Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El costo del “desarrollo”

Por: Laura Peña Tangarife

En términos generales, los proyectos derivados de la extracción de hidrocarburos se centran en acrecentar la situación económica del país por medio del aumento de exportaciones, la integración regional, la creación de oportunidades laborales y el acceso a servicios básicos. No obstante, tal como lo ha declarado el Banco Mundial, y lo va a defender este artículo: este no es un crecimiento sostenible. Es decir, dichas actividades generan una gran demanda del suelo y de los ecosistemas, lo cual lleva a un agotamiento del mismo, terminando en la pérdida parcial o total de la riqueza natural; adicionalmente, estas afectaciones influyen en las comunidades de la zona, generando retos y conflictos socioambientales.

En efecto, la Región Orinoquía se ha convertido en el lugar predilecto para realizar trabajos de exploración, concentrándose en el Casanare, un departamento que reúne gran variedad de ecosistemas, paisajes y fuentes hídricas, que hacen de este un departamento lleno de biodiversidad. Inicialmente, su sector productivo se centraba en lo agropecuario, hasta que el sector hidrocarburos salió a relucir y a convertirse en el atractivo número uno, tanto para empresas nacionales como internacionales.

BP, Raven Colombia, Loh Energy, Equión, Ecopetrol, Perenco, Ramshorn International, Winchester Oil and Gas, Green Power, y Omega Energy son algunas de las tantas petroleras que han pasado por los llanos, realizando cientos de proyectos de exploración, construcción, perforación y extracción de hidrocarburos.

Retrocediendo en el tiempo, las primeras exploraciones se remontan a los años 70 y la consolidación petrolera a los años 90 gracias a Cusiana y Cupiagua, yacimientos petrolíferos descubiertos por Ecopetrol y BP que convirtieron a Colombia en exportador del crudo y ayudaron al país a salir de la crisis económica que atravesaba en esa época. Cabe resaltar las dos caras de la moneda. Por un lado, con el descubrimiento del petróleo, Casanare se convirtió en un lugar estratégico para el desarrollo del interior del país; por otro lado, el departamento permaneció sin presencia estatal notable, dejándolo a manos de las empresas petroleras y los grupos armados.

Ahora bien, teniendo claro los efectos positivos y negativos de los proyectos petroleros, nos enfocaremos en la forma en la que han perjudicado distintos aspectos del departamento y los problemas que surgieron dentro de las comunidades.

En los 90, las dinámicas entre las empresas y los grupos armados provocaron la fragmentación del tejido social y del medio ambiente bajo la premisa de desarrollo económico y acumulación de capital. De esta forma, las empresas instauraron restricciones en los territorios llegando a límites como la militarización, expulsión y “reubicación” violenta de campesinos; las cuales desembocaban en procesos de despojo de tierras y desplazamientos masivos por estar en áreas de interés extractivo.

Simultáneamente, el ELN con el frente José David Suarez y las FARC con el Bloque 56, declararon a las petroleras como objetivo militar, afirmando que la extracción atentaba contra la soberanía nacional. A causa de esto, la BP se unió con el Ejército para hacer inteligencia a los grupos armados y a quienes protestaban en contra de las petroleras. Esto terminó en denuncias contra el Ejército ante el Parlamento Europeo y Amnistía Internacional por daños socioambientales y violaciones a los D.D.H.H. Lo anterior es evidencia de los intereses que hay dentro del “desarrollo” y las vías que se usan para tratar de alcanzarlo.

A causa de los efectos contraproducentes del extractivismo y sus efectos colaterales con el conflicto, surge con la Ley 99 de 1993 la figura de las licencias ambientales como una “autorización otorgada por una autoridad ambiental competente en la ejecución de actividades u obras relacionadas con la prevención, mitigación, compensación y manejo de los efectos ambientales de la actividad u obra autorizada”. Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015 manifiesta los mecanismos para una retribución a las comunidades afectadas.

En definitiva, con la caída del precio del petróleo desde 2008, la escasez en 2013, la intervención del sector petrolero y los grupos armados, la deforestación, la poca regulación en la entrega de licencias ambientales por parte del ANLA y Corporinoquia, y el incumplimiento y no seguimiento de las compensaciones por daños, se evidencian los daños irremediables, las múltiples alteraciones y sequías de fuentes hídricas, la fragilidad del ecosistema, la puesta en peligro de la biodiversidad y los conflictos que genera a las comunidades mediante el inminente riesgo de la baja productividad del suelo.

De acuerdo a lo anterior, el extractivismo no es sostenible. El tejido social, ambiental y económico del departamento se rompió y su recuperación ha sido paulatina. De manera puntual, la recuperación se ha dado a través de proyectos socioambientales y de integración a cargo de fundaciones como Natura y algunas ONG como G.E.M. y H.V., las cuales trabajan conjuntamente con las comunidades más afectadas desarrollando labores de reforestación, construyendo zonas de conservación ambiental, revegetalización, rescate y reubicación de especies, saneamiento y ampliación de áreas entre otros. Adicional a esto, Casanare está enfocándose nuevamente en la actividad agrícola con el cultivo de piña, plátano, maíz y yuca, la actividad forestal comercial, la producción de palma africana y principalmente en el arroz, el cual ha llegado a significar el 43.65% dentro de la producción nacional.

Aunque la agricultura también viene con problemas de sostenibilidad, a inicios del 2020, durante la conferencia Tropical Forest Alliance que tuvo lugar en Bogotá D.C., se anunció una ayuda de 20 millones de dólares para promover el desarrollo sostenible en la Orinoquía. Dinero proveniente de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Noruega, con el fin de reducir los efectos negativos producidos por el uso de la tierra.

 

 

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