“Hubo incautación de material de guerra, fusiles, ametralladoras, municiones, recursos y material de intendencia», afirmó el general Nicacio Martínez. Y agregó que la operación incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo que “debilitaron estas organizaciones”. Estas palabras no sólo indican que los militares estuvieron en el lugar del bombardeo, sino que lo inspeccionaron en busca de información, armamento y material de guerra. En ese momento debieron advertir que había cuerpos de menores de edad entre los escombros. ¿Cómo no darse cuenta? Es imposible que un niño de doce años o un adolescente de quince tengan las mismas dimensiones de un adulto.
Pero los soldados, los oficiales ni el general reconocieron que en algún eslabón de la cadena pasaron por alto la presencia de menores de edad en el campamento o que no se tomaron el trabajo de indagar sobre su existencia. No aceptaron, en últimas, que cometieron un error.
Pero eso no fue lo peor: contaron a los menores de edad como guerrilleros y se enorgullecieron por la firmeza con la que se llevó el ataque. El general Nicacio sabía que el ataque había dado de baja a siete menores de edad que no eran guerrilleros a pesar de que portaban el uniforme y empuñaban un fusil. Los niños fueron arrancados de su entorno familiar a la fuerza. Fueron secuestrados por el grupo armado que los obligó a caminar por montañas, pasando hambre y sed. ¿Existe algún niño que desee que su vida transcurra en medio de necesidades, lejos de su familia? ¿Un niño de doce años entiende de modelos económicos, conoce a Marx o Engels? ¿Qué motivaría a un niño de esa edad para irse a la guerrilla por su propia voluntad?
En ningún momento los militares deben asumir que los menores de edad son guerrilleros y que deben atacarse con la misma firmeza con la que se atacan a los adultos. Por el contrario, las fuerzas militares están obligadas a protegerlos: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico” (art. 18 de la ley 1098 de 2006). También están obligados a entregarlos a las autoridades para que se encarguen de su rehabilitación y resocialización: “Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas” (art. 19).
En este caso los militares no tomaron medidas para rescatar a los menores de edad para entregarlos a las autoridades. Ni siquiera tomaron medidas para protegerlos. No se sabe si fue por negligencia o por omisión. Lo único cierto es que bombardearon el campamento, murieron siete menores de edad que fueron presentados como guerrilleros para que los ciudadanos pensaran que las fuerzas militares cumplían con el compromiso de acabar con los insurgentes. Todo esto sucedió bajo el mandato de un ministro que no sabe si asesinaron a un reinsertado de las Farc o fue un accidente; que no tiene idea de lo que sucede en el Cauca; que no sabe quién dio la orden para que dos soldados se colgaran de una bandera durante la feria de las flores de Medellín; que no supo de la existencia de menores de edad durante el ataque.