1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Con el ánimo de contribuir al conocimiento ciudadano de las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, ASODIPLO publica, en el orden en que las ha recibido, las respuestas a su cuestionario sobre política exterior. Comenzamos con las enviadas por la candidata Claudia López, por el movimiento Imparables.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

Nuestra política exterior responderá a intereses nacionales asociados a la seguridad, el aumento de la productividad, y la protección del patrimonio ambiental de Colombia, siendo una voz relevante como país del Sur Global en el contexto de los profundos cambios que experimenta el orden mundial en la actualidad. Desarrollaremos a una diplomacia estratégica, moderna y enfocada en resultados. 

Los principios tradicionales de la política exterior colombiana —soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de controversias y multilateralismo— seguirán siendo fundamentales. Pero debemos actualizarlos en un mundo multipolar, tecnológicamente competitivo y geopolíticamente inestable desde un enfoque pragmático, responsable y que apunte a la diversificación de nuestras apuestas estratégicas. 

Por eso, nuestro gobierno impulsará tres grandes prioridades.

Primero, fortalecer la seguridad nacional mediante cooperación internacional efectiva contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y las amenazas híbridas, incluyendo la ciberseguridad y la desinformación. Venezuela será una prioridad estratégica por el impacto que tiene la inestabilidad fronteriza sobre nuestra seguridad y economía. 

Segundo, diversificar las relaciones económicas y comerciales de Colombia. Durante décadas concentramos excesivamente nuestra dependencia en un solo socio. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado, pero Colombia debe ampliar mercados, atraer inversión con transferencia tecnológica y fortalecer su inserción en Asia-Pacífico. Asimismo, debe abrirse camino en los mercados de Medio Oriente y del mundo musulmán, que se perfilan como algunos de los de mayor crecimiento en los próximos años.

Tercero, posicionar a Colombia como un actor relevante en la agenda climática global. Somos una potencia ambiental y debemos convertir la Amazonía, la transición energética y la biodiversidad en instrumentos de liderazgo internacional, movilización de recursos y generación de nuevas industrias sostenibles. 

Gobernaremos con firmeza y mesura, alejándonos de la diplomacia de micrófono y bravuconerías, privilegiando una política exterior seria, profesional y predecible. 

2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

La política exterior de Colombia vive una transición histórica: de un orden unipolar dominado por Estados Unidos hacia una inserción estratégica en un entorno multipolar más inestable. El multilateralismo heredado de la Segunda Guerra Mundial ha demostrado ser insuficiente para prevenir conflictos como la invasión rusa a Ucrania o el genocidio en Gaza. Las reglas que rigieron las relaciones internacionales durante las últimas cuatro décadas están cambiando, y Colombia debe estar preparada para navegar ese entorno con inteligencia, apego a sus valores y su liderazgo como país de renta media del Sur Global.

Bajo mi gobierno, Colombia defenderá activamente los bienes públicos globales: la biodiversidad amazónica, el agua, la paz y los derechos humanos. En foros como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, Colombia actuará desde sus ventajas comparativas: su experiencia en construcción de paz, su biodiversidad, su posición geográfica y su rol como referente en justicia transicional. La defensa de los derechos humanos y la condena contundente a quienes los violen —sean Estados, organizaciones o personas— serán una constante. Colombia no guardará silencio frente a violaciones graves.

3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Desarrollar agendas claras, diferenciadas y complementarias con cada actor global estratégico, será la clave para las relaciones bilaterales. Desplegaremos un esfuerzo de gobierno, a nivel intersectorial y subnacional, para construir agendas de trabajo con los países más estratégicos para Colombia. El contexto actual nos exige entender que hoy el mundo es multipolar. Mi gobierno reconocerá las relaciones que se han consolidado en el tiempo, reduciendo dependencias inconvenientes, y navegando con pragmatismo y responsabilidad los cambios geopolíticos en curso.

• Estados Unidos. Es la relación más consolidada y, en consecuencia, prioritaria del país que se extiende por más de 200 años. Hoy la agenda de Colombia con EEUU pasa por la restauración de la democracia en Venezuela. Tenemos el interés común de estabilizar el país vecino para mejorar las inversiones, el comercio, y la capacidad de respuesta conjunta frente al crimen organizado transnacional. Al presidente Donald Trump mi gobierno le propondrá un Plan Colombia Venezuela con tres componentes: i) inversiones público-privadas de desarrollo productivo en la frontera; ii) formación del recurso humano asociado a la industrialización de la economía en la frontera; y iii) cooperación militar para fortalecer la efectividad de las operaciones contra las estructuras del crimen organizado transnacional y recuperar la seguridad en zonas donde la Paz Total ha facilitado el control territorial de esos grupos ilegales. Se institucionalizarán nuevamente los canales diplomáticos, se restaurará la agenda bipartidista con el Congreso estadounidense y se transitará de la “lucha contra las drogas” —enfocada en el campesino— hacia una cooperación contra el crimen organizado transnacional focalizada en sus finanzas, cabecillas y estructuras. Retomaremos la colaboración en inteligencia y capacidad operativa con EEUU desde un enfoque de corresponsabilidad, subrayando la obligación que tiene Colombia de aumentar sus inversiones y capacidades propias en materia de defensa, seguridad y justicia. 
• China: se construirá una agenda estratégica con tres ejes: transferencia de tecnología, reequilibrio de la balanza comercial y cooperación contra prácticas desleales. En los primeros 100 días de mi gobierno se presentará un plan de acción con una agenda concreta. China debe ocupar el lugar que le corresponde como segunda economía mundial y segundo socio comercial de Colombia. El déficit de más de 12.000 millones de dólares con China se gestionará con inteligencia: los bienes de capital que aumentan la productividad son bienvenidos; la competencia desleal y el contrabando, no. Promoveremos mayor cooperación educativa para que ´más colombianos conozcan el idioma y se familiaricen con su cultura.
• Unión Europea y Canadá: se preservarán y profundizarán los acuerdos existentes, aprovechando los capítulos de cooperación y apoyo a PYMES. También será una prioridad la colaboración alrededor de inversiones para mitigar y adaptarnos al cambio climático, como país con importantes activos ambientales y potencial de desarrollar energías limpias, y generar capacidades en el talento humano para los negocios asociados.  Europa es clave también en cooperación militar, y justicia.
• India, Emiratos Árabes Unidos y países del Golfo: EAU será el canal de entrada a Medio Oriente y al mercado musulmán, particularmente de productos agroindustriales. India es una potencia tecnológica y demográfica con la que Colombia puede avanzar en ciencia, tecnología e innovación.
• Asia-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia): Japón será socio en movilidad limpia, educación técnica y ciudades inteligentes. Corea del Sur —con quien Colombia tiene historia de cooperación desde la guerra de los años 50 y un TLC vigente— será el principal aliado para la manufactura avanzada y la digitalización. Con Vietnam y Tailandia se profundizará la cooperación frente a prácticas agroindustriales y esquemas de formación para mejorar su productividad.
• África y Sur Global: Como país de renta media con el peso que nos corresponde en las dinámicas mundiales a nivel económico, político e institucional, lideraremos activamente espacios en los que la perspectiva del Sur Global sea determinante en el contexto actual, bajo los principios del derecho internacional. Colombia profundizará la cooperación cultural y educativa con África, consolidando la búsqueda de nuevos mercados. Adicionalmente, participará activamente en espacios como los BRICS y el AIIB, no como receptor pasivo sino como socio aportante en biodiversidad, energías limpias y conocimiento.

4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

Colombia necesita una acción fronteriza y regional enfocada, menos en disputas políticas e ideológicas, y más en resultados concretos en temas estratégicos para el país como seguridad, protección ambiental, infraestructura, energía, movilidad humana, y comercio. Priorizaremos agendas estratégicas con los mecanismos de integración regional, en función de la vocación, potencial y límites de cada uno de ellos en el contexto hemisférico actual.

Con la CELAC fortaleceremos la efectividad de la coordinación de la respuesta regional en materia de cambio climático, transición energética, movilidad humana, y crimen organizado transnacional, particularmente. 

Con OTCA gestionaremos cooperación en seguridad, conservación ambiental y desarrollo productivo con énfasis en bioeconomía y agroindustria. Impulsaremos mecanismos coordinados para enfrentar el crimen organizado transnacional, especialmente en fronteras y corredores amazónicos. La cooperación regional será esencial para combatir narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y lavado de activos. La Amazonía será un eje prioritario de articulación regional. Colombia promoverá acuerdos para combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y movilizar financiación climática internacional. 

Reanimaremos la Alianza del Pacífico para intensificar la colaboración entre Colombia, Chile, México y Perú en materia de productividad. Debe convertirse nuevamente en nuestra principal plataforma de inserción hacia Asia, teniendo como base la innovación y cadenas regionales de valor. En el marco de la OEA impulsaremos temas como seguridad, crimen organizado y migración. 

La estabilidad democrática y económica de Venezuela representa una prioridad de seguridad nacional para Colombia. Por lo tanto, creemos que el camino es que los venezolanos elijan su gobierno en las urnas de manera libre y transparente. Acompañaremos una transición que restaure su democracia y libertad, que promueva las inversiones productivas que beneficien a los dos países, y que contrarreste el accionar de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. 

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

En materia migratoria, mi gobierno ampliará las oportunidades de educación y empleo en el país para que nuestros jóvenes no sean expulsados a desarrollar su proyecto de vida en otros destinos. Así mismo, trabajaremos para atraer talento que contribuya a las mejoras de productividad, facilitando tanto la repatriación de colombianos como la gestión de visas de inversión y trabajo en sectores estratégicos. Frente a las medidas antinmigración adoptadas por países receptores, mi gobierno trabajará para que nuestros connacionales en el exterior sean tratados con dignidad, agilizará los procesos de repatriación y facilitará el retorno voluntario. Frente a la migración venezolana, el enfoque será desarrollar de manera paralela la integración de los venezolanos que ya están en el país y deseen contribuir al desarrollo de Colombia, y generar condiciones para el retorno voluntario mediante el desarrollo productivo fronterizo.

En política antidrogas, se realizará una transformación de fondo: se abandonará el enfoque punitivo contra el campesinado para concentrar los esfuerzos en desmantelar las mafias: ir tras sus cabecillas, atacar sus finanzas y reutilizar los bienes incautados en proyectos productivos que generen empleo legal. Profundizaremos, bajo un enfoque de corresponsabilidad, la cooperación en inteligencia y capacidad operativa, particularmente con EEUU y los países fronterizos, en la respuesta a las organizaciones criminales transnacionales que operan en Colombia. Se impulsará internacionalmente que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias controladas, para habilitar usos ancestrales e industriales lícitos. El consumo se tratará como asunto de salud pública. 

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

Colombia cuenta con activos ambientales de valor global —la Amazonía, el Chocó biodiverso, más de 2.000 especies de aves, el agua— que serán defendidos y proyectados como instrumentos de diplomacia y financiación internacional. Si bien el país es altamente vulnerable al cambio climático, no es un emisor relevante de gases efecto invernadero a nivel global. El mayor problema de Colombia es la pobreza y necesitamos aprovechar todos nuestros recursos para superarla, al tiempo que desplegamos nuestro potencial para el desarrollo de energías limpias. La industrialización de Colombia en la economía del Siglo XXI dependerá del acceso a energía barata, estable y limpia. Para conciliar la protección de nuestros activos ambientales con la sofisticación de nuestra matriz energética, las líneas de acción serán:

• Conservación de activos ambientales: Aumentar el liderazgo político global y la cooperación internacional para preservar la Amazonía y otros activos ambientales con impacto global que tiene el país.
• Restauración: Desarrollar instrumentos de cooperación y financiación internacional para escalar la implementación de programas para restaurar los ecosistemas y activos ambientales del país.
• Movilidad: Establecer, con la banca de desarrollo internacional y los gobiernos subnacionales y locales, una estrategia de aceleración de proyectos de movilidad limpia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
• Transición energética. Fortalecer las condiciones habilitantes para profundizar las inversiones público-privadas-comunitarias en energías limpias, particularmente solar y eólica, volviendo a las comunidades socias de los proyectos; y contribuir al establecimiento de la Red de Interconexión Eléctrica de América del Sur.

• ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a las exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión extranjera, la negociación o revisión de acuerdos comerciales, la inserción Asia-Pacífico y el ingreso de Colombia a la OCDE como miembro pleno y activo?

Durante el último año hemos constatado a nivel global cómo la diplomacia económica y comercial se ha convertido en un instrumento de política exterior. En esa medida, y para un país como Colombia, la política exterior debe convertirse en una herramienta que contribuya al aumento de la productividad del país. Embajadas de países estratégicos tendrán metas medibles en apertura de mercados, atracción de inversión, transferencia tecnológica y promoción exportadora. 

La articulación entre política exterior y diplomacia económica se materializará en mi gobierno mediante una profunda transformación de la arquitectura institucional del Estado. El Viceministerio de Comercio Exterior, actualmente adscrito al Ministerio de Comercio, pasará a integrarse a la Cancillería, mientras que ProColombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional —APC— serán fusionadas para consolidar una sola plataforma de promoción internacional, y atracción de inversión extranjera directa, inversión de impacto y cooperación.

Esta reforma tendrá dos efectos fundamentales para la productividad y el desarrollo económico del país. Primero, permitirá alinear la política exterior con la diplomacia económica y comercial de Colombia, convirtiendo nuestras embajadas en verdaderas herramientas de apertura de mercados, atracción de inversión y transferencia tecnológica. Segundo, permitirá que el Ministerio de Comercio concentre plenamente sus capacidades en el fortalecimiento industrial, productivo y turístico del país. Colombia no le venderá más al mundo si no produce más y mejor. Y producir más y mejor exige una estrategia agresiva de atracción de inversión con transferencia tecnológica, articulada desde una diplomacia económica moderna y efectiva. Nuestro objetivo será incorporar esas nuevas capacidades tecnológicas al tejido empresarial colombiano para aumentar la productividad, sofisticar nuestra oferta exportadora y generar más empleo de calidad.

Nos anima transformar la inserción internacional de Colombia en los mercados globales. Hoy seguimos exportando principalmente materias primas y la productividad de nuestra economía ha estado estancada por 20 años. Desde la apertura económica nuestro mayor producto de exportación es el petróleo y el carbón, con muy poca diversificación. Eso demuestra la necesidad urgente de sofisticar nuestra oferta exportable y fortalecer exportaciones no tradicionales con valor agregado.

Vamos a priorizar agroindustria, transición energética, movilidad limpia, infraestructura, manufactura con transferencia tecnológica, y sectores asociados a biodiversidad y economía sostenible. 

Frente a Asia-Pacífico, Colombia no puede seguir llegando tarde al centro de crecimiento del mundo. Profundizaremos relaciones económicas con China, Corea, Japón, India y Emiratos Árabes Unidos, manteniendo siempre un equilibrio responsable con Estados Unidos, como principal socio económico y comercial. 

También impulsaremos la reactivación de la Alianza del Pacífico como plataforma de integración productiva, tecnológica y comercial hacia Asia. 

En cuanto a la OCDE, Colombia debe pasar de ser un miembro formal a un miembro activo y relevante. Aprovecharemos ese espacio para acelerar estándares en productividad, educación, innovación, transparencia y transformación digital, conectando mejores prácticas internacionales con las necesidades regionales del país. 

Finalmente, en materia de revisión de acuerdos comerciales, será necesario examinar con detenimiento aquellos acuerdos internacionales de inversión cuya primera vigencia concluya durante el cuatrienio de gobierno, con el fin de proponer ajustes acordes con los desarrollos más recientes. Asimismo, revisaremos los capítulos de cooperación y de fortalecimiento de las PyMES en los acuerdos comerciales, para impulsar iniciativas de cooperación empresarial articuladas con los proyectos estratégicos de las regiones. En otras palabras, es fundamental alinear la internacionalización de la economía con el desarrollo productivo del país.

También promoveremos acuerdos orientados a la transferencia de tecnología y al fortalecimiento de la inversión extranjera directa. Los incentivos a la inversión deberán priorizar los proyectos más estratégicos para el desarrollo regional y estarán condicionados a una transferencia efectiva de tecnología, así como a la integración de las PyMES colombianas en las cadenas de suministro.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Colombia debe actuar con pragmatismo, autonomía estratégica y defensa del derecho internacional. El mundo atraviesa una transición geopolítica profunda marcada por la competencia entre democracias y regímenes autoritarios, el debilitamiento del multilateralismo y la fragmentación económica global. 

Frente a la guerra en Ucrania, mantendremos una posición clara de defensa de la soberanía territorial, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de controversias. Colombia no puede normalizar invasiones ni violaciones al orden internacional. En Medio Oriente, promoveremos el respeto al derecho internacional humanitario, la protección de civiles y la implementación de soluciones diplomáticas preferiblemente multilaterales. 

En Asia-Pacífico, Colombia debe entender que es donde se juega buena parte del crecimiento económico y tecnológico del siglo XXI. Por eso fortaleceremos relaciones comerciales y científicas con Asia, sin caer en dependencias geopolíticas ni alineamientos automáticos. 

Respecto a la rivalidad entre Estados Unidos y China, Colombia no debe escoger entre uno u otro bloque. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado estratégico y comercial, pero China representa una enorme oportunidad para diversificar mercados, atraer inversión y ampliar exportaciones. Debemos saber implementar el Acuerdo de Franja y Ruta de la mano con los acuerdos de transferencia de tecnología y fomento a la inversión extranjera directa que diseñará, negociará e implementará nuestro gobierno. 

Nuestra postura será clara: defenderemos los intereses nacionales de Colombia, manteniendo relaciones responsables y pragmáticas con ambas potencias, evitando caer en dependencias excesivas y fortaleciendo nuestras capacidades propias en seguridad, tecnología, comercio y transición energética. 

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO.

1. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Los miembros de la Carrera Diplomática y Consular (CDC) jugaron un papel fundamental durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando la continuidad de la gestión de nuestra política exterior. Reconozco el activo que representa para el país el conocimiento y la experiencia que poseen los funcionarios de carrera diplomática y consular de la Cancillería. Todo mi agradecimiento para sus miembros por reducir los daños asociados a una política exterior politizada y de redes sociales. En mi gobierno volveremos a institucionalizar la política exterior, devolviéndole la majestad que merece en términos de los canales y mecanismos institucionales que corresponden. 

Colombia necesita una diplomacia profesional, competente y moderna. Construiré sobre lo construido en este gobierno en términos de mejorar la manera como la CDC refleja las características de la población colombiana, pero asegurando los estándares de calidad mínimos que se requieren para que el país tenga la representación que merece en su servicio exterior. En tal sentido, revocaremos los instrumentos normativos del gobierno Petro que comprometieron la calidad y profesionalización del servicio exterior.

Aprovecharemos el conocimiento y experiencia de los miembros de la CDC, en articulación con los actores sectoriales relevantes, para definir e implementar las agendas bilaterales y multilaterales, con prioridades y métricas de seguimiento y éxito claras.

2. Teniendo en cuenta que la Carrera está basada en un sistema riguroso de mérito, formación y evaluación permanente, ¿qué medidas adoptará para proteger y fortalecer este modelo?

El mundo evolucionó hacia una realidad multipolar, donde hay temas (i.e. políticas arancelarias, energía, Inteligencia Artificial, migración, salud global, inversión de impacto) y competencias (i.e. comunicación estratégica, trabajo en equipo, orientación al resultado) que ganan centralidad. Necesitamos aprovechar los activos de conocimiento de la CDC y cultivar nuevas herramientas y conocimientos para desarrollar una política exterior que sirva a los intereses nacionales del país.

Así como se reconfigura el orden global, se hace necesario actualizar los conocimientos y las competencias de los miembros de la CDC para responder a las agendas y retos actuales. En tal sentido, los contenidos y metodologías de formación y evaluación deberán apuntar a fortalecer el talento humano de los miembros de la CDC prioritaria, pero no exclusivamente, extendiéndose a todos los miembros del servicio exterior. Se hará una apuesta por utilizar herramientas digitales asincrónicas, y con formatos innovadores, para que haya un proceso de aprendizaje continuo que responda a la velocidad de los cambios que se están produciendo a nivel global.

Los embajadores serán seleccionados por mérito, trayectoria y resultados, con comprensión de las prioridades productivas, ambientales y científicas de los países donde representarán a Colombia. Habrá diversidad de talentos: empresarios, académicos, científicos con vocación pública y, por supuesto, miembros de la CDC. El servicio exterior será la vitrina de lo mejor de Colombia. En esa medida, aumentaremos la representatividad de los miembros de la CDC, particularmente de embajadoras en el marco de la implementación efectiva de la política exterior feminista, en nuestras representaciones diplomáticas y consulares. No menos del 30% de los cargos directivos de la Cancillería serán asignados a miembros de la CDC.

3. En su gobierno, ¿cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado, con visión de largo plazo y continuidad entre administraciones?

Resulta fundamental, por una parte, consolidar un sistema de gestión del conocimiento que sistematice los activos de conocimiento de los miembros de la CDC y los ponga en diálogo con los tomadores de decisión a nivel sectorial y subnacional. De esta manera, tendrán un impacto más dinámico en las apuestas de desarrollo del país.

De otra parte, la mejor manera de construir políticas públicas, incluyendo la política exterior, es asegurando el equilibrio entre datos, conocimiento y competencia técnica, con la participación de todos los actores de interés relevantes. 

Los funcionarios de la CDC, tanto los que están en Bogotá como quienes están en planta externa, serán fundamentales en el diseño del documento base de discusión, definiendo intereses, objetivos, y apuestas estratégicas. También serán protagonistas de los espacios de construcción colectiva de una política exterior de Estado con vocación de largo plazo. 

Utilizando herramientas digitales y de IA se podrán canalizar las contribuciones de los diversos actores de interés para construir conjuntamente una política exterior estratégica, que responda a intereses nacionales y objetivos claros, y proyecte a Colombia como un líder relevante del Sur Global.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

1. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo se articularán con el trabajo técnico y profesional que el cuerpo diplomático y consular desarrolla en la Cancillería y en los escenarios multilaterales y bilaterales?

La Cancillería no puede operar sólo como bisagra, desconectada de los ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales. Las representaciones diplomáticas y consulares deben identificar y gestionar información y contactos relevantes para el desarrollo de las apuestas estratégicas del país. Para lograrlo, se creará una Mesa de Trabajo Interministerial con el fin de alinear los procesos de internacionalización sectorial con la política exterior. 

De otra parte, dada la centralidad de las apuestas productivas regionales en mi programa de gobierno, crearemos la Dirección de Diplomacia Subnacional que facilitará la articulación entre la acción internacional de los territorios con las agendas que desarrolla la Cancillería tanto a nivel bilateral como multilateral.

2. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados en función de los intereses estratégicos del país?

Las decisiones sobre la red de embajadas y consulados responderán a criterios estratégicos: presencia de comunidades colombianas; peso comercial, de inversión y de transferencia tecnológica actual o potencial; importancia geopolítica; posibilidad de influencia desde la cooperación Sur-Sur; y capacidad de generar retorno productivo para el país. Asia recibirá una atención diplomática significativamente mayor a la actual.

3. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional de Colombia, y cómo coordinará a las distintas entidades del Estado que intervienen en estas áreas?

La diplomacia cultural y científica será un instrumento activo, coordinado con las entidades del Estado pertinentes y con los gobiernos subnacionales. Colombia tiene un enorme capital de poder suave: Shakira, Karol G y miles de artistas reconocidos globalmente; y una cultura de paz que maravilla al mundo. Contamos con universidades y centros de investigación de calidad creciente que requieren insertarse en redes de conocimiento globales para fortalecer la productividad del país. 

La coordinación se realizará en el marco de la Mesa de Trabajo Intersectorial y de la Dirección de Diplomacia Subnacional, como instancias formales para el diálogo conducente a la definición de las agendas bilaterales y multilaterales y el establecimiento de un esquema de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Lo anterior asegurará el flujo de información y conocimiento continuo y en tiempo real frente a las agendas que se definan.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

Los consulados serán fortalecidos como casas abiertas con servicios de orientación en educación, cultura, salud y apoyo empresarial. Se digitalizarán los trámites, se ampliarán horarios con apoyo de pasantes y alianzas universitarias, y se transformará la cultura interna del servicio al ciudadano. Chile será un referente en digitalización consular.

2. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

Se creará una red global de colombianos en el exterior para fortalecer la cooperación en educación, cultura, ciencia y emprendimiento. Las remesas —que en 2024 representaron el 2,3% del PIB— serán orientadas hacia proyectos productivos, compra de vivienda y seguridad social, siguiendo modelos exitosos como el de Pereira. Trabajaremos para que un porcentaje de esos recursos puedan destinarse a proyectos locales (acueductos, parques, bibliotecas). El programa Casas Colombia y el programa Colombia Nos Une serán profundizados.

Se defenderán activamente los derechos de los colombianos en situación migratoria irregular, se humanizarán los procesos de deportación y se ofrecerá orientación para el retorno voluntario digno. Desde el nuevo Viceministerio de Movilidad Humana se coordinará toda la política migratoria bajo la responsabilidad de la Cancillería.

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Los trámites consulares —apostillas, documentos de identidad, nacionalizaciones— serán accesibles en línea, con tiempos de respuesta reducidos y canales de atención claros. Ningún colombiano deberá sentirse lejos del Estado, viva donde viva.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Ese dato revela algo profundo: una ruta puede seguir abierta en el mapa, pero cerrarse en la práctica si aumenta el costo de transitarla. Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina: la victoria ya no se mide en banderas clavadas, sino en pólizas canceladas.

Tendemos a imaginar los grandes cuellos de botella de una manera dramática: minas, fragatas, drones, misiles. Sin embargo, el comercio global también depende de una capa invisible: el cálculo financiero.

Una zona no necesita estar bloqueada por fusiles y tanques para convertirse en un problema real. Basta con que se vuelva demasiado incierta, cara o riesgosa para sus operadores.

Por eso el conflicto en torno a Irán no puede leerse, únicamente, como una secuencia de ataques y represalias. Debe leerse también como una batalla por alterar las condiciones de circulación. Los caminos se cierran si los aseguradores retroceden, los armadores dudan, los fletes se recalculan o si el riesgo es incierto. La presión sobre el comercio se realiza sin la necesidad de batallones o baterías de misiles. Los bombardeos destruyen; la incertidumbre regula el desgaste.

Trump no solo ha bombardeado; su gobierno ha tenido que plantearse algo menos fotogénico: mecanismos de aseguramiento público y escoltas navales para algunos barcos en el Golfo. Esa es la confesión de que el problema ya no cabe en las acciones militares.

La pregunta principal ya no es quién puede derrotar militarmente, sino quién puede hacer más difícil la economía de su enemigo.

En este momento el objetivo no es la destrucción del rival, sino aumentar el costo de sostener la guerra, elevar la ansiedad de los ciudadanos, perturbar las rutas de abastecimiento y obligar a los gobiernos a gastar más dinero y energía en preservar la normalidad.

Por eso resulta insuficiente leer la coyuntura solo con categorías militares. La guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos es una combinación de violencia armada, dislocación económica y castigo a la infraestructura. Un ataque no solo se mide por el cráter que deja, sino por las pólizas que multiplican el valor, los servicios que encarece y el miedo que siembra en los habitantes y las bolsas de valores.

Cuando el riesgo financiero empieza a rozar la infraestructura, la guerra cambia de escala. Ya no se trata solo de cuánto cuesta mover petróleo, sino de cuánto cuesta sostener ciudades.

Ahí entra el segundo frente: el agua.

Diversos análisis advierten que las plantas desalinizadoras del Golfo han pasado a ser objetivos militares. No porque muevan mercados, sino porque sostienen vidas. Esa observación debería bastar para cambiar la manera en la que pensamos esta crisis. Cuando una región depende de infraestructuras de desalinización para sostener su vida urbana, un ataque contra ellas no es un episodio técnico: es un golpe directo contra la supervivencia y la habitabilidad.

El petróleo domina la conversación porque mueve mercados. El agua, en cambio, debería preocupar más porque sostiene el tejido social. Una interrupción de suministro afectaría hospitales, hogares, saneamiento, electricidad y orden público.

Aquí emerge la paradoja iraní. Mientras participa en una crisis regional que puede poner en jaque la infraestructura hídrica de sus enemigos, Irán arrastra su propia emergencia de agua: presas en niveles críticos, racionamiento en Teherán y la advertencia sobre una posible evacuación de la capital si la escasez empeora.

Eso significa que el agua no es solo una vulnerabilidad del entorno, sino una fractura de Irán. Irán puede resistir sanciones, aislamiento o bombardeos, pero es difícil, prácticamente imposible, resistir el deterioro de las condiciones mínimas de vida. Cuando falta el agua, la geopolítica deja de ser un juego de élites y entra en la casa de las personas.

El conflicto está mostrando algo más amplio que una simple escalada regional: la transformación de la guerra en un sistema de presión distribuida. Ya no basta con contar bajas o medir el avance de la tropa. Hay que evaluar qué pasa con los seguros, las infraestructuras civiles, los recursos hídricos y la capacidad social de soportar una crisis prolongada.

Por eso no interesa la pregunta por el vencedor militar, sino por la sostenibilidad. ¿Cuál sociedad puede soportar, durante más tiempo, la combinación de miedo, costo, precariedad y desgaste? ¿Cuál Estado puede seguir prometiendo control si no garantiza circulación, abastecimiento y servicios?

Los titulares seguirán prefiriendo el estruendo, pero la guerra, como la vida, se decide en una póliza que no se renueva o en el grifo que no provee agua. Mientras las cámaras sigan buscando el destello del próximo misil, la verdadera guerra seguirá ganándose en el silencio de un despacho o en el eco de la tubería vacía.

Un reconocido empresario deportivo internacional, dos gerentes públicos y una privada del sector salud, y una exsecretaria de Turismo y de Desarrollo Económico de Cali completan la lista.

La visita se da después de una reunión de gerentes y líderes con el rector, Esteban Piedrahíta, a comienzos de enero, y de sesiones con las áreas de apoyo financiero y filantropía.

Con el rector Piedrahita se habló del interés de acompañar el proceso formativo de estudiantes de pregrado oriundos de cerca de 60 municipios focalizados de los cuatro departamentos del Pacífico y uno de Caldas, sin importar su color de piel.

En la hora con los estudiantes, les contarán cómo llegaron a sus posiciones de responsabilidad.

También se cumplirá el segundo paso del proceso de selección para seis (6) plazas de pasantía “Un día como asistente del gerente o jefe …” en el periodo intersemestral.

Quiénes son los gerentes visitantes

No son muchos los gerentes afrocolombianos en las industrias del país, pero un número de ellos, en distintas regiones del país, está dispuesto a contribuir para que hayan más en el futuro y también paisanos de los municipios focalizados, sin importar su color de piel. Aquí la muestra de quienes lograron agendarse.

Luis Guillermo Amú Caicedo, gerente agrícola (campo y cosecha) de Ingenio Manuelita.

Ingeniero industrial de UniValle que ha hecho historia por ser el primer negro con altas responsabilidades en la industria azucarera.

• Rodrigo Abonía Mera, jefe de planta de Pavco de Occidente. Otro ingeniero industrial (de la U. Antonio Nariño) con una trayectoria pionera en una gran empresa manufacturera.

Víctor Julio González Riascos, director del Comité Intergremial de Buenaventura, ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia.

Dos veces gerente general de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y actual miembro de la junta directa de esta.

• Jorge Isaac Mosquera Lasso, cofundador de Dimel Ingeniería, una empresa exportadora de productos de valor agregado a más de 10 países. Ingeniero eléctrico de la Universidad Autónoma de Occidente.

Luis Felipe Posso, fundador y gerente de Posso Sports, firma radicada en Estados Unidos.

La firma se dedica a la representación de atletas en el mundo. Organizador de la Maratón de Cali.

• Hugo Ezequiel Perlaza Ortiz, gerente de la ESE SurOriente de Cali. Médico egresado de la Universidad Libre, MBA en Dirección y Administración de Empresas.

Carlos Gabriel Quiñonez Quintero, gerente del Hospital de segundo nivel de Santander de Quilichao, Cauca.

Enfermero con maestría en administración en Salud, y abogado especializado en Derecho Médico.

• Yohanna Balanta Fory, gerente de la IPS Humanizarte, odontóloga del Colegio Odontológico Colombiano de Cali, master de Gerencia de servicios de salud de la Universidad Libre.

Mabel Lorena Lara Dinas, laureada periodista colombiana que dio el paso al sector público, con Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario,

Se ha destacado como Secretaria de Turismo y de Desarrollo Económico de Cali.

En qué consiste la pasantía “Un día como asistente del gerente …” y cómo aplicar

Se trata de una experiencia formativa extracurricular y extralaboral que busca estimular una mentalidad y habilidades directivas en el estudiante de pregrado, al enfrentarse a una tarea asignada por un gerente o jefe.

La pasantía (presencial) implica cinco interacciones y un producto en un día, así:

• Dos interacciones de 15 a 20 minutos cada una con el gerente o jefe (la primera, de inducción y asignación de la tarea; la segunda, de revisión de borrador de producto de la tarea).
• Dos interacciones de 15 a 20 minutos cada una con sendos empleados delegados por el gerente o jefe para proporcionar información al pasante.
• Una interacción durante el almuerzo con un empleado al que el pasante haya logrado invitar.
• Un producto para atender el requerimiento del gerente o jefe (sea un diagnóstico o principio de solución de un problema), en cuya elaboración el pasante debe usar una Inteligencia Artificial.

El gerente le expedirá un certificado al pasante para su hoja de vida y le enviará a la Fundación Color de Colombia una nota evaluativa del desempeño del pasante.

Las seis (6) plazas abiertas de esta modalidad de pasantía se realizarán en las siguientes empresas (un día del periodo intersemestral a convenir):

• Empresa emblema del Valle del Cauca (se omite nombre)
• Pavco de Occidente (en la Zona Franca del norte del Cauca)
• Arrocera La Esmeralda, de Arroz Blanquita (con gerente financiera).
• Dimel Ingeniería (con gerente general).
• ESE SurOriente de Cali.
• Hospital Francisco de Paula Santander (Santander de Quilichao).

Pueden aplicar a las pasantías las siguientes condiciones de estudiantes de pregrado:

• Todos los becarios de Icesi, institucionales y empresariales, de cualquier pregrado y desde cuarto semestre.
• Los usuarios de financiación de largo plazo con la propia Universidad Icesi o con Lumni.
• Los estudiantes nacidos o que realizaron su secundaria en los 58 municipios focalizados (ver listado al final de la nota). En ninguna de estas tres categorías importa el color de la piel.
• Cualquier estudiante afrocolombiano de Icesi (menos los del Semillero Alpha Phi Alpha por ser parte de la organización).

El proceso de aplicación tiene los siguientes seis pasos:

• Paso 1: postulación mediante inscripción a “Hora estudiantil con gerentes” (27/feb, 8am, Auditorio Sidoc), cuya asistencia es opcional, y mini-test de mentalidad de crecimiento, que pueden hacerlo de cualquier semestre (en un mismo formulario en línea, que enviará Filantropía de Icesi por correo). Plazo: 26/feb.
• Paso 2: “Buscando mi madredeDios”: los que logren saludar de mano firme y mirando a los ojos a un gerente el 27/feb y “echarle el speech de 20 segundos en el ascensor”, ganarán puntos y recordación. Es opcional esta prueba de personalidad.
• Paso 3: Test de hoja de vida y rasgos del carácter en línea: del 15 al 31 de marzo.
• Paso 4: Publicación de semifinalistas: 30 de abril.
• Paso 5: Test de caso de estudio en línea y entrevista grupal virtual: entre el 04 y el 15 de mayo.
• Paso 6: Publicación de seleccionados: 22 de mayo.

57 municipios focalizados en el Pacífico (y 1 en Caldas)

Los municipios se han seleccionado por su significativa población afrocolombiana, pero cualquier estudiante oriundo de uno de ellos puede aplicar.

Asumimos que tiene una relación emocional y un compromiso cívico o moral con su municipio de origen, por lo que importa apoyar la formación del capital humano que puede ayudar a progresar a ese municipio y sus habitantes.

• De Valle del Cauca (4): Buenaventura, Candelaria, Zarzal y Dagua.
• Del Cauca (12): Guapi, López de Micay, Timbiquí, Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Padilla, Patía, Buenos Aires, Suárez, Miranda, Santander de Quilichao.
• De Nariño (10): Tumaco, Francisco Pizarro, Santa Bárbara, Magüi, Olaya Herrera, Roberto Payán, Barbacoas, Mosquera, El Charco, La Tola.
• De Chocó (31): todos los municipios.
• De Caldas (1): Marmato.

Si algún estudiante es nacido en el Caribe: por ejemplo, en Turbo (Antioquia), San Onofre (Sucre), El Paso (Cesar) o María La Baja (Bolívar), puede escribir a semilleros@fundacioncolordecolombia.org para preguntar si su municipio está focalizado (los cuatro mencionados lo están).

Qué son los semilleros Alpha Phi Alpha

Es un espacio social estructurado en universidades dedicado al apoyo y al auto-liderazgo para la formación integral y de competencias de alto nivel de futuros profesionales exitosos e influyentes.

El programa de Semilleros Alpha Phi Alpha considera que “los años del pregrado pueden ser el tiempo irrepetible para transformarse y construirse a sí mismo de un modo que le asegure un resto de vida muy distinto del probable si no hubiera accedido a una universidad de calidad”.

El nombre de Alpha Phi Alpha obedece a su relación con la tradición de la fraternidad centenaria del mismo nombre en Estados Unidos, con capítulos en numerosas universidades de ese país.

Los integrantes de un Semillero Alpha Phi Alpha asumen un proyecto de vida universitaria con metas elevadas, como por ejemplo:

• En desempeño académico: promedio acumulado de 4.0+
• En inglés, graduarse con nivel C1 al menos e intercambio con capítulo de Alpha Phi Alpha en EE.UU.
• En movilidad académica: asignatura en otra universidad, semestre en otra ciudad del país y semestre en otro país.
• En inserción temprana en ámbitos profesional, laboral y social: pasantías, prácticas y trabajos de grado estratégicos y aceleradores de trayectoria.
• En compromiso social: apoyo a los pilos que vienen detrás de su colegio.

Los estudiantes que asumen el proyecto de vida universitario enfocado entran a un entorno de apoyo de afrocolombianos y aliados destacados, con un coach, entre los servicios.

En principio, hacen parte los que vienen de Semilleros de Becarios U (de Fundación Color de Colombia), desde grado octavo o noveno, pero en el segundo semestre de 2026 habrá admisiones para otros pilos.

Los Semilleros de Becarios U integran estudiantes pilos afros y no afros, lo mismo que los Semilleros Alpha Phi Alpha.

En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

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El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

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Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El episodio se transmitirá este miércoles 11 de febrero, de 6:00 pm a 6:30 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador.

Los candidatos invitados (por su peso específico), que serán entrevistados por Carolina Cortés, presentadora, y un periodista de la redacción Política de El Espectador, son:

• Alex Pichi, el popular músico del folclor del Pacífico norte aspira a una curul afro en la Cámara de Representantes, avalado por el Consejo Comunitario Cuenca Río Ovejas, # 301, con el apoyo de Soy Porque Somos, el equipo de la vicepresidenta Francia Márquez.
• Estefanel Gutiérrez, exconcejal de Barranquilla, candidato a la Cámara por el Atlántico, en la lista de Cambio Radical, # 107.
• Benildo Estupiñan, exsecretario de Gobierno de Nariño, aspira a una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes, por el Partido Ecologista Colombiano, # 301.

Será la emisión 166 de «Revista Colombia Afro TV», en undécima temporada (séptimo año), un programa de la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador.

El interés estratégico que motiva la serie (de cinco episodios) es si en 2026-2030 habrá el control político necesario al gobierno nacional para impulsar el progreso de subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana.

Este enfoque territorial enfatiza la necesidad de infraestructura de conectividad, servicios públicos y desarrollo económico (oportunidades empresariales y empleo formal).

Las 10 preguntas para los candidatos invitados

Las preguntas buscan que los electores conozcan posiciones programáticas y políticas de los aspirantes al Congreso.

1) Brevemente, ¿qué quiere representar en el Congreso de la República en términos de ideas de su partido, de sus valores como persona y de los intereses de poblaciones o electorados a los que está pidiendo el voto?

2) ¿En cuál Comisión Permanente del Congreso (2026-2030) quisiera estar para ocuparse de qué temas y en particular para hacer seguimiento a qué gran proyecto de interés de su región?

3) Cuál es su balance del actual gobierno frente a la población afrocolombiana, qué logro y qué frustración destaca?

4) ¿Qué podría mejorar usted en el Congreso respecto de la forma cómo se ha ejercido la representación en la Cámara y el Senado?

5) ¿En el Congreso de la República usted sería doliente, impulsor y control político de qué proyecto grande de infraestructura de conectividad en su región y de cuál inversión en servicios públicos? (en concreto)

Preguntas de respuesta corta (sí o no, calificación numérica)

6) Modificar la actual reglamentación de la consulta previa: ¿sí o no?

7) Puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano: ¿sí o no?

8) Tiene las debidas garantías de seguridad para adelantar su campaña en los territorios: ¿sí o no, y por qué?

9) ¿Usted apoyará a un candidato a la presidencia en la primera vuelta?: ¿sí o no? (no estamos preguntando a quién).

10) De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez?: solamente un número. 10 es igual a excelente.

Revista Colombia Afro TV

Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones, y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia (mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org)

Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Líneas estratégicas: 2) Educación de calidad y equidad; y 3) Empoderamiento económico y calidad de vida.

El episodio se transmitirá este miércoles 11 de febrero, de 5:30 pm a 6:00 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador.

Los candidatos invitados (por su peso específico), que serán entrevistados por Carolina Cortés, presentadora, y un periodista de la redacción Política de El Espectador, son:

• Ana Carolina Quijano, exviceministra de educación superior, aspirante por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes, en la lista de la Coalición Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso), # 111.
• Libardo Asprilla, exconcejal de Bogotá, candidato a la Cámara por Bogotá, en la lista de Nuestra Fuerza, # 101.
• Gisella Palacios, exgestora social del Chocó, aspirante al Senado de la República en la lista de Alianza Verde, # 70.

Será la emisión 165 de «Revista Colombia Afro TV», en undécima temporada (séptimo año), un programa de la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador.

El interés estratégico que motiva la serie (de cinco episodios) es si en 2026-2030 habrá el control político necesario al gobierno nacional para impulsar el progreso de subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana.

Este enfoque territorial enfatiza la necesidad de infraestructura de conectividad, servicios públicos y desarrollo económico (oportunidades empresariales y empleo formal).

Las 10 preguntas para los candidatos invitados

Las preguntas buscan que los electores conozcan posiciones programáticas y políticas de los aspirantes al Congreso.

1) Brevemente, ¿qué quiere representar en el Congreso de la República en términos de ideas de su partido, de sus valores como persona y de los intereses de poblaciones o electorados a los que está pidiendo el voto?

2) ¿En cuál Comisión Permanente del Congreso (2026-2030) quisiera estar para ocuparse de qué temas y en particular para hacer seguimiento a qué gran proyecto de interés de su región?

3) Cuál es su balance del actual gobierno frente a la población afrocolombiana, qué logro y qué frustración destaca?

4) ¿Qué podría mejorar usted en el Congreso respecto de la forma cómo se ha ejercido la representación en la Cámara y el Senado?

5) ¿En el Congreso de la República usted sería doliente, impulsor y control político de qué proyecto grande de infraestructura de conectividad en su región y de cuál inversión en servicios públicos? (en concreto)

Preguntas de respuesta corta (sí o no, calificación numérica)

6) Modificar la actual reglamentación de la consulta previa: ¿sí o no?

7) Puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano: ¿sí o no?

8) Tiene las debidas garantías de seguridad para adelantar su campaña en los territorios: ¿sí o no, y por qué?

9) ¿Usted apoyará a un candidato a la presidencia en la primera vuelta?: ¿sí o no? (no estamos preguntando a quién).

10) De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez?: solamente un número. 10 es igual a excelente.

Revista Colombia Afro TV

Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones, y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia (mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org)

Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Líneas estratégicas: 2) Educación de calidad y equidad; y 3) Empoderamiento económico y calidad de vida.