El ingeniero del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) hizo un llamado a la articulación entre comunidades e institucionalidad para la implementación de la Sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional (que declaró al río Atrato sujeto de derechos).
“En el Chocó tenemos todos los instrumentos de planeación del desarrollo necesarios”, dice.
Helcías José Ayala Mosquera es ingeniero de minas de la Universidad Tecnológica del Chocó, magíster en ciencias ambientales de la Universidad de Antioquia y doctorando en desarrollo sostenible de la Universidad de Manizales.
Hace parte del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), entidad que ha propuesto planes de acción para la implementar la Sentencia T-622, en búsqueda de mejorar el ordenamiento ambiental, la calidad ambiental, la producción sostenible y la promoción de la gobernanza ambiental en el Chocó.
Hizo un llamado a actores sociales y gubernamentales a trabajar de forma mancomunada por el desarrollo del departamento:
“Tenemos que dar un giro para entender que nosotros mismos somos los llamados a escalar y desarrollar los temas asociados a productividad, emprendimiento y fomento”, sostuvo.
Esta entrevista está basada en la intervención que hizo el experto en el evento virtual de la Mesa Étnica del Chocó Biogeográfico, revisada por él.
¿Qué acciones ha adelantado el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) en el marco de la Sentencia T-622?
El Instituto ha estado trabajando en dos órdenes: la quinta y la séptima. En la quinta, de la mano con el Ministerio de Ambiente, se provocó hasta el momento la formulación de un plan de acción ambiental. Ese plan tiene identificados unos lineamientos a manera de programas y proyectos que consideran varias líneas de intervención: la planeación y el ordenamiento ambiental, el mejoramiento de la calidad ambiental, la producción sostenible y la promoción de la gobernanza ambiental del territorio, asociado la necesidad del desarrollo de un programa de gestión de la información y el conocimiento.
Esa construcción ha sido participativa con los actores sociales del territorio: comunidades negras e indígenas, sociedad civil y la institucionalidad. Nosotros hemos servido como puente y canal de interlocución, participación, gestión y acercamiento a nivel central, especialmente al proceso de los Guardianes del Atrato y al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que son los actores que han provocado toda esta movilización para otorgarle derechos al Atrato e intentar desarrollar acciones que contribuyan a la restitución de sus activos naturales y culturales, los cuales han sido permeados por la irracionalidad no solamente de la minería, sino también del aprovechamiento forestal.
Hay limitaciones en materia de saneamiento básico. Cuando se discute sobre la problemática ambiental en la Cuenca de Atrato, la minería pasa a ser un factor detonante pero no el único, y allí se ha llamado bastante la atención.
Hemos hecho un esfuerzo mayúsculo en función de cumplir la tarea, realmente cuando intervenimos en estos procesos hacemos un esfuerzo grande a pesar de las limitaciones. Nuestro objetivo es potencializar los activos culturales y ambientales, en la perspectiva de integrar elementos que dinamicen la economía.
Respecto de la Sentencia del Atrato, el Instituto ayudó a integrar y alinear varios planes de acción para dar respuesta al desafío de la orden quinta que nos dispone la Corte Constitucional.
Lo que hace falta es que este instrumento sea implementado, que se dispongan los recursos por parte de todos los actores competentes, en este caso Alcaldía, Gobernación del Chocó, ministerios e instituciones que tienen que ver con los procesos socioambientales y que deben prestar asistencia técnica y hacer fomento.
La orden séptima está relacionada con temas de desarrollo económico, pero cuando esta se aterriza a la seguridad alimentaria y el rescate de las prácticas tradicionales de producción, nos damos cuenta de que debemos ir más allá de solo ver la productividad en la Cuenca del Atrato en esta escala tradicional, en función de interponer otros niveles de emprendimiento económico concordantes con la oferta ambiental y su conservación.
Este ejercicio todavía está en construcción, se va a definir una serie de programas y proyectos en torno a la dinamización productiva en la Cuenca. Las instituciones responsables de la orden séptima son los Ministerios de Agricultura, del Interior, del Ambiente y de Desarrollo Económico, pero lo más importante es que los actores locales realmente se apropien de estos instrumentos, los pongan en marcha y los implementen.
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¿Cuáles son esos actores locales y por qué es tan importante que se unan para consolidar estos proyectos?
Soy un convencido de que nuestros problemas no los van a solucionar desde el centro del país. Tenemos que dar un giro para entender que nosotros mismos somos los llamados a escalar y desarrollar los temas asociados a productividad, emprendimiento y fomento.
En tal sentido, el reto es cómo diseñamos una serie de procesos de articulación para hacer sinergia y entre todos apalancar estas apuestas hacia el desarrollo, porque efectivamente tenemos dónde cimentarlas, y de dónde irrigar las semillas desde los activos bioculturales existentes.
Lo que debemos hacer es sumarnos a esas dinámicas, no generar espacios que se contrapongan a estos procesos, sino fortalecer la red ya existente en torno a la Sentencia del Atrato.
Me refiero a sumar esfuerzos a la inversión de energía y tiempo ya aportado por los Guardianes del Atrato, representados en liderazgos de mujeres, campesinos, indígenas, de consejos comunitarios, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, además de organizaciones e instituciones como Tierra Digna y el IIAP.
Los instrumentos estructurados hay que apropiarlos y escalarlos a los escenarios que correspondan para procurar que entre todos se puedan sumar recursos que dinamicen esos procesos.
¿Cuál ha sido el papel de la institucionalidad?
Efectivamente, la institucionalidad ha estado acompañando, los ministerios han estado participando de esos procesos. Sin embargo, la institucionalidad del centro del país, incluso Codechocó y algunas alcaldías, no deben solo preocuparse porque no les abran procesos disciplinarios y sancionatorios por el incumplimiento de las órdenes, si no por la real implementación de las acciones propuestas dentro de los planes.
Por eso es menester acompañar a las comunidades que tienen una visión de largo plazo para la gobernanza social y ambiental de su territorio. Lo que implica una lógica distinta de administración y planeación del desarrollo de los municipios en función de sus dinámicas electorales, que no configuran una visión prospectiva de futuro sino la coyuntura del período de administración.
¿Cuál es su posición frente a la aparente disyuntiva entre conservacionismo y productividad?
Creo que no debemos solo asumirnos como una región altruista que le apuesta solamente el conservacionismo, considero que hay que promover también complementariamente alternativas sustentables de desarrollo económico para la región, solamente que más allá de lo discursivo no hemos definido, ordenado y fomentado estratégicamente las líneas de productividad y competitividad que nos ofrecen los activos del territorio.
Por ejemplo, sobre la Cuenca del Atrato, está muy visible en los planes de acción, tanto en la orden séptima como en la quinta, el tema de turismo.
Ahí hay una oportunidad estratégica, simplemente que la institucionalidad local, las comunidades, los consejos comunitarios, los cabildos indígenas, tenemos que encontrarnos en esa perspectiva y ponernos en la tarea desarrollar este sector, desde nuestra propia perspectiva; y simplemente a la institucionalidad del centro del país y a los otros organismos tenemos que convocarlos para que cooperen en el apalancamiento, mas no para que nos impongan el modelo o los proyectos desde otros enfoques e intereses.
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¿Qué otros proyectos ha formulado el IIAP?
Además de los planes de acción derivados de la Sentencia, formulamos un proyecto para la atención a los desafíos del cambio climático, e hicimos un estudio para la promoción de la navegabilidad del río Atrato, además de la caracterización de la estructura ecológica principal de la Cuenca del Atrato, y la caracterización de sus humedales.
Vale destacar un estudio técnico realizado para la gestión de la declaración de un nuevo sitio RAMSAR para Colombia y para el mundo en los humedales del bajo Atrato.
Todo eso es en función no solamente de ordenar el territorio, de conservar la riqueza natural que es un potencial grandísimo para la región, sino también para facultar la dinamización económica y el bienestar colectivo a partir del usufructo racional de los activos bioculturales.
¿Por qué es tan importante asumir la Sentencia como una oportunidad para la región?
La Sentencia da luces para que estos planes de acción se constituyan en una agenda, en un soporte que podría con su implementación constituirse en una estructura hacia el desarrollo.
Es un instrumento que considera lo ambiental, lo productivo, el ordenamiento territorial, la participación e inclusión, legalidad y la formalidad de las actividades productivas dentro del territorio.
Debemos pasar de ese enfoque extractivista a modelar el desarrollo económico desde una perspectiva de la legalidad, de la formalidad y la sustentabilidad ambiental.
La Sentencia del Atrato efectivamente se configura como una herramienta útil no solamente para dar respuesta a las órdenes establecidas, sino también para la construcción de las rutas para configurar y modelar el desarrollo de la Cuenca.
Lo que se haga en la Sentencia del Atrato, los planes de acción integral que se formulen podrían ser herramientas para replicar en las otras subregiones del departamento del Chocó y el resto del Pacífico colombiano donde hay situaciones similares.
¿Cómo trabajar desde la formalidad cuando la minería ilegal ha alcanzado dimensiones tan grandes?
El experto en minería Darío Cújar, ha planteado en este escenario de la Mesa Étnica la oportunidad de un proyecto minero que procure la restauración ambiental y geomorfológica de la cuenca del rio Quito, y de hecho esta es una idea fenomenal que deberíamos trasladar al espacio de Mesa Minera, donde se viene discutiendo la formulación del negocio minero pertinente para el Chocó.
En este espacio se vislumbra el impulso de una visión que articula el usufructo de los recursos mineros en correspondencia con la conservación ambiental y el desarrollo propio, en tal sentido, se auscultan y promueven acciones interinstitucionales para la formalización minera y el ordenamiento minero ambiental.
Hay regiones que han pasado por los mismos conflictos, como la zona del San Juan y el Baudó, el primero por minería y el segundo por aprovechamiento forestal, cultivos de uso ilícito y la presencia de actores violentos en el territorio.
En la sentencia del Atrato se habla del efecto intercomunis, lo que permitiría su extensión a otros territorios vulnerados y con problemas muy similares a la Cuenca del Atrato.
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¿Cómo lograr una sinergia institucional y comunitaria para la implementación de la Sentencia?
La orden quinta tiene que ver con descontaminar el río Atrato y toda la gestión ambiental,lo cual implica un esfuerzo sinérgico relevante para fortalecer la capacidad instalada del departamento del Chocó en materia de investigación, y de esta manera poder competir conjuntamente por proyectos de impacto en materia productiva, de seguridad alimentaria y de restauración ambiental.
Solo articulados interinstitucionalmente y de la mano con las comunidades lograremos robustecer las investigaciones y fortalecer la gestión hacia el desarrollo territorial sin tanta dispersión.
Editó: Juan David Morales, de la plataforma de comunicaciones de Color de Colombia
***Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 3: Mercados inclusivos y desarrollo sostenible. Iniciativa: Promoción de consensos estratégicos para el desarrollo sostenible. Proyecto: Chocó piensa en grande.