Por: Laura Peña Tangarife
La década del 2000 fue decisiva en la consolidación de los lazos económicos entre el narcotráfico y las Farc mediante el negocio de cultivos de uso ilícito. De esta forma, el narcotráfico expandía sus fronteras productivas y las Farc fortalecían tanto su armamento como su entrenamiento militar. Sin embargo, mientras este negocio crecía, los campesinos y sus cultivos eran fumigados con glifosato por ser considerados la raíz del problema, cuando en realidad eran víctimas del mismo.
Este lazo económico tuvo su auge a causa de las crisis institucionales y fallas logísticas al apoyar a los agricultores. Desde el inicio de las erradicaciones, las salidas que ofrece el gobierno se han centrado en labores agrícolas y de conservación medioambiental. Sin embargo, el problema de lo planteado por los diferentes gobiernos es siempre el mismo; primero, no se asegura un seguimiento y sostenimiento a las alternativas ofrecidas; segundo, cada gobierno inicia nuevas propuestas, dejando inconclusas las anteriores abandonando de esta forma al campesino.
Debido al aumento de cultivos con fines ilícitos, los gobiernos se han visto en la obligación de tomar acciones efectivas para su disminución. Es así como se llegó al uso del glifosato, el herbicida más usado a nivel mundial por su efectividad y, a su vez, el más debatido por los efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, razón por la cual la OMS lo clasificó como cancerígeno.
El uso de los herbicidas comenzó en la década de los 70 a causa de la presión generada por el expresidente americano Ronald Reagan dentro del marco mundial de la lucha contra las drogas en el gobierno de Julio César Turbay. Su uso se centró en combatir los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada. En 1984, bajo el mandato de Belisario Betancourt empezaron los experimentos con glifosato, quien formalizó su uso por cuestiones de seguridad nacional. Más tarde, en 1992, se demostraron los graves efectos del glifosato en la salud; no obstante, su efectividad prevalecía sobre otros químicos.
Inmediatamente, organizaciones ambientales y distintas comunidades empezaron a notar las afectaciones del glifosato en sus labores y en el medio ambiente. Teniendo en cuenta los problemas sociales y ambientales emergentes, en 1994 empezaron las marchas en contra del glifosato; en efecto, las comunidades estaban dispuestas a negociar una salida alterna de los cultivos de uso ilícito. Esto terminó con la creación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo para combatir los cultivos con fines ilícitos, promover la inversión social, prevenir, frenar y eliminar la ilegalidad. Sin embargo, como se ha vuelto costumbre, el Estado prometió y no regresó.
A pesar del debate sobre las consecuencias del glifosato, durante el periodo de Andrés Pastrana y su homólogo norteamericano Bill Clinton, se puso en marcha el Plan Colombia, que se consolidó bajo el mandato de Álvaro Uribe. El objetivo del plan era el debilitamiento de la violencia social y el tráfico de drogas. No obstante, el presupuesto del plan se destinó al fortalecimiento militar, a la erradicación aérea de cultivos de coca y amapola mediante glifosato y, por último, al ámbito social y a los afectados por las fumigaciones. En el 2000 surgió el tema sobre la erradicación consensuada y volvió la discusión sobre las afectaciones en la salud y medio ambiente.
Sin tomar en cuenta los debates entorno al glifosato, el gobierno de Álvaro Uribe reforzó la fórmula para mejores resultados y aumentó la frecuencia de las fumigaciones. De esta forma, es evidente que al poner en marcha un plan de este calibre, se tiene que tener en cuenta la ayuda que se debe ofrecer a los perjudicados, por esto, este gobierno promovió la sustitución basada en la reforestación de bosques, la cual no tuvo los resultados esperados.
En el 2015, por recomendación del Ministerio de Agricultura, Juan Manuel Santos suspendió la fumigación aérea con glifosato. Sin embargo, en el 2019 se pasó un proyecto que reanudaría el uso del glifosato debido al aumento de los cultivos. Aunque no se ha confirmado, se espera la creación del marco normativo ordenado por la Corte Constitucional, la cual exige protección a la salud y seguimiento a los efectos desfavorables en el medio ambiente. Pero, ¿quién está detrás de la posible reactivación del glifosato? tal cual sucedió en los 70 y 90, sucedió en el 2019. El presidente norteamericano Donald Trump expresó su preocupación por el aumento de los cultivos, presionando al presidente Iván Duque a tomar acción.
Por esto, activistas y líderes sociales, figuras políticas y organizaciones ambientales rechazan la reactivación de las fumigaciones con glifosato, haciendo especial llamado al cumpliendo del punto 4 del Acuerdo de Paz: sustitución de cultivos, transformación territorial y desarrollo rural. Al impulsar este punto, la ayuda del Estado al campesino sería efectiva, ya no es un secreto que la fumigación no ha sido una solución efectiva al problema.