La tierra, nuestra tierra: asunto de todos y todas

Foto: María Paula Mellizo Camacho

Por: María Paula Mellizo Camacho

Si nos acercamos con lupa a ver la realidad sobre la tenencia de la tierra en el país es evidente que la implementación del punto 1 de los Acuerdos de Paz de La Habana sobre la reforma rural integral tiene diferentes dificultades que son fruto de la historia del país y de lo que algunos académicos han descrito; predios pequeños, pocas hectáreas de tierra, desigualdades económicas y sociales que se perpetúan en el campo colombiano, tierra improductiva y otra tanta productiva sin industria pensada en el fortalecimiento de las comunidades y las economías locales, entre otros.

El gobierno actual ha tenido avances en su intento de responder a las comunidades campesinas y étnicas que por muchos años han padecido desigualdad, barreras en la formalidad y acceso a tierras, por la acumulación de capital de los hacendados y élites colombianas, partiendo de hechos relevantes como la reactivación en el 2023 del Sistema Nacional de Reforma Agraria que estaba en deuda desde hace 29 años con la Ley 160, o los avances que ha tenido la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adscrita al ministerio de agricultura donde según el informe de febrero del presente año, en el año 2023 se adquirieron 225.411 hectáreas de tierra para poblaciones campesinas y étnicas, entre otros avances de registro, ampliación de resguardos y ordenamiento social de la propiedad rural.

Con todo esto hay cuestiones que urgen y son indispensables para atender las exigencias de los movimientos campesinos y étnicos. Los intentos por la redistribución de la tierra implican reconocer al minifundio como la constante para las familias quienes durante mucho tiempo han enfrentado las problemáticas de expropiación, engaños, desplazamiento, conflicto armado y social, entre otros. Es así que la suma de hectáreas como resultado debe estar arraigada a la caracterización y priorización del campesinado, pueblos indígenas y afro que tienen predios menores a 2000m² que si bien implican otros procedimientos como el método directo en su delimitación para enrutamiento, responden a las necesidades vivas de estas comunidades que no han podido gestionar la formalización de su tierra por los costos que esto conlleva y entre otras razones por la desinformación.

Los resultados se exaltan porque son históricos, pero los interrogantes también son: ¿Cuál es la participación activa de las comunidades y sus liderazgos sociales para la formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural? ¿Cuál es la lectura de las comunidades de las regiones en donde se ha avanzado en la compra de tierras, formalización o ampliación de territorios? ¿Qué ha revelado el avance que se tiene desde la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas y demás entidades involucradas en el catastro multipropósito y el acceso a tierras sobre este asunto en el país? ¿Cuáles son los resultados concretos en términos de enfoque diferencial y de género? Entre otras preguntas que desde equipos sociales y técnicos se siguen investigando para dar cuenta de las respuestas de las políticas de gobierno y sobre todo la mirada de la tierra y el territorio que se gesta en lo propio de cada pueblo.

Por otro lado, se hace necesario preguntarse por la nueva oleada de conflicto armado que se ha presentado en el país, donde el trabajo de campo de los equipos encargados de caracterizar y levantar información se complejiza, agudizando el carácter comunitario, real y participativo de los procesos de acceso a tierras. Es preciso contemplar cuál es la entrada o preeminencia de algunos territorios sobre otros, ya que, se puede caer en la ambigüedad que genera el conflicto, en términos de fortalecer la reforma rural en los territorios que no son tan densos, por el poco acceso a los lugares en donde hay mayores extensiones de tierra con hectáreas informales o expropiadas.

De acuerdo a eso, las metas u objetivos que se plantean tales entidades como la ANT, deben siempre fortalecer el trabajo social que se desarrolla en diferentes regiones del país, partiendo de las prioridades que hay sobre la tierra desde las comunidades, articulando todo al contexto, capacitando a sus equipos y estableciendo diálogos constantes con las poblaciones rurales que finalmente son las que expresan su visión sobre el territorio y la tenencia de la tierra, trabajo que es para y con ellas.

Por último, cabe resaltar que este asunto es importante conocerlo desde espacios de la vida cotidiana, en donde todo el país se involucre con los avances en términos de tierras y la garantía de otros derechos que han sido reivindicados articuladamente desde muchas organizaciones, comunidades, movimientos sociales y otras asociaciones; como lo es el trabajo, la salud, la educación, el agua y otros derechos fundamentales que tristemente se siguen negando para muchas personas. En esa vía, los escenarios educativos formales y no formales deben ser permeados por pedagogías alrededor del campo colombiano, la reforma rural integral, sus cambios y determinantes históricos, sensibilizando así en la importancia y protección de estas gestiones para su eficacia y su cumplimiento, revitalizando los saberes sobre las vidas campesinas, indígenas y afro de Colombia.