El Cuento

Publicado el ricardogonduq

‘El Mecanismo’ colombiano

El político, el funcionario, el intermediario y el contratista, es una cadena que se repite en Brasil, en Colombia y en muchos países del continente para robarse los recursos públicos. La vemos desde los sobornos de los contratos del posconflicto hasta en los arreglos de la administración de nuestro edificio. Esta última minicorrupción, la corrupción de los ciudadanos, puede valer más de los 50 billones de pesos que cuestan los grandes escándalos al año. ¿Estamos condenados a ser corruptos o tenemos arreglo?

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Por: Ricardo González Duque

En Twitter: @RicardoGonDuq

Por cuenta del éxito plenamente justificado de la enviciadora ‘La casa de papel’, en Netflix ha pasado desapercibida una serie que está dando de qué hablar a los más poderosos y que tiene como tema principal una de sus prácticas más recurrentes: la corrupción. ‘O Mecanismo’, en portugués o ‘El Mecanismo’, en español, narra el origen de la operación Lava Jato, que fue la raíz del escándalo que tiene hoy en prisión al presidente más popular de la historia de Brasil y que se diseminó por todo el continente como fichas de dominó con otros políticos sobornados por la constructora Odebrecht.

En el último capítulo de la primera temporada su protagonista, Marco Ruffo –un policía que se dedicó a luchar contra los corruptos y no a buscar delincuentes comunes en las favelas– concluye lo siguiente: “El mecanismo está en todo. Del gobierno federal al señor Joao. Del grande al pequeño, es un patrón. El poder económico y los funcionarios públicos actúan juntos. Los políticos nombran a los directivos, quienes asignan las obras siempre a los mismos contratistas, estos cobran de más por los proyectos y devuelven parte de ese presupuesto a los políticos y directivos en forma de soborno. El sistema se perpetúa a sí mismo. El mecanismo está en todo, desde el que obtiene identidad falsa para obtener descuentos, hasta el que soborna al policía para que no lo multe. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. No existen partidos. No hay ideología. Es un mecanismo que eligió a todos los presidentes hasta hoy.”

 ¿Se nos parece a algo?

El mismo ‘modus operandi’, como le llamaríamos en Colombia, se ha perpetuado por décadas sin que pase nada e incluso inspirando a políticos o contratistas a convertirse en filósofos. Desde cuando Julio César Turbay hablaba de la corrupción en sus justas proporciones, hasta cuando Miguel Nule desde Miami soltó que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Con eso hemos vivido y eso nos ha corrompido como sociedad.

Las noticias del fin de semana que pasó nos demuestra que el mismo mecanismo que descubrieron los investigadores en Brasil, aplica para Colombia. Miremos: Unos políticos, encargados del posconflicto, nombran a unos funcionarios que deben asignar los contratos que servirán para implementar el acuerdo de paz con las Farc; esos funcionarios se los adjudican a unos contratistas, quienes encarecen su valor para devolverles el favor a los funcionarios y los políticos, todo para seguir aceitando la máquina perversa.

En todo este sistema hay una figura previa que es la del intermediario, llámese Alfredo o Roberto Ibrahim como en la serie brasileña o Marlon Marín, Iván Moreno, Daniel García y Otto Bula, como en la realidad colombiana. Estos son el enlace entre el Estado y los contratistas, son los que estructuraran el saqueo de los recursos públicos, que a fin de cuentas es el dinero -puede sonar a frase de cajón, no importa repetirlo- que se debería invertir originalmente en educación superior gratuita, salud de calidad, justicia más eficaz o infraestructura en las zonas más apartadas.

Hace unas décadas el país se sorprendía por las formas creativas como los narcotraficantes colombianos enviaban cocaína a Estados Unidos para no ser descubiertos. Ahora nos sorprendemos con el uso de esa misma creatividad para atracar al Estado, porque ya lo escribía hace un año, los corruptos de hoy, son los narcos de ayer. Justamente, esta semana nos enteramos de la forma como unos abogados les ofrecían a los ciudadanos la posibilidad de pensionarse a temprana edad, recurriendo a la certificación de invalidez por enfermedades mentales, todo con la complicidad de funcionarios de Colpensiones que ayudaban en los trámites. Un “mecanismo”, como el mismo fiscal Martínez lo llamó, que le robó a la entidad más de 100 mil millones de pesos en siete años y por el que los beneficiarios, palabras más, palabras menos, se hacían los locos.

Llamo la atención sobre casos como este, porque la corrupción ya no se está quedando en los peces gordos. No son simplemente los hermanos Uribe Moreno con la DIAN y la Alcaldía de Mosquera para hacer negocios juntos; o los altos mandos militares con sus subalternos para sacar tajada de misiones de inteligencia que comprometen la seguridad nacional; o el 64% de los empresarios de la encuesta de Transparencia por Colombia que decían que sin sobornos no se podían hacer negocios; ni siquiera los funcionarios de este y el anterior gobierno acordando con una empresa gringa elevar en 4 mil millones de dólares los costos de la Refinería de Cartagena. La corrupción ahora es al menudeo, en la oficina, en la universidad, en el colegio, en la tienda de la esquina. En la administración del edificio.

Resulta que en agosto del año pasado, hubo un daño en la cerradura de la puerta electrónica del parqueadero de un edificio en Bogotá, causado por un carro que se estrelló contra ella. Días después, la administradora de ese edificio pasó la cuenta de cobro a los responsables del hecho por un valor de 650 mil pesos, cifra que cobraba una empresa, que según la señora era la que única que autorizaba el edificio para hacer todos los arreglos. Los dueños del vehículo, como pasa en estos casos, recurrieron a la compañía aseguradora para que se encargara de llevar todo el proceso y ellos a su vez pidieron una cita con la administradora para evaluar el daño y proceder con el desembolso. Ella nunca más volvió a responder.

La puerta electrónica se arregló milagrosamente al poco tiempo, la cuenta de cobro no volvió a aparecer y quienes iban a pagar 650 mil pesos, terminaron revisando en Mercado Libre y Home Center el costo de las cerraduras de ese tipo, que no superaban los 100 mil pesos. Había incluso algunas de 35 mil. ¿Por qué no volvió a cobrar la administradora? ¿Tenía algún negocio con la misma empresa contratista que hacía los arreglos del edificio con sobrecostos? Esa es la ‘minicorrupción’, de la que estamos plagados y que incluso puede valer más de los 50 billones de pesos que identifica la Contraloría al año en corrupción al Estado.

¿Cómo se arregla todo esto? Decir que está en nuestra sangre, en nuestra esencia de colombiano avivato, es seguirle el juego a corruptos como Miguel Nule y de esa manera se justifica el desangre a los recursos de todos. Lamentablemente, los ciudadanos aprendimos la corrupción de nuestros gobernantes y la volvimos paisaje, como la guerra; por eso no nos es tan ajeno el discurso de la serie brasileña cuando concluye que “es un mecanismo que eligió a todos los presidentes hasta hoy”. Aquí también nos ha pasado. ¿O acaso quiénes financiaron las dos principales campañas presidenciales de 2014?

La cultura corrupta que ahora está imperando entre los ciudadanos sí se puede cambiar desde los gobiernos bajo premisas como la de Carlos Gaviria que hoy recoge Sergio Fajardo, de que “quien paga para llegar, llega para robar”. El compromiso para romper ese mecanismo, de una vez por todas, es no votando por quienes alimentan ese monstruo de la corrupción como una forma de vida política, incluso desde que hacen la campaña. Pero también se asume en la calle todos los días: Si a usted el tendero le devuelve unas monedas o unos billetes de más, hágaselo saber y devuélvaselos. La ‘microhonestidad’ también vale y mucho.

UN PUNTO DE GIRO: El 17 de abril los senadores deberán votar si le dan o no el aval a la consulta anticorrupción que recogió 4 millones de firmas y que crea algunas herramientas para hacer más transparente la gestión pública. Los ciudadanos los estaremos observando detenidamente, para saber quiénes votan por darles castigos a los corruptos y quiénes tienen rabo de paja para votar no. Como la corrupción no tiene partido político, la lucha contra la corrupción tampoco debería tenerlo. Solo que algunos se oyen muy cínicos hablando de esto último.

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