En una sociedad moderna se le debe garantizar a sus ciudadanos poder tener un hijo, sin depender de una condición económica específica o decidir no tenerlo, sin que una mujer tenga que demostrarle a nadie por qué no quiere dar a luz. Sin embargo, razones religiosas, politiqueras y económicas se unen para presionar a la Corte Constitucional y evitar que conceda estas garantías. 
Por: Ricardo González Duque
En Twitter: @RicardoGonDuq
“Ni aborto ni fecundación artificial. Eso no es de Dios”. Esta posición que he escuchado después de la reciente decisión de la Corte Constitucional que abre la posibilidad para que parejas de bajos recursos puedan acceder a la fecundación in vitro o artificial, pone sobre la mesa una profunda contradicción entre quienes además se oponen al aborto, un derecho fundamental que tiene la mujer y sobre el que los magistrados están a punto de emitir un nuevo fallo en medio de la discusión nacional que se mueve en un péndulo: volver a penalizarlo, dejarlo como está –esto es, despenalización parcial– o legalizarlo completamente.
Los llamados ‘pro-vida’ alentados por motivaciones religiosas, que están camufladas en argumentos de bioética y seudociencia, no están de acuerdo con que las mujeres puedan decidir si quieren o no tener un hijo, pero tampoco avalan que una familia infértil pueda valerse de los avances científicos para procrear. Su lógica consiste en que el placer del sexo debe estar en la idea de reproducirse, que solo hay una forma de lograr esa reproducción y solo hay una combinación para poderlo hacerlo: la de hombre-mujer.
La religión cristiana-católica, con la dictadura de su mayoría, no puede seguir siendo la que defina los parámetros de las prácticas sexuales de los colombianos ni sus formas de reproducción y para evitarlo, por fortuna, está la Corte Constitucional. No se trata, por supuesto de cometer un asesinato, un “infanticidio”, como creen algunos en el caso del aborto, ni tampoco en el irrespeto del don de la procreación como creen el mismo sector en el caso de la fecundación in vitro. Se trata simplemente de dos derechos: a tener hijos y a no querer tenerlos.
En el primer derecho, el de “tener hijos”, la Corte ha vuelto a emitir un pronunciamiento –ya había una sentencia de 2018 que pedía seguir adelante con una ley de 2016 que incluía este tratamiento en los planes de beneficios de las EPS– y en él quedan enfrentados además de argumentos religiosos, los económicos, que van desde el Gobierno Nacional hasta las EPS.
La iglesia católica les ha dicho a sus seguidores que la fecundación no puede ser entendida como un derecho, sino como un don y que el origen de un ser humano “no puede ser el producto de una intervención de técnicas médicas y biológicas”. En su encíclica sobre la ‘dignidad de la procreación’ de Juan Pablo II, se asegura además que “la Iglesia es contraria desde el punto de vista moral a la fecundación in vitro, ésta es en sí ilícita, contraria a la dignidad de la procreación y la unión conyugal. Intenta una procreación que no es fruto de la unión específicamente conyugal”. Le pide, entonces, a los estériles que se resignen.
Desde el punto de vista económico, este mismo derecho se ve enfrentado a la sostenibilidad fiscal del Sistema de Seguridad Social. En su momento, el gobierno de Juan Manuel Santos objetó la ley de 2016 al considerar que su costo podría ascender a 13 billones de pesos anuales para atender a por lo menos 2.5 millones de colombianos que están en edad reproductiva y son infértiles. La incapacidad para familias de menos recursos para poder pagar estos tratamientos de mínimo 20 millones de pesos, fue una de las consideraciones de discriminación en la legislación anterior que encontró la Corte porque solo la clase alta podría tener hijos.
En cuanto al otro derecho, el de “no querer tener un hijo”, la Corte está a punto de volver a decidir muy probablemente para ratificar la despenalización que ya existe desde 2006, pero está presionada por la imposición que quiere hacer la religión, que no es más que un club de hombres que no tienen ni idea lo que significa un embarazo y también por oportunistas políticos que ven en este asunto un tema para ganar réditos electorales.
La razón para defender el aborto es muy sencilla: la naturaleza o Dios, para quienes creen, definió que son las mujeres las que tienen la posibilidad de procrear, un hecho suficiente para que durante el embarazo -así el hombre sea partícipe y tenga deberes con el ser que está a punto de nacer- ellas sean las únicas que puedan definir qué quieren hacer con su cuerpo y por ende con el feto.
Suena crudo, además por la propaganda sucia que hacen los ‘pro-vida’ y por casos lamentables como el del aborto de Popayán a los siete meses de gestación, pero detrás de quienes pontifican sobre la IVE están realidades más complicadas: 70 mujeres muertas al año por abortos inseguros, 132 mil que sufren complicaciones por abortos clandestinos a los que recurren porque casi el 90% de IPS ponen trabas para su realización, porque desestiman por ejemplo su salud mental como una causal para autorizarlo.
Por último, quizá como consecuencia de un hijo no deseado, en Colombia al día dos niños son asesinados principalmente por su entorno familiar más cercano, no sin antes haber padecido vejámenes. ¿Para eso quieren los ‘pro-vida’ que lleguen al mundo niños no deseados?
Una sociedad moderna, en la que el Estado no es confesional como el nuestro, tiene que seguir apartando las creencias del orden constitucional y por lo tanto le debe permitir a sus ciudadanos estos dos derechos: poder tener un hijo, sin depender de una condición económica específica y/o decidir no tenerlo, sin que una mujer tenga que demostrarle a nadie por qué no quiere dar a luz.
UN PUNTO DE GIRO: La Alcaldía de Bogotá genera confianza y muestra cercanía con los ciudadanos, razón suficiente para que pueda ser un éxito el “aporte voluntario” de 10% del predial para financiar la seguridad en TransMilenio. Sin embargo, por el ánimo pesimista que ha vivido la ciudad en los últimos años, quizá la realidad que veamos en el pago sea muy distinta a las expectativas.