Durante estos días que han crecido las críticas contra el presidente Petro, alentadas por un influyente sector de la población e impulsadas por las 250 mil personas que marcharon el 21 de abril, ha salido a relucir entre una minoría la absurda idea de “extrañar” a Iván Duque. Y no puedo aceptar que en el país se recuerde con nostalgia a un presidente que también fue responsable de “falsos positivos”.

En los cuatro años de Duque, no hay que olvidarlo, el Ejército emitió una directiva para presionar el aumento de “bajas”, que fue la misma estrategia macabra que desencadenó los 6.402 falsos positivos durante los ocho años de Álvaro Uribe. De no haber sido por la publicación del New York Times, que desenmascaró esa estrategia del general Nicacio Martínez, hubiéramos repetido la horrorosa historia. Eso no fue lo único, en el gobierno anterior hubo bombardeos a menores de edad, sin olvidar el bazar comunitario que militares convirtieron en una masacre en Putumayo.

Pero tal vez, a diferencia del gobierno Uribe, en el de Duque los protagonistas fueron los falsos positivos urbanos, que todos vivimos de cerca, que se transmitieron en vivo y en directo, cometidos durante las noches del estallido social de 2019 a 2021.

La CIDH documentó que hubo entre 50 y 70 jóvenes asesinados en su mayoría por el desproporcionado uso de la fuerza por parte de la Policía durante el mes y medio del paro de 2021, sin contar los días de noviembre de 2019, cuando Dilan Cruz fue el símbolo de las víctimas y las fatídicas noches de septiembre de 2020, en las que la Policía disparó indiscriminadamente.

A hoy, cuando se conmemora el 28 de abril de 2021, fecha clave de ese estallido social en el que las movilizaciones fueron gigantescas para tumbar la descorazonada reforma tributaria de Duque y Carrasquilla; la impunidad sigue siendo la noticia. Ni Duque, ni Molano, ni Vargas, los responsables directos del asesinato de jóvenes manifestantes, han tenido que responder ante la justicia por esos hechos. Ni siquiera han pedido perdón.

En el caso de Dilan Cruz, asesinado en Bogotá, las evidencias apuntan a un disparo deliberado del capitán del Esmad, Manuel Cubillos, quien no ha sido condenado. A Santiago Murillo, asesinado en Ibagué, la Policía le disparó, pero a pesar de la lucha de su madre, Milena Meneses, porque se haga justicia (de la que he sido testigo directo), el único involucrado quedó en libertad. Por el asesinato de Lucas Villa en Pereira, a pesar de las pruebas que vinculan a la Policía y su relación con mafiosos, ha habido una operación de encubrimiento y de revictimización para desviar el caso. Similar resultado ha habido para las víctimas de las humildes callecitas de Siloé en Cali.

Además, nadie en la Policía responde por el asesinato de Julieth Ramírez, una joven a quien la mató una bala perdida en medio de los enfrentamientos de la Policía con manifestantes en septiembre de 2020, un hecho que llevó a que la Alcaldía de Claudia López les rindiera un homenaje a las víctimas, acto en el que fue elocuente la silla vacía de Iván Duque.

Mientras estos dolorosos hechos ocurrían, él, Duque, su ministro Molano y su general Vargas, seguían en directo desde salas de crisis de la Policía, la actuación de los hombres que estaban a su mando. Nunca hemos podido conocer con claridad cuáles fueron las órdenes que ellos dieron y que se tradujeron en este “juvenicidio”.

Por eso, tres años después del último estallido social, no solo es una ofensa a las víctimas extrañar a Iván Duque y su aparato estatal de represión, sino que es un imperativo pedir que se aplique la justicia hacia ellos. En contraste, a pesar de que el presidente Petro les ha incumplido a los manifestantes con una de las recomendaciones de la CIDH que pedía separar a la Policía del Ministerio de Defensa para dejar de considerar a los manifestantes como el “enemigo interno”, en su gobierno ha habido cero asesinatos y lesiones oculares en las manifestaciones en su contra.

De modo que la tarea es social y también de la justicia. Social porque tal vez es hora de que, así como en el caso de los falsos positivos que existen las Madres de Soacha, se conformen también las “Madres del Estallido Social”, y que al igual que lo ha hecho Milena Meneses, ellas hagan veeduría para que se encuentren los responsables de estos asesinatos.

Y en la justicia, porque ahora que están todas las esperanzas puestas en la nueva fiscal Luz Adriana Camargo y ya no está en la Fiscalía el amigo de Duque, se llame a responder a su ministro, sus generales y se recaben pruebas para que este expresidente responda ante la Comisión de Acusación por los falsos positivos de su gobierno.

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