La televisión y las redes sociales amplifican cada robo que ocurre y logran hacerlo gracias a la complicidad y la facilidad que dan los videos de cámaras de seguridad. Con ellos, se logra crear una atmósfera de miedo e inseguridad que son efectivos para conseguir rating y clics. Lo malo es que con esos ingredientes empieza la locura colectiva que hemos empezado a ver con ideas muy peligrosas.

Concejo de Bogotá D.C. - Altas cifras de robos en Bogotá

A los atracos que están ocurriendo en Bogotá por estos días, que no son más de los que ocurren habitualmente en una ciudad de 8 millones de habitantes, se está proponiendo responder con asesinatos. Quienes están de acuerdo con responderles a tiros a los ladrones son adictos a la violencia y tienen invertidos el código penal y sus valores, porque para ellos una vida vale menos que un rolex o un iPhone.

Amplificada por sectores de derecha y con el auspicio de varios medios de comunicación, a la agenda de la inseguridad se quiere responder con armas para todos y con la manoseada “legítima defensa”, que de legítima no tiene nada.

Los políticos, abogados y periodistas que piden flexibilizar el uso de armas para todo el mundo, parece que no saben o no les importa saber lo que ocurre en Estados Unidos, que aún mantiene el absurdo de que el uso de fusiles sea derecho constitucional.

Esa insensata libertad (de la línea Milei) les costó a los estadounidenses 650 tiroteos masivos en 2023, lo que significó 49 mil muertos en los 365 días del año pasado. Es decir, unos 134 muertos diarios. ¿Se imaginan pasar del robo de unos restaurantes, unos celulares y unos relojes, a contar 134 muertos cada día en Colombia por tiroteos en las calles de nuestras ciudades?

Si el país quiere un escenario en el que haya más de 130 muertos diarios por tiroteos masivos la mejor opción para ese propósito (o mejor, para ese despropósito) es que alguien como María Fernanda Cabal llegue a la presidencia. Esa opción en el tarjetón tiene otras varias variantes igual de perjudiciales como Abelardo de la Espriella o Vicky Dávila, quien pavimenta su candidatura presidencial aspirando a los votos de Uribe, con la plata de los Gilinski y su altavoz de mentiras.

El uso flexible de armas en Colombia tendría el agravante de que es lamentablemente un país violento y uno que no se toma en serio los problemas de salud mental, que padecen cuatro de cada diez colombianos, según el Instituto Nacional de Salud. Y cuya mala atención en EPS recibió quejas de 49 mil pacientes de enfermedades mentales el año pasado, según Supersalud.

En Colombia la violencia está tan naturalizada, que son héroes el policía que mata a dos ladrones en un restaurante o el médico que hace lo propio con otros tres atracadores en un puente peatonal. A eso, los adictos a la violencia, le siguen llamando legítima defensa, la otra solución que buscan encontrarle al magnificado problema de la inseguridad en las calles.

Pero lejos está de ser legítima defensa o justicia por mano propia, como explicó muy bien el abogado Francisco Bernate, que resultó siendo una luz de sensatez entre tanto colega suyo promotor de la ley de la selva. Según Bernate, a lo ocurrido con el policía retirado que les disparó a dos ladrones en el restaurante del sur de Bogotá se le debe llamar ejecución extrajudicial.

Y explica que la legítima defensa se justifica cuando el ciudadano reacciona de forma inmediata y proporcional. “Encontramos que al señor policía ya lo habían atracado, los ladrones se estaban dando a la huida, luego no había un peligro. Su reacción es posterior, así que no es una situación en la que él se estaba protegiendo”, dice Bernate. Además, dice que no fue una respuesta proporcional porque el policía, capacitado para causar heridas, terminó matando a los dos ladrones.

Para este abogado, si el policía no es judicializado, lo que pasaría es que en Colombia estaríamos legalizando la pena de muerte por robo.

Así que ya vemos que ni la flexibilización en el uso de armas ni la falsa legítima defensa son buenas ideas para atacar la inseguridad. Por lo que surgen dos propuestas.

Una, la de crear un sistema judicial alternativo, que haga la justicia más rápida y efectiva ante delitos pequeños pero de alto impacto. Con esta reforma no habría excarcelación para ningún delito y se crearían centros especiales de reclusión para quienes delinquen por primera vez, una propuesta que ya hicieron varios congresistas desde 2022 pero que está en riesgo de hundirse. La idea es que los delincuentes o potenciales delincuentes, le tengan miedo a la justicia y no a otros que les disparen en la calle.

Y dos, profundizar en programas nacionales, pero también locales, para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia, sea común u organizada. Una buena idea encaminada en ese propósito es “Jóvenes en Paz” del ministerio de la Igualdad, así la oposición y el mismo presidente Petro hayan satanizado la idea con la caricatura de “pagar para no matar”.

De modo que, si nos venden inseguridad, algo en lo que es experto un poderoso sector del país, respondamos con justicia y no con violencia. Más justicia y menos tiros, es la clave.

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