Por: Daniela Mogollón Celis.
Desde hace algunos años el extractivismo ha sido una de las banderas del Gobierno colombiano de turno. Legitimado y respaldado con la premisa del cambio, el crecimiento económico y la bonanza en el territorio; este proceso en realidad viene avanzando con más violencia hacia el medio ambiente y la población que hacia un beneficio o una democracia de estos.
El extractivismo es el resultado de años de política neoliberal, procesos de acumulación, consumo y dominación por parte de empresas extranjeras que financian la extracción de recursos naturales y ponen en jaque al Estado. A su vez propician la desigualdad, la violencia, y la transformación de un paisaje natural en servicio de un gran capital y un aumento del PIB en el país. No obstante, en Colombia el sector minero ocupa tan solo el 4% del PIB, mientras que hay más de 98 mil hectáreas afectadas por minerías de oro, violencia contra los líderes y lideresas ambientales y más de la mitad de los conflictos están relacionados directamente con el extractivismo.
Actualmente, el país está atravesando por un proyecto extractivista que amenaza con la vida de comunidades campesinas y el medioambiente en el suroeste del departamento de Antioquia. Este proyecto, llamado Quebradona, liderado por la multinacional AngloGold Ashanti, busca explotar oro, cobre y plata durante un periodo de más de 20 años en Jericó. A pesar de que la multinacional ha hecho grandes promesas de generación de empleo en la región, el proyecto tiene un fuerte impacto ambiental y social, debido a que su ejecución atenta contra la quebrada La Guamo, el río Cauca y los ríos de la zona de Támesis, y Jericó dejándolos inservibles para la agricultura y para la vida en general.
Además de esta afectación hídrica, se estima que se perdería el 74% de las especies mamíferas de la región, el 40% de sus aves y alrededor de 65.000 árboles. Y no solo eso, sino que la multinacional en su plan de manejo ambiental no contempló que este ecosistema es el hogar del oso de anteojos, una especie vulnerable y representativa para este ecosistema, que cada día se ve más afectada por la pérdida de su hábitat. Lo anterior, es muestra clara de la falta de conocimiento del territorio y de la preocupación por la biodiversidad de la región.
Aparte de las graves consecuencias ambientales de este proyecto, hay un impacto social enorme y es la falta de una consulta previa, puesto que la multinacional no ha tenido en cuenta las comunidades indígenas que viven en la región, ni tiene en cuenta que la población ha rechazado verazmente la minería, porque quieren defender su identidad campesina. Así pues, es impensable que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) esté estudiando la posibilidad de darle una licencia ambiental al proyecto Quebradona, siendo que este desangraría la región favoreciendo la pobreza, los pasivos ambientales, la corrupción, el desplazamiento, los problemas de salud. Además, presenta un desafío para la soberanía estatal, que es trastocada por la compañía extranjera, que instauraría unas lógicas culturales y unas formas de control sobre el suroeste antioqueño.
Este proyecto es el claro ejemplo de lo transnacional sobre cualquier forma de vida local. Además, es muestra de la falta de coherencia de las compañías extractivistas y del gobierno que legitima este tipo de megaproyectos que amenazan cultural, social y ambientalmente a la región. Es ahí donde hay que preguntarse acerca de las nuevas formas de gobernanza y cómo las comunidades pueden hacer frente a los procesos legitimados por tan solo unos pocos.
Se vuelve necesario pensar entonces cómo las licencias ambientales son otorgadas, pensarse las mismas a la luz de la ética y no solo de la legalidad, y cómo pueden afectar los territorios y a sus comunidades. También, se debería pensar en la falta de democracia participativa en las regiones afectadas, la falta de oportunidades para diseñar estrategias para dar una solución a un problema ambiental, soluciones reales a múltiples escalas donde existan procesos de apropiación, defensa territorial y economías sociales y solidarias que no atenten contra toda forma de vida humana y no humana solo por un supuesto beneficio.
A pesar de la fuerte campaña de aprobación por parte de la multinacional para este proyecto, hay una gran cantidad de líderes y lideresas de la comunidad de Jericó que está en contra de la ejecución de Quebradona y hacen sus visibles sus reflexiones en el documental Verde como oro, que muestra toda la oposición a la minería y las consecuencias que puede traer para la región el extractivismo. Además de generar la reflexión de otras alternativas de vida, que no estén centradas en el antropocentrismo y el utilitarismo, de iniciativas que estén pensadas en caminos enmarcados en las éticas plurales y en las diversas valoraciones de las personas y el medio ambiente. Lo que está en juego aquí es la vida y la permanencia de una cultura y una biodiversidad; y todo eso se extinguiría solo por demandas de multinacionales y exportaciones de nuestros recursos naturales.