El gobierno de José Manuel Marroquín ejecutó civiles en la guerra de los mil días. El gobierno de Miguel Abadía asesinó obreros petroleros en Barrancabermeja en enero del 27 y en ciénaga en diciembre del 28. El gobierno de Ospina Pérez ejecutó civiles en la retoma de Bogotá y luego con su temible policía política (ver El Bogotazo de Arturo Alape y La violencia en Colombia de Fals Borda- Guzmán- Umaña) desató la violencia. El gobierno conservador de Laureano Gómez-Urdaneta ejecutó civiles en Boyacá y Santander (ver cifras y prontuario en el libro de Memorias de Alejandro Galvis Galvis), donde empezó a operar la chulavita. La dictadura de Rojas Pinilla asesinó estudiantes en la carrera séptima con el Batallón Colombia curtido de bajas en Corea. Los gobiernos de Alfonso López y Turbay, quienes gobernaron bajo estado de sitio, tienen en el ajuste de cuentas con la nación los muertos del paro del 77 y las torturas y desapariciones forzadas de anapistas en el Valle y en Santander. El los gobiernos de Belisario Betancourt con la retoma del palacio de Justicia y el gobierno de Barco con el comienzo del genocidio de la Up continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Pero ningún gobierno dio la licencia y los estímulos a las Fuerzas Militares para matar a su propio pueblo como el de Álvaro Uribe Vélez y su sistema de recompensas por cabeza.
Brigadas especializadas en captar, engañar, matar y revestir a jovencitos de los barrios pobres de Soacha, de Cúcuta, de Aguachica, se especializaron en cazar las recompensas fusilando inocentes en el Catatumbo y pasándolos por guerrilleros muertos en combate. Después de matarlos los revestían, de manera que cuando los forenses hacían las autopsias encontraban las heridas por debajo de la ropa nueva. Para designar esto cuando en el ministerio de Juan Manuel Santos la cantidad de ejecuciones trascendió a la prensa el discurso oficial usó el eufemismo abstracto: «Falsos positivos». Cada vez que se use, hay que obligarse a describir el crimen que implica: ejecuciones de civiles.
Wilfrido Quintero Chona: lo retuvimos en un bar, estaba en la lista que hice con María Eugenia en El Carmen, lo encerramos y los sacamos con mentiras, le dije que íbamos a la estación de Policía de Guamalito”[…] “Llegamos a Guamalito, volteo y le disparo. Lo asesiné. Los soldados disparaban hacia el monte y reportamos un supuesto combate. Le coloqué un arma que me habían enviado los paramilitares, cuando yo le pongo el arma en las manos, veo una mano llena de callos de un campesino trabajador, no pensábamos en el daño que estábamos haciendo» –Cabo Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar
Habría que recordar constantemente a los directores de esas instituciones que existen para defender la constitución, que la vida es un derecho fundamental y que no violen los derechos humanos.
El hecho fáctico, que resulta ser, en términos del derecho internacional humanitario, es «ejecuciones extrajudiciales», aunque podría ser inexacto porque hay un abanico de crímenes conexos. Pero el pueblo colombiano está en la obligación de poner nombre a la infamia, de reconocer a sus verdugos y de exigir al gobierno de turno que esto no se repita como continúa ocurriendo en el gobierno de Iván Duque.
Y es que la práctica sigue. El ejército sigue exterminando inocentes y encubriendo su responsabilidad. A la par que se daba en el Catatumbo la audiencia de militares que pasaron a la JEP por estos casos, en el congreso se hacía un debate de moción de censura contra el ministro Molano por los asesinados en Puerto Leguízamo en una llamada “operación militar”.
Crímenes de estado así plantean problemas éticos a toda la sociedad. Uno urgente es el de la restitución del nombre al crimen borrado, porque contribuye al enmascaramiento semántico. La restitución pasa por el lenguaje. Porque el encubrimiento semántico plantea un problema ético. Enmascarar es negar.
Desde el nombre que designa a estos crímenes de lesa humanidad hay una complicidad y compromiso con el encubrimiento cada vez que usamos la expresión «Falsos positivos». Que aun ante la JEP los militares y la prensa y la gente siga llamándolos así continúa el encubrimiento. Y es encubrimiento porque aceptamos los términos, la nominación oficial que hizo el verdugo para desfigurar su delito. Esa selección del sustantivo enmascara el delito, y de paso maquilla la falta de ética que pone en evidencia la doble moral o la ausencia ya de moral en las instituciones responsables de defender los derechos constitucionales y los derechos humanos, y del pueblo colombiano que parece haber aceptado esta matazón sistemática al desfigurarla, en lugar de usar la evidencia e impugnar a los verdugos.
Restituir el nombre del delito no es hacer justicia, pero el encubrimiento semántico plantea también por qué la sociedad colombiana ha contribuido al encubrimiento por omisión, desconocimiento o indiferencia de semejante cúmulo de atrocidades. Una sociedad pasiva que deja que maten inocentes sin darse cuenta que se está dejando degradar porque somos un todo, porque la degradación del otro me degrada también. Afrontar la verdad es empezar a cambiar la doble moral que condena al soldado que siguió un plan del Gobierno, pero justifica al presidente, comandante en jefe, porque había que brindar “seguridad democrática” para recuperar la economía. Afrontar la culpa, la vergüenza, la responsabilidad, el perdón, el miedo y actuar hacia una nueva sociedad de activismo cívico donde esto no pase y cuando pase se haga inadmisible y quienes lo promuevan sean juzgados. Eso llevaría a una nueva forma de sociedad y de la relación del pueblo con el Estado. Los cuestionamientos que surgen de este caso de la JEP son fundamentales para participar de un cambio social. ¿Cómo puede la sociedad hacer que el Estado respete la vida y que gobiernos delincuenciales nunca regresen y que la vía armada no tenga fundamento porque se está un Estado de Derecho?
Cada caso de asesinatos de civiles imputado a los militares que se acogieron a esta jurisdicción ha sido documentado y la JEP arrojó una cifra: 6402. Pero, ¿cuántas víctimas hay realmente de estas ejecuciones si hay más 200000 desaparecidos sin exhumar en Dabeiba, Hidroituango, La Macarena? ¿Cómo integrar víctimas y desaparecidos cuando no hay evidencia ni confesión de los verdugos? ¿Dónde están sus cuerpos, sus nombres, sus historias? ¿Por qué el país no se ha levantado a reclamarlos, como no se ha levantado por el asesinato constante y sin rostro y sin justicia de los líderes sociales? La justicia que tuvo que empezar a esclarecerlo fue la JEP. La JEP no existió en los anteriores gobiernos. Solo fue posible tras los acuerdos de paz de La Habana. Y las victimas de este delito no son solo los 2000 que manejaba la fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero tampoco la JEP pudo establecer que eran los 10000 que registraron las ong. Son 6402. ¿Por qué fluctúan así los casos? ¿Quiénes son los que faltan y cuándo habrá justicia para ellos?
De modo que el pueblo colombiano contra el cual se perpetró esta infamia está en el momento de reclamar por primera vez con evidencias y un tribunal de por medio un atisbo de justicia y de verdad. Es una deuda moral con los que han sido sacrificados a nombre de ese otro eufemismo «seguridad democrática», lema de aquel mal gobierno que alentaba a los militares a cometer delitos de lesa humanidad a cambio de recompensas.
«Falsos positivos» es una denominación que debemos abandonar para afrontar el peso de la verdad. Afrontar la verdad es empezar a cambiar. Afrontar la culpa, la vergüenza, la responsabilidad, el perdón, el miedo y actuar hacia una nueva moral. Eso llevaría a una nueva forma de estar de la sociedad y la relación del pueblo con el Estado. Los cuestionamientos que surgen de este caso de la JEP son fundamentales para participar de un cambio de la sociedad colombiana a una menos hipócrita, más solidaria, más crítica, menos complaciente, más justa.