Ana María Restrepo Rodríguez es investigadora del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP. En su artículo “Movilización campesina en el posacuerdo”, los campesinos y otros actores rurales se presentan como los principales protagonistas dentro del tema de análisis y los enmarca en su relación con la movilización social. Las amenazas a líderes, las peticiones y el impacto del Acuerdo con las FARC-EP son algunos de los elementos que constituyen esta mirada sobre un tema que, cada día, va marcando el contexto nacional para la reivindicación de otras ciudadanías que han sido eclipsadas por el poder.
Pregunta: Para afinar conceptos, ¿qué diferencias podemos encontrar entre una huelga, una protesta y una movilización?
Ana María Restrepo: La ‘protesta’ es una forma de expresión pública colectiva contenciosa realizada por organizaciones o comunidades para exigir sus derechos, evidenciar redes de conflictos sociales y proponer soluciones a los mismos o hacer un llamado a una comunidad más amplia sobre situaciones que, sienten, les están vulnerando. La movilización y la huelga son formas de protestar. En nuestras bases de datos identificamos como movilizaciones diferentes tipos de acciones: concentraciones, marchas, plantones, bloqueos de vías… La ‘huelga’ es una forma de movilización particular de los trabajadores, está protegida y definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
P: ¿Qué elementos caracterizan, hoy día, a las movilizaciones campesinas del país?
A.M.R: A partir del 2013 hubo una ruptura importante. Antes, la movilización campesina ya no tenía un impacto tan grande a nivel nacional. El paro agrario de 2013 no solo fue un despertar del movimiento campesino en el ámbito nacional, sino que además se identificaron unos actores del campo que tienen un poder de negociación importante como lo son los medianos productores. Todas esas agrupaciones conocidas como ‘Dignidades’ están conformadas por medianos y pequeños productores que tienen la capacidad de afectar el consumo o la producción. Además, apareció una fuerte discusión sobre la política económica y agraria: afectaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC), la obligación de usar ciertos agroquímicos, el control sobre las semillas, etc. Esto enriqueció el debate público sobre la movilización campesina pues, en este caso, la lucha por la tierra ya no es su principal motor.
También encontramos otros productores que no hacen parte del mismo grupo de las ‘Dignidades’: los cocaleros. Hace un par de años se creó la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –Coccam–, que quieren llamar la atención porque mientras no existan verdaderos programas de sustitución no van a cambiar de forma de conseguir su sustento; lo que no significa que estén en contra de la erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito. Esta demanda que ha sido central para los productores cocaleros desde la década de los ochenta, tomó un nuevo impulso con las negociaciones con las FARC.
Y a propósito de esta negociación, alrededor del Acuerdo hubo una realineación de los actores del campo. Esos actores que venían movilizándose alrededor de temas históricos y estructurales como el derecho a la tierra y la necesidad de una forma de reforma agraria, luego empezaron a evidenciar sus victimizaciones y manifestarse contra todos los actores del conflicto armado y por garantías de no repetición, y ahora tienen parte activa en la exigencia de participación en los planes de desarrollo territoriales y demás.
dignas para esta nueva etapa de la vida»: Ana María Restrepo en Cien Días. Fotografía: Miguel Martínez
P: ¿Quiénes son los actores de estas movilizaciones?
A.M.R: Nosotros, al hablar de movilización en el mundo rural, diferenciamos entre campesinos, indígenas, afrocolombianos y pobladores urbano-rurales. Hemos encontrado en la Base de datos de luchas sociales que recientemente cobran un papel muy importante los pobladores de frontera urbano-rural tanto por la cantidad de sus protestas como por la articulación o solidaridad con demandas campesinas.
Por otro lado, los temas ambientales también articulan actores que no solían estar presentes en las movilizaciones del mundo rural: estudiantes y movimientos cívicos u organizaciones ambientalistas urbanas cobran un papel relevante en las luchas contra el impacto de megaproyectos y extractivismo en el campo. Esto ya no pasa sólo por una cuestión de solidaridad sino por una mirada integral del territorio y la conciencia de que lo que pasa en el campo afecta también a las ciudades, el mejor ejemplo son las movilizaciones en Bucaramanga alrededor de la protección del Páramo de Santurbán.
Hablar de actores implica también identificar a los ‘adversarios’ de las protestas, que son esas instituciones, personas o entes que las organizaciones y comunidades identifican como los causantes de sus conflictos, o quienes pueden tener la solución. En la historia de la base de datos, que tiene información desde 1975, podemos ver que ya las demandas y protestas no se dirigen tanto a las autoridades locales, sino más al gobierno nacional. La insistencia sobre el poder de decisión del Estado sobre el subsuelo o la cada vez más fuerte presencia de las multinacionales son algunas de sus causas.
p: ¿Qué impacto tienen las movilizaciones sociales en un país como Colombia?
A.M.R: Creo que hay dos caras del impacto. En un país en el que el poder ha estado tan concentrado en élites locales y nacionales, el papel de la movilización social es ampliar la participación dentro de la democracia. Ha sido un resultado de la movilización el que empiecen a surgir nuevos actores en los gobiernos locales y nacionales y en el Congreso. Y por supuesto el impacto de la protesta es llamar la atención sobre que, a pesar de la concentración de poder, hay unos no reconocidos o identificados con ese poder que existen en el país, que son diferentes y exigen sus derechos y su participación política.
La otra cara es que, en un país como Colombia, movilizarse puede tener un impacto negativo para las organizaciones sociales y las comunidades. Hay un marco cultural muy fuerte en el cual, quien piensa diferente es considerado un enemigo. Y la visión sobre el enemigo es que es sujeto de aniquilación. En ese sentido, hay muchos riesgos para la movilización y creo que lo estamos viendo con los asesinatos de líderes y lideresas. Por eso, nosotros hablamos de adversarios porque el adversario se reconoce como aquel que es radicalmente distinto, pero con quien se pueden construir soluciones.
P: ¿Cómo se ve la movilización campesina desde los centros urbanos?
A.M.R: Siempre se ha dicho que el mundo urbano no entiende lo que pasa en el campo. Yo me alejaría de esa idea por dos razones: en el mundo urbano sí hay gente muy interesada en el tema rural y que trabaja por y con las comunidades rurales, puede ser una minoría pero no hay que homogeneizar. Y además ha aumentado el conocimiento de lo que pasa en el campo gracias a las redes de comunicación de las organizaciones rurales y a los medios alternativos. Incluso a veces la visibilización nacional de ciertas luchas ha sido gracias a ese impacto que logran primero a través de otros medios.
P: ¿Qué cosas han cambiado con el Acuerdo respecto a las movilizaciones?
A.M.R: El Acuerdo es una puerta que se abre para que todas las movilizaciones, no sólo las del mundo rural, intenten poner sus demandas en ese debate público nacional. Sin embargo, desde el equipo de Movimientos Sociales de Cinep/PPP llamamos la atención sobre que no todo pasaba por La Habana[1]. Muchas de las protestas, a partir del Acuerdo, hablan de paz pero no necesariamente lo que piden está en él. En principio, porque está claro que no se iba a negociar el modelo de desarrollo, pero además porque hay conflictos sociales que no tienen que ver con el conflicto armado. La gente ha estado diciendo por años cuáles son sus necesidades, su forma de vida querida y no han tenido interlocución. Creo que el Acuerdo sirvió para visibilizar esas movilizaciones del mundo rural.
También las movilizaciones impactaron el Acuerdo. Desde las presiones del movimiento de mujeres para que hubiese más mujeres en la mesa, hasta todo lo que se generó antes del plebiscito.
Y finalmente, vale la pena señalar que en el punto 2.2 del Acuerdo se propone la construcción, con las organizaciones sociales, de un proyecto de ley para las garantías de la protesta, la movilización social y la participación política. Eso generó muchas expectativas, y está en pausa porque no se ha logrado que se lleve al debate. Creo que es importante ver qué pasa ahí porque gracias a ese proyecto tendríamos un protocolo de protección de la movilización social no solo frente a la violencia contra los movimientos y luchas sociales, sino también a los ataques de funcionarios públicos (en este momento las declaraciones del ministro Botero son el más claro ejemplo de esa necesidad) o la desinformación de ciertos medios de comunicación.
P: ¿Cómo ve la capacidad de organización campesina en el país?
A.M.R: Pienso que las ‘Dignidades’ han sido una forma de organización fuerte y poderosa que logra convocar solidaridades de los consumidores. Además, ha logrado el ingreso de ciertas personalidades al Congreso, eso es importante. La Coccam también es muy interesante porque no solo lograr mostrar que los cultivadores de cultivos de uso ilícito no son delincuentes sino que hay autonomía y propuestas claras. Que no tienen nada que esconder y por el contrario tienen mucho que aportar a una política integral contra el tráfico de drogas.
Y finalmente hay que resaltar procesos como la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) porque a pesar de que las mesas posprotestas están saturando ya a las organizaciones, este esfuerzo articula un amplio número de territorios, identidades y prácticas productivas.
P: ¿Qué riesgos identifica para la movilización campesina?
A.M.R: Estamos frente al riesgo de la consolidación de una opinión pública negativa frente a la protesta. Aun sabiendo que la protesta es un derecho establecido por nuestra Constitución. Esto puede generar no solo la deslegitimación de los manifestantes, sino también su criminalización, su persecución y su exterminio.
P: ¿Podemos hablar de una geografía de la movilización?
A.M.R: Podemos seguir hablando de Bogotá como un lugar fundamental. Muchas de las protestas del mundo rural que no llegan a la capital del país no son oídas de manera tan eficaz. Pero también se debe hablar de una estrategia geográfica, que cada vez es más frecuente: los bloqueos de vías. Esa irrupción de un lugar que es importante para el tránsito de otras personas y que puede afectar la economía, se ha convertido en la mejor manera de llamar la atención e impacta radicalmente el espacio.
P: Y a nivel nacional, ¿dónde se presentan más movilizaciones?
A.M.R: Siempre Bogotá registra el mayor número de protestas, pero debido a que muchas personas de otras regiones vienen acá. Luego, las ciudades principales. Sin embargo, no tenemos suficiente información, por la escasez de fuentes, de zonas como la Orinoquía y la Amazonía. Si uno piensa en Cauca, Nariño, los Santanderes, sobre todo en el Catatumbo… puede ser que haya más movilizaciones. Esa percepción tiene que ver tanto con los impactos de dichas acciones como los riesgos que implican para los manifestantes. Pero en términos generales creo que hablar de dónde se presentan más movilizaciones no es tan sencillo porque puede ser que en algunos lugares haya más protestas frecuentes pero en otras sean más densas y de mayor impacto.
P: ¿Cuál es el riesgo que se corre si no se atiende a las peticiones de estos sectores campesinos?
A.M.R: Creo que más que no atenderlas, quisiera llamar la atención sobre una cosa que hemos visto en reuniones con actores campesinos y que ya he mencionado: la gente se está cansando de las mesas. Se están creando mil mesas para negociar (atender) cada vez que hay una movilización, pero el ciclo –hay una protesta, se instala una mesa, lo pactado en la mesa no se cumple y entonces hay una nueva protesta por incumplimientos– está generando aumento de luchas sociales y repertorios cada vez más contenciosos. El mayor motivo de protestas que tenemos actualmente en nuestra Base de Datos es el de incumplimientos de acuerdos que dieron fin a protestas anteriores.
Es necesario encontrar otro mecanismo o una gestión integral de estas mesas de negociación. La gente de las organizaciones dice que se encuentran a los mismos en distintas mesas y esto desgasta a la gente el ver que se negocia, pero que no pasa nada. Muchas veces el gobierno no tiene la capacidad real de solucionar los conflictos. Varias de las mesas tienen que ver con temas ambientales, de tierras, afectaciones por causa de megaproyectos, y probablemente eso no lo va a solucionar una mesa. Debe haber una política más dispuesta a recoger lo que la gente dice que funciona. Al fin y al cabo, ellos son los que conocen su territorio.
[1] https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8918-luchas-sociales-y-elecciones-regionales.html
Para acceder al contenido completo del número 93 de la Revista Cien Días, puede dar clic aquí
Para conocer el más reciente número de Cien Días, puede dar clic aquí
Por: Sergio Mahecha Jaimes – @MajaSergio / Oficina de Comunicaciones Cinep/PPP