Mientras los negociadores de las FARC están en Cuba disfrutando de los lujos de su estadía y Juan Carlos Sierra, conocido como ‘El Tuso’ recibe rebajas de penas por colaboración, la situación de sus víctimas, especialmente las mujeres y niñas, es mucho más cruel.
Una encuesta patrocinada por el gobierno en 2011 encontró que casi el 48 por ciento de mujeres desplazadas reportaron ser víctimas de violencia doméstica, y más del 9 por ciento reportaron haber sido violadas por alguien que no era su compañero. Según Human Rights Watch, las leyes que castigan la violencia contra las mujeres no protegen de una forma adecuada a las víctimas del desplazamiento. Aproximadamente dos millones de mujeres y niñas enfrentan altos índices de abuso y violencia doméstica.
Además de haber sido desplazadas, de vivir en la pobreza y de ser maltratadas, las mujeres y niñas no cuentan con el apoyo del gobierno. HRW menciona que ellas no tienen acceso a la justicia ni a servicios de salud y protección. Aunque el “acceso oportuno a servicios de salud es esencial después de un episodio de violencia sexual o doméstica para asegurar el bienestar de las víctimas y para la recolección de pruebas forenses” necesarias para llevar a los culpables ante la justicia, las mujeres desplazadas no cuentan con dicho acceso.
HRW señala que las víctimas de violencia de género encuentran serias barreras cuando tratan de acudir a la justicia. Algunos de los problemas mencionados durante las entrevistas previas al reporte, indican que las barreras más comunes son malos tratos por parte de las autoridades, retos en materia de prueba y miedo a las represalias.
Resulta bastante incoherente que el gobierno y las autoridades sean quienes les dan la espalda a las víctimas del desplazamiento y de la violencia de género. Esos casi dos millones de mujeres y niñas prácticamente se enfrentan al abandono del gobierno día tras día. Es en estos casos donde uno se pregunta para que sirven todas las penas que castigan los abusos sexuales y la violencia doméstica si las mismas autoridades se encargan de entorpecer los procesos que llevarían a la cárcel a los culpables. A este paso, los victimarios, los miembros de las FARC y los paramilitares que causaron el desplazamiento forzado, van a terminar recibiendo más beneficios que las mismas víctimas y todo a costillas de los colombianos.
Mientras los miembros de las FARC andan en Harley Davidsons y Hummers, a las mujeres y niñas desplazadas les toca lidiar a diario con los problemas que los miembros de organizaciones armadas les causaron directa e indirectamente. Eso sí, los negociadores de las FARC siguen en Cuba, lejos de toda la miseria y sufrimiento que han causado en un gran segmento de la población femenina colombiana.