Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.

A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.

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La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.

Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.

«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.

Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.

Áreas protegidas en la mira

El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.

Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.

“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.

“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.

Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.

Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.

Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.

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El debilitamiento del sector

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.

Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada.  El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.

«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.

La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.

Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.

“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.

El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.

Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».

El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.

César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.

Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.

*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

En ese contexto, el candidato a la Contraloría General de la República, Jorge Eliecer Laverde, ha sido objeto de diversos señalamientos que han encontrado eco en redes sociales. Sin embargo, es indispensable hacer una distinción que muchas veces se pierde en el ruido de la confrontación política: una acusación, un rumor o una versión difundida en redes sociales no constituyen una prueba, ni mucho menos una sentencia.

Una cosa es estar en desacuerdo con sus planteamientos y la manera como los expresa. En ese sentido, ratifico lo que exprese en mi columna de opinión anterior, que no se puede, ni se debe aspirar a dirigir una entidad desprestigiando el trabajo que desde la misma entidad se ejecuta porque lo único que se podría conseguir es que aumente la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado.

Otra cosa es dar por hecho un rumor sin siquiera conocer a ninguna de las partes involucradas en lo que se dice, sin tener en cuenta que se puede afectar el buen nombre y que, así como le ocurre a esta persona, también cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos ataques que muchas veces se hacen de forma malintencionada.

Si existen investigaciones en curso, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes adelantarlas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso y será la Fiscalía, y en su momento los jueces si llegara a ser el caso, quienes deberán establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades. Antes de que ello ocurra, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.

El problema de las redes sociales es que con frecuencia convierten las sospechas en certezas y las opiniones en supuestas verdades absolutas. Basta con que un mensaje sea compartido miles de veces para que muchos lo asuman como un hecho comprobado, cuando en realidad puede tratarse de información incompleta, descontextualizada o simplemente falsa. Ese fenómeno no solo afecta a quien es objeto de los señalamientos, sino que también deteriora la calidad del debate democrático.

Las campañas electorales suelen ser escenarios donde abundan las estrategias de desprestigio, la desinformación y la circulación de contenidos cuyo propósito es influir en la opinión pública. Precisamente por ello, la ciudadanía debe actuar con prudencia y exigir evidencias antes de emitir juicios. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones.

Lo anterior no significa que las denuncias deban ignorarse o minimizarse. Toda denuncia seria merece ser investigada por las autoridades competentes. Pero investigar no equivale a condenar. Entre una denuncia y una sentencia existe un proceso que debe respetarse para garantizar tanto el derecho de las víctimas como las garantías fundamentales de las personas señaladas.

La presunción de inocencia no es un privilegio de los poderosos ni una fórmula jurídica vacía. Es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos frente a condenas anticipadas en la plaza pública. Renunciar a ese principio por conveniencia política sería abrir la puerta a que cualquier persona pudiera ser destruida reputacionalmente con base únicamente en rumores o acusaciones sin sustento.

En una democracia madura, las redes sociales no pueden reemplazar a los jueces, ni los rumores sustituir las pruebas. La credibilidad de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales dependen, precisamente, de que la verdad sea establecida por la justicia y no por el tribunal de la opinión pública.

Bienvenido el debate por el cargo de contralor general de la república, pero este debe hacerse sobre las ideas que se propongan para ejercer el control fiscal tan necesario en un país donde abunda la corrupción, y donde muchas veces los proyectos no se ejecutan a tiempo ni de la manera adecuada.

Nota recomendada: No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría

Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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No puede negarse que el desprestigio de la actividad política tiene responsables. Durante décadas, numerosos dirigentes públicos abusaron de la confianza ciudadana y protagonizaron escándalos de corrupción que erosionaron la legitimidad de las instituciones. Esa historia explica, aunque no justifica, la profunda desconfianza que hoy despierta cualquier servidor público investigado.

El problema surge cuando esa desconfianza deja de ser una actitud crítica para convertirse en un prejuicio. En ese momento desaparece la diferencia entre investigar y condenar. La apertura de un proceso judicial deja de entenderse como un mecanismo para esclarecer los hechos y pasa a interpretarse como la prueba definitiva de culpabilidad. Así, el proceso penal pierde su razón de ser, porque la sentencia ya ha sido dictada por la opinión pública.

El caso del excongresista Carlos Trujillo ilustra nuevamente esa realidad. Independientemente de las opiniones que cada ciudadano tenga sobre su trayectoria política, lo cierto es que durante años su nombre estuvo asociado a sospechas que alimentaron titulares, comentarios y juicios apresurados. Hoy, cuando la justicia ha descartado responsabilidades en su contra, el eco de esa decisión resulta mucho más débil que el ruido que produjo la investigación.

Y ese es uno de los mayores problemas de nuestra cultura pública: las absoluciones rara vez reciben la misma atención que las acusaciones. El escándalo vende; la rectificación apenas ocupa unas cuantas líneas. El daño reputacional, entretanto, ya está hecho y, en muchos casos, resulta irreversible.

No es un fenómeno nuevo. Ocurrió durante los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y otros grandes expedientes judiciales que marcaron la historia reciente del país. Muchos de los investigados fueron finalmente absueltos o nunca se encontraron pruebas suficientes para vincularlos penalmente. Sin embargo, el juicio social permaneció intacto. Para una parte de la opinión pública, la investigación bastó para convertirlos en culpables de manera definitiva.

Ese comportamiento revela una preocupante incapacidad para distinguir entre la sospecha y la prueba, entre la imputación y la condena, entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Son categorías distintas que cumplen funciones diferentes en una democracia. Confundirlas no fortalece la lucha contra la corrupción; por el contrario, debilita las garantías que protegen a todos los ciudadanos.

La misma lógica aparece cuando se pretende estigmatizar a cualquier persona que haya trabajado en una entidad pública donde posteriormente se descubren hechos de corrupción.

En los últimos meses he escuchado a colegas escandalizarse simplemente porque alguien prestó sus servicios profesionales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como si pertenecer a esa institución constituyera, por sí solo, un indicio de deshonestidad.

La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo trabajar para una entidad del Estado equivale a compartir las conductas ilegales de algunos de sus funcionarios? Aceptar semejante razonamiento conduciría al absurdo de afirmar que todos los empleados del Congreso de la República son corruptos o que cada integrante del INPEC responde por los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Las responsabilidades penales son individuales, nunca colectivas.

Como periodista, esa tendencia me preocupa especialmente. El periodismo existe para verificar hechos, contextualizar la información y ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos, no para amplificar prejuicios ni para sustituir a los jueces.

Cuando la profesión abandona el rigor y convierte la sospecha en noticia definitiva, deja de cumplir su función democrática y termina alimentando la polarización que dice combatir.

No conozco personalmente al excongresista Carlos Trujillo ni escribo estas líneas para reivindicar su carrera política. Cada lector tendrá su propia opinión sobre ella. Lo que sí considero digno de celebración es que la justicia haya podido cumplir su función y establecer, tras el debido proceso, que no existían responsabilidades penales en su contra.

Porque una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad para condenar a los culpables. Se mide, sobre todo, por su disposición a reconocer la inocencia de quienes fueron investigados cuando las pruebas así lo demuestran. Mientras sigamos confundiendo una investigación con una sentencia y el escándalo con la verdad, continuaremos debilitando el Estado de derecho que decimos defender y reemplazando la justicia por el tribunal, siempre implacable, de la opinión pública.

Nota recomendada: El voto fusil: ¿una verdad conveniente?

A partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

Nos acercamos peligrosamente a un gobierno de botas y camándula. Por un lado, aparece este titular de prensa: “Abelardo de la Espriella sigue en peregrinación por Colombia. Se arrodilló en emblemático santuario colombiano”. Y enseguida aparece en la pantalla este otro: “El presidente electo confirmó su intención de jurar como nuevo jefe de Estado en una guarnición militar”. 

Nada más hipócrita que hacerle morcillas al diablo, para decirlo en el lenguaje de mi abuela: o sea, invocar a Dios con propósitos sacrílegos.

Colombia asiste a una reedición de su propio destino circular. A las puertas de que el gobierno de “Los Nunca” asuma el poder con los de siempre, el país parece atrapado en un vórtice temporal donde cincuenta millones de habitantes están a punto de experimentar un doloroso retroceso de ciento cuarenta años, regresando ideológicamente a los laberintos de 1886, una época en la que el territorio albergaba apenas a cuatro millones de almas.

A ese tiempo pertenece la Constitución de 1886, cuyo padre es Rafael Núñez, la cual concedió amplísimas facultades al presidente: su periodo era de seis años (con reelección inmediata e indefinida) y tenía la potestad para nombrar gobernadores, jueces y magistrados. Recuerden que Núñez fue cuatro veces presidente, aunque murió en 1894, a la mitad de su último periodo. Usó el poder hasta para inmortalizar su rostro barbudo en los billetes del Banco Nacional y el de su esposa, doña Soledad Román, en las monedas de la época.

La gravedad de nuestra crisis contemporánea se disfraza con la teatralidad de las élites, confirmando que, hoy como ayer, “primero hubo que pasar por un episodio de ñoñería mezclada de frivolidad, que en Colombia suele manifestarse en los momentos de mayor gravedad histórica”, como señaló Antonio Caballero en su libro “Historia de Colombia y sus oligarquías”.

En el centro de esta tramoya se erige la figura de Abelardo de la Espriella. Criado en las sabanas del departamento de Córdoba, bien puede ser la reencarnación contemporánea, refinada y estridente de Rafael Núñez. Comparte con el cartagenero no solo el origen caribeño y el gusto por la tribuna pública, sino esa doble condición de hombre que oscila entre la vida sibarita y el severo moralismo institucional. A su lado, operando como la conciencia jurídica e ideológica del proyecto, se sitúa el vallecaucano Carlos Alonso Lucio, quien asume el ropaje dogmático de Miguel Antonio Caro. Lucio, al igual que el Caro original, se proyecta no como un simple político tradicional, sino como un guardián inflexible de esencias doctrinales y de un orden cuasiteocrático. Aquí cabe evocar: Dios los crió y ellos solitos se juntaron; aunque les quedo debiendo el dato de dónde y cómo fue que se conocieron.  

El argumento central del nuevo “Regenerador” destila un autoritarismo pragmático: “Una república debe ser autoritaria para evitar el desorden”, pensaba Núñez. Para justificar el desmonte de las libertades modernas, De la Espriella y Lucio pretenden situar la religión católica y a Dios en el centro de todo, devolviendo la enseñanza cristiana como eje transversal de la educación pública y situando a Colombia en el medioevo. De ser el coordinador programático de Abelardo, Lucio podría convertirse en el ideólogo problemático del gobierno por entrar; problemático para nuestras libertades individuales, quiero decir.

Ya lo dijo la esposa de Lucio, Vivian Morales, la futura ministra de Educación: “Sacar a Marx y meter a Dios”. ¿Qué quiso decir con eso: que cambiarán profesores por curas y monjas? Por lo pronto, tengan presente que en países como Irán mandan locos y fanáticos religiosos.

El abogado cordobés, a pesar de sus excentricidades mundanas, recurre a la vieja fórmula de control social que unió a Bolívar y a Núñez:

“Se había convencido —como en su tiempo lo había hecho el Libertador Simón Bolívar, librepensador como él— de que la religión católica era un poderoso elemento de estabilidad y de cohesión en el país, y en consecuencia era necesario no solo transigir con ella, sino incluirla en el corazón de las instituciones”: Antonio Caballero en “Historian de Colombia y sus oligarquías”.

Como dijo el escritor Óscar Alarcón Núñez, en una columna de El Espectador (2025) hablando del natalicio de Núñez, “Después, en su gobierno de la Regeneración, fue más clero que el agua”.

¿Se avecina una espiral de violencia?

La idea un tanto absurda de usar una guarnición militar para la toma de juramento (algo más propio de un dictador, como lo señaló el expresidente Ernesto Samper), puede leerse como una actitud abiertamente desafiante con las leyes y el orden constitucional, pero también como su manera de congraciarse con la cúpula militar, como lo hizo, por ejemplo, un Hugo Chávez en Venezuela, aunque aquél si fue militar. ¿Acaso ahora sí es cierto que podríamos convertirnos en otra Venezuela? La Silla Vacía anticipó que ya hay ponencia favorable para otorgarle personería jurídica a “Defensores de la Patria”, el partido político de Abelardo.

Un viraje hacia el fundamentalismo político y religioso entrañaría peligros latentes para la frágil democracia colombiana. Bajo el régimen autoritario que se perfila (y con un nieto de Laureano Gómez —Enrique Gómez— hablándole al oído a Abelardo), la prensa libre y los sectores de oposición —particularmente aquellos identificados con la izquierda y el progresismo— se convertirán en los enemigos declarados del Estado.

Durante “La Regeneración” se promulgó la llamada “Ley de los Caballos” (Ley 61 de 1888), un instrumento de persecución política que facultaba al presidente para castigar cualquier acto que, según el gobierno, alterara el orden público, sin orden judicial o juicio previo; dicen que dicha ley fue en realidad el primer Estatuto de Seguridad. La bautizó “Ley de los Caballos” el periodista Fidel Cano Gutiérrez (fundador de El Espectador y opositor al régimen), quien sugirió que otorgar poderes dictatoriales equivalía a gobernar “como se gobierna a los caballos”: con látigo, espuelas y freno.

Si De la Espriella concibe el debate público no como un ejercicio democrático, sino como una amenaza para la estabilidad del régimen, estaría emulando la máxima de la Regeneración original: “La prensa no es elemento de paz sino de guerra”.  

Dejó constancia Antonio Caballero: “La prensa —le escribía a uno de sus ministros el presidente Núñez, que había hecho toda su carrera política desde los periódicos— no es elemento de paz sino de guerra, como los clubs, las elecciones continuas y el parlamento independiente de la autoridad (es decir, enemigo del género humano) Y así, tanto el propio Núñez como sus sucesores o más bien sustitutos en la presidencia, Holguín y Caro, tan periodistas como él, previnieron y reprimieron los que consideraron excesos de la prensa de oposición con la cárcel y el destierro de sus redactores y directores durante los quince años siguientes”.

Las herramientas para contener el disenso estarían listas para ser desempolvadas: el uso de la censura bajo el pretexto de reprimir los abusos de la opinión libre, el arrinconamiento o acoso judicial (De la Espriella anunció la creación de un grupo de abogados dedicado a denunciar irregularidades del Gobierno de Petro) y el destierro mediático de los directores y redactores incómodos hasta la exclusión de la oposición de las esferas del poder por considerarla, desde el púlpito oficial, como una fuerza que milita en el error doctrinal.  

Advierte el profesor Rodrigo Uprimmy en El Espectador: “La decisión de ADLE de suspender el empalme y las declaraciones de sus cercanos como Lucio de amenzar con juicios o extradiciones a Petro, como si ellos fueran autoridades judiciales, envenenan aún más el ambiente”.

Para denunciar todo exceso del nuevo mandatario y los suyos, se necesitará un periodismo más valiente que nunca (con “los Nunca”) para lo que se avecina: es decir, se requieren más ojos y oídos en Barranquilla, sede del nuevo gobierno, que también fue la ciudad desde donde gobernó, mediante cartas y telegramas, Rafael Núñez. “Núñez se iba y volvía, de la tierra fría a la tierra caliente; y volvía a irse y volvía a volver”, dejó dicho Caballero.

El riesgo de arrastrar a una nación de cincuenta millones de habitantes a una nueva espiral de violencia es inminente, con el agravante de que quieren legalizar el porte de armas. El lenguaje de la exclusión radical ya provocó en el siglo XIX que el inconformismo liberal estallara en las armas, derivando en la Guerra de los Mil Días, nuestra guerra civil más larga y sangrienta. Si el dogmatismo de Lucio y el personalismo de De la Espriella, con el apoyo de Enrique Gómez desde el Congreso, terminan por cerrar los canales democráticos, el país podría fragmentarse nuevamente, no ante ejércitos de estados soberanos como en 1885, sino bajo el fuego cruzado de una ciudadanía polarizada y empujada a una nueva conflagración civil.  Ojalá y no.

¿Nuevos ricos en la “Patria Milagro”?

Sin embargo, hay una mutación sustancial en este retorno al pasado. A diferencia del Núñez histórico, que se mantuvo relativamente inmune a los apetitos de la riqueza personal y gobernó desde el desapego físico en su casona de El Cabrero, cabe preguntarse si la nueva cofradía de “Los Nunca” persigue un fin abiertamente mercantil.

Le escuché a alguien la hipótesis de que el nuevo gobierno no traerá la salvación espiritual de la República, sino el enriquecimiento descarado de un pequeño círculo de aliados, concentrado de manera especial en una élite reducida de la región Caribe.  Está ocurriendo, por ejemplo, en un país que tiene menos habitantes que Bogotá: “Los nuevos oligarcas de El Salvador: la vertiginosa bonanza del círculo de Bukele”, titula el diario español El País.

En este nuevo diseño institucional, el misticismo católico de Carlos Alonso Lucio sirve apenas de mampara para la verdadera deidad de nuestro tiempo: el Dios dinero. “Casi todo es negocio, incluida la política”, escribe el abogado Guillermo Pérez Flórez, y bastante razón tiene.

Detrás de la retórica patriótica de De la Espriella se asoma la sombra de Donald Trump, quien contempla a Colombia ya no como un aliado estratégico, sino como una gigantesca mina de oro y una despensa de recursos lista para ser explotada en beneficio corporativo. Yo solo pregunto: ¿Es esta alianza entre el misticismo de fachada, el clientelismo regional y el extractivismo transnacional lo que denominan la “Patria Milagro”? Mientras escribo, la prensa informa que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, inició un periplo que lo llevará hacia la Casa Blanca junto con los designados ministros de Hacienda y Comercio. Al mismo tiempo, el diario The New York Times señala que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es quien maneja el poder y los recursos naturales en Venezuela.

Echemos mano de la crónica histórica de nuestro devenir:

“Fue por entonces cuando en este país empezó́ a usarse de manera habitual la palabra “oligarquía”, que en su original griego significa “gobierno de unos pocos”. En Colombia el término se tradujo por “gobierno de los otros”: era el que usaban los conservadores para referirse al pequeño círculo de los radicales en el poder, y el que más adelante usarían los liberales para designar al círculo aún más pequeño de los conservadores, cuando cambiaron las tornas”. (Del libro “Historia de Colombia y sus oligarquías)

Hoy las tornas han vuelto a cambiar. El “gobierno de los otros” pasa a ser el gobierno de una élite caribeña y empresarial que, aliada con el capital estadounidense, podría pretender privatizar el suelo nacional. Si Antonio Caballero viviera, diría que La “Patria Milagro” no será más que una inmensa comedia de enredo con consecuencias trágicas, un sainete político donde el crucifijo se usa para bendecir los contratos de concesión y el autoritarismo presidencial se ejerce para garantizar el libre flujo de los capitales de unos pocos.

Al cabo de este doloroso viaje de 140 años hacia el pasado, Colombia corre el riesgo de descubrir que cambió su Constitución de derechos por una carta monárquica y de mercado, donde cincuenta millones de ciudadanos quedarán excluidos de los milagros en su propia tierra.  Además, a partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

No se nos olvide que el primer milagro se dio en campaña, cuando el hoy presidente electo, buscando votos, siendo ateo se volvió devoto, (ora ateo, ora creyente, como Núñez), así que tratándose de un hombre de Dios, lleno de gracia y coherencia, debería posesionarse sin vacilaciones en cualquier basílica y no en una guarnición militar.

Si ayer fue “La Regeneración”, autoritaria y problemática, desde mi agnosticismo elevo plegarias para ponernos a salvo de una era de “Degeneración”, que atente contra las libertades civiles y destripe la Constitución de 1991. Amén. 

Hay una escena que se repite con una puntualidad admirable: alguien convencido de que un libro es demasiado peligroso para circular libremente. Cambian los imperios, las sotanas, los uniformes y los algoritmos. Cambia incluso el vocabulario. Ya casi nadie habla de herejías; ahora se habla de contenidos sensibles. Pero el impulso sigue siendo exactamente el mismo: administrar la imaginación ajena.

El poder siempre ha sospechado de las bibliotecas. Y con razón. Una biblioteca es un lugar donde la autoridad pierde el monopolio de la conversación.

La historia de la censura es, en el fondo, la historia de gobernantes que sobreestimaron el poder de prohibir y subestimaron el de la curiosidad.

En 213 a. C., el primer emperador de China, Qin Shi Huang, ordenó quemar libros y enterrar vivos a centenares de eruditos confucianos. El objetivo era elegante en su brutalidad: si desaparecía el pasado, el presente sería incuestionable. Dos mil doscientos años después seguimos leyendo a Confucio. Del emperador apenas recordamos que le tenía miedo a los libros.

En 1559, la Iglesia publicó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de obras cuya lectura podía costarle a un católico algo más que una discusión familiar. Allí terminaron Copérnico, Galileo, Descartes, Voltaire, Rousseau, Kant y decenas de autores cuya mayor insolencia había sido pensar por cuenta propia. El índice sobrevivió más de cuatro siglos. Fue abolido en 1966. Los libros sobrevivieron bastante mejor.

La obsesión nunca fue únicamente religiosa. Las llamadas brujas no sólo fueron víctimas del delirio sobrenatural. Muchas eran mujeres que conservaban conocimientos sobre medicina, botánica, partos o anticoncepción fuera del control de las universidades, casi exclusivamente masculinas, y fuera del monopolio eclesiástico. El problema no era la escoba; era la autonomía. Toda autoridad desconfía de quien sabe algo que ella no certificó.

Después llegó la Revolución Francesa y el miedo cruzó el Atlántico hablando francés.

La Corona española comprendió muy temprano que una imprenta podía ser más subversiva que un cuartel. En la Nueva Granada, los funcionarios revisaban baúles, inspeccionaban cargamentos y perseguían traducciones. No era paranoia: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Paine y los enciclopedistas estaban enseñando algo insoportable para cualquier imperio: que la autoridad también podía discutirse.

Mientras los barcos transportaban cacao, tabaco y oro, entre sus tablas viajaban ejemplares clandestinos de El contrato social o de Los derechos del hombre. La independencia latinoamericana no empezó con un grito. Empezó con una lectura.

Hay una ironía deliciosa en todo esto: España logró controlar puertos, aduanas y periódicos, pero nunca consiguió controlar el acto más peligroso de todos. Un lector solo con una vela encendida.

La censura tiene además una virtud extraordinaria: envejece peor que aquello que intenta destruir.

Madame Bovary fue llevada a juicio por inmoral. Ulises fue declarado obsceno. Lolita fue prohibida en varios países. 1984 ha sido censurada tanto por gobiernos comunistas como por gobiernos anticomunistas, un privilegio reservado únicamente para los grandes libros: incomodar a bandos enemigos al mismo tiempo.

Quizá por eso desconfío de quienes imaginan la censura como una reliquia del siglo XX.

Hoy casi nadie necesita una hoguera. Es mucho más eficiente fabricar consenso. No hace falta prohibir un libro si puede convencerse a una editorial de no reeditarlo, a una universidad de no enseñarlo, a una plataforma de no recomendarlo o a miles de personas de que leerlo constituye una falta moral.

Es una censura infinitamente más sofisticada porque, además, consigue que quienes la ejercen crean estar ampliando libertades.

Las últimas dos décadas han perfeccionado una forma particularmente moderna de inquisición. Ya no siempre se queman libros; se queman reputaciones. Autores como J. K. Rowling, Woody Allen o Junot Díaz han terminado atrapados, por razones muy distintas entre sí, en un tribunal permanente donde el veredicto suele anteceder al juicio y la condena casi nunca admite apelación. No estoy diciendo que las críticas sean ilegítimas. Al contrario: toda figura pública debe poder ser cuestionada. Lo inquietante es otra cosa. Que cada vez con más frecuencia el objetivo no sea debatir una obra, sino volverla ilegible; no sea refutar una idea, sino convertirla en un objeto tóxico.

Las tribus contemporáneas han heredado un viejo reflejo inquisitorial: ya no preguntan qué escribió alguien, sino si todavía está permitido leerlo. Cambian los dogmas, pero permanece intacto el placer de confeccionar listas de autores permitidos y autores prohibidos. Toda época fabrica su propio Index; la nuestra tiene mejor diseño gráfico y conexión a internet.

Pienso en Woody Allen. Recomendar Cassandra’s Dream no equivale a emitir un fallo judicial sobre su director. Del mismo modo que leer a Céline no convierte a nadie en antisemita ni admirar a Caravaggio obliga a defender que asesinara a un hombre. Si sólo aceptáramos obras producidas por seres moralmente impecables, nuestras bibliotecas cabrían en una servilleta.

Y, sin embargo, tampoco me convence esa consigna tan repetida de “separemos la obra del autor”. Nunca he sabido muy bien qué significa. Las obras no caen del cielo; las escriben personas, con todas sus contradicciones, miserias, virtudes y zonas oscuras. Quizá la propuesta deba ser otra: no separar la obra del sujeto, sino dejar de exigir sujetos perfectos para poder acercarnos a una obra. La literatura, el cine y el arte son, entre muchas cosas, registros de la complejidad humana. Si esperamos impecabilidad moral como requisito para leer, terminaremos leyendo muy poco y entendiendo todavía menos.

Sujetos perfectos, hasta donde sé, sólo los ángeles.

Y todavía no conozco al primero.

Hablando de política, siempre me ha parecido que nos preocupan demasiado los individuos y demasiado poco las ideas. Discutimos nombres propios como si fueran el centro de la historia, cuando casi siempre son las ideas las que sobreviven a quienes las encarnan. Los caudillos pasan. Las ideologías mutan. Los partidos cambian de color. Pero las ideas permanecen.

Y hay ideas que vale la pena defender incluso cuando resultan incómodas. No porque sean de izquierda o de derecha, sino porque hacen posible que existan todas las demás. La libertad de pensar. La libertad de leer. La libertad de amar. La libertad de sentir. La libertad de decir “no estoy de acuerdo”. Son ideas frágiles. La historia demuestra que nunca desaparecen de golpe; se erosionan lentamente, una concesión a la vez, una prohibición razonable a la vez, una excepción bien intencionada a la vez. Quizá por eso merecen ser defendidas con tanta convicción como se defendieron alguna vez las plazas o las fronteras.

Roberto Bolaño desconfiaba de las personas demasiado buenas. Siempre me pareció una intuición brillante. Los monstruos rara vez se presentan como monstruos; suelen llegar convencidos de ser la gente más decente de la habitación. Lo demasiado bueno termina siendo peligrosamente lejano de lo humano. Y cuando alguien cree representar el bien absoluto, la conversación deja de tener sentido. Sólo queda la pedagogía de la prohibición.

Por eso me resulta tan sugerente que Dua Lipa haya impulsado una biblioteca dedicada exclusivamente a libros censurados. El gesto importa porque recuerda algo elemental: una democracia no se mide por los libros que celebra, sino por los libros que tolera aunque le resulten incómodos.

Así que quisiera proponer un pequeño acto de desobediencia intelectual.

Leamos a los censurados. Leamos a los condenados.

Leamos a quienes una iglesia quiso esconder, a quienes un emperador quiso borrar, a quienes una dictadura prohibió y también a quienes una multitud decidió cancelar.

No para darles la razón. No para absolverlos. Sino para conservar intacto el derecho más importante que tiene un lector: decidir por sí mismo.

Después de todo, la mejor reseña de un libro nunca ha sido una faja editorial ni un premio literario.

Es descubrir que, en algún momento de la historia, alguien con suficiente poder sintió la necesidad de esconderlo.

Porque toda censura termina siendo una confesión involuntaria.

No habla de la peligrosidad de un libro.

Habla de la fragilidad de quien necesita prohibirlo.

Hernando Llano Ángel

Este aforismo del Dhammapada, sabia advertencia contra la futilidad de las guerras y la obsesión por vencer, deberíamos tenerlo en cuenta todos los colombianos mañana domingo 21 de junio, cuando elijamos presidente de la República, pero también en los resultados de nuestra Selección en el mundial de fútbol. Así lo ha expresado el mismo presidente Petro en manifestación pública en Cali: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”, ha enfatizadodurante un acto con sus seguidores en Cali. “Lo ordeno como presidente y mandatario del mandato que es el pueblo”[i]. Un mensaje muy significativo, dirigido a sus seguidores, en la ciudad que fue el epicentro del llamado “estallido social” en el 2021, para desactivar posibles excesos y provocaciones que deriven en víctimas mortales. Un llamado que incluso deberíamos tener en cuenta en la forma como celebremos los resultados de la Selección en el mundial de fútbol. Por ahora, estamos eufóricos con la victoria de 3-1 sobre Uzbequistán, pero el martes 23 de junio podemos lamentar la derrota o el empate frente a la República Democrática del Congo y el 27 ante Portugal. De nuevo, citaré a Gabo y su Proclama “Por un País al alcance de los niños”: “Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil”[ii]. Por eso la única forma de conservar la serenidad y la alegría, para los próximos encuentros y después de las elecciones, es superando el jolgorio de los triunfos y la tristeza por los empates o las derrotas. Eso lo saben muy bien los jugadores de la Selección. Con mayor razón deberíamos saberlo todos los ciudadanos en la política, ese juego del poder que nos define cómo vivimos y morimos, desde la cuna hasta la tumba. Hay que repetirlo hasta la saciedad, como bien lo expresaba Albert Camus en situaciones de máxima confrontación y tensión política: “No estoy hecho para la política porque soy incapaz de desear o de aceptar la muerte del adversario”. Por eso Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la máxima responsabilidad política e histórica mañana, cuando conozcamos el resultado de las elecciones. Entre otras cosas, porque las elecciones se inventaron para contar las cabezas, en lugar de cortarlas y así evitar la muerte del adversario, que en el futuro podrá de nuevo aspirar a ganar el apoyo de las mayorías. Esa es la primera y vital condición para la existencia de la democracia. Aunque entre nosotros todavía parece estar en duda.

“¡Contar cabezas en lugar de cortarlas!”

Según el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE)[iii] hasta los comicios celebrados para Congreso en este 2026 el número de víctimas mortales ya había superado la cifra de 67 colombianos, siendo el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, la víctima más lamentada y repudiada. Pero no debería ser así, pues la democracia muere con cada víctima que es asesinada por razones políticas, más allá de su afiliación partidista, su origen y posición social o su mayor o menor liderazgo público. Simplemente porque la vida de todas las personas en una democracia tiene igual valor y no tolera gradaciones de víctimas de primera o segunda categoría, así como el voto tiene igual valor para todos, independientemente de la riqueza o pobreza del elector, de su sabiduría o ignorancia. Por eso, sería no solo muy lamentable, sino realmente absurdo, inadmisible y condenable, que por la diferencia de unos cuantos votos se vaya a terminar cortando más cabezas colombianas después de conocerse los resultados este domingo. Sería la perdida total del sentido de las elecciones. Las urnas se convertirían en más tumbas y los votos de vida en sufragios luctuosos. En gran parte, ello dependerá de cómo ambos candidatos reciban los resultados del preconteo electoral, así como de la total imparcialidad y absoluta marginalidad del presidente Gustavo Petro durante dicho proceso.

Petro ante el juicio de la historia

Su intromisión no solo sería una grave violación de la Constitución, sino que negaría su condición de gobernante demócrata, como se precia de serlo y hasta ahora ha intentado demostrarlo, a pesar de su beligerancia verbal, intemperancia y críticas contra decisiones de altos tribunales, que cuestiona con frecuencia, pero siempre termina acatando y cumpliendo. Es justo reconocerlo, pues lo ha hecho sin atentar contra la autonomía e independencia de la rama judicial y menos introduciendo micrófonos y grabadoras en sus recintos, como impunemente lo ordenó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Corte Suprema de Justicia[iv] durante sus investigaciones y deliberaciones por investigaciones relacionadas con la parapolítica, que afectaron a gran parte de congresistas de su coalición de gobierno. No hay que olvidar que terminaron siendo condenados cerca de 60[v], entre ellos su primo Mario Uribe[vi] y Miguel de la Espriella[vii], familiar cercano de Abelardo. De otra parte, bien sabe el presidente Petro que no puede seguir el mal ejemplo del entonces presidente liberal Carlos Lleras Restrepo[viii], quien tuvo responsabilidad directa en la burla y el fraude electoral contra el general (R) Gustavo Rojas Pinilla y el triunfo de la ANAPO esquilmado ese 19 de abril de 1970, que a la postre dio origen al M-19 y su posterior ingreso a dicha organización como joven rebelde. No solo sería una insólita paradoja política, sino una negación de toda su fulgurante carrera como congresista opositor, alcalde de Bogotá y presidente de la República, que la historia no le perdonaría y cuyas consecuencias en el presente serían funestas. De allí que su llamado ayer en Cali a sus seguidores sea tan oportuno y valga la pena repetirlo: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”. Por eso, deberá abstenerse de emitir opinión alguna sobre el resultado del preconteo electoral y esperar con prudencia la finalización del proceso de escrutinio, que definirá el próximo presidente de 2026-2030.

El preconteo electoral no es vinculante

De otra parte, los candidatos De la Espriella y Cepeda deberían hacer un pacto de caballeros en el sentido de no precipitarse a celebrar victoria, solo con el resultado que arroje el preconteo electoral, sobre todo si la diferencia entre ambos es de pocos votos, pues dicho preconteo no tiene fuerza vinculante y se debe esperar hasta que el escrutinio defina el ganador. Ambos deben contener la impaciencia por celebrar un triunfo prematuro. No hay lugar con el preconteo para celebrar victorias estridentes y mucho menos derrotas definitivas si las diferencias no son significativas e irreversibles entre ambos candidatos. Como en los partidos del mundial, solo cuando el árbitro da el pitazo final –en este caso cuando el escrutinio ha finalizado y la Registraduría oficialmente da un resultado– se podrá celebrar. Y como suele suceder, entonces los jugadores reconocen con serenidad el resultado, se estrechan las manos y se retiran tranquilos al camerino, esperando en el futuro una nueva oportunidad para la revancha deportiva. Un ritual que ambos candidatos deberían emular, evitando el ganador celebrar su victoria en forma estridente y menos ir a estimular a su equipo e hinchada a salir a las calles a humillar a los derrotados, pues ello derivaría en una batalla campal que arrasaría por completo el campo de juego de la democracia, poblándolo de víctimas mortales.

El triunfo de la Constitución

Para evitarlo, el candidato derrotado deberá, además de reconocer el resultado y felicitar al ganador, recordarle que por encima de ambos y de todos se encuentra la Constitución y que su triunfo no es absoluto y sin límites. Mucho menos que le confiere atribuciones para desconocer los derechos de los vencidos e imponer su voluntad y sus intereses por la fuerza y en forma arbitraria sobre los derrotados, ya sea en nombre de la Patria, del Pueblo o de las mayorías que dice representar. La democracia no tolera los abusos de poder y menos la soberbia y discrecionalidad sectaria y apasionada de un gobernante sin límites, extraviado en su megalomanía de salvador, defensor de la Patria o adalid de la Justicia Social, que amenaza con destripar a quienes se le opongan. En ese caso, instauraría una autocracia cacocrática, pues habrá robado y engañado la confianza de quienes lo eligieron creyendo en promesas y milagros irrealizables, como lo hacen los demagogos, los taumaturgos y quienes desprecian y violan la Constitución, empezando por su artículo 188 que obliga al presidente a “garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos”, pero sobre todo el artículo 1 que define a Colombia como un Estado Social de derecho y una Nación “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y su complemento el artículo 13 que consagra  que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Solo garantizando el triunfo y la vigencia de la Constitución sobre todos y todas tendrá sentido celebrar el resultado de las elecciones, independientemente de quien sea el ganador. Por el contrario, si éste la desconoce y empieza a gobernar en forma autoritaria y arbitraria, imponiendo sus intereses y los de sus seguidores en forma violenta, a imagen y semejanza de un Trump tropical, todos habremos perdido, pues viviremos bajo una cacocracia: “un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)”[ix], que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica y se está revelando con el naufragio de MAGA en el estrecho de Ormuz.

[i] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-20/elecciones-colombia-2026-la-segunda-vuelta-de-las-presidenciales.html

[ii] https://diariodepaz.com/2018/10/10/por-un-pais-al-alcance-de-los-ninos/

[iii] https://www.infobae.com/colombia/2026/05/26/violencia-control-armado-y-desinformacion-marcan-la-alerta-por-riesgo-extremo-electoral-en-139-municipios/

[iv] https://www.infobae.com/america/agencias/2025/05/20/corte-suprema-ratifica-condenas-a-exaltos-cargos-del-gobierno-uribe-por-escuchas-ilegales/

[v] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[vi] https://verdadabierta.com/mario-uribe-escobar-la-caida-de-un-cacique/

[vii]https://www.elcolombiano.com/colombia/condenan-a-cinco-anos-de-carcel-al-excongresista-miguel-de-la-espriella-FD1959456

[viii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[ix] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

Hablamos del 23,1% de la Copa del Mundo. Casi uno de cada cuatro atletas que pisará la hierba es producto directo de la migración. Y detrás de cada uno de esos 289 nombres no hay solo un pasaporte intercambiado, sino una historia de vida profunda: familias que cruzaron océanos, renuncias, desarraigos y abuelos que huyeron buscando un futuro. Estos nómadas convierten un rectángulo de 105 por 68 metros en el mapa sociológico más nítido de nuestro tiempo. La nacionalidad en el deporte de élite mutó; dejó atrás el determinismo geográfico para erigirse como una construcción emocional y un cruce de caminos entre la historia global y la memoria íntima.

Si analizamos la lista de convocados con lentes de antropólogo, encontramos un atlas de las diásporas modernas. El continente africano, por ejemplo, se revela como un inmenso semillero y el mayor protagonista de este fenómeno a través del viaje de retorno postcolonial. Los números son contundentes: Marruecos lidera con 15 jugadores nacidos en el exterior, pero el bloque se hace gigante al sumar a Argelia y la República Democrática del Congo (14 cada uno), Túnez y Cabo Verde (13 por nación), Senegal (10), Costa de Marfil (7) y Ghana (6). Hablamos de legiones de atletas que germinaron en las antiguas metrópolis europeas, en los suburbios franceses o belgas, y que hoy deciden honrar la sangre de sus abuelos. Es la periferia recuperando su propio talento mediante una pelota.

Esa misma estadística expone las cicatrices de los conflictos bélicos y la reconfiguración de los mapas. Los 14 convocados de Bosnia y los 8 de Irak son los herederos de familias forzadas a buscar refugio lejos del fuego y la destrucción. A la par, asoma la globalización pura del talento. Curazao refleja el éxodo caribeño hacia los Países Bajos con 22 foráneos en sus filas. En las Américas, naciones históricamente receptoras de migrantes como Canadá (6) y Estados Unidos (5) demuestran que el capital humano fluye y echa raíces en tierras nuevas, un patrón que se repite en nuestra región con México (4), Ecuador (3) y Argentina (2).

El historiador Johan Huizinga, en su obra clásica Homo Ludens, explicaba magistralmente que el juego crea un “círculo mágico”. Adentro de esos límites de tiza, las divisiones del mundo exterior quedan suspendidas. Al pisar el césped, el pasaporte pierde validez y el sentido de pertenencia nace única y exclusivamente del esfuerzo compartido. En la competencia leal, el grupo se transforma en una familia tejida por la simpatía y el calor humano, un espacio orgánico en el cual la amistad nace directamente de la lucha deportiva. El jugador que besa un escudo heredado o adoptado nos demuestra que la patria es, ante todo, una comunidad de destino.

Sin embargo, a menudo perdemos la consciencia de esa hermandad. Las tribunas y las canchas, que deberían ser el último bastión de la igualdad, muchas veces se manchan con el racismo, la homofobia y el rechazo visceral al rival. Cegados por el fanatismo, insultamos al adversario por ser extranjero o distinto, cayendo en la ironía más absoluta de nuestra época: gracias a este inmenso fenómeno migratorio que presenciamos hoy, ese rival al cual despreciamos en la grada tranquilamente puede haber nacido en nuestro mismo país, o compartir la sangre de nuestros propios abuelos. El fútbol nos iguala, porque la cancha es un espacio de equidad estricta en el cual nadie es juzgado por su origen, sino por su entrega; pero el odio nos ciega ante esa realidad innegable.

Fuera del estadio, atravesamos una coyuntura dominada por narrativas de rechazo. Los discursos de miedo nos empujan a mirar al distinto como un invasor, alimentando una marea antimigrante que levanta muros físicos y mentales. Resulta una paradoja brutal confirmar que Estados Unidos, uno de los propios anfitriones del Mundial, abandere políticas agresivas y discriminatorias que criminalizan, persiguen y endurecen sus fronteras en la calle.

El deporte, por el contrario, actúa como un lenguaje pacífico que favorece los encuentros en un clima de sinceridad y permite a los hombres conocerse mejor y estimarse. Ojalá entendamos, al apagar el televisor, que el prójimo —haya nacido en el territorio que haya nacido, piense como piense o crea en lo que quiera— jamás representa una amenaza. La inmensa riqueza de esa pluralidad es justamente el motor que necesitamos para jugar el partido de nuestra propia convivencia. La historia nos ha enseñado una lección ineludible: no nos salvamos solos, la única forma de avanzar es en equipo.

📷 Agencia EFE

• “…tengo la esperanza de que, por su talante, haría un gobierno de izquierda pero de mayor consenso y sin los escándalos ni las estigmatizaciones del presidente Petro”: El jurista Rodrigo Uprimmy sobre Iván Cepeda en El Espectador.

“Que tiemblen los vacilantes”, decía sin vacilaciones Jorge Eliécer Gaitán hace exactamente 80 años, al presentar su candidatura presidencial en el Teatro Municipal de Bogotá, que hoy lleva su nombre.

Haga de cuenta que su casa se incendia y usted tiene dos bidones. Un bidón contiene gasolina y el otro bidón contiene agua sucia, incluso todo lo sucia que usted quiera. ¿Qué escogería para apagar el fuego? Dejar que todo se chamusque por ir a ver ballenas no parece sensato.

Habiendo recriminando a Abelardo por su patanería, Fajardo, Claudia y Oviedo tampoco han querido apoyar de frente a Cepeda. De hecho, el encuentro con Uribe en la finca El Ubérrimo dejó claro, solapadamente, de qué lado está Oviedo. Póngale la firma que si gana El Tigre, será uno de sus tecnócratas y renunciará después para ser alcalde de Bogotá.    

En El Espectador, el escritor Héctor Abdad Faciolince dice, palabras más, palabras menos, que tiene fiebre y votará en blanco.

Si bien está en todo su derecho, no entiendo cómo un escritor, cuyo padre fue asesinado por ser defensor de derechos humanos, no tenga una mínima frase de reconocimiento para un candidato presidencial como Iván Cepeda, que lleva 32 años actuando como defensor de derechos humanos, desde ese 9 de agosto de 1994 en que le mataron a su padre por el mismo pecado: pensar distinto.

A Héctor Abad Gómez, el papá del escritor, y a Manuel Cepeda Vargas, el padre del candidato, los une (unía) su talante de hombres demócratas. El autor de “El olvido que seremos” debería ser el primero en recordarlo.  

Escurrir el bulto y hacer Mutis por el foro… son expresiones que definen muy bien a las personas que han hecho público su voto en blanco, acaso creyéndose de mejor familia. Exudan cierta arrogancia, como si fueran San Pedro en las puertas del cielo negando la entrada a unos, y a la vez condenando a esos mismos al infierno.

• “Ellos quieren tener un país paria e imbécil, que trabaje para sus intereses”: Jorge Eliécer Gaitán, en su discurso como candidato presidencial en 1946.

Entiendo la angustia del Pacto Histórico. Y encuentro válido que hoy supliquen el voto del llamado centro político. En este momento, deben estar buscando votantes hasta debajo de las piedras, con lo que quiero significar que un voto hará la diferencia entre el triunfo y la derrota. Ojalá ese centro reaccione y entienda lo grave que sería un gobierno de extrema derecha con ánimo vengativo y desprecio por los derechos humanos.

No bien se habían conocido los resultados, los del voto en blanco ya tenían listas sus arengas. Más o menos dicen que Abelardo y Cepeda son la misma vaina, que entre ellos dos, el diablo escoja.

Gonzalo Mallarino apunta en El Espectador: “Sergio Fajardo, mi candidato, fue derrotado el domingo pasado, mi decisión, en consecuencia, es votar en blanco en segunda vuelta. No apoyaré el proyecto político que propone dar continuidad a las políticas de Petro, que es el de Iván Cepeda, y no apoyaré el proyecto de De la Espriella, en el que veo riesgos para la civilidad y los derechos humanos”.

En resumidas cuentas, el escritor bogotano sataniza a Cepeda por su bronca a Petro, y lo invalida aun a riesgo de que asuma un personaje oscuro, Abelardo, cuyo ideario político, si se le puede llamar así, consiste en trasquilar libertades, incluso la de quienes hoy podemos escribir sin mordaza.

En Estados Unidos, Trump trató de estúpida a una reportera, y en Colombia De la Espriella tildó de ignorante a otra. No podemos ser ciego antes las señales del peligro que se cierne contra la libertad de expresión.

Nos queda la esperanza de otras voces, sensatas y con peso en la opinión pública, caso del columnista Rodrigo Uprimmy, investigador de Dejusticia.

• “No creo (…) que Cepeda y ADLE sean dos extremos igualmente peligrosos. La diferencia decisiva es que Cepeda representa, tanto por su trayectoria pública de respeto a la institucionalidad democrática como por sus posiciones, una izquierda que a algunos puede parecerle dura pero que es claramente democrática y republicana. Y que además dista de ser comunista. En cambio, creo que ADLE representa una derecha extrema con riesgos enormes para la democracia (…) ¿qué respeto a la Constitución y a los derechos humanos puede esperarse de quien plantea retirar a Colombia de la ONU y de la OEA, cuando ese retiro supondría una reforma constitucional y probablemente una constituyente?”. Rodrigo Uprimmy, columnista de El Espectador.

En contraste, la columna de María Isabel Rueda en El Tiempo, cuyo voto no hay que adivinar, es de una ligereza reprochable: “… la izquierda llegó para quedarse, luego de que desapareció la confrontación ideológica del Frente Nacional. Lo bueno es que ahora las cosas se definen con voto y no a bala”.

No, misiá María Isabel. Dos décadas después del Frente Nacional (la repartija entre liberales y conservadores), vino el exterminio de la izquierda colombiana con la venía del Estado, y si bien hoy “la izquierda llegó para quedarse” como ella lo señala, es apenas un acto de justicia con quienes pusieron miles de muertos en su anhelo lícito de acceder al poder. A la izquierda no le han regalado nada. Demasiada sangre y demasiadas lágrimas le pidieron a cambio.   

Claudia Palacios, periodista, feminista y defensora del voto en blanco, dio su brazo a torcer.

• “Varias veces he votado en blanco y sigo siendo una defensora de esa opción. Pero esta vez no quiero votar en blanco, no solo porque en segunda vuelta el voto blanco no tiene efecto jurídico, sino porque la inconformidad que este evidencia no ha sido tenida en cuenta por quien gana, ni siquiera cuando este ha superado el 4 % de la votación, como sucedió en las segundas vueltas de 2014 y de 2018. Es decir, en Colombia eso de “gobernar para todos” –frase recurrente en los discursos de victoria de los elegidos– ha sido en el mejor de los casos un intento breve, cosmético y frustrado. Los opositores y ‘los blanquistas’ nunca han tenido cabida”.

Sin embargo, las líneas finales son controvertibles. “Lo que viene, gane quien gane, será un nosotros contra ellos y un ellos contra nosotros. En ese escenario, mi pregunta final no es quién podrá salvarnos sino de quién podremos salvarnos. Con la respuesta que me dé a mí misma, definiré mi voto, teniendo claro que esta vez esta tibia ha decidido no votar en blanco”.

Todo depende de lo que Claudia Palacios entienda por “nosotros” y “gane quien gane”. Si con “nosotros” se refiere a la clase privilegiada, su voto debe ser por Abelardo que hará bien cuidando los intereses de esa “minoría”. Si con “nosotros” se refiere a las mujeres (vilipendiadas por Abelardo), y los marginados, entonces su voto debería ser por Cepeda. Y sin con “nosotros” se refiere a nosotros los periodistas, entonces la colega debe tener más que claro el peligro que encarna el señor De La Espriella para una prensa libre.

• “Estos hombres, a fin de cuentas, obtuvieron todo cuanto la mano puede alcanzar con el brazo extendido. Variaba en ellos la longitud del brazo; en lo demás eran iguales. Nunca conseguí sentir envidia de este tipo de gente”: Fernando Pessoa, escritor portugués, en Libro del desasosiego.

Como presidente de la República, el hoy candidato de Firmes por la Patria podría infringir un daño mayor a los periodistas desde su bufete de abogados, que sin duda estará más activo que nunca durante los siguientes cuatro años, acosando judicialmente y ellos defendiéndose en los tribunales, retractándose o, lo que es peor, obligados a callar, para ahorrarse tiempo, pleitos y dinero que no tienen. Desde ese punto de vista, no creo sinceramente que la colega tenga mucho qué pensar.

Quienes ya cantaron públicamente su voto en blanco, están a tiempo de cambiar de opinión, o al menos de revisar si la suya es hasta cierto punto una decisión egoísta. Aquel que tiene cierta influencia mediática, es una persona mayormente ilustrada, capaz de sopesar con vehemencia el menú sobre la mesa. O el mal menor entre el bidón de gasolina y el bidón con el agua sucia.

No creo que sea hora de presumir nuestra superioridad moral y tampoco de quedarse de brazos cruzados viendo desde la comodidad de un sofá (abstencionistas), como otros deciden la suerte de un país.  Sería bueno que piensen en los jodidos rejodidos de esta sociedad, que así los llamó Eduardo Galeano.

El voto en blanco es la manera de ningunear, para no decir blanquear, a esa Colombia de la periferia que depende en buena medida de la voluntad del resto. El problema para el Pacto Histórico es que allá, donde hay mayor miseria (la periferia), hay menos votantes que en el centro del país. Allá, donde han llegado las soluciones sociales, gana el pogresismo, pero el egoísmo se impone en el centro del país, donde habita una clase media y media baja, que piensa más en su propio bolsillo, sin sensiblerías cristianas, lo que resulta paradójico en un país camandulero y rezandero.  

Se me ocurre que el voto en blanco es la salida por la tangente de esos vacilantes de los que hablaba Gaitán. Ojalá en esta última semana, tengamos un poquito de sensatez y sentimientos.