Continuando con el análisis de las duplas presidenciales, la de Iván Cepeda y Aída Quilcué, sin duda se inscribe en el horizonte histórico de la distinción Gaitanista entre el llamado “País político” y el “País Nacional”, que describió así el líder popular en un discurso pronunciado el 20 de abril de 1946 en el Teatro Municipal de Bogotá: “En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desentendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. El próximo mes se cumplirán 80 años de haber formulado Gaitán esa dramática distinción, que advertía no era exclusiva de Colombia, “según lo demuestran las leyes de la sociología”, pero en la que todavía todos continuamos viviendo pues ese divorcio y antagonismo parece insuperable. En él está el origen y epicentro real de la narrativa actual sobre la polarización de la campaña electoral en curso. En tanto una nación no logre reconocer y reconciliar las demandas y conflictos inherentes a la vida social a través de la representación y mediación de la vida política institucional y de la acción justa del Estado, siempre existirá esa tensión y polarización inevitable. Tal situación no se puede superar solo con buena voluntad y discursos más o menos convincentes sobre la necesidad de un supuesto “centro político” que la haría desaparecer, como es la obsesión y principal bandera de más de una dupla presidencial, que busca el respaldo de las mayorías en las urnas el próximo 31 de mayo.

Más allá del “centro político”

Según dichas duplas, profundizar esa polarización entre la derecha del “país político” y la izquierda del “país nacional”, nos arrastraría todavía más al abismo insondable del odio y las justificaciones maniqueas de una “violencia buena” –la institucional— contra una “violencia mala” –la social. La de los “ciudadanos de bien” contra el vandalismo de la “chusma” y la “primera línea”, que esperan agazapadas un pretexto para un nuevo “estallido social”. En el imaginario ciudadano más estigmatizador y primario, la derecha democrática contra la izquierda comunista, según la semántica sectaria de Uribe y Gaviria, los llamados jefes naturales de los partidos políticos. En el lenguaje de las cloacas de las redes sociales, los “patriotas” contra los “mamertos”. De allí que las demás duplas, exceptuando la de Abelardo y Restrepo, se disputen con tanto ahínco ese “centro político” moderado, ajeno a tan simplista y peligrosa manipulación. Para empezar, tenemos a Sergio Fajardo, como “buen profesor de lógica matemática”, con su rostro casi suplicante y compungido, diciéndonos: “no se dejen polarizar”, acompañado por Edna Bonilla. Ambos representan bien el valor de la educación y postulan la decencia y la deliberación argumentada, no el insulto personal, como expresión de su estilo político y gestión de lo público. Continuando con Claudia López y Leonardo Huerta, expresión de carácter y coherencia en su actuación pública contra la criminalidad narco-parapolítica tan afín a Uribe y contra la corrupción administrativa propia del “país político”, que siempre cuenta con el patrocinio de esforzados y transparentes empresarios favorecidos por la contratación pública. Sin duda, estas dos duplas son las más centristas, frente a las otras siete[i] conformadas por  Luis Gilberto Murillo – Luz Zapata; Miguel Uribe – Luisa Fernanda Villegas; Mauricio Lizcano – Pedro de la Torre; Clara López – María Consuelo del Río; Roy Barreras – Marta Lucía Zamora; Santiago Botero – Carlos Cuevas y Sondra MaCollins – Leonardo Karamque. Todas ellas compiten, unas con cierta credibilidad y otras con casi nada, por representar a millones de colombianos de ese  “país nacional” que repudian la corruptela clientelista y patrimonialista, quintaesencia del “país político”. Solo nos queda la dupla de Abelardo y José Manuel Restrepo, con su intimidante tigre y patético saludo militar, que reclama el discurso del orden, la seguridad y la supuesta “salvación de la Patria”. Ambos saben bien que más allá de la derecha solo tienen amigos y con entusiasmo respaldarían en segunda vuelta a Paloma. Ese alarmismo electoral oportunista se aprovecha del insondable “agujero negro” abierto entre el “país nacional” y el “país político”, que ninguna de las fórmulas presidenciales, por sí sola, podrá cerrar y menos suturar, pues es una herida histórica con secuelas profundas de sectarismo político, exclusión económica, social, étnica, cultural y regional, muy bien expuestas en la nominal Constitución de 1991. Una democrática y progresista Constitución que no rige en la vida social y mucho menos regula los poderes de facto, más allá de las sesudas jurisprudencias de los magistrados de la Corte Constitucional, frecuentemente desconocidas, como aconteció con la imploración del cese el fuego del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, el nefasto 6 de noviembre de 1985.

Metástasis del “Agujero Negro”

El “agujero negro” entre esos dos países amenaza con perpetuar esa herida abierta que nos desangra y enemista desde hace más de 80 años, ahora agravada por la metástasis cancerosa de las economías ilícitas y sus numerosas y violentas organizaciones criminales, algunas bajo la coartada de la rebelión y otras en coalición con el “país político” y sus voceros más conspicuos, catapultados al Congreso. En el pasado reciente, bajo la exitosa fórmula de la “parapolítica”, con una representación cercana del 35% en el Congreso, según Salvatore Mancuso, entonces gran elector en los territorios bajo su control que a la postre promovieron y respaldaron a Uribe en la Presidencia, por eso les pedía que votaran sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel. Una herida que, desde luego, se profundizaría mucho más si Abelardo apelará al bisturí militar y ni imaginar si la dejará en las garras depredadoras de su tigre. Una herida que, de alguna forma, hoy vuelve a estar en primer plano en las duplas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, especialmente en las figuras de Aida Quilcué y Paloma Valencia. La primera, una lideresa indígena, heredera del legado y las luchas sociales comandadas por Manuel Quintín Lame Chantre (1880-1967)[ii], de quien se considera su “nieta política”, al igual que Paloma, “hija política” de Álvaro Uribe.

Manuel Quintín Lame, en una olvidada e histórica proclama de 1927, llamaba a los pueblos indígenas, sustrato originario del “país nacional”, a decirle adiós a los partidos conservador y liberal en los siguientes términos: “Esos dos partidos, liberal y conservador, han sido los que han arruinado en todas sus partes las propiedades territoriales y de cultivo de los indígenas naturales de Colombia…Para nosotros los indígenas, tengamos delito o no lo tengamos, están las cárceles abiertas…Queridos hermanos y compañeros indígenas: despidámonos de eso dos viejos partidos, pero sin darles la mano, sin decirles adiós…Por lo tanto es nulo y de valor ninguno los repartos de tierras indígenas que han hecho en todos los departamentos”.

La Paloma “Arco Iris”

Y por el Centro Democrático tenemos a Paloma Valencia Laserna[iii], ahora candidata policroma de centro-derecha, en compañía del “distinto” Oviedo, así se autodenomina él mismo. Paloma es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y por vía materna, también de Mario Laserna Pinzón, filósofo, catedrático y fundador de la Universidad de los Andes. Sin duda, ambas lideresas tienen un acendrado abolengo con el “país nacional” y el “país político”, respectivamente. Para mayor simbolismo y relación de ellas con esa herida abierta entre los dos países, hay que recordar el protagonismo y la responsabilidad histórica de su abuelo y expresidente, Guillermo León Valencia, con la “operación Soberanía”[iv] que bombardeó a la “república independiente de Marquetalia”, llamada así por su copartidario conservador Álvaro Gómez Hurtado, y que precipitó el mito fundacional de las Farc en mayo de 1964, en ese entonces solo una autodefensa campesina bajo el influjo de los partidos comunista y liberal.

El pasado presente

El resto, hasta hoy, es historia por todos conocida, pero no necesariamente aprendida, pues el Pacto Histórico también está infiltrado por las prácticas clientelistas y corruptas del “país político”, como lo hemos visto con numerosos escándalos, siendo el de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres[v] el más conocido. Justamente en las elecciones del próximo 31 de mayo vuelve a presentarse ese pulso entre esos dos países irreconciliables, con la diferencia de que en las elecciones para Congreso del pasado 8 de marzo el “país nacional” con el Pacto Histórico obtuvo como lista  cerrada el mayor número de curules en el Senado, 25, pero de nuevo quedó en minoría frente al “país político”, si sumamos a las 17 curules del Centro Democrático las restantes obtenidas por los partidos liberal, conservador y demás microempresas electorales con sus numerosos testaferros de conglomerados empresariales y financieros, quienes ya tienen su credencial de senadores. Así las cosas, las fórmulas presidenciales del Pacto Histórico y del Centro Democrático son mucho más que una cuestión electoral, pues representan nada menos que el máximo desafió político para una nación, como es superar ese abismo existente entre una esfera política y estatal incapaz de representar los intereses de las mayorías sociales, sin cuya materialización y fusión no será posible la existencia de un auténtico Estado Social de derecho y mucho menos la plena vigencia de la Constitución del 91 y la convivencia democrática con el logro de la paz política. Tal desafío es lo que se definirá el próximo 31 de mayo o el 21 de junio, en segunda vuelta y en pleno mundial de fútbol. Y si ese desafío se asume como un partido eliminatorio del mundial y un juego de suma cero, donde el triunfador desconoce los derechos del vencido y cobrará revancha histórica implacable sobre su contrincante, entonces la gran perdedora será otra vez la democracia, ya sea bajo el nombre y con la camiseta del “País Político” o el “País Nacional”. Solo nos quedaría la esperanza de que la selección Colombia triunfe sobre Portugal en su partido del 27 de junio. Sin duda, ambos resultados son tan vitales como inciertos y nuestra influencia sobre ellos es semejante y muy limitada, siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por el fanatismo del triunfalismo y el sectarismo partidista, pues en ese caso todos saldríamos perdiendo y muchos correrían el riesgo de ser expulsados del juego político y hasta ser físicamente eliminados.

[i] https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2026/candidatos-presidenciales-asi-quedo-el-tarjeton-de-la-primera-vuelta-y-estas-son-las-formulas-noticias-hoy/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Quint%C3%ADn_Lame#

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Valencia

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/operacion-soberania

[v] https://www.infobae.com/colombia/2026/03/19/estos-son-los-funcionarios-y-politicos-que-estan-detenidos-por-el-escandalo-de-la-ungrd-se-suman-karen-manrique-y-wadith-manzur/

El pasado no perdona. Eso dicen.

El legado nada honroso del expresidente Julio César Turbay Ayala se llama Estatuto de Seguridad, un decreto que operó durante los cuatro años de su presidencia (1978-1982), expedido apenas un mes después de vestir la banda presidencial. Bajo esa norma se cometieron toda clase de violaciones contra los derechos humanos, según lo constató para la historia la Comisión de la Verdad.

Sobre la denuncia contra el presidente Petro por presunto hostigamiento, el abogado Víctor Mosquera argumentó que “son más de 43 trinos en una red social donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe”, según este artículo de El Espectador.

Se refirió, entre otros, a un trino del 8 de junio pasado donde el presidente preguntaba: “¡Dios mío!, ¿el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?”.

No era la primera vez que el primer mandatario se refería al asunto. En un trino del 14 de mayo de 2024 puso lo siguiente: “García Márquez tuvo que exiliarse porque Turbay lo quería apresar y torturar. Turbay creía que la intelectualidad colombiana apoyaba toda al M19 y por eso 10.000 capturados pasaron por los centros de tortura. Dicen que contar esto es resentimiento pero lo que quieren es ocultar la historia con la ignorancia”.

Entre las páginas 505 y 508 del Informe Final de la Comisión de la Verdad., leo que el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) consistió en facultades especiales otorgadas a la fuerza pública en el marco del Estado de Sitio, “pero derivó en abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Fue la respuesta del Estado a las movilizaciones del paro cívico de 1977, el fortalecimiento de la protesta social y la creciente acción de las guerrillas, como el M-19”.

Añade la Comisión de la Verdad que mediante actas del Consejo de Ministros “se ordenó la detención de 3.752 personas, en aplicación del artículo 28 de la Constitución de 1886, que permitía la detención de las personas en unidades militares hasta por diez días, previa a la presentación ante un juez penal militar. De ellas, 264 fueron registradas en la base de datos de la Comisión como detenidas y torturadas, cuatro de ellas detenidas y torturadas en más de una oportunidad”.

El inventario de aquel cuatrienio es escalofriante y nos recuerda el accionar de las dictaduras que operaron en aquel tiempo en otros países del continente, como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

“La Comisión de la Verdad sistematizó en una base de datos 1.340 hechos de tortura, correspondientes a 1.322 víctimas. En las actas del Consejo de Ministros en las que se ordenan más de 3.000 detenciones en ese periodo, aparecen nombres de personas que fueron torturadas y se cuenta con sentencias que condenan al Estado por dichas acciones”.

Uno de esos casos fue el de Olga López de Roldán, torturada en la Brigada de Institutos Militares. También se mencionan los casos de Eduardo Umaña Mendoza y Alberto Alava, abogados defensores de derechos humanos, “que en años posteriores fueron asesinados”.

Aunque no existen indicios de que miembros del Partido Comunista hubieran sido detenidos durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, “en años posteriores, siendo miembros de la UP, fueron víctimas de atentados y asesinatos. En el Acta 154 del 15 de octubre de 1981 aparecen Aída Avella, José Antequera y Jaime Pardo Leal”.

Según pudo constatar la Comisión de la Verdad, el Estatuto de Seguridad acudió a “diferentes mecanismos represivos” que ya se habían utilizado en períodos presidenciales anteriores. “Para 1980, la Justicia Penal Militar llevaba 334 consejos de guerra verbales por diferentes delitos relacionados con rebelión y otros como extorsión, secuestro, chantaje, homicidios en funcionarios públicos, atracos y asaltos, delitos que figuraban en el Estatuto de Seguridad. Esto fue parte de la primera visita de Amnistía Internacional a Colombia y del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que daba cuenta de estas violaciones masivas de derechos humanos”.

Así, el gobierno de Julio César Turbay Ayala fue una «Dictadura disfrazada de democracia», epíteto otorgado por la propia Comisión de la Verdad, acusándolo de permitir la violación de los derechos humanos con métodos similares a los de las dictaduras suramericanas, durante la despiadada persecución contra la izquierda. “Muestra de ello fue la represión a los capturados tras el asalto del M-19 al Cantón Norte de Bogotá en enero de 1979”, dice el Informe Final.

Abro paréntesis. Hablando de dictaduras, se acaba de estrenar por HBO este 2025 una película titulada “1978”, basada en hechos reales ocurridos durante la dictadura argentina (1976-1983).  En la final de la Copa Mundo 78, Argentina contra Holanda, los militares secuestran a un grupo de jóvenes y los llevan a un centro clandestino de torturas. Aunque la cinta se pierde en su propósito de contar una buena historia, dando paso a una sobre muertos vivientes, se pueden ver los métodos despiadadas que usó la dictadura de Jorge Rafael Videla para someter sus víctimas, tratadas como “lacra comunista” y “zurdos de mierda”, no muy distinto de las ofensas que hoy en día usan personajes como el presidente Javier Milei para estigmatizar a personas de la izquierda. Cierro paréntesis.

Cuando se habla de democracias imperfectas, perfectamente se habla de gobiernos que usan la fuerza más allá de lo que la ley permite

Este artículo de El Espectador, fechado el 21 de abril de 2024, relata la historia de 13 estudiantes que fueron desaparecidos en 1982 “a manos de agentes del F2”. Sus familias lograron que la Universidad Nacional les otorgara el año pasado el grado simbólico y honorífico.

Dice el periódico: “El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad indica que 588 universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011 a consecuencia del conflicto armado y la lógica del “enemigo interno”. De estas personas, 133 fueron también desaparecidas y 1982 fue el año con la mayoría de los casos”.

En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el Estado es responsable por el secuestro y la desaparición de los 13 jóvenes y aunque en 2022 se les declaró como crimen de lesa humanidad, la investigación no avanza, “a pesar de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo logró evidenciar que en el caso participaron por lo menos 20 agentes de inteligencia de la Policía, quienes siguen en la impunidad”.

En declaraciones a El Espectador, Rafael Barrios Mendivil, el abogado al frente del caso desde hace cuatro décadas, afirmó que el Estatuto de Seguridad “criminalizaba a los sectores sociales: estudiantes, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Es decir que nos equiparaban con la subversión y el terrorismo”.

En el año 2020, hubo un careo virtual entre personas que aportaron información a la Comisión de la Verdad, entre ellos Jesús Aníbal Suárez, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, creado en 1979, un año después de expedido el Estatuto de Seguridad, a la par con un Foro de Derechos Humanos, del que hicieron parte importantes personalidades (intelectuales, artistas y catedráticos); entre ellas Alfredo Vásquez Carrizosa, Gilberto Vieira, Alfonso Reyes Echandía, Alejandro Obregón, Luis Caballero, Lucas Caballeros, Javier Darío Restrepo, Pedro Alcántara, Omar Rayo  y Gabriel García Márquez.

La historia sobre Gabo es bien interesante, pues su exilio se dio bajo el gobierno de Turbay Ayala.

Como lo reseño en este blog, según la biografía oficial de Gabo, escrita por Gerald Martin, “… empezaba a llegar a oídos de García Márquez que el gobierno trataba de vincularlo al movimiento guerrillero M-19, que a su vez se relacionaba con Cuba, e incluso había rumores de que podían intentar asesinarlo”. En una columna de prensa –cuenta el biógrafo- Gabo reveló que “estaba en la lista negra del MAS, un escuadrón de la muerte de ideología reaccionaria”.

Vean que casualidad. En la exposición sobre Gabo, que permanecerá abierta en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de agosto de 2025, hallé exhibidas la portada y las páginas interiores de la revista Alternativa (edición 219 de junio 28 de 1979), en donde el escritor se va pluma en ristre contra el expresidente: “A usted no le creo nada, señor Turbay”, le dice.

Y esto se lee páginas adentro:

“Ahora sé, en primer término, que una persona que no contesta las cartas no sólo no merece el tono que yo adopté en la mía, sino que no merece ni siquiera que se le escriba. Ahora sé, en término segundo (…) que las denuncias de atropellos y torturas que se hacían contra el gobierno no eran calumnias de la oposición. Por último, ahora hay más razones para creer (…) que no hay en Colombia ningún poder por encima del señor Turbay Ayala, sino que él mismo es el responsable más alto de un grupo reducido de militares frenéticos que están arrastrando por el suelo el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.

Y continúa Gabo:

“En París, ya en el delirio de la negación, el señor Turbay Ayala llegó a decir que él era el único preso político de Colombia, y lo dijo sin saber que el derecho de mamar gallo con asuntos tan graves es un privilegio reservado a quienes tenemos la conciencia limpia”.

En ese mismo artículo, Gabo se refiere a los “miles de hombres y mujeres –culpables o inocentes- que han sido sacados de sus casas y maltratados como perros en las cárceles militares”, entre ellos el poeta Luis Vidales.

En marzo de 1981, doña Nydia Quintero, siendo todavía la esposa de Turbay Ayala, previno al futuro Nobel del plan que había para detenerlo, como lo contó Cambio. Él tenía 32 años y ella 16 cuando se casaron en 1948. El tío y la sobrina pusieron fin al matrimonio cuando Turbay Ayala aún seguía en el poder. 

Valga decir que la revista Alternativa se cerró el 27 de marzo de 1980 por dificultades financieras cada vez mayores, “sobre todo desde que la presión gubernamental empezó a disuadir a los anunciantes tras la llegada de Turbay al poder”, como se lee en la biografía oficial de Gabo, Una vida, página 451.

Páginas de la revista Alternativa en la exposición sobre Gabo, que permanecerá abierta en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de agosto de 2025.

En el libro “El hombre detrás de la revista Semana” (editorial Planeta, 2012), el periodista Juan Carlos Iragorri le pregunta a Felipe López, ex dueño de esa revista, hijo y nieto de expresidentes, qué opina sobre Julio César Turbay Quintero, hijo de Turbay Ayala. Y López responde: “Me cae bien. Ha sido víctima de prejuicios en su contra como le pasó al papá. En este país hay prejuicios favorables y desfavorables. Todo lo que tiene el apellido Galán es bien recibido. Con el apellido Turbay tiende a pasar lo contrario. Ambas cosas tienen algo de injusticia. (Página 132)

En su columna de El Tiempo, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez publicó lo siguiente: “Por esa devoción por el Estado de derecho la familia Turbay terminó ofrendado la vida de Diana Turbay (…) el narcotráfico intimidada a la sociedad colombiana para que se prohibiera la extradición (…) En medio de estas tensiones el expresidente tuvo que vivir con estoicismo el asesinato de su hija, pena que lo acompañó hasta el final de sus días, sin cultivar odios, pero entendiendo la necesidad de fortalecer el orden jurídico, lo que lo llevó a mirar con simpatía la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe”. Yo solo pregunto, con falsa ingenuidad, si hay parecidos entre el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y la Seguridad Democrática de Uribe Vélez.

A propósito de narcos, creo que viene al caso este titular de W Radio del 17 de abril de 2024: “Según informe de la DEA, Julio César Turbay tenía nexos con el narcotráfico”, siendo candidato a la presidencia en 1978. Y no solo el expresidente, pues en total se relacionan a 36 altos funcionarios colombianos. Dice la emisora: “Según tres fuentes de la DEA mencionadas en el documento, Turbay “está relacionado con tráfico de cocaína”. El asunto fue ampliado por Yohir Akerman en su columna para revista Cambio.

El expresidente Turbay Ayala se fue de este mundo hace veinte años -13 de septiembre de 2005-, debiendo muchas explicaciones.

Lo dicho: El pasado no perdona.

La reelección cacocrática de Uribe

Pero el mayor escándalo y que reviste la demostración más nítida de una gobernabilidad cacocrática, fue la reforma de la Constitución en el 2004[iv], que cambió un “artículito” para la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Por dicha reforma la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión a sus ministros Sabas Pretelt de la Vega, entonces del Interior y Justicia; Diego Palacio Betancourt, de Salud, y 5 años a Alberto Velásquez Echeverri, director del DAPRE: “La Sala consideró que la declaración de Yidis Medina y todos los hechos que sirvieron a manera de indicios, (…) Igualmente señaló que los exfuncionarios tuvieron el dominio del hecho “en la medida en que contaban con la capacidad de persuadir y disuadir respectivamente a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño para que a través del ofrecimiento de prebendas burocráticas se lograra que, con su voto o abstenerse de emitirlo, el proyecto de reelección siguiera su curso, como en efecto sucedió”[v]. Una prueba irrefutable de corrupción constitucional, que no tuvo consecuencia alguna en su reelección en el 2006, lo que vendría a corroborar que durante su segundo mandato hasta el 2010 predominara la gobernabilidad cacocrática de su llamado “Estado de opinión” contra y sobre el Estado de derecho democrático. De allí, las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, derivados de la Directiva 29 de 2005[vi] del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, aunque ahora la JEP desconozca su conexidad con la política de “Seguridad democrática”. Algo tan contraevidente, como afirmar que las Farc-Ep no tienen responsabilidad alguna en los más de 20 mil secuestros, miles de reclutamientos de menores y numerosos actos terroristas, porque en su Reglamento Guerrillero no aparezcan contempladas semejantes delitos.

La cacocracia electoral

La gobernabilidad cacocrática se origina en las elecciones, desde el 8.000[vii] hasta hoy: la Farcpolítica con Andrés Pastrana[viii], quien intercambió votos por la zona de distensión del Caguán; la Parapolítica y Narcopolítica de las AUC con más de 60 aspirantes al congreso[ix] condenados y el grotesco llamado de Uribe a los congresistas entonces electos para que votaran sus proyectos antes de ir a la cárcel[x]. Luego, la financiación de Odebrecht[xi] a Santos y la Ñoñopolítica[xii]; más reciente con Duque la Ñeñepolítica[xiii] y ahora la Benedetti-política y Pitufopolítica[xiv]. En fin, todos los presidentes cargan con ese pesado fardo de gobernabilidad cacocrática, que lastra de muerte la gobernabilidad democrática y arruina la credibilidad ciudadana en la política y la misma legitimidad del Estado. Por eso, con cierto facilismo, muchos analistas internacionales hablan del narcoestado colombiano y hasta de un Estado fallido, mientras otros nacionales, más ingenuos o quizá cínicos, resaltan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y su estabilidad inexpugnable porque llevamos realizando elecciones ininterrumpidas desde 1957.

La cleptocracia electoral

 Pero olvidan que en 1970 el mismo presidente Carlos Lleras Restrepo[xv] reconoció que había escamoteado el triunfo electoral del general Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), para otorgarle la presidencia al conservador Misael Pastrana Borrero: “Próspero, esto se ha perdido. No hay nada que hacer, el general ha ganado. Si, de acuerdo con lo que me han informado, Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento, una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de ella se pueda derivar. No puedo permitir por ningún motivo la toma del poder por la fuerza”, según su comentario al entonces Jefe de Prensa, Próspero Morales. Así, el expresidente Lleras Restrepo, respetó y cumplió lo acordado en la espuria fórmula “democrática” del Frente Nacional, y cerraba 16 años al frente del Estado de solo presidentes liberales y conservadores. Es decir: ¡el negociado del miti-miti del poder público en nombre de la paz y la democracia! La síntesis de la cleptocracia con la cacocracia.

De esos turbios polvos es que viene el fango en que ahora nos debatimos, más sanguinolento por la acción criminal de organizaciones que, bajo membretes supuestamente revolucionarios, se han dedicado a la codicia y el negociado de las economías ilícitas, cuyos tentáculos se extienden a través de la financiación de numerosas campañas electorales y lavados de activos en el mercado financiero e inmobiliario. Lavados que incluso han contribuido a la prosperidad del conglomerado AVAL, del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, como lo reveló la Operación POLAR CAP[xvi]:  “Se trataba de la vinculación a la lista de acusados por el gobierno norteamericano, de las oficinas de Panamá y Colombia del Banco de Occidente, entidad que aparecía como eslabón clave de un complejo montaje de vasos comunicantes que habría permitido, según las autoridades de EE.UU., el lavado de más de 1.200 millones de dólares entre 1987 y 1988”. Seguramente por esa compleja tramoya donde se fusionan lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, propio de un régimen electofáctico[xvii], es que el presidente Petro está empeñado en la extradición de Papá Pitufo desde Portugal, cuyas revelaciones ante la Fiscalía comprometería a más de un expresidente y congresista en ejercicio y develaría el entramado de corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y otras instituciones estatales, metástasis que viene desde hace más de una década. Pero también por ello, es que pone al frente del ministerio de interior a Armando Benedetti, quien por su pasado de trásfuga partidista conoce entuertos de miembros de organizaciones como Cambio Radical y el Centro Democrático, además de liberales, conservadores y de la U, que hoy desde su oposición cerril a las reformas del Pacto Histórico, impiden el avance de la gobernabilidad democrática.

¿Último Gabinete y última Oportunidad?

El presidente Petro sabe bien que solo dispone de año y medio para cumplir con sus consignas centrales: Colombia, Potencia Mundial de la Vida y la Paz Total, ambas opacadas por todas las sombras que proyectan los escándalos de corrupción. A ello se suma el no contar con un eficaz equipo de gobierno, desgarrado en medio de conflictos y disputas públicas, que afectan gravemente su capacidad de gestión y transformación de la realidad. Les reclama a sus colaboradores en el Consejo de Ministros televisado que no han cumplido el 75% de los compromisos asumidos con el pueblo en los consejos regionales de gobierno. Por eso, en el acto de posesión de los nuevos ministros recalcó que: “la labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir con el programa de gobierno”. De allí, que el nuevo gabinete tenga una composición hibrida entre coequiperos fiables del Pacto Histórico: como Carlos Rosero, en el ministerio de la Igualdad; Edwin Palma, en Minas y Energía; Lena Estrada, primera mujer indígena al frente del Medio Ambiente y Angie Lizeth Rodríguez, de las bases del Pacto Histórico, al frente del DAPRE, entre los más representativos. Pero también cuente con figuras tan controversiales como Armando Benedetti, cuya destreza de trásfuga le facilita el trato con las fuerzas opositoras más diversas y distantes en el Congreso, como lo acaba de demostrar al lograr la aprobación en Cámara de Representantes del proyecto de reforma a la salud[xviii]. Además cuenta con ministros y ministras procedentes de sectores conservadores, como Patricia Duque en el ministerio del Deporte y Julián Molina del partido de la U en el ministerio de las TIC. De esta forma, probablemente, espera que a través de mutuas transacciones logré el trámite de reformas sustanciales como la de salud y laboral, sin claudicar en los objetivos progresistas del Pacto Histórico y garantizar así la continuidad de las mismas con el Frente Amplio en el 2026. Pero, más allá de ese esfuerzo de funámbulo presidencial, inclinando el balancín burocrático a la derecha y la izquierda, para no perder el equilibrio de la gobernabilidad, valdría la pena que el presidente Petro escuchara y atendiera el siguiente consejo de la politóloga Terry Lynn Karl: “Los democratizadores deben aprender a dividir tanto como unificar, y no solo a dar esperanzas sino a desalentar expectativas”. Especialmente expectativas desmesuradas, como la de “creer que podía hacer la revolución gobernando”[xix], como lo expresó en entrevista a “El País” de España. Quizá no sea demasiado tarde para rectificar y avanzar hacia una transición democrática, evitando así una pesadilla autocrática en el 2026 y otros cien años más de soledad.

[i] https://www.eluniversal.com.co/colombia/2025/02/28/exasesor-de-la-ungrd-acepta-corrupcion-y-sera-condenado-a-prision/

[ii] https://elpais.com/america-colombia/2025-02-05/petro-preside-un-consejo-de-ministros-transmitido-en-vivo-lleno-de-reproches-y-acusaciones-laura-miente-presidente.html

[iii] https://www.constitucioncolombia.com/reforma.php?id=7

[iv] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15593156

[v] https://www.infobae.com/colombia/2024/09/27/la-corte-suprema-ratifica-condena-de-seis-anos-para-exministros-sabas-pretelt-de-la-vega-y-diego-palacio-betancourt-por-escandalo-yidispolitica/

[vi] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[vii] https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_8000

[viii] https://verdadabierta.com/proceso-de-negociacion-del-caguan-1998-2002/

[ix] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[x] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/

[xi] https://www.infobae.com/colombia/2023/08/17/caso-odebrecht-fiscalia-confirmo-el-ingreso-de-3540-millones-de-pesos-a-la-campana-de-juan-manuel-santos/

[xii] https://www.elespectador.com/judicial/caso-odebrecht-condenado-exsenador-nono-elias-quedo-en-libertad/

[xiii]https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91e%C3%B1epol%C3%ADtica

[xiv] https://www.pares.com.co/post/la-pitufopol%C3%ADtica-y-el-p%C3%A9ndulo-de-la-corrupci%C3%B3n

[xv] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[xvi] https://www.semana.com/nacion/articulo/la-punta-del-iceberg/11643-3/

[xvii] https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/view/1203

[xviii] https://www.camara.gov.co/aprobada-la-reforma-a-la-salud-en-la-camara-de-representantes

[xix] https://elpais.com/america-colombia/2025-02-26/gustavo-petro-falle-al-creer-que-podia-hacer-una-revolucion-gobernando.html

El poder críptico de la Esfinge Política Nacional

Sin duda, el poder es el mayor secreto y encanto que oculta celosamente la seductora Esfinge democrática. El primer artilugio que utiliza para ello es hacernos creer que el poder se agota en las elecciones y que se encuentra concentrado en una supuesta todopoderosa Presidencia, además de estar disperso en diversas instituciones estatales, bajo la ficción constitucional de la separación de las ramas del poder público. Pero en la realidad el poder decisorio de la Esfinge está en su cuerpo de león, con su fiereza y crueldad, agazapado históricamente bajo un par de enormes alas, que ocultan su violencia y dominación. Su ala izquierda son las elecciones, que agita con entusiasmo desde 1957, haciéndonos creer que allí se encuentra la savia de la democracia, cuando más bien lo que se oculta es su cicuta, ese veneno mortal que bebió Sócrates. Ese secreto lo conocen bien Maduro, Ortega, Trump, Putin, Netanyahu y todos los demás autócratas cuando ganan sus elecciones espurias, pero también cuando desconocen resultados que les son adversos. La otra ala, la derecha, es mucho más vistosa y poderosa, con múltiples normas, artículos e incisos deslumbrantes, que se despliega supuestamente para proteger la vida y dignidad de todos, pero en la realidad suele cubrir a unos pocos, que gracias a ella vuelan muy alto y son inalcanzables. Es el ala del “Estado de Derecho y la Ley”, que poco tiene que ver entre nosotros con la justicia y sí mucho con la impunidad, de allí la expresión popular de “la justicia es para los de ruana”.  De nuevo, es inevitable citar otra vez a nuestro mejor fabulador y descifrador nacional, García Márquez: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”[v]. Nuestra Esfinge política nacional despliega impunemente ambas alas –las “elecciones y el Estado de derecho”— con tal maestría que incluso muchos de sus estudiosos internacionales y críticos nacionales afirman que gracias a ella tenemos una “democracia sui generis” con una “estabilidad institucional” inexpugnable y admirable, pues ha logrado articular por más de medio siglo “orden y violencia” sin las rupturas institucionales de las dictaduras del Cono Sur. Una visión eufemística y contemporizadora con una realidad que históricamente nos ha demostrado que tal “estabilidad institucional” no existe y que esa llamada democracia sui generis ha permitido cortar, en lugar de contar, cientos de miles de cabezas, muchas más que todas las dictaduras del Cono Sur. Las cifras del Informe Final de la Comisión de la Verdad[vi] no se pueden ocultar bajo esas dos alas letales de las “elecciones” y la “estabilidad institucional del Estado de derecho”, pues ellas confrontan y refutan nuestra buena conciencia y civilidad: “450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018 y si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas”. Por si lo anterior fuera poco, “121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a 210.000 víctimas”. ¿Cómo se puede llamar “democracia sui-generis” a un régimen que es incapaz de garantizar la vida y los derechos fundamentales a su población? Es más, a un régimen cuyos presidentes en nombre de la “seguridad democrática” “la paz con legalidad” y hasta la “paz total”, incumplen el mandato del artículo 22 de la Constitución Política: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”? ¡Dónde supuestos comandantes revolucionarios hacen del asesinato de civiles, el secuestro, la extorsión y el confinamiento de campesinos e indígenas sus principales argumentos en nombre de la paz, la libertad y la justicia del pueblo colombiano! Dichos crímenes son la quintaesencia de los reaccionarios, las bandas paramilitares y los gobernantes totalitarios. Esa es la “encrucijada de destinos”, de la que nos habla García Márquez, que ha “forjado esta patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”.

¿De qué estabilidad institucional y democracia sui generis nos hablan?

 No se puede proclamar “estabilidad institucional” y mucho menos “democracia sui generis”  a este régimen y sociedad que asiste al asesinato en línea de tres de sus candidatos presidenciales en menos de nueve meses: Luis Carlos Galán, 18 de agosto de 1989, Bernardo Jaramillo Ossa, 22 de marzo de 1990 y Carlos Pizarro Leongómez, 26 de abril de 1990. Magnicidios cometidos por los capos del narcotráfico con la complicidad de prominentes políticos, Alberto Santofimio y jefes de seguridad de agencias estatales, Miguel Maza Márquez. Magnicidios que desembocaron en la Asamblea Nacional Constituyente gracias a la alquimia de la séptima papeleta, que encauzó el narcoterrorismo de Pablo Escobar en las urnas. Pero una alquimia incapaz de contener el poder político del crimen, pues tanto César Gaviria con su política de “sometimiento a la justicia”[vii], como los delegatorios al aprobar el artículo 35, prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento, se vieron forzados a ceder ante las exigencias de Pablo Escobar y lograr así una tregua parcial de su devastadora carnicería contra civiles inermes. Sin duda, ese proceso constituyente, catalizado por la criminalidad de Pablo Escobar, es la mayor ruptura de la ponderada estabilidad institucional y su correlato de “orden y violencia”, pues desde entonces vivimos bajo la Esfinge Electofáctica, que fusiona herméticamente  las urnas con las tumbas, en lugar de la imaginaria “democracia electoral” y del proclamado nominalmente Estado Social de Derecho del artículo 1 de la Carta del 91. No por casualidad desde entonces los presidentes de la República han llegado a la Casa de Nariño por el influjo determinante de los poderes de facto, unas veces legales, Odebrecht y Bancos, y otras ilegales, narcotráfico, paramilitares y guerrilla. César Gaviria fue el primero, con la proclamación escatológica de Juan Manuel Galán desde el Cementerio Central, como heredero de su padre, supuestamente para que cumpliera su legado político, pero terminó haciendo exactamente lo contrario. Sometió la justicia a las exigencias de Pablo Escobar y luego contemporizó con el grupo criminal de los PEPES[viii] y su alianza inverosímil con los Rodríguez y la DEA, para cazarlo y darlo de bajo. Su legado presidencial fue desastroso: creo las Convivir y bombardeó el 9 de diciembre de 1990 a las FARC en Casa Verde y eliminó así lo que pudiera haber sido su transición a la Asamblea Nacional Constituyente similar a la del M-19, EPL, PRT y la guerrilla indígena del Quintín Lame. Abortó desde el principio el Estado Social de Derecho con su apertura económica y neoliberalismo desembozado y hasta nos dejó en penumbras por varios meses al decretar el racionamiento eléctrico. Las elecciones de los demás presidentes es historia conocida, pero bien edulcorada y ocultada por la magia de su triunfo en las urnas: Samper con el proceso 8.000; Pastrana con las FARC-EP y su intercambio de votos por la zona de distensión en el Caguán; Uribe con el apoyo territorial de las AUC, el narco-paramilitarismo y la Yidis Política; Santos de la mano de Uribe y sus poderes fácticos y en su segunda administración con el respaldo de electores que prefirieron el Acuerdo de Paz a su ruptura que se vislumbraba inminente con el triunfo de Óscar Iván Zuluaga. Hasta llegar hoy con Petro y su capacidad para catapultar en votos la desesperación y rebeldía de miles de jóvenes y electores, expresada radicalmente en el estallido social. Todo lo anterior, mezclado astutamente con el apoyo de poderes de facto en la Costa Caribe y penumbrosos aliados como Armando Benedetti, que hoy lo tienen como un funámbulo en la cuerda floja del poder, moviendo el balancín en busca de equilibrios precarios y vergonzosos como el expresado en su postulación de Gregorio Eljach[ix] a la Procuraduría, quien sin duda conoce al detalle la red de oscuras complicidades tejida entre numerosos congresistas durante sus 12 años como secretario del Senado. Todos los anteriores son los rasgos y los enigmas de la Esfinge política Electofáctica, que los dirigentes del statu quo conocen al dedillo y por eso tienen un estribillo que repiten sin cesar: “hay que construir sobre lo construido”, para continuar volando bien alto y ser inalcanzables gracias a las alas de las elecciones, su “Estado de derecho” y su sagrada seguridad jurídica. Por eso la campaña presidencial del 2026 comenzó desde el 2022. ¿No será hora de cambiar de estribillo y decir “Hay que construir sobre lo derruido”? Y ponernos a levantar una Casa Democrática en la que todos participemos y diseñemos sus aposentos y solares sin violencia, exclusiones y privilegios, para dejar de ser “federación de rencores” y “archipiélago de egoísmos”, como lo expresó Belisario en su discurso de posesión presidencial.  

[i] https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15965

[ii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_19_de_abril

[iv] https://www.presidencia.gov.co/prensa/video/Paginas/Video-Palabras-del-Presidente-Gustavo-Petro-durante-la-Asamblea-Nacional-po-240914.aspx

[v] https://diariodepaz.com/2018/10/10/por-un-pais-al-alcance-de-los-ninos/

[vi] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final

[vii] https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/daf281c0-c2cc-4197-b5c9-0a4ae3d80874/content

[viii] https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Pepes

[ix] https://www.eltiempo.com/bocas/gregorio-eljach-el-hombre-en-la-sombra-del-senado-que-se-juega-sus-ultimas-cartas-para-ser-procurador-general-de-la-nacion-3371461

Entre el fútbol, la política y la democracia hay muchas similitudes y diferencias. Para empezar por las similitudes, convocan multitudes y suelen generar emociones parecidas. Desde la felicidad frenética de la victoria hasta la tristeza apabullante de la derrota. Tienen en común ser espectáculos públicos que nadie puede ignorar, así los deteste y se refugie en otras actividades. Es imposible escapar de las consecuencias de la política y menos a las alegrías y desdichas del futbol. De sus resultados, sus jugadores, victorias, derrotas y trampas, todo el mundo habla y se considera un experto insuperable. Aunque no faltan detractores que repudian a las tres, en este orden: política, democracia y fútbol, por considerarlas sucias, violentas y corruptas, pues consideran que de ellas se lucran y enriquecen muy pocos a costa del fanatismo, la ignorancia y la ingenuidad de millones de hinchas y electores.

Fútbol vital Vs Política letal

Pero quizá la mayor diferencia es que el fútbol, salvo circunstancias excepcionales, es un juego vitalmente disputado que disfrutan las mayorías, como lo estamos viendo por estos días en la Eurocopa y la Copa América. Por el contrario, la política suele ser, especialmente en el ámbito internacional, una disputa criminal donde mueren millones de personas, la mayoría civiles semejantes a los espectadores en los estadios, en beneficio de minorías inescrupulosas, que nunca combaten y menos mueren: la industria bélica y sus cómplices auspiciadores, los jefes de Estado. Tanto nacional como internacionalmente hoy la política y la democracia están en retroceso frente al fútbol. Todos los jefes de Estado perderían por goleada frente a sus respectivas selecciones, si se realizaran sondeos de opinión. Y no debería ser así, pues tanto la política como la democracia podrían emular las principales reglas del fútbol y brindar resultados satisfactorios para todos, incluso para los perdedores, que siempre tienen la oportunidad de cobrar revancha. Pero lamentablemente no es así. Muchos políticos hacen de la democracia un juego de suma cero, pues creen que al ganar las elecciones sus adversarios ya pierden todo, incluso el derecho a jugar como legítimos opositores y eventualmente a ganar en las próximas elecciones. Así acaban con la democracia.

Fútbol y Democracia

Seguramente ello se debe a que el fútbol es un juego agonal, es decir, que tiene reglas claras y precisas que regulan el juego y protegen a todos los jugadores de la violencia, la fuerza y las trampas, conservándoles sus vidas. Sin duda, el fútbol es un juego disputado, la mayoría de las veces rudo, pero no tolera la violencia ni la trampa para obtener victorias. Aunque algunas se hayan logrado con la “mano de Dios”, como la de Maradona frente a Inglaterra. El fútbol es un juego con reglas claras y resultados inciertos, como reza una conocida definición de la democracia, que lamentablemente estamos muy lejos de cumplir en Colombia. Ningún entrenador de fútbol estimula a sus jugadores a golpear al contrario para ganar el partido, sin importar los medios utilizados, como sí lo hacen algunos líderes políticos, incluso en nombre de la democracia. Nunca se le ocurriría a un entrenador tratar a los contrincantes como enemigos del juego que deben ser excluidos de la cancha o incluso eliminados a punta de patadas. Nunca deslegitima de entrada al adversario, sin siquiera comenzar el partido, tildándolo de antideportivo o antidemocrático. Mucho menos los entrenadores se niegan a reconocer los resultados cuando pierden o animan a tomarse el “Estadio”, como lo promovió Trump en Washington en el Capitolio y Bolsonaro en el palacio de Planalto en Brasilia. En una palabra, tanto el fútbol como la democracia no toleran ni aceptan la violencia, ni la trampa como medios legítimos para competir, pues desde el momento en que irrumpen en el campo de juego o en la vida pública, ponen en riesgo la vida de todos los jugadores y de los mismos espectadores. Es decir, dejan de existir en tanto fútbol y democracia, para convertirse en juegos mortales, donde todos estamos en riesgo. Empezando, obviamente, por los mejores jugadores y la integridad de sus compañeros de equipo o partido político.

Magnicidios Políticos

En el caso de la democracia, el asunto es letal e irreversible, pues los partidos se convierten en facciones criminales, algo que afortunadamente no puede suceder en una cancha de fútbol, sin que por ello los equipos estén a salvo de ser tomados por manos criminales, como pasa con frecuencia con los partidos políticos. Siguiendo con el símil de la realidad política nacional, varios de sus más destacados protagonistas fueron eliminados violentamente en el campo de juego por miedo al triunfo de sus partidos y las posibilidades de ser algún día campeones nacionales. Durante el siglo XX fueron asesinados en el campo de juego político siete candidatos presidenciales: Rafael Uribe Uribe (1914), Jorge Eliecer Gaitán (1948), Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Carlos Pizarro Leongómez (1990) y Álvaro Gómez Hurtado (1995). Difícil sostener con semejante estela de magnicidios que tengamos un campo de juego democrático, cuyas reglas protegen a todos los jugadores, incluso a los espectadores y partidarios de los partidos de oposición, en todas las elecciones. Es una contradicción en los términos y, más grave aún una falta de integridad con la misma vida y los hechos, afirmar que la democracia es compatible con la violencia política y que somos la democracia que cuenta con las instituciones más estables y consolidadas de Latinoamérica, solo por el hecho de realizar ininterrumpidamente elecciones desde 1957. Elecciones que, entre otras cosas, casi nada tuvieron de competitivas y menos de libres, celebradas bajo estado de sitio, casi durante los 16 años del Frente Nacional y que escamotearon en 1970 el triunfo de la ANAPO y su candidato, Gustavo Rojas Pinilla, porque no era de los dos partidos históricos, liberal y conservador. Partidos que ganaban sucesivamente el campeonato nacional y se repartían miti-miti la copa del Estado, sin contrincante alternativo en el campo de juego. Luego, en la década de los 80, los seguidores de otros partidos, como la Unión Patriótica, fueron mortalmente aniquilados en el campo de juego. Dichas instituciones y elecciones democráticas no les brindaron garantías para competir, solo para morir, por eso el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Incluso, la primera elección presidencial de la década de 1990 fue postulada desde el Cementerio Central de Bogotá y la ganó, obviamente, César Gaviria, porque milagrosamente escapó al criminal atentado de Pablo Escobar que dinamitó el avión en el que viajaría a Cali en campaña electoral. Y, para terminar, una pregunta inevitable ¿Cómo entender o interpretar las siguientes cifras de víctimas mortales del conflicto armado interno, presentadas por la Comisión de la Verdad en su informe final, sin ser complacientes con la ignominia y la impunidad en nombre de la “democracia”?

Homicidios

• Número de víctimas: 450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018 Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas.
• La década con más víctimas: entre 1995 y 2004, se registró el 45 % de las víctimas (202.293 víctimas).
• Principales responsables de homicidios: Grupos paramilitares: 205.028 víctimas (45 %),Grupos guerrilleros: 122.813 víctimas (27 %). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP (96.952 víctimas), el 4 % al ELN (17.725 víctimas) y el 2 % a otras guerrillas (8.496 víctimas).
• Agentes estatales: 56.094 víctimas (12 %).

Desaparición forzada

• Número de víctimas: 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a 210.000 víctimas.
• Principales responsables de desapariciones forzadas: Grupos paramilitares, con 63.029 víctimas (el 52 %). FARC-EP con 29.410 víctimas (el 24 %). Múltiples responsables con 10.448 víctimas (el 9 %).
• Agentes estatales 9.359 víctimas (8 %)

Secuestro

• Número de víctimas: 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018. Si se calcula el subregistro potencial, se estima que el universo de víctimas de secuestro podría ser de 80.000 víctimas.
• Década con más víctimas: entre 1995 a 2004 hubo 38.926 víctimas (77 % del total de secuestros) y solo entre 2002 y 2003 fueron 11.643 víctimas (23 % del total).
• Los principales responsables en el secuestro fueron: Las FARC-EP: 20.223 víctimas (40 %). Los grupos paramilitares con el 24 % (9.538 víctimas). El ELN con 19 % (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9 %)”.

Semejantes cifras convierten nuestra realidad política en un campo anegado de sangre y víctimas, sembrado de fosas comunes, la mayoría ocultas por la impunidad. Cifras superiores a las víctimas de todas las dictaduras del Cono Sur. Todo lo contrario de un campo político democrático, que posibilita a través de elecciones libres, legales y competitivas contar cabezas en lugar de cortarlas, según la definición mínima de James Bryce e impide, mediante la justicia y el Estado de derecho, la perpetuación de víctimas irredentas y de victimarios impunes por razones políticas.

En nuestro caso, tenemos, pues, una “democracia inverosímil” que permite cortar cabezas sin poder contarlas, pues según la historia oficial y una pléyade de ilustres historiadores y académicos somos un caso excepcional de orden político al lograr integrar con éxito violencia, elecciones y estabilidad institucional, sin incurrir en dictaduras –solo una en el siglo XX, 1953, que el ilustre patricio liberal Darío Echandía denominó “golpe de opinión”, ya que fue incruenta y promovida por civiles– o populismos caudillistas, como el de Rojas Pinilla, debido al incorruptible y admirado presidente Carlos Lleras Restrepo que conservó incólume el Estado de derecho y la democracia liberal burlando la voluntad ciudadana, pues el turno presidencial correspondía a Misael Pastrana Borrero, en nombre del partido conservador, según lo establecido en la fórmula del Frente Nacional: “un traje a la medida” del Establecimiento y contrario al espíritu democrático de reglas ciertas y resultados inciertos. Al no reconocer Lleras Restrepo el triunfo electoral de Rojas Pinilla, surgió el oxímoron del M-19 y su lema “Con el pueblo, con las armas al poder”. Un oxímoron que rectificaron con la dejación de las armas y le costó la vida a su máximo comandante, Carlos Pizarro, honrando su compromiso y palabra con el juego político al dejar atrás la guerra. Cruel ironía, en la guerra conservó su vida y en la política la perdió, una muestra de “civilidad democrática”.

En parte por eso Gustavo Petro como presidente de la República insiste obsesivamente en la paz total. Sabe bien que la paz política es el derecho a la democracia y también su presupuesto existencial, pues sin ella continuará aumentando el número de asesinatos de miembros del partido Comunes, así como el control territorial de la población rural por parte de numerosos actores ilegales que persisten en la equivocación fatal de diezmar a las comunidades de miles de líderes sociales y defensores de derechos humanos, supuestamente en nombre de una democracia con justicia social. Con ello demuestran cada día que nada tienen de revolucionarios, pues actúan como mercaderes de economías ilícitas y mercenarios de guerra. El anterior panorama, violenta y dolorosamente antidemocrático, contrasta con el desempeño de nuestra selección Colombia en la copa América de la cual los políticos deberían aprender su principal virtud: solo se triunfa cuando se juega en equipo, con espíritu colectivo, sin personalismos, con juego limpio y sin “jugaditas” tramposas contra los adversarios, reconociendo su integridad y dignidad.

Tanto la democracia como el fútbol presuponen reglas claras y resultados inciertos, con árbitros justos y Estados de derecho. De lo contrario, dejan de tener sentido como disputas vitales y degeneran en espectáculos mortales donde todos corremos el riesgo de perder la vida, la libertad y la heredad, sin las cuales no valen la pena ni el fútbol y menos la democracia.

(Segunda parte)

Hernando Llano Ángel.

Las vidas de Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso discurren paralelas en la política y convergen judicialmente en su cruzada contrainsurgente. Sin embargo, carece de sentido buscar una prueba reina de su encuentro personal: una fotografía, un estrechón de manos, una conversación telefónica, la firma de un documento, correspondencia o cualquier otra evidencia física o virtual que comprometa penalmente al expresidente Uribe. Seguramente nada de ello existe. Menos testigos que lo demuestren. Son vidas paralelas que no se encuentran personalmente en ningún momento, más allá del saludo ocasional de finqueros vecinos en Córdoba, como lo ha reconocido el mismo Uribe. Pero sus vidas tienen un punto de confluencia histórica y política que es de carácter público innegable, pues hace parte de sus convicciones e identidades personales. Toda Colombia lo sabe y no tiene que probarse penalmente, está políticamente demostrado y salta a la vista de todos, es un hecho público, aunque el expresidente Uribe rehúse reconocerlo y asumir políticamente su parte de responsabilidad. Ese punto es la lucha implacable de ambos contra las guerrillas y la secuela de crímenes que dejó esa cruzada. Comienza con su acuerdo y apoyo entusiasta a las CONVIVIR, legalmente creadas por Cesar Gaviria Trujillo, muchas de las cuales terminaron siendo el embrión de las AUC y los grupos paramilitares. La parábola vital de ambos es paradójica. Mancuso termina siendo un criminal politizado y Uribe un político judicializado. Ambos son, pues, política y judicialmente polivalentes en su lucha contra las guerrillas a través de las CONVIVIR. Mancuso desde las AUC y Uribe desde la gobernación de Antioquia y luego en la presidencia de la República. Por eso, se apresuró Uribe a transmitir este   mensaje https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1764605403445223443.

Uribe y Mancuso con las CONVIVIR

Desde ese momento sus vidas políticas y criminales dejan de ser paralelas y convergen en la guerra sin cuartel contra las guerrillas. Mancuso desde la AUC y Uribe con la “Seguridad democrática” y su letal consecuencia los “Falsos Positivos”. Vidas paralelas que desafían la geometría euclidiana, pues tendrán un punto de encuentro crucial en la ley 975 de 2005, denominada de “Justicia y Paz”, elaborada a múltiples manos entre el gobierno de Uribe y las AUC de Mancuso. Esa confluencia empieza con el   discurso de Mancuso en el Congreso el 28 de julio de 2004, cuya comparecencia fue posible con el visto bueno de Uribe, según testimonio de las representantes a la Cámara, Eleonora Pineda y Rocío Arias, quienes le contaron al periodista Juan Carlos Giraldo lo sucedido. Así aparece en su libro “Las Comadres de la Parapolítica”, en la página 179:

Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: Pre, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso”.

Por ello, Mancuso comienza así su histórica y épica intervención en el Congreso: “Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde, con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del Pueblo Colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz”. Luego contaría a RCN la importancia de las CONVIVIR en la expansión del paramilitarismo y las AUC: “A través de las Convivir y comisarios políticos nos permiten crear las autodefensas a nivel nacional, hacemos un engranaje entre una autodefensa ilegal amparada por el Estado con fusiles para servir de bisagra con la institucionalidad”. De otra parte, durante su gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe fue un entusiasta promotor y defensor de la importancia de las CONVIVIR: “Como gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley. No obstante advertir Uribe que la CONVIVIR convocaría a ciudadanos para evitar salidas contrarias a la ley, lo que realmente sucedió fue lo contrario. De las CONVIVIR hicieron parte numerosas personas afectadas por la acción delictiva de las guerrillas para cobrar venganza de sus extorsiones, secuestros y asesinatos, en coordinación con la Fuerza Pública. Así lo revelan innumerables testimonios de miembros de las AUC, entre ellos el de Mancuso:

“Yo me doy a la tarea y voy cómo Civil , yo era en ese momento comisario político encargado de crear estas estructuras, me adjuntan a la Convivir que está conformada por 15 hombres y me adjuntan dos miembros de la Dijin y acompañado por miembros de la policía nacional inició el recorrido para crear estas autodefensas, estuve en reuniones en clubes sociales, voy a Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar  y Magdalena,  voy al despacho de gobernadores, políticos, congresistas, empresarios, alcaldes”, puntualizó Mancuso.

Situación que luego desbordaría todos los marcos de la legalidad por las relaciones y coordinaciones clandestinas que sostuvo Mancuso con el fallecido Pedro Juan Moreno, cuando se desempeñó como Secretario de Gobierno bajo la administración y responsabilidad política del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Al respecto, por teleconferencia desde Estados Unidos en el 2011 en versión libre ante la Fiscalía, señaló Mancuso: “Pedro Juan Moreno se reunió conmigo y con Carlos Castaño para que creáramos las Convivir en Urabá. Fueron 12 que se crearon allá”. Obviamente es imposible demostrar penalmente lo anterior, pues ambos están muertos. Carlos Castaño asesinado por orden de su hermano Vicente y Pedro Juan Moreno muerto en un extraño accidente aéreo. Sin embargo, lo que sí está plenamente probado fue la existencia de esas Convivir, como lo revela Verdad Abierta, con su secuela de crímenes y despojo de tierras a campesinos en el Urabá.

AUV PROMUEVE FAVORABILIDAD POLÍTICA Y LEGAL PARA LAS AUC  

También está plenamente probada la política de favorecimiento que Álvaro Uribe Vélez (AUV), como presidente de la República, promovió para las AUC través de sus iniciativas legales, especialmente del fracasado Referéndum constitucional de 2003, pues en el punto 6 sobre “Reducción del Congreso”, aparecía el siguiente parágrafo, sobre “circunscripciones especiales de paz”: “Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados. El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al presidente de la Republica. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal”.  Dicho parágrafo tenía como único destinario a las AUC, pues las FARC acababan de cometer el letal atentado terrorista contra el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 y las autodefensas eran la única organización armada interesada en un proceso de paz bajo la dirección del gobierno. Sorprende la laxitud y generosidad de Uribe, pues los representantes de esos grupos alzados en armas no deberían rendir cuenta ante millares de víctimas por su accionar y además tendrían una representación política plural que definiría el presidente Uribe en todas las corporaciones públicas, desde Congreso, Asambleas hasta Concejos, sin mención alguna a penas privativas de la libertad. Incluso, el gobierno podrá no tener en cuenta inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal. Todo lo contrario de las objeciones insuperables presentadas por Uribe y el Centro Democrático al Acuerdo de Paz de 2016, cuando vetaron radicalmente la representación política de 10 excomandantes de las FARC-EP en el actual Congreso, quienes hoy están sometidos a la JEP y deberán cumplir a las víctimas con la verdad y las penas de reparación que fije dicha jurisdicción, so pena de ser condenados por la justicia ordinaria a penas de por lo menos 20 años de prisión. Semejante favorabilidad política para las AUC fue frustrada por la Corte Constitucional al declarar inexequible dicho parágrafo del punto 6, pues consideró que las circunscripciones especiales de paz no guardaban relación alguna con la reducción del Congreso y los cambios en las fórmulas de la representación política. Lo anterior demuestra claramente como esas vidas paralelas de la política de Uribe y del crimen de Mancuso confluyeron y formaron una tangente de amplia y plena favorabilidad política para los comandantes de las AUC. Tangente que volvería a intentarse y de nuevo a frustrarse con la ley 975 del 2005, donde el gobierno confirió a los miembros de las AUC el carácter de sediciosos, es decir, de delincuentes políticos, por tanto, no sujetos a extradición y con derecho a participación y eventual representación política. Pero otra vez sería la Corte Constitucional la que lo impediría. En esa ocasión la actuación del alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, fue brillante en defensa de la justicia restaurativa para los miembros de las autodefensas y en contra de la punitiva, todo en aras de alcanzar la paz y la reconciliación entre los colombianos. Justicia restaurativa y transicional que hoy encarna la JEP, pero que desconoce y desprestigia todos los días Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, por temor a la verdad y a tener que reconocer las responsabilidades políticas correspondientes.

La  Amnistia Política de Uribe

Quizá por eso hoy propone la Amnistía Política: “De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados…Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, en alusión velada a las condenas de Sabas Pretelt y Diego Palacio por la Yidispolítica, que permitió su espuria reelección presidencial de 2006-2010. Curioso que el expresidente olvide Agro Ingreso Seguro de Andrés Felipe Arias, donde se asignaron miles de millones de pesos a cercanos agro empresarios que financiaron su campaña de reelección e Invercolsa de Fernando Londoño Hoyos, condenado a devolver 145 millones de acciones que adquirió ilegalmente a Ecopetrol, quienes fueron sus ministros de Agricultura y del Interior respectivamente. ¿Serán problemas de senilidad e impunidad los que aquejan al expresidente? Al fin de cuentas, amnistía viene de “amnēstía; propiamente ‘olvido’, según la RAE.  Así como hay que reconocerle el éxito logrado con la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares gracias a tener como gestor de paz a Mancuso, haría bien el expresidente Uribe, en aras de la verdad histórica y el respeto a la memoria de miles de víctimas de las AUC y de la “seguridad democrática”, que reconociera su inmensa responsabilidad política en dicha catástrofe humanitaria. Pero sobre todo que reflexionará sobre su concepción maniquea de una violencia buena, la del establecimiento y miembros de la Fuerza Pública, que debe ser tratada con benevolencia y hasta admiración, por su combate sin límites contra la otra violencia mala y criminal de la insurgencia. Solo cuando se deslegitimen ambas violencias, más allá de subterfugios como la defensa de la “democracia” o la lucha por el pueblo y la “justicia social”, banderas respectivas de la ultraderecha disfrazada de “centro” y de la ultraizquierda camuflada de “revolucionaria”, tendremos un horizonte cierto de Paz Política y superaremos el espejismo de la actual “Paz Total”. Una paz exaltada en discursos oficiales pero desprestigiada todos los días por la inseguridad y la criminalidad exacerbada de quienes dicen ser sus interlocutores, pero en la realidad son sus nefastos detractores y enterradores por su violencia extorsiva, secuestros, confinamientos contra comunidades rurales y asesinatos de sus líderes y defensores de derechos humanos, cuyo número hasta el 20 de febrero de este año se eleva a 25,  incluyendo cinco reincorporados asesinados, según reporte de Indepaz.

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SALVATORE MANCUSO, CRIMINAL DE GUERRA Y GESTOR DE PAZ

(Primera parte)

Hernando Llano Ángel.

Salvatore Mancuso fue deportado a Colombia en su doble condición de criminal de guerra y gestor de paz. Una doble condición que a muchos colombianos escandaliza, porque consideran que es una hábil estratagema política del presidente Petro para contener la virulencia de la oposición de extrema derecha contra su gobierno. Una extrema derecha que tuvo estrechas relaciones con Mancuso y muchos otros comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como “HH” Veloza, cuyo espectro se extiende desde la cúpula del poder presidencial, pasando por casi todos los partidos políticos y sus líderes en diferentes regiones, además de importantes gremios empresariales, miles de propietarios rurales en toda su extensión, pequeños, medianos y poderosos ganaderos, así como respetados agroindustriales del banano, la palma de cera e ingenios azucareros.  Según declaraciones a la Fiscalía del comandante paramilitar del Bloque Calima, “HH” Veloza: “Entre las personas que mencionó en una versión libre están: María Clara Naranjo Palau, gerente del Ingenio San Carlos; Bernardo Tezna, exgerente de ese ingenio entre 2003 y 2004; Andrés Orozco, compañero sentimental de Naranjo; Luis Fernando Castro, ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali; Manuel Mosquera, tío del exgobernador de Cauca Chaux Mosquera; y el periodista Mario Fernando Prado”. Muchas más cosas sabemos de ese mortífero entramado de los paramilitares con miembros de la Fuerza Pública y políticos porque Mancuso las ha revelado en múltiples ocasiones y en diversos escenarios. En diligencias judiciales, entrevistas radiales a periodistas, investigadores académicos y noticieros con máxima sintonía, como el de RCN en su emisión central de las siete de la noche, cuando tenía como presentadoras a Claudia Curisatti y Vicky Dávila. Esta fue su última entrevista  en el 2008, concedida al periodista judicial Juan Carlos Giraldo, pues dos semanas después fue extraditado con la cúpula de comandantes de la AUC a Estados Unidos por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Más que una extradición por seguir delinquiendo desde la cárcel, lo fue por empezar a revelar verdades que no soportaría ningún gobierno democrático, pues ellas revelaban la simbiosis entre la política y el crimen, auspiciada desde los más altos círculos del poder político y judicial del Estado. Su escandalosa expresión: “infiltramos todas las instancias del poder”, se ha venido corroborando desde entonces a través de sentencias judiciales por la parapolítica, con más de 60 excongresistas condenados por concierto para delinquir agravado y constreñimiento electoral; las investigaciones de la JEP sobre alianzas con militares para la ejecución de miles de “falsos positivos”; la conversión del DAS bajo la dirección de Jorge Noguera en una organización criminal para asesinar críticos y opositores, como el profesor Alfredo Correa de Andreis y acallar el humor inmortal de Jaime Garzón, además de la cooptación de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Luis Camilo Osorio y la supuesta influencia en el nombramiento de Mario Iguarán. Por todo ello, y mucho más, la JEP aceptó y vinculó a Mancuso en las investigaciones que adelanta, pues si aporta a la verdad no solo cumplirá a miles de familiares de víctimas asesinadas y desaparecidas a honrar su memoria y hallar su paradero, sino que también develará un entramado de complicidades criminales que impunemente desde el Gobierno nacional y algunas entidades territoriales, Alcaldías y Gobernaciones, han desvirtuado y arrasado casi por completo el Estado de derecho, convirtiéndolo en un Estado cacocrático y a la democracia en un régimen político electofáctico, pues gracias a sus alianzas con actores criminales, como las AUC, ganaron espuriamente su “derecho” a gobernar. Es algo que Mancuso ha mencionado en varias oportunidades, pero que seguramente en su comparecencia ante la JEP aportará pruebas y más testimonios que lo corroboren para obtener los beneficios judiciales correspondientes. De lo contrario, deberá continuar recluido en la cárcel por sus múltiples crímenes como comandante de las AUC.

Mancuso, principal gestor de Paz de Álvaro Uribe Vélez.

Por ahora, en esta primera entrega, vale la pena retomar las relaciones de Mancuso durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el 2004, quien lo convirtió exitosamente en el primer gestor de paz, pues gracias a sus conversaciones y acuerdos alcanzados con Luis Carlos Restrepo, su Alto Comisionado de paz, se aprobó la ley 975 de 2005, conocida como de “Justicia y Paz”.  En virtud de dicha ley se desmovilizaron cerca de 30.944 hombres y mujeres en todo el territorio nacional, según el informe de la Comisión de la Verdad. Dicha desmovilización significó un descenso significativo de las víctimas civiles en el conflicto armado interno, pues disminuyeron sustancialmente las masacres contra campesinos y comunidades étnicas cometidas por las AUC, cuyo tenebroso número fue de 1.620 masacres entre 1998 y 2002, durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, citadas por la Comisión de la Verdad. No sobra recordar que los grupos paramilitares cometieron el mayor número de asesinatos durante el conflicto armado interno, pues dejaron 205.028 víctimas mortales, cerca del 45% del total de “450.664 personas que perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018”, según las “Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final”. En efecto, como lo señala el historiador Jorge Orlando Melo en su investigación “Cincuenta años de homicidios, tendencias y perspectivas”: “desde 2003 comienza una reducción rápida de los homicidios. Entre este año y 2007 la caída absoluta es del 40%”. Caída significativa a la que contribuyó la desmovilización de las AUC, por lo cual tiene sentido considerar a Salvatore Mancuso como un exitoso gestor de paz bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Dicha labor como gestor de paz no hubiera sido posible sin el consentimiento del presidente Uribe, quien autorizó su presencia en el Congreso de la República para que pronunciará un histórico discurso a favor de la expedición de la futura ley 975, como se lo contó Eleonora Pineda al periodista Juan Carlos Giraldo en su libro “Las comadres de la parapolítica” en la página 180: “Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el Presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica”. En efecto, Mancuso pronunció un discurso histórico en un Congreso abarrotado el 28 de julio de 2004, cuando aún las AUC estaban alzadas en armas, justificando su existencia con argumentos como: “colapsará nuestra nación, si no deja de cabalgar al abismo sobre el potro indomable y suicida de la injusticia social, la corrupción pública y privada, y la violencia como fórmula de resolver los conflictos sociales, políticos y económicos”. Palabras que parece haber recordado el presidente Petro para nombrarlo como Gestor de Paz, con mayor razón cuando en otros de sus apartes Mancuso advierte: “Por buscar lo ideal dejamos de alcanzar lo necesario. Este es uno de los riesgos presentes en todos los Procesos de Paz: que no se distinga lo académico de lo político, aquello que constituye lo ideal y aquello que constituye lo posible”. Sin duda, un consejo muy pertinente para la “Paz Total”, que está extraviada en el inalcanzable cielo de lo ideal. Por todo lo anterior, habría que darle una oportunidad a Mancuso de ser Gestor de Paz en este gobierno, así como lo hizo con éxito durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, aunque éste lo extraditará cuando empezó a contar verdades que le eran incomodas. ¿Será que los colombianos vamos a seguir complaciéndonos “en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos”, como escribió García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”?   ¿Continuaremos viviendo en el ensueño de la historia oficial y la gloria inmerecida de ser la “democracia” más estable y profunda de Latinoamérica? ¿Cuándo seremos capaces de forjar la paz política entre todos los colombianos y cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”? Solo entonces sabremos que sin Paz Política no hay democracia simplemente porque la democracia presupone y exige la política como paz.  Entonces empezaremos a salir de esta infernal guerra, tan rentable para pocos y sangrienta para todos. Especialmente rentable para los mismos de siempre cuya codicia es insaciable y para otros  “revolucionarios” cuyos sueños se han extraviado en una pesadilla de crímenes contra líderes populares y defensores de derechos humanos  que se oponen al control de sus territorios y la depredación de sus riquezas naturales. ¿Cuándo reconocerán esos “revolucionarios” que el poder político nace de la palabra honrada y no de la punta del fusil?

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“Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece haberse pasado al bando de los criminales”. Álvaro Gómez Hurtado.

Hernando Llano Ángel.

En su proclama  ” Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez escribió: “Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota”. Esa desmesura se expresó de una manera patética ayer, 8 de febrero, cuando se bloqueó la salida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un grupo de manifestantes, inconformes ante la procrastinación del alto tribunal en el nombramiento de la nueva Fiscal. Entonces pasamos en pocas horas de la llamada “ruptura institucional” a la “histeria institucional”. De nuevo el fantasma del holocausto del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985 volvió a rondar la cabeza de magistrados y expresidentes. Desde un magistrado del Consejo de Estado que conminó al presidente Petro, como “experto en toma de Palacios”, a terminar con el bloqueo, hasta el expresidente Gaviria que advirtió a todos los colombianos: “Lo que estamos viendo, más allá de un comportamiento dictatorial, raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”. Y agregó: “No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en doscientos años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy”. Olvidó Gaviria su propia actuación como presidente, cuando en una situación de caos institucional desatada por el narcoterrorismo de Pablo Escobar, disolvió un Congreso de la República recién electo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea que, ante la incapacidad del Ejecutivo de capturar el capo y desmantelar el narcoterrorismo, terminó prohibiendo en la Constitución la “extradición de colombianos por nacimiento”. Ese sí, el más grave precedente de impunidad constitucional y de contemporización con el narcotráfico, pues Pablo Escobar continúo traficando y siendo el capo desde su Catedral. Tampoco mencionó que después de la delirante y violenta toma del Palacio de Justicia realizada por el M-19, el propio presidente Belisario Betancur y la Fuerza Pública, obsesionados con la oportunidad de liquidar el comando guerrillero del M-19, no dudaron en inmolar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía –que imploraba un cese del fuego– con cerca de cien rehenes más, “para mantener la democracia, maestro”, según expresión victoriosa del entonces coronel Alfonso Plazas Vega. Esa es la “institucionalidad republicana” que hemos tenido y ahora proclama con impostura y desmesura el expresidente Gaviria. Una institucionalidad tan estable que liquida impunemente la cúpula de la rama Judicial y calcina el mismo Palacio de Justicia. Esa “institucionalidad republicana” que birló un 19 de abril de 1970 el triunfo del general Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales en nombre de la “democracia” –como lo reconoció el mismo presidente Carlos Lleras Restrepo— y terminó llevando a la presidencia, después de 54 años, a Gustavo Petro Urrego, entonces con apenas 10 años. Con razón, en la misma Proclama, García Márquez, con la lucidez propia del realismo crítico, menos poético, pero más esclarecedor que su realismo mágico, señaló: “Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos”. Esa versión complaciente de la historia es la que estamos empezando a entrever, pero los responsables de la misma están empeñados en seguir escondiendo y ocultando. Y en ello el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, “Hay futuro, si hay Verdad”, es el mayor aporte histórico realizado hasta la fecha. Lamentablemente la mayoría de colombianos está en mora de leer y consultar, para dejar de vivir en esta impostura institucional que nos ha condenado a la violencia de la ilegalidad y el crimen en nombre de la “democracia más estable y profunda de Latinoamérica”. Sin duda, estable en millones de víctimas generadas por este degradado y prolongado conflicto armado interno, que oculta sus cuerpos y memorias en profundas fosas comunes, como consecuencia de la impostura de “revolucionarios” que llaman ajusticiamientos a los asesinatos y retenciones a los secuestros, pero también de mandatarios incapaces de reconocer su responsabilidad política en matanzas de miles de miembros de la Unión Patriótica, la creación de las Convivir, la connivencia con los PEPES y más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en nombre de la “seguridad democrática”. Por todo ello, no es posible seguir perpetuando el vicio original de la punible y monstruosa relación de la política con el crimen que engendró esta institucionalidad y Estado cacocrático, que ha convertido la Fiscalía General de la Nación en un caballo de Troya de la criminalidad. Especialmente bajo las dos últimas administraciones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, al no investigar con rigor y competencia los escándalos de las financiaciones de las campañas electorales de Juan Manuel Santos, por Odebrecht, y la sospechosa y vergonzosa amistad de Iván Duque con el ñeñe Hernández y su presunta contribución, por debajo de la mesa, a dicha campaña presidencial. La verdad es que la Fiscalía General, tal como existe y funciona desde tiempo atrás, se parece más a un auténtico caballo de Troya de la criminalidad. Un caballo que cabalga impunemente desde administraciones como la de Luis Camilo Osorio y sus sucesores, incapaces de romper ese nudo gordiano de la política con el crimen y la ilegalidad, que alcanza su máxima expresión en la Fiscalía de Barbosa por su actuación contemporizadora en la investigación en que está incurso el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el desdén total de los graves indicios de la Ñeñepolítica en la campaña de Iván Duque. Lo anterior contrasta con su celo, celeridad y vehemencia en todo lo relacionado con la investigación que adelanta contra el hijo del presidente Petro y el esclarecimiento de la financiación de su campaña presidencial por presunta violación de los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral mediante la inspección judicial a FECODE. Una celeridad también en mora de aplicar a Oscar Iván Zuluaga por la financiación ilegal de Odebrecht a su campaña presidencial. Por eso no tiene presentación la interinidad de Marta Mancera al frente de la Fiscalía, pues sus antecedentes como vicefiscal dejan mucho que desear. Según lo informa EL TIEMPO y la siguiente reseña de “El informador”: “No está exenta de controversias. Ha sido mencionada en procesos judiciales, incluyendo uno relacionado con presuntos beneficios otorgados a estructuras narcotraficantes y al negocio ilegal de armas en Buenaventura y el Magdalena Medio en 2020 y 2022. Sin embargo, recientemente, el ente acusador cerró la investigación al no encontrar elementos para tomar medidas en su contra. Otra investigación cerrada en diciembre se centró en supuesta corrupción judicial durante su paso por la Fiscalía en Cali. El fiscal a cargo concluyó que, tras evaluar las evidencias, no existían fundamentos para continuar con la indagación, poniendo fin a las acusaciones de corrupción en su contra”. De allí que la procrastinación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea inexcusable y genere suspicacias en torno a supuestos favores burocráticos que recibieron del fiscal Barbosa algunos de sus miembros, con el nombramiento de familiares y amigos en la Fiscalía. Así lo revela el periodista Gonzalo Guillén en el caso del magistrado Luis Benedicto Herrera, cuya esposa fue nombrada como Fiscal Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena. Estos favores burocráticos anulan la independencia y autonomía de los magistrados en forma más discreta y efectiva que las tumultuosas e indebidas presiones de manifestantes ante las puertas del Palacio de Justicia. Cuyo desalojo ordenó a la Policía el mismo presidente Petro, pero generó semejante histeria institucional en periodistas como Vicky Dávila, quien llamó a defender la “democracia” y el expresidente Gaviria que lo calificó como un “comportamiento dictatorial, que raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados” (sic), poniendo en duda que Petro sea “una persona cuerda” con capacidad para gobernar.

¿De la “Histeria institucional” al “Colapso institucional”?

Sin duda, pasaríamos de la “ruptura institucional” y la “histeria institucional” al “colapso institucional”, si desconocemos que la Fiscalía desde tiempo atrás tiene en su interior enclaves de criminalidad y complicidad, que hoy sobresalen con la dupla Barbosa-Mancera. Toda la razón tenía Álvaro Gómez Hurtado (Q.E.P.D), cuando afirmó, durante el escándalo del proceso 8.000: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece haberse pasado al bando de los criminales”. Impedir que ello acontezca y que la Fiscalía deje de ser un apéndice funcional del Ejecutivo, actuando en forma legal e independiente  del presidente, sin cálculos, encubrimientos o fines políticos, es el mayor desafío de la próxima fiscal general de la Nación. Por lo menos que no incurra en la vergonzosa e incompetente actuación de anteriores fiscales, entre los cuales sobresale Francisco Barbosa como el más preparado y cualificado en semejantes lides, curiosamente nombrado por unanimidad por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace cuatro años y hoy con tantas dificultades para nombrar su remplazo.

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