Ese extraño oficio llamado Diplomacia

Publicado el Asociación Diplomática y Consular de Colombia

LA PAZ VISTA CON OJOS DE MUJER: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROCESO DE PAZ*

Durante las décadas recientes la expresión “perspectiva de género” ha logrado trascender el ámbito de la investigación social y posicionarse en las narrativas estatales; sin embargo, en algunos sectores aún no hay claridad sobre su significado y suele malinterpretarse el uso de la palabra “género” con reivindicaciones radicales orientadas exclusivamente hacia los derechos de las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud ha definido género como “los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”, es por ello que se afirma que el género es una construcción social que debe diferenciarse del concepto del sexo biológico. Por su parte, el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) define la “perspectiva de género” como “el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.”

Respecto al tema de violencia de género y conflictos armados, y sin desconocer las agresiones sufridas por los hombres, es un hecho que las mujeres han sido blancos de un tipo de violencia específica como la sexual, la cual es la representación de cómo el cuerpo de la mujer es considerado como parte del territorio conquistado en una disputa; ejemplos históricos de lo anterior fueron los raptos y violaciones en la Grecia antigua; las llamadas “mujeres de confort” durante la invasión japonesa a China; las violaciones perpetradas por el ejército de EEEUU en Vietnam y los embarazos forzados en Bosnia como parte de la llamada “depuración étnica”.

En Colombia la violencia de género ha sido utilizada como arma de guerra por parte de todos los actores involucrados. Un estudio que comprendió el periodo 2001-2009 concluyó que alrededor de 490.000 mujeres fueron víctimas directas de agresión sexual en el marco del conflicto; sin embargo, estos registros son poco precisos debido a la ausencia de denuncias, a la naturalización de la violencia contra la mujer y al temor de estigmatización, entre otros motivos. Este tipo de violencia se ha expresado de distintas formas según el grupo armado que la haya ejercido. En el caso de los paramilitares, fue un mecanismo que servía para asegurar el control territorial y social a través del terror. Respecto de los grupos guerrilleros, ha servido al propósito del reclutamiento forzado y para proveer servicios sexuales a los combatientes, en este caso también debe hacerse mención a los procesos violentos de anticoncepción y aborto forzados. Por otra parte, y teniendo en cuenta el desarrollo de repertorios de agresión contra aquellas personas que no se ajustan a los parámetros heteronormativos, la violencia de género también ha impactado a la comunidad LGBTI a través de formas como discriminación, estigmatización, desplazamiento, castigos públicos, violaciones “correctivas”, tortura sexual y asesinato, este último como parte de las llamadas “operaciones de limpieza social”.

A pesar del reconocimiento de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los procesos de paz, de acuerdo con cifras de la ONU, apenas 94 de 585 acuerdos de paz concluidos en el mundo desde 1990 lo hicieron efectivamente. Algunos ejemplos importantes son los casos de Suráfrica donde la Comisión Nacional de Mujeres logró que uno de cada dos representantes de los partidos en el proceso de negociación fuera mujer; El Salvador, en donde se estableció que una tercera parte de los beneficiarios de la redistribución de tierras y de proyectos de reinserción fueran mujeres; e Irlanda del Norte, en donde la Coalición de Mujeres aseguró un lugar en la mesa de negociaciones, sirvió como puente entre católicos y protestantes, y promovió la reintegración de prisioneros políticos.

El proceso colombiano es probablemente uno de los más exitosos del mundo respecto a la incorporación de la perspectiva de género. Las negociaciones incluyeron desde sus inicios el tema, lo que resultó en la celebración de la Cumbre Nacional Mujeres y Paz en 2013; posteriormente, en 2014 fue instalada oficialmente la Sub-comisión de Género que entendía a las mujeres “como sujetos de derechos y protagonistas en la construcción de la paz” y la cual adelantó sus trabajos hasta julio de 2016, integrando a organizaciones de mujeres y de grupos LGBTI, y desarrollando su labor sobre ocho ejes temáticos: 1. Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; 2. Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; 3. Promoción de la participación en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; 4. Medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; 5. Acceso a la verdad, a la justicia y  a las garantías de no repetición; 6. Reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetos políticos; 7. Gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social, y  8. Sistemas de información desagregados.

Los resultados de dichos trabajos se ven reflejados en la especial atención que el Acuerdo presta a los derechos fundamentales de las mujeres y al reconocer que “las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, de condiciones estructurales de exclusión, subordinación y discriminación de género”, por lo que es necesario “desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de participación política y social”.

El Acuerdo visibiliza expresamente la violencia sexual como forma de victimización, reconoce que la violencia de género es uno de los aspectos menos conocidos del conflicto y determina como uno de los objetivos del SIVJRNR el enfoque territorial, diferencial y de género; así mismo, establece como principio del componente de justicia, el reconocimiento de que las consecuencias de las violaciones a los DDHH revisten mayor gravedad cuando impactan a las mujeres, entre otros grupos vulnerables. Respecto a las medidas de reparación, determina una ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de la atención psicosocial de las víctimas de violencia sexual y en lo que tiene que ver con el componente de acompañamiento internacional, acuerda solicitar el apoyo de ONU Mujeres y del Representante del Secretario General para Violencia Sexual en el Conflicto. Debe también resaltarse el haber tenido en cuenta a los grupos con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas y su reconocimiento como grupo vulnerable, haciendo de Colombia tal vez el primer país en el mundo en tener en cuenta expresamente los derechos de las comunidades LGTBI en un proceso de paz.

El caso colombiano representa una verdadera innovación en los procesos de paz a nivel mundial, pues nunca antes se había logrado simultáneamente una presencia tan significativa de mujeres en la mesa de negociación, se había incorporado el enfoque de género en los acuerdos, ni se había abierto tan ampliamente la participación de organizaciones de mujeres en la construcción del proceso y para la etapa de post-acuerdo, haciendo de Colombia un país que ha llevado al mundo a una compresión más profunda de los temas de género y su vinculación con los procesos de paz.

* Mónica Beltrán Espitia estudió Finanzas y relaciones Internacionales. Es Ministra Consejera en la Dirección de Asuntos Culturales en la Cancillería. Ha prestado servicio en los Consulados de Colombia en Puerto Ordaz, Barquisimeto, Barinas y encargada de asuntos consulares y culturales en la Embajada de Colombia en Canadá.

 

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