con una trayectoria pionera en una gran empresa manufacturera.

Víctor Julio González Riascos, director del Comité Intergremial de Buenaventura, ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia.

Dos veces gerente general de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y actual miembro de la junta directa de esta.

• Jorge Isaac Mosquera Lasso, cofundador de Dimel Ingeniería, una empresa exportadora de productos de valor agregado a más de 10 países. Ingeniero eléctrico de la Universidad Autónoma de Occidente.

Luis Felipe Posso, fundador y gerente de Posso Sports, firma radicada en Estados Unidos.

La firma se dedica a la representación de atletas en el mundo. Organizador de la Maratón de Cali.

• Hugo Ezequiel Perlaza Ortiz, gerente de la ESE SurOriente de Cali. Médico egresado de la Universidad Libre, MBA en Dirección y Administración de Empresas.

Carlos Gabriel Quiñonez Quintero, gerente del Hospital de segundo nivel de Santander de Quilichao, Cauca.

Enfermero con maestría en administración en Salud, y abogado especializado en Derecho Médico.

• Yohanna Balanta Fory, gerente de la IPS Humanizarte, odontóloga del Colegio Odontológico Colombiano de Cali, master de Gerencia de servicios de salud de la Universidad Libre.

Mabel Lorena Lara Dinas, laureada periodista colombiana que dio el paso al sector público, con Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario,

Se ha destacado como Secretaria de Turismo y de Desarrollo Económico de Cali.

En qué consiste la pasantía “Un día como asistente del gerente …” y cómo aplicar

Se trata de una experiencia formativa extracurricular y extralaboral que busca estimular una mentalidad y habilidades directivas en el estudiante de pregrado, al enfrentarse a una tarea asignada por un gerente o jefe.

La pasantía (presencial) implica cinco interacciones y un producto en un día, así:

• Dos interacciones de 15 a 20 minutos cada una con el gerente o jefe (la primera, de inducción y asignación de la tarea; la segunda, de revisión de borrador de producto de la tarea).
• Dos interacciones de 15 a 20 minutos cada una con sendos empleados delegados por el gerente o jefe para proporcionar información al pasante.
• Una interacción durante el almuerzo con un empleado al que el pasante haya logrado invitar.
• Un producto para atender el requerimiento del gerente o jefe (sea un diagnóstico o principio de solución de un problema), en cuya elaboración el pasante debe usar una Inteligencia Artificial.

El gerente le expedirá un certificado al pasante para su hoja de vida y le enviará a la Fundación Color de Colombia una nota evaluativa del desempeño del pasante.

Las seis (6) plazas abiertas de esta modalidad de pasantía se realizarán en las siguientes empresas (un día del periodo intersemestral a convenir):

• Empresa emblema del Valle del Cauca (se omite nombre)
• Pavco de Occidente (en la Zona Franca del norte del Cauca)
• Arrocera La Esmeralda, de Arroz Blanquita (con gerente financiera).
• Dimel Ingeniería (con gerente general).
• ESE SurOriente de Cali.
• Hospital Francisco de Paula Santander (Santander de Quilichao).

Pueden aplicar a las pasantías las siguientes condiciones de estudiantes de pregrado:

• Todos los becarios de Icesi, institucionales y empresariales, de cualquier pregrado y desde cuarto semestre.
• Los usuarios de financiación de largo plazo con la propia Universidad Icesi o con Lumni.
• Los estudiantes nacidos o que realizaron su secundaria en los 58 municipios focalizados (ver listado al final de la nota). En ninguna de estas tres categorías importa el color de la piel.
• Cualquier estudiante afrocolombiano de Icesi (menos los del Semillero Alpha Phi Alpha por ser parte de la organización).

El proceso de aplicación tiene los siguientes seis pasos:

• Paso 1: postulación mediante inscripción a “Hora estudiantil con gerentes” (27/feb, 8am, Auditorio Sidoc), cuya asistencia es opcional, y mini-test de mentalidad de crecimiento, que pueden hacerlo de cualquier semestre (en un mismo formulario en línea, que enviará Filantropía de Icesi por correo). Plazo: 26/feb.
• Paso 2: “Buscando mi madredeDios”: los que logren saludar de mano firme y mirando a los ojos a un gerente el 27/feb y “echarle el speech de 20 segundos en el ascensor”, ganarán puntos y recordación. Es opcional esta prueba de personalidad.
• Paso 3: Test de hoja de vida y rasgos del carácter en línea: del 15 al 31 de marzo.
• Paso 4: Publicación de semifinalistas: 30 de abril.
• Paso 5: Test de caso de estudio en línea y entrevista grupal virtual: entre el 04 y el 15 de mayo.
• Paso 6: Publicación de seleccionados: 22 de mayo.

57 municipios focalizados en el Pacífico (y 1 en Caldas)

Los municipios se han seleccionado por su significativa población afrocolombiana, pero cualquier estudiante oriundo de uno de ellos puede aplicar.

Asumimos que tiene una relación emocional y un compromiso cívico o moral con su municipio de origen, por lo que importa apoyar la formación del capital humano que puede ayudar a progresar a ese municipio y sus habitantes.

• De Valle del Cauca (4): Buenaventura, Candelaria, Zarzal y Dagua.
• Del Cauca (12): Guapi, López de Micay, Timbiquí, Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Padilla, Patía, Buenos Aires, Suárez, Miranda, Santander de Quilichao.
• De Nariño (10): Tumaco, Francisco Pizarro, Santa Bárbara, Magüi, Olaya Herrera, Roberto Payán, Barbacoas, Mosquera, El Charco, La Tola.
• De Chocó (31): todos los municipios.
• De Caldas (1): Marmato.

Si algún estudiante es nacido en el Caribe: por ejemplo, en Turbo (Antioquia), San Onofre (Sucre), El Paso (Cesar) o María La Baja (Bolívar), puede escribir a semilleros@fundacioncolordecolombia.org para preguntar si su municipio está focalizado (los cuatro mencionados lo están).

Qué son los semilleros Alpha Phi Alpha

Es un espacio social estructurado en universidades dedicado al apoyo y al auto-liderazgo para la formación integral y de competencias de alto nivel de futuros profesionales exitosos e influyentes.

El programa de Semilleros Alpha Phi Alpha considera que “los años del pregrado pueden ser el tiempo irrepetible para transformarse y construirse a sí mismo de un modo que le asegure un resto de vida muy distinto del probable si no hubiera accedido a una universidad de calidad”.

El nombre de Alpha Phi Alpha obedece a su relación con la tradición de la fraternidad centenaria del mismo nombre en Estados Unidos, con capítulos en numerosas universidades de ese país.

Los integrantes de un Semillero Alpha Phi Alpha asumen un proyecto de vida universitaria con metas elevadas, como por ejemplo:

• En desempeño académico: promedio acumulado de 4.0+
• En inglés, graduarse con nivel C1 al menos e intercambio con capítulo de Alpha Phi Alpha en EE.UU.
• En movilidad académica: asignatura en otra universidad, semestre en otra ciudad del país y semestre en otro país.
• En inserción temprana en ámbitos profesional, laboral y social: pasantías, prácticas y trabajos de grado estratégicos y aceleradores de trayectoria.
• En compromiso social: apoyo a los pilos que vienen detrás de su colegio.

Los estudiantes que asumen el proyecto de vida universitario enfocado entran a un entorno de apoyo de afrocolombianos y aliados destacados, con un coach, entre los servicios.

En principio, hacen parte los que vienen de Semilleros de Becarios U (de Fundación Color de Colombia), desde grado octavo o noveno, pero en el segundo semestre de 2026 habrá admisiones para otros pilos.

Los Semilleros de Becarios U integran estudiantes pilos afros y no afros, lo mismo que los Semilleros Alpha Phi Alpha.

En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

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El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

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Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El episodio se transmitirá este miércoles 11 de febrero, de 6:00 pm a 6:30 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador.

Los candidatos invitados (por su peso específico), que serán entrevistados por Carolina Cortés, presentadora, y un periodista de la redacción Política de El Espectador, son:

• Alex Pichi, el popular músico del folclor del Pacífico norte aspira a una curul afro en la Cámara de Representantes, avalado por el Consejo Comunitario Cuenca Río Ovejas, # 301, con el apoyo de Soy Porque Somos, el equipo de la vicepresidenta Francia Márquez.
• Estefanel Gutiérrez, exconcejal de Barranquilla, candidato a la Cámara por el Atlántico, en la lista de Cambio Radical, # 107.
• Benildo Estupiñan, exsecretario de Gobierno de Nariño, aspira a una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes, por el Partido Ecologista Colombiano, # 301.

Será la emisión 166 de «Revista Colombia Afro TV», en undécima temporada (séptimo año), un programa de la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador.

El interés estratégico que motiva la serie (de cinco episodios) es si en 2026-2030 habrá el control político necesario al gobierno nacional para impulsar el progreso de subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana.

Este enfoque territorial enfatiza la necesidad de infraestructura de conectividad, servicios públicos y desarrollo económico (oportunidades empresariales y empleo formal).

Las 10 preguntas para los candidatos invitados

Las preguntas buscan que los electores conozcan posiciones programáticas y políticas de los aspirantes al Congreso.

1) Brevemente, ¿qué quiere representar en el Congreso de la República en términos de ideas de su partido, de sus valores como persona y de los intereses de poblaciones o electorados a los que está pidiendo el voto?

2) ¿En cuál Comisión Permanente del Congreso (2026-2030) quisiera estar para ocuparse de qué temas y en particular para hacer seguimiento a qué gran proyecto de interés de su región?

3) Cuál es su balance del actual gobierno frente a la población afrocolombiana, qué logro y qué frustración destaca?

4) ¿Qué podría mejorar usted en el Congreso respecto de la forma cómo se ha ejercido la representación en la Cámara y el Senado?

5) ¿En el Congreso de la República usted sería doliente, impulsor y control político de qué proyecto grande de infraestructura de conectividad en su región y de cuál inversión en servicios públicos? (en concreto)

Preguntas de respuesta corta (sí o no, calificación numérica)

6) Modificar la actual reglamentación de la consulta previa: ¿sí o no?

7) Puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano: ¿sí o no?

8) Tiene las debidas garantías de seguridad para adelantar su campaña en los territorios: ¿sí o no, y por qué?

9) ¿Usted apoyará a un candidato a la presidencia en la primera vuelta?: ¿sí o no? (no estamos preguntando a quién).

10) De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez?: solamente un número. 10 es igual a excelente.

Revista Colombia Afro TV

Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones, y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia (mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org)

Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Líneas estratégicas: 2) Educación de calidad y equidad; y 3) Empoderamiento económico y calidad de vida.

El episodio se transmitirá este miércoles 11 de febrero, de 5:30 pm a 6:00 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador.

Los candidatos invitados (por su peso específico), que serán entrevistados por Carolina Cortés, presentadora, y un periodista de la redacción Política de El Espectador, son:

• Ana Carolina Quijano, exviceministra de educación superior, aspirante por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes, en la lista de la Coalición Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso), # 111.
• Libardo Asprilla, exconcejal de Bogotá, candidato a la Cámara por Bogotá, en la lista de Nuestra Fuerza, # 101.
• Gisella Palacios, exgestora social del Chocó, aspirante al Senado de la República en la lista de Alianza Verde, # 70.

Será la emisión 165 de «Revista Colombia Afro TV», en undécima temporada (séptimo año), un programa de la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador.

El interés estratégico que motiva la serie (de cinco episodios) es si en 2026-2030 habrá el control político necesario al gobierno nacional para impulsar el progreso de subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana.

Este enfoque territorial enfatiza la necesidad de infraestructura de conectividad, servicios públicos y desarrollo económico (oportunidades empresariales y empleo formal).

Las 10 preguntas para los candidatos invitados

Las preguntas buscan que los electores conozcan posiciones programáticas y políticas de los aspirantes al Congreso.

1) Brevemente, ¿qué quiere representar en el Congreso de la República en términos de ideas de su partido, de sus valores como persona y de los intereses de poblaciones o electorados a los que está pidiendo el voto?

2) ¿En cuál Comisión Permanente del Congreso (2026-2030) quisiera estar para ocuparse de qué temas y en particular para hacer seguimiento a qué gran proyecto de interés de su región?

3) Cuál es su balance del actual gobierno frente a la población afrocolombiana, qué logro y qué frustración destaca?

4) ¿Qué podría mejorar usted en el Congreso respecto de la forma cómo se ha ejercido la representación en la Cámara y el Senado?

5) ¿En el Congreso de la República usted sería doliente, impulsor y control político de qué proyecto grande de infraestructura de conectividad en su región y de cuál inversión en servicios públicos? (en concreto)

Preguntas de respuesta corta (sí o no, calificación numérica)

6) Modificar la actual reglamentación de la consulta previa: ¿sí o no?

7) Puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano: ¿sí o no?

8) Tiene las debidas garantías de seguridad para adelantar su campaña en los territorios: ¿sí o no, y por qué?

9) ¿Usted apoyará a un candidato a la presidencia en la primera vuelta?: ¿sí o no? (no estamos preguntando a quién).

10) De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez?: solamente un número. 10 es igual a excelente.

Revista Colombia Afro TV

Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones, y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia (mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org)

Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Líneas estratégicas: 2) Educación de calidad y equidad; y 3) Empoderamiento económico y calidad de vida.

Fredy Edinson Largo Suárez, abogado; Juan Carlos Torres, trabajador social, y Jhon Alexander Pino Salas, administrador público, presentarán el trabajo de grado:

“Evaluación del ordenamiento territorial como habilitante para el desarrollo sostenible en la región de Urabá: articulación de instrumentos de planeación territorial con megaproyectos de infraestructura regional”.

La tesis fue asesorada por Juan Carlos García, y hace parte de diez trabajos de grado enfocados en la región de Urabá-Darién, de una cohorte becada por la Fundación Sura, que sustentará el 12 y 13 de febrero.

La siguiente es una reseña centrada en Turbo realizada con asistencia de Inteligencia Artificial y curaduría humana.

Turbo en la región funcional de Urabá: claves desde la tesis de ordenamiento territorial

La tesis sobre ordenamiento territorial de la subregión de Urabá ofrece insumos valiosos para entender el papel del Distrito de Turbo en el desarrollo regional y, en particular, para alimentar el debate sobre la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Lejos de proponer modelos abstractos, el trabajo analiza las dinámicas reales de ocupación, interdependencia y gobernanza, con implicaciones directas para la planificación local.

Un modelo de ocupación portuario, pero frágil

La tesis no formula un “modelo ideal” para Turbo, pero sí caracteriza con claridad su modelo efectivo de ocupación del territorio.

En su evaluación comparativa de municipios, Turbo es clasificado dentro del grupo de baja coherencia territorial, asociado a una urbanización costera desordenada y a tensiones con grandes proyectos:

“Turbo 2.3 – Urbanización costera desordenada; conflictos con megaproyectos portuarios”.

En el análisis específico del POT del Distrito, la tesis reconoce que existe una visión estratégica clara en torno al desarrollo portuario, pero subraya sus límites estructurales:

“Un distrito con coherencia portuaria y grandes retos en gestión e infraestructura”.

Y añade un elemento central para la planificación:

“Ambos documentos, POT y PDT, comparten una visión de crecimiento y consolidación portuaria, aunque su viabilidad práctica se ve limitada por la dependencia de recursos externos y la precariedad de los servicios básicos”.

La conclusión implícita es contundente: el modelo portuario de Turbo es funcional en lo estratégico, pero institucionalmente débil si no se acompaña de gestión del suelo, servicios públicos e infraestructura urbana.

Le puede interesar: POT de Turbo: cuál modelo de ocupación del territorio y riesgos de corrupción

Urabá como región funcional, no administrativa

Uno de los aportes centrales de la tesis es su definición de Urabá como región funcional, más allá de las divisiones político-administrativas:

“Subregiones de Urabá… consideradas, para este trabajo, como región territorial, por las dinámicas comunes, cercanía e interdependencia de conectividad, ecosistémica y social”.

Desde esta perspectiva, Turbo no se analiza de forma aislada, sino como parte de un sistema territorial interdependiente, especialmente dentro del denominado eje del desarrollo:

“El eje del desarrollo (Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa) presenta una alta conectividad logística y digital, impulsada por los megaproyectos de infraestructura”.

Esto tiene implicaciones directas para el POT: la planificación de Turbo no puede pensarse solo desde sus límites distritales, sino desde su rol funcional dentro del sistema regional.

El rol funcional de Turbo frente a los demás municipios

La tesis asigna a Turbo un rol predominantemente logístico-portuario, en complementariedad con otros municipios del eje bananero. En particular, se evidencia una relación funcional estrecha con Apartadó, incluso en servicios básicos:

“Proyecto Sable… para suplir las demandas de agua potable futuras del municipio de Apartadó y el distrito de Turbo, entes territoriales de mayor incidencia en el desarrollo portuario; demostrando un asomo de visión regional”.

Asimismo, se señala que los municipios del eje —Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo— concentran la mayor conectividad logística de la subregión, reforzando la idea de un sistema policéntrico, donde Turbo actúa como plataforma portuaria más que como centro urbano dominante.

Infraestructura estratégica y tensiones territoriales

La relación de Turbo con las grandes obras de infraestructura es directa y determinante. La tesis describe a Urabá como una subregión en transformación acelerada por megaproyectos:

“La subregión de Urabá… se encuentra en una fase de transformación económica impulsada por megaproyectos de infraestructura (puertos, vías 4G, zonas francas)”.

Sin embargo, advierte que esta transformación no ha ido acompañada de un fortalecimiento equivalente de la planificación:

“Esta dinámica de inversión no ha sido acompañada por un fortalecimiento proporcional de los instrumentos de planificación territorial”.

En el caso de Turbo, esta brecha se expresa en conflictos entre expansión urbana, uso del suelo costero y desarrollo portuario.

Un mensaje claro para el POT de Turbo

Leída en sus propios términos, la tesis ofrece un mensaje exigente para el Distrito de Turbo. Reconoce su centralidad estratégica en la región funcional de Urabá, pero también evidencia que los principales obstáculos no son técnicos:

“El problema del suelo y los servicios públicos en Urabá no es técnico: es político y de gestión”.

Para el POT de Turbo, esto implica asumir explícitamente su rol regional, fortalecer la gestión del suelo, condicionar la expansión urbana a la provisión efectiva de servicios y articularse de manera real con los municipios del eje del desarrollo.

Sin ello, el modelo portuario corre el riesgo de profundizar desequilibrios en lugar de traducirse en desarrollo territorial sostenible.

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Iniciamos una serie de notas técnicas en lenguaje sencillo que ayudará a enmarcar y entender más el proceso para facilitar una mejor participación.

En esta primera nota se muestra por qué es importante el POT, cuál es la primera gran decisión que debe tomarse (el modelo de ocupación del territorio), decisiones políticas concretas y riesgos típicos de corrupción asociados a esa primera decisión.

Por Daniel Mera Villamizar, con asistencia de Inteligencia Artificial (ChatGPT) para uso de volúmenes de literatura experta y normatividad.

¿Por qué es importante el Plan de Ordenamiento Territorial?

La planificación del desarrollo territorial no es un ejercicio técnico accesorio: es una condición habilitante del desarrollo económico, social y ambiental.

En Colombia, el ordenamiento territorial se concibe como un proceso colectivo que busca un desarrollo “ambientalmente sostenible, económicamente competitivo, socialmente justo y fiscalmente viable”, reconociendo las dinámicas propias de cada territorio y sus conflictos de uso.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) subraya que el desarrollo no ocurre en abstracto, sino en territorios concretos donde interactúan el agua, los suelos productivos, la infraestructura, la población y los ecosistemas.

Por ello, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) son los dos instrumentos integrales con los que cuentan municipios y distritos para orientar su desarrollo.

Cuando estos instrumentos, POT y PDT, están bien formulados y articulados, permiten reducir conflictos, orientar inversiones públicas y dar previsibilidad a la acción privada.

La primera gran decisión: el modelo de ocupación del territorio

La planificación territorial es clave porque define el modelo de ocupación del territorio, es decir, cómo se localizan las actividades económicas, la población y las infraestructuras que las soportan.

Según la Ley 388 de 1997, el POT “establece la estructura urbano-rural e intraurbana, determina las grandes infraestructuras requeridas y define los sistemas de comunicación vial del municipio”.

Esto convierte al POT en un instrumento estructurante del desarrollo económico, no solo en un marco normativo del uso del suelo.

La experiencia colombiana muestra que cuando el POT carece de modelo explícito de ocupación, el desarrollo se vuelve reactivo y fragmentado, lo que limita su capacidad para orientar inversiones públicas y privadas de largo plazo.

En contraste, donde el POT articula proyectos de movilidad, vivienda y servicios públicos, se crean condiciones más favorables para el desarrollo territorial sostenible.

Así, la primera gran decisión es el modelo de ocupación del territorio, que la toma el alcalde distrital, pero no discrecionalmente, porque es la realidad en gran medida la que dicta cuál debe ser ese modelo.

Claro, el alcalde se puede equivocar de modelo o no adoptar realmente un modelo, que es otra forma de equivocarse.

¿Cuáles son las tres opciones de modelo de ocupación del territorio?

La literatura sobre ordenamiento territorial en Colombia coincide en que el modelo de ocupación del territorio es el núcleo estratégico de un POT: define dónde crecer, dónde proteger y cómo articular usos del suelo, población e infraestructura. No se trata solo de zonificación, sino de una apuesta de desarrollo implícita.

Entre los modelos más frecuentes está el modelo compacto o de consolidación, que prioriza la densificación urbana, el aprovechamiento de infraestructura existente y la contención de la expansión.

Este modelo busca eficiencia fiscal, menor huella ambiental y mejor acceso a servicios, y es recomendado cuando existen altos costos de provisión urbana y riesgos ambientales.

Otro enfoque es el modelo policéntrico o de nodos, que promueve varios centros urbanos o subcentros articulados por infraestructura y servicios.

Este modelo es particularmente relevante para regiones funcionales y áreas metropolitanas, donde la productividad depende de la conectividad entre municipios y de la especialización territorial.

Finalmente, se identifica el modelo ambiental o de ordenamiento alrededor del agua, que parte de las estructuras ecológicas principales —cuencas, áreas protegidas, riesgos— como determinantes del uso del suelo.

Este enfoque busca compatibilizar desarrollo productivo y sostenibilidad, reduciendo conflictos y costos futuros.

Los expertos coinciden en que el éxito de cualquier modelo depende menos de su formulación formal y más de su coherencia con la realidad territorial, su viabilidad fiscal e institucional, y su capacidad de implementación sostenida en el tiempo.

Como en Fundación Color de Colombia creemos que el modelo policéntrico o nodal (por Currulao, Nueva Colonia, El Tres y Río Grande) es el que mejor se adecúa a Turbo, vamos a compartir las decisiones políticas concretas y los riesgos de corrupción típicos asociados a ese modelo.

Decisiones políticas concretas del modelo policéntrico

La lógica es articular territorio para productividad y cohesión regional; el desafío es la complejidad institucional y necesidad de coordinación entre centros poblados, y la virtud clave es la productividad territorial y la reducción de desigualdades espaciales.

Decisiones concretas en el POT:

Perímetro urbano

• Definición de varios centros urbanos o subcentros con funciones diferenciadas.
• Coordinación intermunicipal (hecho metropolitano o región funcional).

Vivienda

• Desarrollo de vivienda cerca de nodos de empleo y servicios, no solo del centro principal.
• Reducción de desplazamientos largos hogar-trabajo.

Suelo industrial y logístico

• Localización estratégica en nodos conectados a corredores viales, puertos o plataformas logísticas.

Infraestructura

• Inversión prioritaria en conectividad entre nodos (vías, transporte regional, TIC).
• Planeación conjunta de equipamientos (hospitales, educación superior, centros tecnológicos).

El modelo de ocupación del territorio no es técnico: es una decisión política sobre quién gana, quién paga y cuándo.

Un POT coherente alinea perímetros, vivienda, suelo productivo e infraestructura con un proyecto explícito de desarrollo, no con la improvisación ni con la captura de rentas.

Riesgos típicos de corrupción en el modelo policéntrico y cómo prevenirlos en el POT

Riesgos de corrupción más frecuentes (aquí hemos incorporado los riesgos del modelo compacto o de consolidación):

• Definición oportunista de nodos para valorizar suelos específicos.
• Sobredimensionamiento de infraestructura para justificar proyectos privados.
• Manipulación de normas de densidad (índices de construcción y ocupación) para beneficiar predios específicos.
• Cambios ad hoc en usos del suelo en zonas de renovación urbana con información privilegiada.
• Captura del POT por grandes desarrolladores en procesos de redensificación.
• Subvaloración o no cobro de plusvalía en proyectos de alto aprovechamiento urbano.

Cómo prevenir desde el POT

• Criterios técnicos explícitos y verificables para definir nodos (accesibilidad, empleo, servicios, conectividad).
• Jerarquización de inversiones según impacto distrital y no por presión política.
• Cláusulas de coherencia territorial que impidan desmembramientos del Distrito.
• Reglas automáticas y generales de densificación (rangos claros por tipología de zona), evitando excepciones prediales.
• Delimitación previa y cerrada de áreas de renovación urbana, aprobadas con el POT y no por acto administrativo posterior.
• Cálculo y cobro obligatorio de plusvalía asociado al aumento de edificabilidad, con destinación explícita (espacio público, vivienda social).
• Registro público de cambios normativos con trazabilidad de decisiones y responsables.

La corrupción en el ordenamiento territorial no ocurre por falta de planes, sino por exceso de discrecionalidad mal diseñada.

Un buen POT no promete ciudades ideales: reduce oportunidades de captura, limita decisiones caso a caso y hace predecible el uso del suelo.

Le puede interesar (algunos antecedentes de Fundación Color de Colombia con Turbo):

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• Sondeo en Turbo: aguas residuales y acueducto encabezan prioridades ciudadanas
•  “Banano tiene admisibilidad”: Sin Kit I, de Cámara Colombo China, en Foro Turbo 2040

El episodio se transmitirá este jueves 29 de enero, de 6:00 pm a 6:30 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador.

Los candidatos invitados (por su peso específico), que serán entrevistados por Carolina Cortés, presentadora, y Sebastián Pérez, periodista de la redacción Política de El Espectador, son:

• Astrid Sánchez Montes de Oca, actual congresista, encabeza la lista del Partido de la U para la Cámara por el Chocó (#101);
• Ariel Palacios Angulo, de la lista al Senado del Frente Amplio Unitario (#7), representando la alianza de Soy Porque Somos (de la vicepresidenta Francia Márquez) con el partido La Fuerza (liderado por Roy Barreras),
• Jorge Iván Mina Lasso, aspirante a curul afro de Cámara por el Consejo Comunitario Manuel Zapata Olivella de Santander de Quilichao, Cauca (#301).

Será la emisión 164 de «Revista Colombia Afro TV», en undécima temporada (séptimo año), un programa de la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador.

El interés estratégico que motiva la serie (de tres episodios) es si en 2026-2030 habrá el control político necesario al gobierno nacional para impulsar el progreso de subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana.

Este enfoque territorial enfatiza la necesidad de infraestructura de conectividad, servicios públicos y desarrollo económico (oportunidades empresariales y empleo formal).

Las 10 preguntas para los candidatos invitados

Las preguntas buscan que los electores conozcan posiciones programáticas y políticas de los aspirantes al Congreso.

1) Brevemente, ¿qué quiere representar en el Congreso de la República en términos de ideas de su partido, de sus valores como persona y de los intereses de poblaciones o electorados a los que está pidiendo el voto?

2) ¿En cuál Comisión Permanente del Congreso (2026-2030) quisiera estar para ocuparse de qué temas y en particular para hacer seguimiento a qué gran proyecto de interés de su región?

3) Cuál es su balance del actual gobierno frente a la población afrocolombiana, qué logro y qué frustración destaca?

4) ¿Qué podría mejorar usted en el Congreso respecto de la forma cómo se ha ejercido la representación en la Cámara y el Senado?

5) ¿En el Congreso de la República usted sería doliente, impulsor y control político de qué proyecto grande de infraestructura de conectividad en su región y de cuál inversión en servicios públicos? (en concreto)

Preguntas de respuesta corta, sí o no

6) Modificar la actual reglamentación de la consulta previa: ¿sí o no?

7) Puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano: ¿sí o no?

8) Tiene las debidas garantías de seguridad para adelantar su campaña en los territorios: ¿sí o no, y por qué?

9) ¿Usted apoyará a un candidato a la presidencia en la primera vuelta?: ¿sí o no? (no estamos preguntando a quién).

10) De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez?: solamente un número. 10 es igual a excelente.

Revista Colombia Afro TV

Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones, y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia (mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org)

Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Líneas estratégicas: 2) Educación de calidad y equidad; y 3) Empoderamiento económico y calidad de vida.