SALVATORE MANCUSO, CRIMINAL DE GUERRA Y GESTOR DE PAZ

(Primera parte)

Hernando Llano Ángel.

Salvatore Mancuso fue deportado a Colombia en su doble condición de criminal de guerra y gestor de paz. Una doble condición que a muchos colombianos escandaliza, porque consideran que es una hábil estratagema política del presidente Petro para contener la virulencia de la oposición de extrema derecha contra su gobierno. Una extrema derecha que tuvo estrechas relaciones con Mancuso y muchos otros comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como “HH” Veloza, cuyo espectro se extiende desde la cúpula del poder presidencial, pasando por casi todos los partidos políticos y sus líderes en diferentes regiones, además de importantes gremios empresariales, miles de propietarios rurales en toda su extensión, pequeños, medianos y poderosos ganaderos, así como respetados agroindustriales del banano, la palma de cera e ingenios azucareros.  Según declaraciones a la Fiscalía del comandante paramilitar del Bloque Calima, “HH” Veloza: “Entre las personas que mencionó en una versión libre están: María Clara Naranjo Palau, gerente del Ingenio San Carlos; Bernardo Tezna, exgerente de ese ingenio entre 2003 y 2004; Andrés Orozco, compañero sentimental de Naranjo; Luis Fernando Castro, ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali; Manuel Mosquera, tío del exgobernador de Cauca Chaux Mosquera; y el periodista Mario Fernando Prado”. Muchas más cosas sabemos de ese mortífero entramado de los paramilitares con miembros de la Fuerza Pública y políticos porque Mancuso las ha revelado en múltiples ocasiones y en diversos escenarios. En diligencias judiciales, entrevistas radiales a periodistas, investigadores académicos y noticieros con máxima sintonía, como el de RCN en su emisión central de las siete de la noche, cuando tenía como presentadoras a Claudia Curisatti y Vicky Dávila. Esta fue su última entrevista  en el 2008, concedida al periodista judicial Juan Carlos Giraldo, pues dos semanas después fue extraditado con la cúpula de comandantes de la AUC a Estados Unidos por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Más que una extradición por seguir delinquiendo desde la cárcel, lo fue por empezar a revelar verdades que no soportaría ningún gobierno democrático, pues ellas revelaban la simbiosis entre la política y el crimen, auspiciada desde los más altos círculos del poder político y judicial del Estado. Su escandalosa expresión: “infiltramos todas las instancias del poder”, se ha venido corroborando desde entonces a través de sentencias judiciales por la parapolítica, con más de 60 excongresistas condenados por concierto para delinquir agravado y constreñimiento electoral; las investigaciones de la JEP sobre alianzas con militares para la ejecución de miles de “falsos positivos”; la conversión del DAS bajo la dirección de Jorge Noguera en una organización criminal para asesinar críticos y opositores, como el profesor Alfredo Correa de Andreis y acallar el humor inmortal de Jaime Garzón, además de la cooptación de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Luis Camilo Osorio y la supuesta influencia en el nombramiento de Mario Iguarán. Por todo ello, y mucho más, la JEP aceptó y vinculó a Mancuso en las investigaciones que adelanta, pues si aporta a la verdad no solo cumplirá a miles de familiares de víctimas asesinadas y desaparecidas a honrar su memoria y hallar su paradero, sino que también develará un entramado de complicidades criminales que impunemente desde el Gobierno nacional y algunas entidades territoriales, Alcaldías y Gobernaciones, han desvirtuado y arrasado casi por completo el Estado de derecho, convirtiéndolo en un Estado cacocrático y a la democracia en un régimen político electofáctico, pues gracias a sus alianzas con actores criminales, como las AUC, ganaron espuriamente su “derecho” a gobernar. Es algo que Mancuso ha mencionado en varias oportunidades, pero que seguramente en su comparecencia ante la JEP aportará pruebas y más testimonios que lo corroboren para obtener los beneficios judiciales correspondientes. De lo contrario, deberá continuar recluido en la cárcel por sus múltiples crímenes como comandante de las AUC.

Mancuso, principal gestor de Paz de Álvaro Uribe Vélez.

Por ahora, en esta primera entrega, vale la pena retomar las relaciones de Mancuso durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el 2004, quien lo convirtió exitosamente en el primer gestor de paz, pues gracias a sus conversaciones y acuerdos alcanzados con Luis Carlos Restrepo, su Alto Comisionado de paz, se aprobó la ley 975 de 2005, conocida como de “Justicia y Paz”.  En virtud de dicha ley se desmovilizaron cerca de 30.944 hombres y mujeres en todo el territorio nacional, según el informe de la Comisión de la Verdad. Dicha desmovilización significó un descenso significativo de las víctimas civiles en el conflicto armado interno, pues disminuyeron sustancialmente las masacres contra campesinos y comunidades étnicas cometidas por las AUC, cuyo tenebroso número fue de 1.620 masacres entre 1998 y 2002, durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, citadas por la Comisión de la Verdad. No sobra recordar que los grupos paramilitares cometieron el mayor número de asesinatos durante el conflicto armado interno, pues dejaron 205.028 víctimas mortales, cerca del 45% del total de “450.664 personas que perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018”, según las “Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final. En efecto, como lo señala el historiador Jorge Orlando Melo en su investigación “Cincuenta años de homicidios, tendencias y perspectivas”: “desde 2003 comienza una reducción rápida de los homicidios. Entre este año y 2007 la caída absoluta es del 40%”. Caída significativa a la que contribuyó la desmovilización de las AUC, por lo cual tiene sentido considerar a Salvatore Mancuso como un exitoso gestor de paz bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Dicha labor como gestor de paz no hubiera sido posible sin el consentimiento del presidente Uribe, quien autorizó su presencia en el Congreso de la República para que pronunciará un histórico discurso a favor de la expedición de la futura ley 975, como se lo contó Eleonora Pineda al periodista Juan Carlos Giraldo en su libro “Las comadres de la parapolítica” en la página 180: “Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el Presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica”. En efecto, Mancuso pronunció un discurso histórico en un Congreso abarrotado el 28 de julio de 2004, cuando aún las AUC estaban alzadas en armas, justificando su existencia con argumentos como: “colapsará nuestra nación, si no deja de cabalgar al abismo sobre el potro indomable y suicida de la injusticia social, la corrupción pública y privada, y la violencia como fórmula de resolver los conflictos sociales, políticos y económicos”. Palabras que parece haber recordado el presidente Petro para nombrarlo como Gestor de Paz, con mayor razón cuando en otros de sus apartes Mancuso advierte: Por buscar lo ideal dejamos de alcanzar lo necesario. Este es uno de los riesgos presentes en todos los Procesos de Paz: que no se distinga lo académico de lo político, aquello que constituye lo ideal y aquello que constituye lo posible”. Sin duda, un consejo muy pertinente para la “Paz Total”, que está extraviada en el inalcanzable cielo de lo ideal. Por todo lo anterior, habría que darle una oportunidad a Mancuso de ser Gestor de Paz en este gobierno, así como lo hizo con éxito durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, aunque éste lo extraditará cuando empezó a contar verdades que le eran incomodas. ¿Será que los colombianos vamos a seguir complaciéndonos “en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos, como escribió García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”?   ¿Continuaremos viviendo en el ensueño de la historia oficial y la gloria inmerecida de ser la “democracia” más estable y profunda de Latinoamérica? ¿Cuándo seremos capaces de forjar la paz política entre todos los colombianos y cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”? Solo entonces sabremos que sin Paz Política no hay democracia simplemente porque la democracia presupone y exige la política como paz.  Entonces empezaremos a salir de esta infernal guerra, tan rentable para pocos y sangrienta para todos. Especialmente rentable para los mismos de siempre cuya codicia es insaciable y para otros  “revolucionarios” cuyos sueños se han extraviado en una pesadilla de crímenes contra líderes populares y defensores de derechos humanos  que se oponen al control de sus territorios y la depredación de sus riquezas naturales. ¿Cuándo reconocerán esos “revolucionarios” que el poder político nace de la palabra honrada y no de la punta del fusil?

PD: Para mayor información y comprensión, leer enlaces en rojo.

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