El problema vino después. El crecimiento del partido atrajo nuevos liderazgos y propuestas que poco a poco se alejaron de ese centro mesurado con el que había nacido. El aval verde se convirtió en un pasaporte para cualquiera que quisiera entrar en la política, sin importar si compartía realmente la idea original.

La colectividad empezó a oscilar entre discursos de izquierda y derecha, sin construir una ideología sólida ni un plan programático claro. Se refugiaron en lo políticamente correcto, moldeando sus posturas según la coyuntura. En ese terreno ambiguo salieron a relucir viejas figuras de dudoso pasado, como Carlos Ramón González (Exmiembro de la guerrilla del M19), antiguo directivo del partido, el senador Iván Name, el Ministro Antonio Sanguino y la exConsejera Presidencial, Sandra Ortiz; todos ellos relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRD.

La maleabilidad de sus líderes y candidatos los llevó a contradicciones evidentes. Respaldaron a Gustavo Petro para llegar a la presidencia y luego lo atacaron porque cumplió lo que prometió. Se acomodaron según la tajada que les ofreciera el gobierno de turno: apoyaron a Santos mientras tuvieron ministerios, criticaron a Duque y a Peñalosa porque no recibieron lo suficiente, y han alternado ataques y defensas a Petro y Carlos Fernando Galán dependiendo de la conveniencia.

La máxima confirmación de esa maleabilidad fue la Alcaldía de Claudia López, quien constantemente tenía encuentros y desencuentros tanto con Iván Duque, como con Gustavo Petro. Dependiendo cómo su partido o su figura luciera en los reflectores nacionales o en los nombramientos atacaba o guardaba silencio. Ahora, ella busca pintarse de un centro con el que nadie se siente a gusto porque más allá de ser tibieza es extrema comodidad y correctísimo político.

El Partido Verde, que alguna vez representó la esperanza de un cambio con mesura y la construcción de una Colombia distinta, terminó convertido en una fábrica de avales. Una colectividad que perdió el centro y lo transformó en un espacio de acomodo, útil para quienes buscan poder sin importar la coherencia ideológica.

Al cabo de tres años largos, Colombia no se convirtió en otra Venezuela, como auguraban la oposición y las lenguas viperinas, y para desdicha de los agoreros, Gustavo Petro es hoy santo de devoción para el 44% de los colombianos. Es el porcentaje de su imagen favorable, según la última encuesta de la firma Cifras y Conceptos, un dato significativo que le otorga a la izquierda la posibilidad de renovar su contrato de arrendamiento con la Casa de Nariño por otros cuatro años. Ni más ni menos.

Los partidos políticos de derecha deberían estar preocupados con dichos resultados, y no precisamente por los números de Petro, sino por sus propios números.

Según la misma encuesta (que puede descargarse aquí) el 21% de los colombianos dijo tener afinidad política con el Pacto Histórico, que es líder por encima del Centro Democrático (12%); Partido Liberal (6%) y Partido Conservador (3%). ¿Por qué nadie ha dicho que el bipartidismo ni siquiera llega al 10%? ¿Están en crisis los dos partidos tradicionales? Por lo menos debemos decir que estos resultados deberían tener preocupados a los señores César Gaviria y Efraín Cepeda, dueños de los trapos rojo y azul, respectivamente.  

Haciendo sumas, los partidos de derecha no llegan ni al 30%, versus el 45% de los sin partido o ciudadanos apolíticos. Observen muy bien en la ficha la gran conclusión: hoy por hoy en Colombia un partido de izquierda (Pacto Histórico) es líder, superando a cada uno de los demás partidos.  Es decir, el petrismo se lleva por delante al uribismo. Lo que podría significar que, si bien Uribe no fue a la cárcel tras el juicio penal, ese pulso lo está ganando, por ahora, Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, la persona que puso a Uribe a dar explicaciones en los estrados judiciales.

Esta es una de las fichas de la última encuesta (noviembre de 2025) de las firmas Cifras y Conceptos y Polimétrica.

Un partido de izquierda (Pacto Histórico) es líder, superando a cada uno de los demás partidos. Es decir, el petrismo se lleva por delante al uribismo.

Sobre la encuesta, en su columna de El Espectador, el exministro Humberto De La Calle dijo lo siguiente: “La imagen favorable del presidente dobla la cifra de quienes se consideran de izquierda y también de quienes dicen pertenecer al Pacto Histórico. Una enorme contradicción”.

No, doctor De La Calle, lo que eso quiere decir es que en Colombia la gente, por encima del color político, aprueba la gestión del presidente. Y si hay un 45% que afirma no tener filiación partidista, de ahí surgen aquellos ciudadanos que ven con buenos ojos la manera en que Petro conduce al país.

De La Calle también dice otra cosa que es perfectamente rebatible con el argumento anterior: “Sobre la capacidad del presidente Petro de endosar su favorabilidad y convertirla en votos creo que es poco probable, entre otras cosas porque como vimos hay un desajuste entre quienes dicen pertenecer al Pacto Histórico y quienes expresan favorabilidad por Petro”.

Tras analizar la encuesta, ¿Qué mensaje les están enviando los colombianos a la añeja clase política arropada por el bipartidismo? Que es hora de que se jubilen y dejen a otros ser y florecer.

Esos números también podrían anticipar un posible castigo en las urnas en 2026 para unos partidos que, testarudos, se oponen a las reformas sociales que necesita el país.

Los partidos en Colombia son partidos burócratas antes que partidos políticos. Llevan años defendiendo los privilegios de clase sin atender los reclamos de un país mayoritariamente pobre. Los resultados de la encuesta muestran que los ciudadanos empiezan a pasarles factura por su descarada insensibilidad social. El que unos influencers estén aterrizando en la política, significa que la gente se está hartando de las élites y sus apellidos: de los mismos con las mismas.

Además, la foto de la “cumbre” Uribe-Gaviria con miras a crear una coalición de centroderecha es el reflejo de lo que llamaré la geriatrización de la política colombiana, tema del que me ocuparé en otra columna.  

Mientras el mundo evoluciona, en Colombia los políticos de siempre se creen intocables e indestructibles. Nueva York acaba de dar una lección al globo: eligió para alcalde a un hombre de 34 años, Zhoran Mamdani, que prometió ponerles impuestos a los más ricos. Si los gringos están pudiendo, ¿por qué nosotros estamos condenados a seguirle la cuerda a una clase política añosa y replegada en sus privilegios? ¡Es hora de exigirles que se jubilen!

Volviendo a la encuesta, hay por lo menos doce personajes que por ahora salen mal parados, con menos del 10% de intención de voto: Paloma Valencia (9%); Aníbal Gaviria (9%); David Luna (8%); Juan Fernando Cristo (7%); Juan Carlos Pinzón (6%); Juan Daniel Oviedo (6%); María Fernanda Cabal (5%); Luis Gilberto Murillo (5%); Mauricio Cárdenas (5%); Daniel Palacio (3%); Paola Olguín (2%) y Andrés Guerra (2%). Es casi seguro que de aquí alguno saldrá con el embeleco de buscar un puesto en la Alcaldía de Bogotá.

Esta es una de las fichas de la última encuesta (noviembre de 2025) de las firmas Cifras y Conceptos y Polimétrica.

Sobre la identificación ideológica de los colombianos, la encuesta dice que el 45% se identifica con el centro, el 32% con la derecha y el 22% con la izquierda. En virtud de este resultado, es hora de preguntarles a los colombianos si saben lo que significa ser de izquierda, de derecha o de centro. Mi opinión es que en Colombia, donde tenemos una pobrísima educación política, hemos reducido la respuesta a una cuestión simplista: en el centro están los que no quieren ni a Uribe ni a Petro, sin que sepamos a ciencia cierta de qué va el tal centrismo.

Sin llamarnos a engaños, en el centro siempre ha estado gente de la derecha que se acomoda en esa mitad por un tiempo, como quien usa el paraguas mientras pasa el aguacero. Cuando la tempestad electoral empiece a decantarse, como ranas saltarán del centro a la derecha. ¿Acaso no fue eso lo que pasó en las elecciones del 2022, cuando cerraron filas en favor del candidato Rodolfo Hernández?

Pida a los precandidatos una explicación sobre lo que significa, ideológicamente, pertenecer al centro, a ver con qué perla le van a salir. Ahí quedan la tarea y la encuesta para seguir haciendo conjeturas. 

“Todos los estamentos sociales del país tienen algún muerto que llorar”. Fabio Castillo, reportero colombiano. (1956 – 2025)

“Ningún periodista puede tolerar que existan en el país temas tabú, y el de la mafia pretende ser el primero”. Fabio Castillo, reportero colombiano.

Estas palabras, escritas y publicadas en 1987, en pleno boom del narcotráfico y la danza de los millones mal habidos, eran una lápida encima.

El valiente que las dijo se llama, se llamaba, Fabio Castillo, extraordinario reportero colombiano, pluma y sabueso judicial del diario El Espectador.

Porque hubo un tiempo en que ser periodista de investigación en Colombia significaba jugarse la vida, hacerles fieros a la muerte, meterse en la boca del lobo, como le dijo don Guillermo Cano a su joven reportero Fabio Castillo en los años 80, cuando ambos, el director y su pupilo, decidieron enfrentar a los capos de la mafia colombiana, desde las páginas de El Espectador, diario valiente que lloró con sangre su coraje. Aquel día, Castillo tomó el siguiente vuelo a Cali y regresó varios días después con una primicia: La historia secreta del mafioso Gilberto Rodríguez Orejuela sale a lo ancho de la primera página: “La jugada del ajedrecista”, alias del jefe del Cartel de Cali. El periodismo se hacia entonces en la calle -en el lugar de los hechos, como toca- y arriesgando el pellejo. La obra de Fabio es una clase magistral de periodismo para los noveles reporteros.

“Recuerdo su humor negro, que mostraba la persona inteligente que fue.  Sabíamos que la mafia había puesto un precio por su cabeza. Nos vimos varias veces mientras estuvo escondido en Bogotá y mantuvimos correspondencia por carta mientras estuvo en el exilio. Yo era el enlace entre las editoriales y El Espectador cuando el libro se publicó. Hasta hoy caigo en cuenta del delicado trabajo que estaba haciendo. El libro de vendía como pan caliente y muy pronto, pirateado, se conseguía en cualquier semáforo.

Fabio sale del país tras la publicación de “Los jinetes de la cocaína”. Él amaba este oficio, lo ejerció de manera limpia y transparente, nunca dejó de ser periodista, Estudió derecho y fotografía. Fue un maestro de vida. Una de las cosas que yo hice fue estudiar derecho y en parte lo hice por él. Era una persona muy inteligente, muy crítica, muy informada;   casi que lo obligaba a esforzarse para estar a su altura. Una conversación con Fabio era una conversación muy intelectual”: Gilda Sarmiento, periodista.

Un día del año de la pandemia, le escribí a Fabio Castillo por Messenger:

“Maestro, su vida es de película. Todavía no entiendo porque nadie la ha hecho”, le dije —Porque yo la estoy escribiendo, me respondió, y con eso me despachó; me fui de la conversación sin pelear por la historia, consciente de que varias veces tuve el privilegio de conversar con un ser despojado de vanidades.

Caminando por el centro de Bogotá, calle 15, abajo de la Séptima, donde venden los libros de segunda mano (ediciones originales y en buen estado, que conviven con las ediciones piratas), encontré esa joya del periodismo colombiano que es el libro “Los jinetes de la cocaína”.

Debajo del título, en minúsculas aparece el nombre de un hombre en mayúsculas: fabio castillo. Valiente también la editorial que lo publicó en 1987: “Documentos Periodísticos”. Después vendría un segundo libro: “La coca nostra” (editorial Oveja Negra, 1991)

“… los narcotraficantes colombianos empezaron a ser llamados ´los jinetes de la cocaína´ en referencia a los tiempos del Far West, cuando toda diferencia personal se resolvía a plomo. (…) Los narcotraficantes colombianos (…) empiezan casi siempre por asesinar a los familiares de su rival, y solo si no logran amedrentarlo, concluyen asesinándolo a él”, escribe Castillo.

Doscientas setenta páginas de pura adrenalina escritas en clave de buen periodismo y por ratos convertido en un obituario en homenaje a todas aquellas víctimas de los carteles del narcotráfico, empezando por don  Guillermo Cano, asesinado el 17 de diciembre de 1986 por orden de Pablo Escobar.

En el libro aparece esta fotografía de don Guillermo Cano con la siguiente leyenda: “La lucha contra la mafia del narcotráfico se llevó a cabo desde varios frentes. Don Guillermo Cano la asumió desde la página de su periódico, El Espectador. La libró solitario y con una ardentía que contrastaba con su timidez personal. Su sacrificio estremeció la conciencia de la Patria”. Columnas valientes como esta (página 219) le costaron la vida a don Guillermo Cano. 

En la lista también figuran ministros, magistrados, policías y más periodistas. Fabio Castillo se salvó de puro milagro, pero pagó su hazaña con el exilio. Nadie en Colombia sabía que estaba en España y se llamaba Manuel Carreras; siguió trabajando desde la clandestinidad para el periódico.

Ligia Riveros, otra reportera exiliada, lo recuerda así: “Volví a encontrar a Fabio Castillo en Madrid, cuando llamaba a Fernando Cano de El Espectador desde una cabina telefónica. A pesar de la lejanía, continuaba con sus denuncias pero a través de llamadas desde Europa. Jamás perdió su contacto con El Espectador, periódico que lo respaldó en todo momento, como lo hizo Cromos conmigo cuando tuve que salir de Colombia hacia España por las amenazas que recibí”.

Hubo intentos de silenciar el libro y sacarlo de circulación. Es un placer casi morboso volver a leerlo para comprobar con cierta rabia que en los males de esta nación está la mano de políticos, narcos, militares y guerrilleros.

Atravesar sus páginas es recuperar la memoria. La investigación está soportada con fotografías de los capos y de sus lujosas propiedades, fotos de los verdugos y sus víctimas, descripciones de sus métodos despiadados, las estrategias usadas para lavar dólares, sus tentáculos en la política y en el fútbol pero también en el boxeo, el automovilismo, la hípica y los toros.

“Habían decidido comprar el país”, escribe Castillo en la página 122.

“Hay tantas cosas anecdóticas que viví con Fabio, desde nuestras parrandas de fin de semana cuando ambos trabajamos en El Espectador. Pero quizás una significativa fue tiempo después de que Fabio llegó obligado del exilio y tuvo que cambiar de residencia en varias oportunidades porque las amenazas contra su vida persistían.  Yo era muy amigo de la gerente del Hotel Tundama, un edificio de once pisos, localizado en la calle 21 con novena, un sector que por esas épocas era considerado zona roja, pero más que por razones de seguridad, porque allí merodeaba la prostitución callejera. Fabio me pidió hablar con ella para saber sí era posible que le permitiera hospedarse mientras disminuían las tensiones sobre su seguridad. La gerente, una mujer querida y generosa, lo aceptó de inmediato y Fabio se fue a vivir allá por cerca de un año, llevando como equipaje un gran morral cargado de documentos y de algunas prendas personales. Ella le dio albergue totalmente gratis. Fabio se sentía muy seguro en el sector, el que, según decía, era el peor sitio de Bogotá, donde nadie se imaginaría encontrarlo. Desde allí siguió escribiendo sus investigaciones para El Espectador y para sus libros. Yo lo visitaba ocasionalmente y él no perdió la rutina de recorrer el centro de la ciudad, intentando llevar una vida normal, con las precauciones del caso y siempre confiado en que había encontrado su mejor escondite. Por fortuna nunca me pasó nada, borrachito o en sano juicio, comentaba jocosamente algún tiempo después”: Gonzalo Silva Rivas, periodista.

En el libro “Los jinetes de la cocaína” pueden leerse también aspectos relacionados con la toma del Palacio de Justicia, hecho del que se cumplen 40 años este 2025, la extradición de narcos y hasta el asesinograma con la estructura de la organización liderada por Escobar para asesinar al ministro Rodrigo Lara.

“…antes de que el libro saliera a las librerías yo ya tenía amenazas de muerte concretas. “¿Pero cómo es posible?”, me preguntaba, y no había sino una explicación: el editor trabajaba para la mafia”, contó Castillo en una entrevista que apareció en el periódico Universo Centro.

Hechos claves de nuestra historia, así como personajes que siguen vigentes en la vida pública aparecen mencionados en “Los jinetes de la cocaína”. ¡Pero qué frágil es la memoria…!

LA BONANZA MARIMBERA

“En la Costa Atlántica también hubo explosión de dinero. En 1972 empezó a trascender a la prensa la historia de unos señores costeños, medio exóticos, que hacían pública ostentación de grandes capitales que, según explicaban ellos mismos, provenían de la venta de una yerba que, para la idiosincrasia colombiana, solo se fumaba en el Festival de Woodstock: la marihuana”.

(…)

 “De esta época es la famosa colección de Ferraris del clan Lafaurie González (Eduardo, Iván y Fernando) y las casas con sótano blindado y provisión de alimentos para varias semanas, que hoy se pueden visitar como auténticos museos, en Maicao y Riohacha”.

“Un kilo de cocaína llegó a costar casi lo mismo que un buque cargado de marihuana”: Fabio Castillo, en “Los jinetes de la cocaína”.

ÁLVARO LEYVA DURÁN

“Álvaro Leyva Durán, senador conservador por Cundinamarca, se quedó con buena parte de los esmeralderos simpatizantes del grupo político ospinista. Estuvo a punto de ser asesinado durante la campaña para el Congreso en 1986, cuando le hicieron varios disparos en el momento de abordar un helicóptero de uno de ellos, en el marco de una nueva guerra que sostienen dos facciones rivales de ´gemólogos´ desde 1985”.

“Los recuerdos que tengo de Fabio, son los de un hombre reservado, alegre, cálido y con una sonrisa, que hablaba más que sus palabras.  Se le tenía respeto, en general a su equipo, pero él se acercaba a hacer amistad con nosotros. Me da tristeza su muerte. Un buen colega, respetuoso, serio y sencillo”: Claudia Forero, escritora y ex reportera.

EXPRESIDENTE ALFONSO LÓPEZ

“En el gobierno de Alfonso López (1974-1978) se creó la ´Ventanilla Siniestra´ en el Banco de la República por la que ingresaron los millones de dólares de la bonanza marimbera, confundidos con los de la bonanza cafetera, que por lo demás en buena parte correspondieron a contrabando del grano”.

(…)

“Años más tarde, a raíz de la reunión de López Michelsen con los narcotraficantes en Panamá en 1984, se supo que la DEA le había entregado, siendo presidente de la República, el Libro Blanco de la Marihuana. López explicó entonces que no lo había tomado en serio ´porque era una lista de nombres casi sin pruebas´”.

PABLO ESCOBAR

Escobar todavía estaba vivo cuando Fabio Castillo se refirió a él en su libro. “Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien para entonces era un ´gatillero´, como denominan a los sicarios de la mafia, dio muestras de ser implacable en la lucha por el poder. La vida de Pablo Escobar, anterior a su ingreso a los círculos de la mafia, había estado vinculada con los bajos fondos delincuenciales antioqueños”.

El equipo de investigación de El Espectador reveló esos antecedentes en 1983, y esa fue la génesis de la persecución de la mafia contra el diario más antiguo de Colombia y sus periodistas. Don Guillermo Cano publicó la foto de un joven Escobar reseñado por el DAS tras ser capturado en Itagüí con otros compinches. “En su poder –escribe Fabio- se encontraron 18 bolsas de polietileno que contenían 39 kilos de cocaína de alta pureza…”.

“Escobar Gaviria era todo un personaje en Medellín. Sus campañas cívicas habían generado que se le calificara en la revista Semana como el ´Robin Hood paisa´ desconociendo su tenebroso prontuario”.

“A su amiga pública, una animadora de televisión, Vallejo, le regaló un estudio de televisión para que filmara sus programas sin necesidad de salir de casa, y una fábrica de medias femeninas”.

“Recuerdo que cada hora salía una camionetica azul, de platón, marca Kiamaster, de la sede de El Espectador de la Avenida 68 a la oficina del centro, que quedaba en la Avenida Jiménez con carrera 4a, generalmente llevando correo entre sede y sede. Y Fabio, a eso de las 10:00 de la mañana cogía esa camioneta en el edificio de la 68 y nos decía: ´Me voy para Bogotá´, lo que generaba risas entre los compañeros de redacción”: Orlando Henríquez, periodista.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

“También es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez —cuyo padre, Álvaro Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante—, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil”.

 “Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el alcalde Álvaro Uribe Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financias por Pablo Escobar”.

CARLOS LEDHER

Tras la separación de sus padres Carlos Enrique Ledher Rivas “entonces de 11 años, vivió poco tiempo con su padre (el alemán Guillermo Ledher casado con la ex reina caldense Helena Rivas Gutiérrez), a quien mortificaba con un santuario personal —bajo el descanso de una escalera— con una veintena de fotos de Adolfo Hitler, a quien alumbraba con la misma veneración que tendría luego por los dólares y la marihuana”.

“Callado. Meticuloso. Gozado de la vida. Y ruidoso al reír. Él se relacionaba con su grupo: Osuna, Vladdo, Ignacio Gómez, Juan Guillermo Cano, Aura Rosa Triana… y supongo que con sus fuentes nacionales y extranjeras. Se interesó mucho en el Proceso 8000”: Juan Pablo Ferro, ex jefe de redacción de El Espectador.

DON GUILLERMO CANO ISAZA

Cuenta Fabio Castillo que si bien “son pocos los pormenores que se conocen acerca de la forma como se planeó el asesinato del director de El Espectador”, al día siguiente del crimen, exguerrilleros que trabajaban al servicio de la mafia “fueron acribillados frente a las instalaciones del complejo habitacional Metrópolis, a pocas cuadras de la sede del diario… una espectacular balacera que se prolongó por más de tres cuadras”.

También revela que por la muerte de don Guillermo pagaron $10 millones de pesos de la época.

Fabio Castillo. Foto Archivo El Espectador.

¿Y por qué se fue de El Espectador en 1982?
Me fui de secretario privado del procurador Carlos Jiménez Gómez.

¿Y por qué regresó El Espectador apenas un año después?
Pues porque terminó aliado con Pablo Escobar (se ríe). Mi oficina quedaba justo al lado de la del procurador. Sobre el escritorio de la oficina tenía una lamparita de esas chiquitas y como un viejito me quedaba a veces hasta las once de la noche pegado de los papeles, leyendo todas las investigaciones, seleccionando lo que servía y lo que no. Cuando pum, pum, pum, se prendieron todas las luces y entraron como cuarenta tipos, y como en esa época el M19 nos tomó de rehenes dos veces me dije “mierda, otra vez”. Cuando entró el señor Pablo Escobar Gaviria directamente al despacho del procurador. Yo apagué la luz y me quedé calladito, escondido.

¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?
Lo peor, y me dije que no había sino una forma de saberlo. Al otro día llegué a las 6:30 de la mañana, el procurador llegaba a las siete. Tan pronto lo vi pasar me fui para su oficina y le dije: “quiubo procurador, ¿cómo le fue anoche?”; “bien hombre, estuvo tranquilo”; “¿y dónde estuvo?”; “por allá en una comida”; “¿aquí?”; “no, no, yo de aquí me fui a las seis y no volví”; “mire”; “¿qué es esto?”; “mi renuncia”, y me fui. Salí, llamé a don Guillermo: “don Guillermo, me tocó renunciar”; “¡¿qué pasó?!”; “no, yo no le puedo contar, pero es gravísimo”. Y así fue que regresé. (Fragmento de la entrevista a Fabio Castillo en Universo Centro)

La periodista María Isabel Naranjo recoge varias anécdotas increíbles en un trabajo de grado, del cual se publicó un fragmento en Universo Centro (2013).

¿Y sobre qué está escribiendo ahora?
No se puede saber.

¿Por qué?
Porque me matan.

¿Alguna vez se ha dejado tomar una fotografía?
No.

¿Por qué?
Porque ese es mi seguro de vida. 

Pocos reporteros en Colombia pueden contar una vida que parece sacada de una novela. Hoy pienso que Fabio Castillo, además del extraordinario reportero que fue, debió ser un extraordinario novelista, el hombre que debió haber escrito la gran novela sobre la mafia colombiana. A lo mejor, mañana me levanto con la noticia de que él, Fabio Castillo, el maestro, dejó escrito ese libro que me dijo que estaba escribiendo y que después la historia de su vida aparecerá en Netflix o en la gran pantalla. Creo que sería un homenaje justo para alguien que hizo del periodismo el motivo de su existencia.

“Una de las tantas veces en que el general pensó en renunciar, le había dicho a Santander que se iba tranquilo de la presidencia, porque ´lo dejo a usted, que es otro yo, y quizás mejor que yo´. En ningún hombre, por la razón o por la fuerza de los hechos, había depositado tanta confianza. Fue él quien lo distinguió con el título de El Hombre de las Leyes. Sin embargo, aquel que lo había merecido todo estaba desde hacía dos años desterrado en París, por su complicidad nunca probada en una conjura para matarlo”: Gabriel García Márquez en El general en su laberinto.

Que dos precandidatos presidenciales de la derecha –Vicky Dávila y Miguel Uribe- hayan sido mencionados en los audios de Álvaro Leyva Durán dentro de un presunto plan para derrocar al presidente de la República, Gustavo Petro, no es asunto nuevo en Colombia, país de conspiradores, conspiretas y conspiránoicos.

El término “conspiretas” se acuñó en los años 90 para aludir a un especie de complot infantil que buscaba derrocar a Ernesto Samper. 

“Un grupo grande de periodistas se unió para tumbar, como fuera, al presidente”, cuenta el periodista Felipe Zuleta Lleras, refiriéndose a Samper Pizano y al Proceso 8000 por dineros de la mafia que ensuciaron su elección. Lo relata en “Más allá de la familia presidencial”, un libro de memorias, por cierto, con vergonzosas fallas de redacción.

En la lista que publica el columnista aparecen los nombres de los periodistas Mauricio Vargas, María Isabel Rueda y Enrique Santos Calderón. “Los ´conspis´ arremetían en contra del presidente de una manera violenta”.

Zuleta Lleras, sobrino del expresidente Alberto Lleras Camargo, confesó lo siguiente en las páginas 81 y 82: “Samper es una persona de buen trato, amable, no se descontrola fácilmente y, eso sí, tiene un cinismo a toda prueba. Y tal vez fue eso lo que evitó realmente que lo tumbaran (…) El narcotráfico ya se había metido en otras campañas, pero se las cobraron todas a Samper”.

Luego afirma: “Samper me ofreció que fuera jefe de Gabinete, cargo que tenía que crear porque no existía. Decliné y le dije que yo sería más útil por fuera del gobierno, pero ayudándole. (…) No hubo un solo día que no pasara algo malo y se nos ocurriera algo para cambiarle la agenda al país”.

En otro libro “El hombre detrás de la revista Semana”, Felipe López Caballero, ex dueño de esa publicación, cuenta lo siguiente: “Samper lo que logró fue no caerse, lo que era de por sí una hazaña pues tenía en su contra al gobierno de los Estados Unidos, a la mayoría de los periodistas, a casi todo el sector empresarial y a prácticamente todo el estrato seis. Y fuera de eso tenía al gerente de su campaña, Fernando Botero, y al tesorero, Santiago Medina, acusándolo”.

La prueba es el libro “El presidente que se iba a caer”, escrito a seis manos por periodistas de la antigua revista Semana, que presidía entonces el propio Felipe López Caballero.

Se especuló que detrás de la conspiración habría estado el político conservador Álvaro Gómez Hurtado (asesinado en 1995), confabulando con mandos militares. Ante la Comisión de la Verdad el expresidente Samper contó la suya en diferentes oportunidades.

En una ocasión dijo: “Las fuerzas armadas son bastante civilistas; es decir, no se atreverían a dar un golpe de Estado”. Sobre Gómez Hurtado afirmó: “Mi convicción es que los conspiradores o una parte de ellos, los que he llamado aquí conspiradores de sangre, buscaron a Álvaro Gómez para que sirviera de jefe de gobierno de la oposición en una especie de transición no democrática y él se opuso, -porque él y su familia vivieron lo que era un golpe de Estado con su padre- y tal vez sabía demasiado y eso le costó la vida. Esa es la versión que encuentro coherente y consistente sobre el lamentable episodio del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado”, contó el expresidente.

A partir del minuto 40:40 el expresidente Samper habla sobre la conspiración, que según él se movió en tres niveles.

Golpe con golpe yo pago

El general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder como resultado de un golpe militar (1953) que terminó derrocando a Laureano Gómez (padre de Álvaro Gómez Hurtado) y el propio Rojas Pinilla fue víctima de la conspiración entre liberales y conservadores para sacarlo del poder (1957): el llamado Frente Nacional.  

“Se buscó al depuesto presidente Gómez, que se hallaba en casa de un amigo horneando pandeyucas para el chocolate, y bajo escolta militar se lo envió al aeropuerto de Techo, rumbo al exilio”, cuenta Antonio Caballero en Historia de Colombia y sus oligarquías.

Al asumir el poder Rojas Pinilla, “la prensa unánime, salvo El Siglo, saludó al general llamándolo ´el segundo Libertador´, y comparándolo no solo con Bolívar sino con Jesucristo. Rojas prometió que gobernaría en nombre de los dos”.

Con el tiempo, el general empezó a llamarse a sí mismo Jefe Supremo y la suya “se transformó también en una dictadura cada vez más dura”, como las había entonces en Guatemala, Venezuela, República Dominicana, Paraguay y Cuba.

“Se fue acumulando el descontento, que el gobierno atribuía a las intrigas de las oligarquías” (…) Laureano, desde el exilio en España, era un resuelto opositor al ´usurpador´ que lo había desterrado”. (…) Rojas se quedó solo. (…).

El 10 de mayo de 1957 el general se vio forzado a dejar el poder en manos de una Junta Militar para irse exiliado a la España del dictador Francisco Franco. Según Caballero, el propio general dijo que los responsables de su salida fueron “las oligarquías económicas en criminal maridaje con las oligarquías políticas”.

Como lo conté en este blog, tras el Frente Nacional, los partidos Liberal y Conservador pudieron repartirse la presidencia y los puestos cada cuatro años, entre 1958 y 1974. En esos dieciséis años mandaron Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana.

¿Con quién o quiénes conversa el excanciller Leyva Durán en esas grabaciones mientras fraguaba el aparente complot contra el presidente Petro?  

Libro publicado por la Biblioteca Nacional de Colombia.

¿El asesinato de Gaitán fue una conspiración?

La historia oficial cuenta que Juan Roa Sierra fue quien mató a Jorge Eliécer Gaitán y luego murió víctima del linchamiento de una turba enfurecida. A casi 80 años de ese crimen y de El Bogotazo –así bautizado por la prensa- no hay certeza de los autores intelectuales. Se acusó a los comunistas. “El primero en hacerlo fue el presidente Ospina Pérez”, dice Caballero. “Los comunistas por su parte respondieron acusando tanto del asesinato de Gaitán como del levantamiento consiguiente ´al imperialismo y a las oligarquías´

Continúa Caballero en su “Historia de Colombia…”:

“Con menor vaguedad, se ha culpado también a la entonces recién creada CIA. (…) Los documentos e informes clasificados de la CIA sobre El Bogotazo son, curiosamente los únicos de esa época cuya reserva no fue levantada cuando se cumplieron cincuenta años de los hechos, como ha sido lo habitual. De modo que no han podido ser consultados por los historiadores”.

También desde la literatura se han explorado distintas hipótesis sobre los autores del magnicidio. Lo hizo el escritor Miguel Torres en su trilogía sobre el 9 de abril: “El crimen del siglo”, “El incendio de abril” y “La invención del pasado”. En la última de las tres novelas históricas, Magdalena, la protagonista, se propone “demostrar que Juan Roa Sierra no fue el asesino de Gaitán” y, en cambio, sí víctima de una conspiración.

En la página 286 de “La invención del pasado” dice Magdalena: “También están los testimonios de personas que se hallaban en el lugar del crimen y que aseguran que mi papá no fue el asesino. Hablan de otras personas, con pelos y señales. Incluso mencionan al director de la policía de la época, Virgilio Barco, que en el momento del asesinato estaba en la puerta del Café El Molino, precisamente al frente del lugar en donde se cometió el crimen, y que al decir de algunos, fue el que ahuchó a la multitud para que lincharan a mi papá”.

A través de los recursos de la ficción, la obra de Torres aborda la posibilidad de que a Roa Sierra lo hayan obligado a participar en el crimen de Gaitán, no como su asesino, sino como asesino del asesino, y terminó convertido en chivo expiatorio.  

“Gaitán tenía muchos enemigos poderosos. Que si la CIA, la Unión Soviética, los conservadores, los mismos liberales. Como bien dice Roa en la obra, cualquiera lo hubiera querido matar”, contó el escritor Miguel Torres en esta entrevista.

“La nefanda noche septembrina”

“Bolívar estaba ahora en Bogotá tan en condición de dictador en país extranjero protegido por su guardia pretoriana de militares venezolanos como lo había estado antes en Lima protegido por sus regimientos de tropas colombianas. El odio lo rodeaba. Y estalló en la conspiración tramada por los amigos de Santander que terminó en la tentativa de darle muerte la noche del 25 de septiembre de 1828, llamada desde entonces, prosopopéyicamente, ´la nefanda noche septembrina´”.

Cuenta Antonio Caballero que en el grupo de asesinos se encontraban Mariano Ospina Rodríguez –fundador del Partido Conservador y futuro presidente- y Florentino González –futuro inspirador del Partido Liberal-. Aunque mataron a los guardias de Palacio de San Carlos, el general Bolívar, ayudado por Manuelita Sáenz, se salvó escapando por una ventana y pasó la noche debajo del puente del río San Agustín.

El Libertador retomó el poder. “Santander, indudable cabeza de la conspiración, aunque no había pruebas en su contra, fue condenado a muerte. Bolívar intervino para conmutar la sentencia por la de destierro”.

El político conservador Álvaro Leyva Durán, él sí con pruebas en su contra, huyó a España, según el portal Pares –como huyó en los años 50 del siglo veinte Laureano Gómez, también conservador- después de que se hicieran públicos los audios de su supuesta conspiración para derrocar al presidente Gustavo Petro: “una conversación íntima”, que así se defendió aquel.

Más allá de preguntarnos cuál es la pena que podrían aplicarle, hay una pregunta que nadie se ha hecho: ¿con quién o quiénes conversa el excanciller Leyva Durán en esas grabaciones mientras fraguaba en un restaurante el aparente complot contra el presidente Petro?

¿Qué creo yo? Que a sus 82 años el señor Álvaro Leyva necesita llamar la atención, y lo está logrando. Todo este episodio del supuesto golpe de Estado no pasará de ser otro sainete más de nuestra vergonzosa historia política con gente necia y sin oficio, y una prensa que hace eco de cada puesta en escena, como lo hicieron con las tres cartas del mismo personaje en las que maltrata al mandatario y viola su intimidad. Con todo respeto, a su edad el único golpe posible es una fractura de cadera si se descuida.

Toda la razón le asistía a Ferdinand Lasalle cuando en su conferencia sobre “¿Qué es una Constitución?”, pronunciada en Berlín en abril de 1862, ante un grupo de ciudadanos, afirmó: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder”[i]. Sentencia que hoy retoma el presidente Petro con su anuncio de una octava papeleta en las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026 para Congreso de la República con el propósito de preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no en convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Claramente ha dicho que no se trata de un trámite legal, sino de un pronunciamiento político, pues solo a través de una ley aprobada por el Congreso, según lo establecido en al artículo 376 de la Constitución Política, se puede convocar a la ciudadanía para que decida si está o no de acuerdo con dicha Asamblea. Para expedir esa ley convocatoria se requiere la “aprobación por mayoría de miembros de una y otra Cámara”, la cual fijará “la competencia, el período y la composición de la misma”. El pueblo decidirá con fuerza vinculante si “así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral” (aproximadamente 13 millones 700 mil) y no “podrá coincidir con otro acto electoral”. Es decir, requisitos imposibles de cumplir, pues ya se sabe que el Ejecutivo carece en el Congreso de esas mayorías y además la fecha que propone, 8 de marzo, coincide con la elección para miembros del Congreso.

Una Constituyente pre y postelectoral

No se trata, pues, de una iniciativa constitucional y mucho menos legal, sino de una estrategia electoral y por lo tanto eminentemente política. El mismo presidente Petro lo ha dicho: “El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quienes están con él (…) ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas. Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho”. Y, más claro aún, fue el ministro del interior, Armando Benedetti: “explicó que lo planteado es un mecanismo para medir el sentir de los ciudadanos frente a la necesidad de un nuevo “tratado social” en forma de Constitución, cuyo trámite correspondería al gobierno que resulte elegido en los próximos comicios…Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno, entonces, lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente ”[ii]

El Estado Social de derecho como pulso electoral

Lo que está en juego, pues, no es la violación o el desconocimiento de la Constitución del 91, sino más bien la utilización de su máxima institución, el Estado Social de derecho (ESD), para incidir en la suerte de las próximas campañas electorales que definirán la composición del Congreso y la Presidencia de la República. Estado Social de derecho que no ha sido desarrollado durante estos 34 años, pues ya desde la primera administración presidencial, César Gaviria empezó a burlarlo y desconocerlo tanto en lo político como en lo social y económico. En lo político, al decretar la “guerra integral”[iii] contra las Farc-Ep con su primer ministro de defensa civil, Rafael Pardo Rueda, quien anunció que en 6 meses tendrían a esa guerrilla en la mesa de negociación. Ambos desconocieron así el espíritu del artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Se entiende, la paz política, no el derecho a la guerra, como en efecto sucedió con la fallida “guerra integral” y su resultado catastrófico, pues el conflicto armado se prolongó y degradó todavía más con las Farc hasta el 2016. Para colmo, creó las nefastas cooperativas de seguridad rural, CONVIVIR[iv], que sirvieron de mampara para la formación de los criminales grupos paramilitares. Cooperativas Convivir que impulsó con ahínco Fernando Botero, como ministro de defensa de Samper, y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, no por casualidad hoy procesado en un complejo juicio penal por supuesto apoyo a la creación de grupos paramilitares. En lo social y económico, Gaviria impulsó la famosa apertura económica, la globalización y los dogmas económicos del mercado neoliberal, en contra de la economía social de mercado propia de un ESD, con consecuencias que todavía padecemos. Así las cosas, no solo es falso que Gaviria haya sido el padre de la Constitución del 91, sino que más bien fue un despiadado padrastro, que casi comete un parricidio constitucional. Y, desde entonces, hasta el 2021, esa bien intencionada, progresista y democrática Constitución ha sido sometida a tal cúmulo de reformas, cerca de 56, que ya es casi irreconocible y su ESD está apenas enunciado, pues no rige en la cotidiana vida social y económica. Por eso, Armando Novoa García, de la Corporación PLURAL, decía al celebrarse los 30 años de su promulgación, que la Constitución “sigue siendo un proyecto de sociedad que está inconcluso”[v] Y si nos atenemos al espíritu del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa en 1789[vi], la conclusión sería peor: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Se entiende de una Constitución real, es decir normativa, que regula efectivamente la vida política, económica y social y no solo una Constitución nominal, que enuncia derechos y obligaciones que no se cumplen en lo fundamental, pues sus gobernantes no tienen voluntad política o capacidad para hacerlo.

De la Consulta Popular a la octava papeleta

Solo ahora con la reforma laboral aprobada por el Congreso, en gran parte por la presión y el miedo a una Consulta Popular, empezará a cumplirse el artículo 53[vii] de la misma: “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Es en este contexto y en el pulso que libra el Ejecutivo con el Congreso sobre las reformas que desarrollan y dan contenido social y económico real al ESD en que se inscribe la propuesta de la octava papeleta. Como es lo propio y usual en el constitucionalismo y legalismo de la cultura política colombiana, donde lo adjetivo tiende a predominar sobre lo sustancial, ese pulso estará encubierto por una interminable polémica sobre la violación del ejecutivo de la prohibición de intervenir en política electoral. Asunto que no deja de ser paradójico y hasta irónico, pues impedir que el presidente promueva una octava papeleta que busca que el próximo gobierno cumpla el artículo 1 de la Constitución es, ni más ni menos, negar también el artículo 3 de la Constitución: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Con mayor razón cuando esa octava papeleta no está promoviendo candidato alguno, sino consultando a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente, que solo podrá ser constitucionalmente convocada por el próximo gobierno cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 376 ya citado. Y eso si el próximo Gobierno Nacional y el Congreso electo deciden atender la voluntad ciudadana, eventualmente expresada por esa octava papeleta a favor de la Constituyente, como en efecto lo hizo el entonces presidente Virgilio Barco Vargas con la séptima papeleta, bajo un decreto de estado de sitio.  

Elecciones supraconstitucionales

Esa octava papeleta, como sucedió con la séptima promovida en 1989 por el movimiento estudiantil “Todavía podemos salvar a Colombia”[viii], que culminó en la Asamblea Nacional Constituyente y en la Carta actual, es entonces un hecho político supraconstitucional de carácter electoral. La octava papeleta del Ejecutivo se inscribe en las campañas electorales del 2026 para un nuevo Congreso y la renovación presidencial, con fundamento en artículos de la Constitución como el 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” y el 103: “Son mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.

De la séptima a la octava papeleta

La gran diferencia con la séptima papeleta, es que entonces el descrédito del País Político y el Congreso era tan generalizado y la violencia narcoterrorista de los extraditables tan devastadora, que existía una especie de consenso nacional sobre la urgencia de una salida supraconstitucional como la Constituyente. Ahora la situación es muy diferente, pues está marcada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a reformas consubstanciales para la vigencia del ESD, de allí su dimensión histórica. Una dimensión que pretende poner a girar todas las campañas electorales en una confrontación entre el llamado País Nacional y el País Político. País Nacional que reivindica el presidente Petro en todas sus manifestaciones contra el País Político, así cuente entre sus filas con eximios representantes del País Político como Armando Benedetti y unos cuantos más. Para el Pacto Histórico y el mismo Petro es una apuesta de alto riesgo, más allá de la crispación electoral que generará, pues si los candidatos de izquierda o progresistas no obtienen una alta votación para el Congreso el 8 de marzo, difícilmente su candidato podría disputar la Presidencia de la República el 31 de mayo.

A pesar de ello, todo parece indicar que por primera vez en nuestra historia vamos a poder dirimir en las urnas, 80 años después, ese pulso entre el País Político y el País Nacional del que hablaba Gaitán en abril de 1946, sin enfrentarnos violentamente: “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. Ya va siendo hora de resolverlo, mediante la deliberación razonada y la decisión informada, sin descalificaciones y violencia política, como debería suceder entre ciudadanos de derecha, centro e izquierda, reacios a la manipulación maniquea que nos divide a muerte entre “gente de bien” contra terroristas, demócratas contra populistas o, lo que es peor, paracos fascistas contra resentidos mamertos. Si somos incapaces de asumir ese reto y superar esos prejuicios sectarios, propios de facciones fanáticas y no de partidos democráticos, continuaremos violando el artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Pero nadie está eximido de su cumplimiento, empezando por quienes hoy nos gobiernan y mañana pretenden hacerlo del 2026 al 2030.

[i] https://www.academia.edu/27275867/Resumen_Qu%C3%A9_es_una_Constituci%C3%B3n_ferdinand_lasalle

[ii] https://www.infobae.com/colombia/2025/06/20/armando-benedetti-resolvio-dudas-sobre-la-propuesta-de-una-asamblea-nacional-constituyente-es-la-octava-papeleta/

[iii] https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/09/30-anos-de-la-operacion-casa-verde-asi-se-vivio-el-intento-fallido-del-gobierno-para-exterminar-a-los-maximos-jefes-de-las-farc-ep/

[iv] https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/

[v] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/la-constitucion-de-1991-se-le-han-hecho-56-reformas-una-y-media-por-ano-novoa

[vi] https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

[vii] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-53

[viii] https://hacemosmemoria.org/2016/05/02/la-papeleta-que-cambio-la-constitucion/

“Los periodistas a veces cuentan mal las cosas”: Nora Ephron, escritora estadounidense (1941-2012)

Siempre hay que partir de la buena fe de la prensa y de los periodistas que hacen periodismo ajustado a los principios de este noble oficio, ese periodismo sin dobleces, cuyo fin último es entregar información veraz a los ciudadanos.

Sin embargo, en los últimos días asaltan las dudas: ¿el cubrimiento permanente que vienen haciendo los medios de comunicación sobre el caso Miguel Uribe Turbay, es consecuencia de la necesidad de tener a la sociedad suficientemente informada o, por el contrario, se trata de la necesidad que tienen los medios de crear en las audiencias interés por el caso? Son cosas distintas, por supuesto. Y si se trata de lo segundo, es válido entonces preguntarse si no está la prensa rozando, con cierto descaro, los límites de la publicidad política.

“Los medios de comunicación, siendo mayoritariamente de derechas, han sido irresponsables en el manejo de la información y del drama. El sensacionalismo es un daño que se hace a las víctimas porque se las usa para mover agenda y conseguir atención, la batalla por el click. Puede que la propaganda política no sea explícita pero si definitivamente se hace y en contra de un gobierno con el cual están en todo su derecho de disentir, pero al que no pueden echarle la culpa de todas las cosas que están pasando, mucho menos cuando existe una investigación en curso. El periodismo nunca ha sido ni será, afortunadamente, una rama de la Fiscalía”: SANTIAGO RIVAS, panelista de Presunto Pódcast.

Desde el Centro de Pensamiento Demócratas, la politóloga Ana Duque de Estrada afirma lo siguiente: “El caso de Miguel Uribe Turbay revela no solo un episodio de violencia, al mismo tiempo nos muestra una enfermedad más profunda que aqueja al periodismo colombiano: la transformación de los hechos en telenovelas y el ejercicio informativo en una fábrica de emociones, con clara intencionalidad política. Lo que debería ser una noticia —un evento que se relata con datos verificables, contexto y análisis— se ha convertido, una vez más, en un espectáculo emotivo vacío de contenido real”.

En este punto, habría que preguntar si estamos ante un hecho que afecta o no a todo un país o nada más a una familia, a su entorno íntimo y a un partido político, máxime cuando en un trino el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que es temprano para decir que se trató de un atentado con fines políticos, aunque la Fiscalía dice lo contrario. “Hasta ahora los capturados sólo son miembros del microtráfico bogotano y aún no hay certezas de los autores intelectuales”, escribió el mandatario.

Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y quizás antes, Colombia se acostumbró a ser el país de los autores materiales; rara vez se les conoce la cara a los autores intelectuales. Y muchas veces pagan justos por pecadores, como ocurrió tras el magnicidio de Luis Carlos Galán, en 1989. Alberto Júbiz Hazbún, un barranquillero, hijo de palestinos, fue acusado injustamente por este crimen. Pasó cuatro años en prisión a pesar de las pruebas de su inocencia; murió en 1998 esperando una indemnización.

Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y quizás antes, Colombia es el país de los autores materiales; rara vez se les conoce la cara a los autores intelectuales.

Si bien la Fundación Santa Fe decidió esta semana no emitir más comunicados diarios –arguyendo que la salud del paciente no ha mostrado mayor evolución luego de la última cirugía cerebral-, las noticias alrededor suyo no han mermado, y van más allá de la investigación del caso  Por ejemplo, el ahora muy católico diario El Tiempo publicó el siguiente titular: “Dónde orarle a San Chárbel en Bogotá: esta es la parroquia del santo al que le piden por la salud de Miguel Uribe”.

En una columna de El Espectador, Mario Fernando Prado sugirió que, tras el atentado a Miguel Uribe, “ha resurgido cual ave Fénix la figura de su esposa, María Claudia Tarazona”, luego de “sus muy breves a apariciones en los medios y en las redes”. Según él, “se yergue como una muy seria y aplastante opción legislativa o ejecutiva si es que ella desea honrar patrióticamente la memoria de su marido”, “ante la posibilidad de un final trágico que –repito e insisto– ojalá no se produzca”.

Se pregunta aquel columnista: “¿Y si ello llegase a ocurrir, quién tomaría las banderas de este mártir de la democracia cuya tragedia ha tocado las entrañas de millones de colombianos? ¿Habría alguien con más autoridad que su coequipera de vida?”. La columna concluye así: “¡Fuerza María Claudia, Colombia estará contigo!”.

Con todo respeto, creo que no era el momento para tales conjeturas. Sin embargo, análisis de este tipo dejan ver cómo un hecho mediático puede usarse hábilmente con fines políticos. No han pasado ni veinte días del lamentable hecho y me parece que es muy temprano para hablar de una posible candidatura, aunque ya en el pasado hechos trágicos sellaron el destino de un país: tras el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, su hijo Juan Manuel le entregó las banderas de su padre a un jovencísimo César Gaviria, quien se catapultó a la presidencia cuando apenas tenía 43 años; sin olvidar que su gobierno quedó con mancha tras el fallido rescate de la periodista Diana Turbay, madre de Miguel Uribe Turbay, quien permaneció secuestrada seis meses por Pablo Escobar y Los Extraditables.

“Creo que la prensa, en general, y algunas figuras políticas, en particular, han tenido un enfoque sesgado sobre un hecho violento grave y complejo. Los medios, por naturaleza, deberían ayudar a explicar y a entender lo que pasa en estos momentos. Pero hemos visto lo contrario: confunden, desinforman y generan pánico. El periodismo debe apuntar a informar a la audiencia y mover las fibras de la inteligencia y la razón. Cuando el periodismo informa para las emociones, equivoca el camino. Hoy muchos ven a los medios como un actor político más en medio de la polarización, y ahí está uno de los problemas de falta de credibilidad y desconfianza hacia nosotros. Menos likes y clics y más contexto e historia. Se necesita una pausa y mucho contraste”: OSCAR DURÁN, Director del Área Académica de Comunicación Social – Periodismo, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

El manejo que la prensa le está dando al caso es un tema de discusión interesante para los tribunales de ética periodística -¿acaso existen en Colombia?- y para las facultades de periodismo, pues ciertamente a este tipo de cuestiones se enfrentarán los futuros periodistas en la vida real. Desaparecida la figura de los defensores del lector, urge crear un defensor de las audiencias al interior de los medios para salvaguardar el buen juicio de los mismos.

“Desde que se supo del atentado, los directores de medios radiales y escritos (los que yo consumo), editorializaron pidiendo bajarle al tono de los discursos políticos, con clara alusión al presidente. Es decir, sin conocerse aún los móviles del atentado, se enfocaron en el lenguaje usado por el mandatario. Acá, en Cartagena, un periodista, cuya plataforma es WhatsApp, difundió una pieza diciendo: “Este es el trino que horas antes del atentado sacó Petro contra Miguel Uribe”, incitando a culpar al gobierno. Las entrevistas a personalidades tenían el mismo enfoque. Basta leer la de María Isabel Rueda a Enrique Peñalosa en El Tiempo. Todo ha sido desafortunado, y como siempre, pierde la cordura ciudadana”: LUIS CARLOS ZÚÑIGA, periodista y docente universitario, magíster en Comunicación, especialista en Estudios Políticos. 

Lo que no admite duda es que si ya una vez intentaron asesinar a un precandidato presidencial de la derecha, -a finales del siglo veinte asesinaron a tres de izquierda y uno del centro-, no se pueden minimizar el propósito y las consecuencias de lo acontecido aquel sábado 7 de junio; se debe reforzar la seguridad de los candidatos y del propio jefe de Estado. Con todo, lo deseable es que este caso se aclare satisfactoriamente, con un final feliz para el senador y su familia.

Artículo publicado inicialmente en EL PAÍS, sección AMÉRICA-COLOMBIA: https://elpais.com/america-colombia/2025-06-15/colombia-en-estado-de-coma-politico.html)

“El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”, parece un diagnóstico sobre la realidad política colombiana. Pero es el primer parte médico de la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después del aleve y repudiable atentado criminal que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá. Ese diagnóstico escueto y preocupante no solo da cuenta del presente, sino que describe la forma como la política discurre cotidianamente en Colombia en medio de una violencia ubicua y letal. Una violencia aleatoria que estalla en cualquier lugar y momento, como los 19 atentados terroristas en la mañana del martes del 10 de junio en Cali y el Departamento del Cauca, que dejaron una dolorosa estela de 7 víctimas mortales. Es una violencia que solo la percibimos con esa intensidad amenazante, intolerable y condenable, cuando ella se ensaña en lideres políticos destacados de la oposición, como Miguel Uribe Turbay, o irrumpe mortalmente en las calles de los barrios residenciales y populares de nuestras principales ciudades. Es lo que ha venido sucediendo en la última semana, pero no ha dejado de estar presente en forma soterrada durante muchos años, cobrando la vida de numerosos líderes sociales, 71 durante estos cinco meses, sepultados y olvidados rápidamente, sin piedad y oraciones que velen por sus vidas y sin que por ellos entremos en “coma político” y conmoción nacional. Por eso solo el criminal atentado contra el senador Miguel Uribe revive en la memoria nacional el fantasma de los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro entre agosto de 1989 y abril de 1990. Entonces vuelven a nuestras mentes las imágenes dantescas de las incontables víctimas del narcoterrorismo de los extraditables. Se imponen las inevitables similitudes entre los jóvenes sicarios contratados para disparar contra Rodrigo Lara Bonilla y Miguel Uribe Turbay. Y hasta algunos periodistas evocan con cierto morbo el sino trágico de la familia Turbay y el asesinato de la madre del senador Miguel Uribe, Diana, por orden de Pablo Escobar, cuando el Ejército intentó rescatarla. Incluso los noticieros invitan a sesudos analistas y constitucionalistas para que esclarezcan lo que está sucediendo y estos, en lugar de destacar las diferencias sustanciales con el pasado, resaltan las similitudes más evidentes para reafirmar sus convicciones políticas y prejuicios personales. Nos advierten alarmados que no podemos repetir lo sucedido hace más de 30 años. ¡Como si los protagonistas del presente no fueran otros muy distintos y los escenarios institucional y constitucional sean incomparables!

Más allá del “déjà vu” del 90

Todo ello nos conduce al error de concluir que estamos volviendo a repetir la misma pesadilla. Pero la situación actual es muy diferente, aunque las similitudes con la violencia sicaria de ambos jóvenes y la explosión del terrorismo ubicuo nos sumerja en esta especie de “déjà vu” infernal. Más aún ahora, cuando el gobierno apela al recurso de promover una nueva Asamblea Constituyente para supuestamente conjurar y superar su actual crisis de gobernabilidad. Sin embargo, es precisamente en este escenario donde estriba la mayor diferencia. Porque la crisis de finales de la década del 80 y comienzos del 90 fue desatada por el narcoterrorismo de los extraditables y generó una respuesta política inmediata, la del proceso constituyente que, gracias a la alquimia de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil “Todavía podemos salvar a Colombia”[i] y la acción coordinada entre el consejero constitucional del presidente Barco, Manuel José Cepeda Espinosa[ii] y el profesor de derecho público, Fernando Carrillo Flórez[iii], se pudo encauzar en las urnas. Por cierto, en forma supraconstitucional, como auténtica expresión del poder constituyente primario y su fuerza política proteica, que desconoció participativamente la Constitución de 1886 y clausuró el ineficiente y corrupto Congreso de entonces, tan parecido al actual. Ese proceso culminó en 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución actual.  Es verdad, incorporando a la Carta Política el artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento, coronando así Pablo Escobar su máxima aspiración política-criminal. Artículo que fue derogado en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper, cuando el Estado ya había capturado a los hermanos Rodríguez y permitió el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, que entonces había descertificado a Colombia por el proceso 8.000 y retirado la visa al presidente Samper.

¿Crisis constituyente o desconstituyente?

Ahora las circunstancias y el escenario político son muy diferentes y quizás más complejos. De alguna forma, esta parece ser una crisis de carácter desconstituyente, pues su origen está directamente relacionado con una agria e intensa disputa por la interpretación y aplicación de la Constitución del 91 entre el Ejecutivo y el Legislativo. El ejecutivo, empeñado en hacer realidad el Estado Social de derecho y la democracia participativa, decide convocar el constituyente primario por decreto a una Consulta Popular que el senado le negó en medio de una zambra vergonzosa. Una zambra que dejó en vilo no solo la legalidad de esa decisión, sino incluso su legitimidad. Con esa decisión el Senado desconoció, por dos votos, el artículo 3 de la Constitución: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público” y reclamó para sí esa soberanía con fundamento en otro artículo de la Carta, el 104[iv], negando la convocatoria del Ejecutivo. Así las cosas, la soberanía volvió a quedar en manos de la Nación, como en la derogada Constitución de 1886, por la decisión de dos senadores que despojaron a toda la ciudadanía, el pueblo o constituyente primario de su poder político decisorio de última instancia. Semejante impase desconstituyente de la legitimidad ciudadana no habría sucedido si el Congreso en estos 34 años de promulgada la Constitución hubiese cumplido el espíritu de su artículo 1 que define a Colombia como una “República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. No hay duda que ese interés general no ha sido promovido y mucho menos defendido por los congresistas durante estos 34 años, pues no han tenido la voluntad política de expedir el Estatuto del Trabajo que les ordena el artículo 53 con sus siguientes principios fundamentales: “Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.  Pero los congresistas hicieron todo lo contrario con la aprobación de la ley 789 de 2002 presentada por el gobierno de Álvaro Uribe[v], que terminó recortando “beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, que hoy intenta restituir la actual reforma, como el pago de horas extras desde la 6 de la tarde y la remuneración plena durante los días festivos.

La paradoja del Estado Social de Derecho bajo el “Gobierno del Cambio”

Ahora estamos bajo un gobierno cuya principal meta ha sido convertir en realidad el artículo 1 de la Constitución, el Estado Social de derecho, pero paradójicamente tenemos menos Estado en el territorio nacional porque en vastas regiones predomina el neofeudalismo devastador de organizaciones criminales que se disputan a muerte economías ilícitas, desplazan a la población y asesinan a sus líderes sociales, despojándolos de su tierra, esperanza y derechos más vitales. También su contenido Social: salud, educación, vivienda y seguridad está en cuidados intensivos por el bloqueo de sus reformas en el Congreso y la incapacidad del propio Ejecutivo para realizar una gestión pública eficiente, desgastada por numerosos escándalos de corrupción y cambios constantes en su gabinete ministerial, que no puede dar continuidad a sus principales políticas públicas. A ello se suma haber despertado expectativas inalcanzables en 4 años como la “Paz Total”, “Colombia, potencia mundial de la vida” y la transición energética, más generadoras de frustración que de satisfacción y confianza ciudadana. Dolorosamente, la Paz Total, su divisa central, se convirtió en una explosión letal de atentados terroristas durante esta semana. Y, para terminar, el Derecho naufraga en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene sumida la política en coma y amenaza convertir la actual crisis de gobernabilidad en una más aguda de legitimidad.

El “sancocho constitucional”

Por eso el decreto gubernamental 0639 del 11 de junio[vi] que convoca a la Consulta Popular es una especie de “sancocho constitucional” que trata de reconciliar pensadores políticos irreconciliables como Schmitt, Habermas y Luhmann, según el perspicaz análisis del profesor Carlos Ramírez de la universidad de los Andes. Y cada vez ese “sancocho constitucional” es más sustancioso, denso e indigerible, pues el gobierno pretende apelar directamente al constituyente primario, saltándose el Congreso que debe expedir una ley para convocar esa Asamblea Constituyente, según el artículo 376 de la Constitución[vii]. Para burlar ese escollo insalvable, el nuevo ministro de justicia, Eduardo Montealegre, haciendo honor a su apellido, desde la montaña mágica de la especulación constituyente esboza alegremente el siguiente camino: “crear mecanismos que le permitan a un gobierno avanzar en una agenda social”, pues, explicó, el presidente está “bloqueado institucionalmente por unas mayorías en el Congreso que sistemáticamente se oponen al cambio”. El camino que tomaría el oficialismo es recoger las firmas del 20 % del censo electoral, algo así como 8 millones, para hacer que el proyecto de ley de convocatoria sea “vinculante” para el Congreso y que así no pueda negar la constituyente o incluso vaya directamente a la Corte Constitucional”[viii].Una audaz idea que trata de reeditar la gesta de la 7 papeleta y crear así un hecho político supraconstitucional. Pero esa imaginación constituyente ignora que la actual coyuntura, pese a las similitudes violentas con la del 90, es totalmente diferente, pues se ha perdido el clima de consenso político y urgencia que entonces existió, generado por la ofensiva narcoterrorista de los extraditables.  Por eso la 7 papeleta fue promovida ampliamente por todos los medios de comunicación y no contó con oposición significativa alguna del “País Político” y del Congreso de entonces, que fue clausurado de común acuerdo entre el presidente Gaviria y la Asamblea Nacional Constituyente. Objetivamente eso sí puede calificarse como golpe de Estado y desmantelamiento de la institucionalidad, pero fue celebrado por todos como la única y extraordinaria vía para la salvación nacional.

Ahora sucede todo lo contrario. Por eso la oposición convoca la ciudadanía a las calles en solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, pero el trasfondo es demostrarle al Ejecutivo su profundo rechazo al llamado “decretazo” y a la impredecible aventura de la constituyente.  Así las cosas, llegamos a la mayor paradoja de esta tramoya político-constitucional. Un Ejecutivo defensor de la Carta del 91 y políticamente coautor de la misma, promotor entusiasta de su aplicación en la vida social, ahora impulsa su reforma por vía de una incierta e inviable Asamblea Constituyente. Y, por el contrario, las fuerzas políticas opositoras, que han sido mayoría en el Congreso desde la promulgación de la Constitución, que la han reformado regresivamente en múltiples ocasiones y sin voluntad política para hacer realidad social sus contenidos más progresistas, hoy la defienden y se proclaman sus celosos y mejores defensores, después de haberla engañado y burlado durante 34 años, sirviendo a intereses particulares y no generales.

Del “estado de máxima gravedad” a la gobernabilidad constituyente

Sería relativamente fácil salir de “este estado de máxima gravedad” y en coma en que se encuentra la política nacional, igual que el senador Miguel Uribe Turbay, si ambas partes tomaran conciencia de su responsabilidad histórica. Por parte del Ejecutivo, si abandonara su radicalismo constituyente y su exacerbado narcisismo político, dedicándose a realizar una gobernabilidad constituyente para recobrar así el control del orden público, la seguridad en todo el territorio nacional y cumplir sus políticas y promesas sociales con un gabinete ministerial estable, competente y eficiente, al menos por este año que le queda. Y, de parte de la oposición, si renunciara a su obsesión del “golpe de estado” con su consigna favorita “fuera Petro” y a su irresponsable delirio de venezolanizar el próximo proceso electoral, pues al no asistir a la instalación de la Comisión de Seguimiento Electoral[ix] convocada por el gobierno y desconocer al presidente Petro como su principal garante, está empezando a recorrer ese escabroso camino y agravando el “coma político” actual. En conclusión, ambas partes deberían cumplir la Constitución, aprobando una reforma laboral que honre los puntos fundamentales y mínimos del artículo 53 ya citado. Quizás así saldríamos del actual Estado de coma en que se encuentra la política nacional y recobraría su pleno sentido el Estado Social de derecho, como también esperamos que acontezca con el sentido y la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

[i] https://hacemosmemoria.org/2016/05/02/la-papeleta-que-cambio-la-constitucion/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jos%C3%A9_Cepeda_Espinosa

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Carrillo_Fl%C3%B3rez

[iv] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-4/capitulo-1/articulo-104

[v] https://www.pares.com.co/post/la-reforma-laboral-de-%C3%A1lvaro-uribe-que-favoreci%C3%B3-a-los-empresarios-y-hundi%C3%B3-a-los-trabajadores

[vi] https://www.presidencia.gov.co/Documents/250611-Decreto-0639-11-de-junio-2025.pdf#search=decreto%20de%20consulta%20popular%2E

[vii] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-13/capitulo-0/articulo-376

[viii] https://www.elespectador.com/politica/estos-son-los-caminos-del-petrismo-con-la-consulta-popular-y-la-constituyente-para-encarar-el-2026-y-retar-al-congreso/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=politica&utm_content=todos

[ix]https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comision-de-garantias-fue-liderada-por-el-presidente-gustavo-petro-estas-fueron-las-principales-conclusiones-3461831

“El informe de la necropsia señaló: ´La esperanza de vida de Diana se calculaba en quince años más´”: Noticia de un secuestro.  

“Por la gracia de San Judas Tadeo, que estas balas den en el blanco y sin fallar, y que el difunto no sufra”: La virgen de los sicarios.

La buena literatura es imperecedera. En Colombia no muchos escritores han entendido eso. Gabriel García Márquez y Fernando Vallejo, plumas brillantes, en mi juicio de modesto lector, y testigos extraordinarios de su época, fueron capaces de contarnos a través de su prosa lo que sus ojos vieron, el mundo de ayer como lo llamó Stefan Zweig. La memoria que se repliega en las páginas de un libro negándose a morir.

En mi biblioteca encontré dos libros que narran la Colombia agría de los años 80s y 90s, una que vimos en directo por televisión. Dos obras que cobran vigencia y nos ayudan a entender la sinrazón de una nación fracturada en lo político y en lo social, y cómo esas dos realidades terminan juntándose trágicamente.

El primero, el maestro Gabo, lo hizo a través de un extenso reportaje con destellos literarios, Noticia de un secuestro, y el otro, Vallejo, con una novela corta, La virgen de los sicarios, ambas obras llevadas además al cine y la televisión. La actriz Majida Issa fue premiada por su papel de Diana Turbay.

García Márquez relata el antes y el después del secuestro, en 1990, de varios personajes importantes por parte de Los Extraditables, al mando del narco Pablo Escobar, entre ellos la periodista Diana Turbay (madre del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay) y de cinco miembros de su equipo periodístico, pues el momento del rapto se desempeñaba como directora del tele noticiero Criptón y de la revista Hoy x Hoy. Era hija de Julio Cesar Turbay Ayala, ex presidente de la República.  

“El primer secuestro de aquella racha sin precedentes –el 30 de agosto pasado y apenas tres semanas después de la toma de posesión del presidente César Gaviria- había sido el de Diana Turbay”, dice Gabo.

Cuenta que la periodista entró en depresión por haber llevado a sus pupilos “a la trampa sin salida”, que sus captores nunca estuvieron enmascarados, “usaban sobrenombres de tiras cómicas”, “el menor de ellos podía tener quince años”, “jugaban a las barajas, al dominó, al ajedrez”, “y muchas veces ayudaron a hacer las listas de mercado”. En cautiverio escucharon música de Rocío Dúrcal y Juan Manuel Serrat.

“También cayó entonces en la cuenta de que había olvidado cerrar la caja fuerte por las prisas con que salió la última vez rumbo al viaje de la desgracia”: “Noticia de un secuestro” sobre Diana Turbay.

Diana Turbay, que poseía “la facultad divina de percibir hasta las terceras intenciones de la gente”, anhelaba trabajar por la paz. “Ya no estoy en trance de pelear con nadie ni tengo el ánimo de armarle broncas a nadie —dijo entonces—. Ahora soy totalmente conciliadora”.

Vio por televisión a su familia la noche de Navidad. “Le encantó la madurez de María Carolina, le preocupó el retraimiento de Miguelito, y recordó con alarma que aún no estaba bautizado”.

De acuerdo con el relato, una vidente anticipó su destino trágico. La periodista murió desangrada en un quirófano, en Medellín, como resultado del fuego cruzado entre el ejército y los secuestradores. Era el 25 de enero de 1991. Hasta hoy siguen siendo confusos los hechos que rodearon su trágica muerte.

De acuerdo con el autor, “tenía la columna vertebral fracturada al nivel de la cintura por una bala explosiva de alta velocidad y mediano calibre que estalló en esquirlas dentro de su cuerpo y le produjo una parálisis general de la que no se habría repuesto jamás”.

Ya separada del expresidente Turbay, doña Nydia Quintero, madre de Diana, gestora de la Caminata de Solidaridad, en varias oportunidades se enfrentó a César Gaviria por el manejo que le dio a la situación.  “Le reclamó al presidente su indiferencia y su frialdad por no cumplir con la obligación constitucional de salvar la vida de los secuestrados”, cuenta Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro.

—Mataron a Diana, señor presidente —le dijo. Y eso es obra suya, es su culpa, es la consecuencia de su alma de piedra.

El presidente se alegró de poder contradecirla con una buena noticia.

—No señora, dijo con su voz más calmada—. Parece ser que hubo un operativo y todavía no se tiene nada claro. Pero Diana está viva.

—No, replicó Nidia—. La mataron.

(…)

—¿Y por qué lo sabe?

—Porque me lo dice mi corazón de madre”.

Gaviria reunió a cuatro de sus  colaboradores, Fabio Villegas, Miguel Silva, Rafael Pardo y Mauricio Vargas para “elaborar un rechazo enérgico a la declaración de Nydia” pero después de mucho pensarlo concluyeron “que el dolor de una madre no se controvierte”.

En La virgen de los sicarios, los protagonistas son Fernando, un escritor homosexual, y Alexis, un chico de 16 años que trabaja como asesino a sueldo en la Medellín de los años 80. Un Ángel Exterminador que va por la vida dejando regueros de sangre. Cuando matan a Alexis, el escritor busca a su asesino pero encuentra a Wilmar, tan parecido a aquel, en “barrios y barrios de casuchas amontonadas unas sobre otras en las laderas de las montañas”, y con la virtud “de desencadenarme todos mis demonios interiores”. En el fondo vacío de sus ojos verdes vio reflejada “la inmensa, la inconmensurable, la sobrecogedora maldad de Dios”.

“—Los muchachos no son de nadie —dice él—, son de quien los necesita”, escribe Vallejo en La virgen de los sicarios.

La obra del escritor antioqueño, de una profunda sensibilidad social, recrea la Medellín de la narcoviolencia, de la época en que “un revólver es para lo que se pueda ofrecer”, porque “aquí te disparan desde donde menos lo piensas. ¡Hasta desde un carro de funeraria!”.

“—Yo a este mamarracho lo quisiera matar.

—Yo te lo mato —me dijo Alexis con esa complacencia suya atenta siempre a mis más mínimos caprichos”.

El autor usa su pluma para cuestionar a la prensa: “En la agonía de esta sociedad los periodistas son los heraldos del enterrador. Ellos y las funerarias son los únicos que se lucran”.

Sobre la industria del crimen y cómo ésta se aprovechó de los niños en condición de miseria para convertirlos en sicarios, el periodista Gonzalo Guillén, hace un relato crudo en este artículo:

“En las comunas populosas de la miseria en Medellín, agentes de Escobar buscaban adolescentes de familias paupérrimas, por lo general a cargo solo de las madres, y les ofrecían la oportunidad de llevarles a ellas una estufa o un televisor nuevos a cambio de “acostar” a alguien. Primero, les enseñaban a utilizar una pistola que le regalaban y luego a cada chico lo encerraban en una habitación durante varios días, en los que debían mirar fijamente el rostro del que iban a asesinar y de él no conocían más que el nombre de pila, de manera que el día de la verdad debían seguirlo, pronunciar con un grito el nombre, la víctima volvería la cabeza de manera instintiva para ver quién lo mencionaba, el asesino constataría que era exactamente el de la foto y entonces, sí, le descerrajaría la carga de la pistola y se escabulliría, generalmente en la moto potente de un acompañante que lo esperaba, para ir recibir el pago”.

“Noticia de un secuestro” y “La virgen de los sicarios” nos hablan de dos Colombias unidas por un sino trágico: la Colombia que no pasa necesidades y la Colombia, sin esperanzas, donde los que no tienen nada, se alquilan para matar para no pasar necesidades. Cuando seamos capaces de conciliar esas dos naciones, quizás entonces se escriban otros libros. 

Es muy cierto que el caso judicial del Carrusel de la Contratación en Bogotá que demostró que durante la administración de Samuel Moreno Rojas se presentó un robo a manos llenas de miles de millones de pesos, no se ha investigado a fondo y que, aunque cayeron algunos como el difunto exalcalde y su hermano, Iván, por ejemplo, faltó mucho más.

Sin embargo, debo decir que me ha sorprendido que justo en el momento en que se nombra a Antonio Sanguino como ministro de Trabajo, la justicia se acuerda que debe terminar un asunto que dejó inconcluso y agarrado por las ramas y no por la raíz, es decir, sin mirar al fondo de la función pública en  Bogotá donde desde mucho tiempo atrás se han configurado licitaciones a la medida de determinados empresarios, que tienen fichas en las entidades que ayudan en esta misión y que, con el respaldo de uno que otro político conformaron pequeños carruselitos de contratación, casi que en paralelo a los de Emilio Tapia, Los Nule y compañía, y que como bien lo dijo el entonces representante a la cámara, Simón Gaviria, enviaron miles de millones de pesos a paraísos fiscales a través de Interbolsa.

¿Recuperó la justicia estos dineros enviados al exterior?;¿escudriñó este asunto de corrupción en lo más profundo de la función pública en Bogotá?; ¿Revisó lo que estaba ocurriendo en las alcaldías locales?, a juzgar por los resultados podría apostar a que no.

Aun así, justo cuando el presidente Gustavo Petro escoge a Sanguino para que defienda la reforma laboral, la justicia se acuerda que debe darle continuidad y escoge al recién nombrado ministro de Trabajo de conejillo de indias, olvidando que fue uno de los que ayudó a destapar la olla de corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno, como conejillo de indias.

La memoria selectiva evitó que recordaran que Antonio Sanguino integró un grupo del que hicieron parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y los exconcejales, Ángela Benedetti y Carlos Vicente de Roux quienes ayudaron a las investigaciones en aquella época – denunciando estos carteles de contratación-, llegando más allá de los que hasta el momento había indagado la Fiscalía poniendo en evidencia que del entramado de corrupción hizo parte el entonces contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.

¿Puede alguien hacer parte de un cartel de corrupción y al tiempo denunciarlo y respaldar las acciones de la justicia y la Procuraduría?

Esta es una pregunta que deberían hacerse aquellos que desde la Fiscalía y desde la Corte Suprema de Justicia investigan este caso con ojos políticos. Pero no solo ellos, también aquellos periodistas que han hecho de la radio todo un centro de pensamiento político de los partidos de oposición. Aun así, estos señores que usan a diario unos micrófonos critican al gerente de RTVC, cuando ellos exactamente lo mismo que hace Hollman Morris, pero al revés.

No es posible que valiéndose de un rumor que en primer lugar no hubo manera de comprobar o descartar si es cierto o no que Antonio Sanguino influenció el nombramiento de una gerente de un hospital, porque el testigo clave, que era Samuel Moreno Rojas ya está muerto, ahora pretendan encarcelar a Sanguino con el ánimo de golpear moralmente a un Gobierno que sortea toda clase de obstáculos políticos en el Senado para sacar adelante una reforma laboral.

¿Si tantas ganas tenían de hacer justicia porque entonces nunca preguntaron a Samuel Moreno Rojas mientras estaba vivo?

¿Pretenderán ahora que el difunto alcalde se levante de su tumba para dar declaración? ¿es muy difícil comprobar si alguien llega a un cargo por nombramiento o por concurso público? ¿es acaso imposible establecer sí se dio algún de tipo de licitación para construir una obra en un hospital?

Si de verdad se tiene la intención de hacer justicia con Bogotá, deberían entonces investigar la manera como se han tejido redes de contratación en la administración pública, especialmente en las alcaldías locales, pero desde la raíz y no por las ramas y mucho menos con el ánimo de golpear moralmente a un Gobierno, en este caso al de Gustavo Petro.

Por cierto, ¿ya recuperaron los 70 mil millones de pesos de Centros Poblados extraviados en el gobierno de Iván Duque bajo el ministerio de las TIC de Karen abudinen? ¿ya juzgaron a todos los que hicieron parte de este entramado de corrupción?

Nota recomendada: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ¿víctima o artífice del contrato de investigación forense con Covington & Burling?

Un Encuentro Imprudente

En la calidez de un restaurante norteño, una tertulia entre amigas viró hacia un campo de batalla ideológico.

La política, espectro omnipresente, irrumpió en la conversación, sembrando en mi la sensacion de vulnerabilidad y una sobrecarga sensorial palpable.

Confieso mi desazón ante mi insuficiencia técnica en políticas públicas.

Me sentí empequeñecida, incapaz de un debate a la altura.

En mi torpeza, incurrí en la imprudencia de repetir información no verificada sobre la vida privada del presidente.

Un desliz innecesario, ajeno a mi experiencia directa.

Asumo el desacierto.

Pensamientos Atípicos en la Vorágine

En ese torbellino de emociones y argumentos, mi mente, con su peculiar arquitectura neurocognitiva, luchaba por mantener el equilibrio.

Una tarea ardua en medio de la sobreestimulación emocional e intelectual.

Una voz interna sentenciaba: la esfera íntima de cualquier individuo es inviolable como arma política, excepto cuando incide directamente en su capacidad para ejercer un cargo público o representa una amenaza comunitaria.

Simultáneamente, otra parte de mí, infantilmente sincera, rehuía protocolos y evasivas, respondiendo sin filtros.

Un tira y afloja constante con mi yo adulto, ávido de convencionalismos y temeroso de las consecuencias de una sinceridad desmedida.

Ahí estaba yo.

Desde mi perspectiva neuroatípica, intentando descifrar las estrategias de una persona “típica” para eludir la confrontación, para navegar protocolariamente el encuentro sin fisuras, hilvanando palabras sin sustancia.

Paradójicamente, terminé abordando temas que, en un estado de equilibrio sensorial, jamás me habría atrevido a verbalizar.

Ahí estaba, recurriendo a mis lecturas y comprensiones sobre la neurodiversidad. Explicando que, desde mi estudio, puedo albergar sospechas sobre el neurotipo ajeno, basadas en información y conocimiento, sin que ello constituya o sustituya un diagnóstico clínico.

Mi voz no es determinante en ese terreno.

Debo opinar, desde mi vivencia, que en la hipótesis de que el presidente se encontrara dentro del espectro autista o una condición similar, como su hermano Juan Fernando Petro reveló en una entrevista

Lo cierto es que esto no menoscabaría sus facultades políticas o profesionales.

La competencia e incompetencia de un ser humano, al igual que su calidad ética, trascienden los neuro tipos y los rasgos de personalidad.

La bondad o maldad intrínseca van mucho más allá de cualquier condición neurológica.

Un Gobierno Cuestionable y la Deuda Haitiana

La defensa de este gobierno me resulta insensata.

Se erige sobre cimientos de medias verdades y falsedades completas, prometiendo paz y redención, mientras entrega escándalos de corrupción y, a mi juicio, manipulación de causas sociales.

Un gobierno que se autoproclama garante de derechos parece más atento a los problemas internacionales que a las urgencias de su propia ciudadanía.

La reciente insistencia del presidente Petro en que Colombia asuma una deuda histórica con Haití, llegando a evocar la financiación haitiana de la Torre Eiffel, tiene una base histórica compleja.

Tras su independencia, Haití fue forzada por Francia a pagar una onerosa indemnización a los antiguos esclavistas como condición para su reconocimiento. Esta deuda obligó a Haití a contraer préstamos de bancos franceses, como el Crédit Industriel et Commercial (CIC), cuyas ganancias contribuyeron a financiar proyectos en Francia, incluyendo la icónica torre.

Aunque no fue un pago directo, el capital drenado de Haití por el CIC influyó en las inversiones francesas de la época.

Como señala Bessis (2003), Occident et les autres: Histoire d’une suprématie.

La Découverte. Esta simplificación histórica desvía la atención de los acuciantes problemas internos.

En palabras de Sartori (1998), Homo Videns: La sociedad teledirigida.

Taurus. “La simplificación de hechos complejos puede desviar la atención de las verdaderas responsabilidades y consecuencias históricas”.

Si bien el presidente Petro señala una realidad histórica compleja sobre la deuda haitiana, aunque desde una perspectiva simplificada, resulta inconcebible priorizar la inversión en necesidades ajenas cuando las carencias nacionales son tan graves.

Colombia arde en necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo.

Setenta años de conflicto armado y una búsqueda de paz total sin mejoras sustanciales, sumados a persistentes problemas de corrupción y malos manejos económicos, nos impiden asumir esa deuda histórica como prioridad.

Es la analogía de una madre que no puede privar de alimento a sus hijos para alimentar a sobrinos.

El Debate de la Salud y las Dudas Razonables

La recurrente propuesta de un debate entre Alejandro Gaviria y Carolina Corcho sobre la reforma de salud se ha tornado un punto de discordia.

Alejandro Gaviria, ex ministro de salud y educación. Ingeniero civil con posgrados en economía de prestigiosas universidades, ha demostrado una visión técnica y estratégica en la gestión pública.

Carolina Corcho, ex ministra de salud.

Médica psiquiatra con una maestría en estudios políticos, ha defendido una reforma estructural del sistema de salud.

A mi juicio, como comunicadora y periodista enfocada en la Educomunicación y el desarrollo humano, un debate público y transparente, moderado por expertos imparciales, es imperativo no necesariamente el debate tiene que darse entre estas dos personas que claramente no lo han logrado hay más expertos.

Gaviria rehúsa el debate al considerarlo basado en descalificaciones infundadas. Un argumento válido, lejos de ser machista dada su trayectoria profesional de décadas trabajando con mujeres diversas en todos los ámbitos, sin reclamos de abuso de poder, misoginia o malos tratos por parte de sus colaboradoras.

En redes sociales se cuestionan las credenciales de Corcho como salubrista y politóloga.

Si bien la definición de “salubrista” en Colombia implica un título profesional en áreas de la salud pública y experiencia en el sector, también su formación como médica y magíster en estudios políticos la facultan como politóloga.

En este sentido, Zuluaga (2015), Los desafíos de la reforma de salud en Colombia. Revista Ciencias de la Salud, 13(3), 409-423. “La experiencia en gestión de salud pública y la formación académica en ciencias políticas otorgan una perspectiva valiosa para el debate”. La descalificación a Gaviria, al igual que los rumores sobre Corcho, siembran incertidumbre.

La trayectoria de Gaviria carece de escándalos de corrupción o vínculos ilícitos.

La Urgencia de la Salud y las Voces Silenciadas

La situación de la salud en Colombia es crítica.

Cerca de 200 organizaciones de pacientes protestan ante el gobierno, exigiendo medicamentos y tratamientos interrumpidos.

Rumores sugieren patrocinios oscuros tras estas movilizaciones.

No importa eso lo qe importra son las vidas que protestan buscando respuestas concretas patrocinios y respaldos siempre se han recibido para poder justamente hacer visibles las realidades .

No importa si es real que existen patrocinios los pacientes están suplicando por sus vidas.

Independientemente de su origen, estos pacientes claman por su derecho a la salud y a la vida.

Un derecho inalienable, ajeno a cualquier interés económico o político.

En un sistema capitalista donde hasta las campañas requieren financiación, resulta inaceptable priorizar la vida de unos pacientes sobre otros.

La garantía de medicinas y tratamientos debe ser universal.

Resulta incómodo que solo las voces afines al gobierno parezcan tener eco; las demás, silenciadas ante la negligencia.

Como señala Butler (2009), Marcos de guerra: Las vidas lloradas. Paidós. “La diferenciación entre vidas dignas de ser lloradas y aquellas que no, opera como un mecanismo de poder que deshumaniza y justifica la negligencia”

Pienso que La “paz total” se desmorona ante la violencia persistente.

La falta de un equipo competente y la erosión de la autoridad moral obstaculizan una reforma democrática que traiga verdad, justicia y reparación.

Inconsistencias Políticas y la Búsqueda de Confianza

En palabras de Sousa Santos (2002), Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce. “Un país que no reconoce y aborda sus propias injusticias históricas y presentes, difícilmente puede ofrecer soluciones significativas a los desafíos globales”.

La política colombiana ha sido testigo de alianzas volátiles.

Como el caso de Piedad Córdoba (Semana, 2022), quien tras declarar a Gustavo Petro como “la peor persona que había conocido” y afirmar no votarle (Semana, 2022), meses después se unió a su partido para regresar al Congreso.

En mi opinión esta inconsistencia mina la confianza pública y dificulta la búsqueda de soluciones efectivas.

Hasta aquí las reflexiones desordenadas del día de hoy. Como siempre se despide con gratitud su escribidora .

Mar Candela

Referencias

Bessis, S. (2003). Occident et les autres: Histoire d’une suprématie. La Découverte.

Butler, J. (2009). Marcos de guerra: Las vidas lloradas. Paidós.

Sartori, G. (1998). Homo Videns: La sociedad teledirigida. Taurus.

Semana. (2022, marzo 11). Piedad Córdoba: “Gustavo Petro es la peor persona que he conocido”. Semana. https://www.semana.com/nacion/articulo/piedad-cordoba-gustavo-petro-es-la-peor-persona-que-he-conocido/202216/

Semana. (2022, mayo 16). “Gustavo es Asperger”: Juan Fernando Petro revela detalles inéditos de la vida del candidato. Semana. https://www.semana.com/politica/articulo/gustavo-es-asperger-juan-fernando-petro-revela-detalles-ineditos-de-la-vida-del-candidato/202216/

Sousa Santos, B. de. (2002). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce.

Zuluaga, M. I. (2015). Los desafíos de la reforma de salud en Colombia. Revista Ciencias de la Salud, 13(3), 409-423.