Desafíos del posconflicto, entre el deseo y la realidad

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara

Existen profundas contradicciones y ambigüedades sobre lo que debe ser el posconflicto en Colombia y lo que realmente es posible. Esta disyuntiva nos obliga a pensar, más allá de los deseos, en cuáles pueden ser los mayores desafíos para la construcción de un posconflicto en el país.

Un primer desafío es que los colombianos y colombianas comprendamos de manera más compleja las seis décadas de conflicto social, político y armado que hemos vivido en el país y, en consecuencia, nos apropiemos seriamente, del gran reto que significa construir la paz. No hay duda que una gran mayoría queremos la paz para Colombia, pero la gran dificultad está en las diferencias de cómo la queremos lograr y qué estamos dispuestos a ceder social y políticamente, para alcanzar una paz integral, justa y duradera.

Una encuesta sobre las negociaciones de paz en La Habana, publicada por el Centro de Investigación en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia el mes de octubre de este año, ilustra este primer desafío. El estudio mostró que un 64 por ciento de las personas indagadas respaldaron la salida negociada del conflicto y confirmaron que el diálogo es el camino ideal para ponerle fin a la guerra. A su vez, el 27 por ciento manifestó que el Gobierno debe apostar por la vía militar y el 9 por ciento dijo estar indeciso frente a las dos opciones. La encuesta también pone de manifiesto las dudas que tiene la ciudadanía sobre la participación de los guerrilleros en la política del país. En este sentido, en un escenario de posconflicto, el 64 por ciento no está de acuerdo con la participación de los exguerrilleros de las Farc en la política, el 21 por ciento se mostró indeciso y el 15 por ciento apoya esa idea. Otros resultados de la encuesta confirman la dudosa capacidad de cambio que tiene en estos momentos la sociedad para transformar sus posiciones: el 57 por ciento dijo que se sentiría «incómodo» con un exguerrillero de las Farc como compañero de trabajo y el 59 por ciento si fuera un vecino.[1]

Un segundo desafío es superar la fragmentación del Estado y armonizar sus responsabilidades para fortalecer y hacer posible el posconflicto, sobre la base de unas instituciones públicas consistentes y una clase política que busque el bien común y posponga los intereses particulares.

En estos momentos estamos presenciando un complejo juego de intereses al interior del Estado. Las posiciones del Procurador Alejandro Ordoñez cuestionando de oficio los diálogos de La Habana y esgrimiendo argumentos que llaman la atención sobre la entrega de “la riqueza acumulada por las Farc” a raíz del despojo y de sus relaciones con el narcotráfico para hacer reparación a las víctimas. O, diciendo que “sin entrega de sus dineros guardados (refiriéndose a las Farc) no hay justicia transicional”. Mientras que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, hace visible el hecho de que en el proceso de paz se está presentando una “profunda estigmatización -pues, según sus palabras-, se ha vuelto costumbre en el país estigmatizar a todos los que defendemos el proceso de paz, a las mentes progresistas, que pensamos en una salida negociada al conflicto. Los que no hacemos la apología a la guerra, como la hace el procurador General con sus propuestas, nos llaman voceros de las Farc”.

De otra parte, en la casa de gobierno, mientras el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con sus múltiples intervenciones, cumple con su oficio de desprestigiar los actos de guerra de las Farc como una gran incoherencia en tanto dialogan de paz en La Habana, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pareciera ser el único ministro del gabinete del presidente Santos que trabaja en consolidar los acuerdos de paz, mientras los demás ministros brillan por su ausencia, como si los temas de sus administraciones no fueran parte de las realidades que se están dilucidando para construir la paz.

Estas situaciones contradictorias y críticas, al interior del Estado como del Gobierno, generan interrogantes sobre la fuerza, la consistencia y la voluntad política que tienen estas dos instancias determinantes para el apoyo al proceso de diálogo en La Habana y, en consecuencia, para construir el posconflicto. Igualmente se puede percibir en estos debates, el indicador de apoyo que el presidente Santos tiene en su haber y las agudas debilidades de su gestión en los diálogos de paz.

Preocupa la capacidad de resistencia y de contención que pueda tener el Gobierno para blindar los diálogos de paz frente a sus crisis y el respaldo que pueda tener el presidente en el Congreso, en la clase política y en los sectores más activos de la sociedad civil. Transcurridos dos años y bajo la hipótesis que de no firmarse los acuerdos de La Habana en el corto plazo, es decir un año, las elecciones locales y regionales en 2015 pueden darle al diálogo giros inesperados. En especial para avanzar en temas que tienen que ver con los contextos regionales como la llamada “Paz Territorial”: propuesta que el gobierno ha puesto en boca de sus negociadores, pero que aún es una gran “caja negra” o teoría abstracta de analistas que falta llenar de contenido y llevar a la acción.

Un tercer desafío para el posconflicto es desatar el “nudo gordiano” de la propiedad, concentración y uso de la tierra y de los patrimonio naturales. Para resolver este crónico y aplazado conflicto colombiano de la tierra necesitamos, en primera instancia, acercarnos a una comprensión más concertada y profunda del problema. El complicado y confuso juego de las soluciones legales, lo hemos visto históricamente, ofrecen herramientas que son necesarias, pero al mismo tiempo son vulneradas, limitadas y en últimas violadas por poderes superiores al poder judicial del Estado. En concreto, la justicia privada, amparada por ejércitos privados de soldados y abogados con baja ética, ha dado como resultado cerca de siete millones de habitantes del campo despojados de “por lo menos 8,3 millones de hectáreas y 350.000 predios”[2]. Se necesita que en el posconflicto funcione la legalidad y la justicia para revelar a los victimarios de todos los sectores y extremos, tanto de la insurgencia armada como de los sectores de la economía y de la política que participan de las formas mafiosas y violentas de operar, amparados en el paramilitarismo, para amasar y concentrar los capitales que producen los patrimonios de la tierra.

Actualmente existen territorios que experimentan una pugna no resuelta sobre la alta concentración de la tierra y sus patrimonios naturales. “La concentración de la tierra y la desigualdad han crecido en la última década en el campo. El índice de Gini rural, que mide la desigualdad en la concentración de la propiedad de la tierra[3], pasó de 0,74 a 0,88 (para el año 2012). La mayor concentración de la tierra está en Córdoba y Caquetá. La más alta desigualdad está en Antioquia y Valle. Este alto grado de concentración de la tierra está asociada a la mayor persistencia de los mismos grupos políticos en las regiones, es decir, donde el sistema democrático está capturado por grupos de interés”[4].

Para el Gobierno Santos una solución a esta situación es la “Paz Territorial”. Los negociadores del gobierno en La Habana hablan de ella para significar que la paz tiene que pasar por una verdadera transformación de las zonas rurales del país. Este concepto es de suma importancia porque hace una clara distinción entre el fin del conflicto armado y construcción de la paz; además, reconoce que una transformación rural profunda es una condición sin la cual no se puede llegar a la paz. En esta lógica, al parecer el gobierno tiene claro que la paz va más allá de la terminación del conflicto armado, pues también afirma en palabras del negociador, Sergio Jaramillo, que “se requiere una transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto».[5]

A pesar de esta clara conceptualización propuesta por el gobierno, existe una alta contradicción con las acciones, las políticas que están cursando y con las que el gobierno está impulsando en el seno del Congreso de la República. Un claro ejemplo es el actual debate sobre el proyecto de “Ley de Tierras” o como popularmente se conoce: “ley del baldíos” que cursa en el Congreso desde los primeros días del mes de octubre del presente año. Con esta ley se quiere “hacer crecer la producción agrícola y aumentar el potencial económico de la tierra en el país, sobre todo en las zonas más aisladas” (Vichada es un claro ejemplo). Para hacer efectivo este proceso el mecanismo que se propone es crear las «Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE)”. Zonas que “demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”[6]. Se supone que así se podrán realizar proyectos asociativos entre empresarios y campesinos”, pero lo que realmente puede pasar es que va a permitir que sociedades empresariales agroindustriales “accedan y acumulen terrenos baldíos de la nación, en concesión o arriendo, levantando así la prohibición contenida en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.

En resumen, es un nuevo intento de legalizar por métodos irregulares el reparto concentrado en pocas manos de los baldíos, tierras del Estado que desde la ley 200 de 1936 (sobre régimen de tierras) están destinadas a los campesinos pobres. Esta dinámica va en contravía de lo que se alcanza a leer en los borradores de acuerdo de La Habana sobre el punto de la agenda que se denomina Reforma Rural Integral, especialmente en lo que desarrolla sobre el impulso a la “pequeña economía campesina y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)”[7]

 Otros procesos e iniciativas que están en marcha y que impactan de manera negativa la vida de los territorios y por tanto una “paz territorial” en un posible posconflicto, es la llamada “locomotora minera” del plan de desarrollo del gobierno. Según se especula, en el próximo plan de desarrollo del gobierno la política minero-energética se va a profundizar a favor del crecimiento económico pero en contra de un desarrollo humano integral y sostenible que necesitan las regiones directamente implicadas y en general el país. No ofrecen buenos augurios la aprobación del uso de la tecnología del “fracking”[8], la idea de acelerar el trámite de las licencias ambientales «exprés» para autorizar rápidamente los proyectos «estratégicos» de infraestructura, minería e hidrocarburos, o el impulso que va tomando la propuesta de reformar el mecanismo constitucional de la consulta previa, que el Vicepresidente Vargas Lleras califica de ser una «estrategia extorsiva», que las comunidades indígenas y negras utilizan para ganar dinero y detener el verdadero desarrollo.[9]

Estas realidades nos deben interpelar sobre si es posible hacer un posconflicto bajo las condiciones que se van desarrollando y que contradicen de manera profunda los acuerdos que se han ido logrando en La Habana. Mucho se habla de las contracciones de las Farc entre lo que dicen en las negociaciones y lo que hacen en las regiones en medio del conflicto, y realmente son incoherencias graves e infortunadas porque siguen produciendo dolor y violencia. Pero muy poco se hacen visibles estas contradicciones de la macro política económica del gobierno que le hacen un raquítico favor a la paz pero que le trabajan a los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales.

Un cuarto desafío es el papel de la amplia, diversa y difusa sociedad civil (SC), en el posconflicto. Un balance crítico de la actuación de la SC en la actual etapa de diálogo, arroja algunas percepciones que pueden dar luces sobre cómo actuar en el posconflicto. En primer lugar es evidente el fraccionamiento de actividades: la multiplicidad de foros, de congresos y expresiones públicas. Estas acciones desconectadas han traído como consecuencia la debilidad de cada una de ellas en particular y, por tanto, el desperdicio de una fuerza conjunta, capaz de incidir como proceso social global en La Habana. En segundo lugar, se percibe la incapacidad de formular una estrategia conjunta como SC entre las diversas redes gremiales, académicas, eclesiales y de los movimientos sociales. Sale a flote la realidad de fragmentación del tejido social, de los gremios y de las organizaciones sociales. Se actúa bajo los condicionamientos y desconfianzas del pasado político, y de los prejuicios ideológicos, de uno y otro extremo de la sociedad. A pesar de esta realidad, también se debe reconocer la fuerza de trabajo y propuesta que han tejido espacios como las redes y plataformas de derechos humanos, de los programas regionales de desarrollo y paz, de los esfuerzos de las universidades por convocar a los eventos académicos a la sociedad en su conjunto y de las iglesias por tejer relaciones a favor de una paz justa y duradera, mucho más allá de sus diferencias.

Por eso, el mayor reto para la SC, de cara al posconflicto, es profundizar estas sinergias e interacciones sociales y esforzase por concentrar capacidades y competencias a favor de una paz que responda a la incesante violación de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales que ha vivido el pueblo colombiano en su conjunto. Si bien las experiencias por la paz en Colombia abundan y son un avance importante para arraigar el posconflicto, de esto da cuenta el Premio Nacional de Paz que se celebra cada noviembre y que según sus estadísticas, después de 16 años, se han postulado cerca de mil seiscientas prácticas concretas de paz[10], es necesario seguir profundizando y ampliando esta dinámica desde la SC en articulación con el Estado, porque los problemas del país demandan mayores grados de esfuerzo. No cabe duda, que estas experiencias necesitan ser cuidadas, sistematizadas y multiplicadas, para que sean referentes de pedagogía social que aporten, desde la base de la SC, a la construcción de tejido y a la creación de una nueva cultura, conciencia y práctica política en la sociedad colombiana.

Cabe aquí decir una palabra de reconocimiento al empuje creciente de uno de los actores más activos de la SC, el movimiento social colombiano y sus múltiples procesos de resistencia en los territorios. Uno de estos movimientos es el proceso de convergencia que constituye la “Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular”. Este proceso nace luego del paro agrario del año 2013 con la convicción de construir una perspectiva colectiva sobre la problemática del sector agrario y un discurso reivindicativo para trabajar con el Estado. La Cumbre Agraria (CA) se instaló oficialmente entre el 15 y 17 de marzo de este año y reunió a dos de los más amplios y significativos movimientos para el posconflicto: el “Congreso de los Pueblos” y la “Marcha Patriótica”, así como también a los indígenas de la ONIC[11], a los afrodescendientes del PCN[12] y a los sindicalistas del agro, con Fensuagro[13]. Posteriormente en mayo del presente año, como segundo resultado del paro nacional agrario, la CA propone al gobierno la creación de una “Mesa Única Nacional” para negociar los ocho ejes temáticos de su pliego unitario de exigencias, Mesa que se instaló oficialmente el pasado 3 de octubre, en la que se han ligado los movimientos y organizaciones ya mencionados, la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) y las zonas de reserva campesinas reunidas en Anzorc[14]. Se espera que de estos diálogos, entre el movimiento social agrario y el Gobierno, resulten logros significativos que se articulen a la lógica en que se está acordando sobre el desarrollo rural en la agenda de La Habana.

Un quinto desafío para el posconflicto es la definición y aplicación de la justicia transicional. En la citada encuesta de la Universidad Externado de Colombia, a la pregunta de “si los miembros de las Farc deben ser enviados a la cárcel, el 57 por ciento respaldó esa opción, frente al 31 por ciento que dijo estar indeciso y al 12 por ciento que no está de acuerdo”[15]. Por otra parte, aprobar un acuerdo con la guerrilla sobre un marco jurídico parece ser hoy más difícil. “Los problemas se concentran en cuál puede ser el alcance de la justicia transicional y sobre cuáles serían los beneficios jurídicos que se pueden o no conceder a los guerrilleros desmovilizados y sobre qué conductas de los múltiples crímenes que han cometido”[16]. No cabe duda que esta situación muestra un gran reto tanto para la actual negociación como para la aplicación de los acuerdos a que se llegue en la etapa de posconflicto.

Durante la segunda semana de noviembre, en un evento organizado por la Universidad del Rosario, el Procurador Ordoñez recordó los límites que tendría un eventual acuerdo de aplicación de mecanismos de justicia a la guerrilla y, de otra parte, el Fiscal Montealegre reiteró su propuesta de crear mecanismos alternativos de cierre definitivo de los casos penales una vez se suscriba el acuerdo y se surtan los procedimientos de verdad y justicia que allí se convengan. A su turno, el negociador del gobierno Humberto De la Calle, propuso a las posiciones contrarias del Procurador y Fiscal, reabrir la discusión sobre el delito político y especialmente sobre las conductas que pueden ser consideradas conexas al mismo, con el fin de buscar nuevos caminos de solución.

Las soluciones no están fáciles de encontrar. Sin duda es imprescindible “construir y aprobar un marco jurídico para la paz que traiga las reglas definitivas que se acuerden en materia de justicia, que adopte un procedimiento ad hoc de refrendación y que permita (constituir) instituciones también ad hoc para su implementación, inclusive la de tribunales especiales para garantizar la ejecución de los acuerdos”[17]. Esto lo han pedido las víctimas en La Habana, pues para ellos es uno de los caminos más plausibles para que aproximarse a la construcción de una verdad compartida y, para que no toque cargar durante décadas con la impunidad a cuestas, con el grave riesgo de que los colombianos nos volvamos a cobrar la factura y generemos nuevos estadios de violencia.

Un sexto desafío radica en el costo financiero del posconflicto. ¿Cuánto valdrá y cómo se financiará el posconflicto? Según algunos estudios de economistas las cuentas no dan. A pesar de que el gobierno ha dicho que cualquier cosa que se diga al respecto es una especulación y que el Departamento Nacional de Planeación apenas está empezando a hacer esas cuentas para el Plan de Desarrollo que presentará al Congreso, existen opiniones calificadas que dan luces sobre el tema. Una de estas es la del exministro, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien habla de una cifra preliminar solamente para el posconflicto rural, que puede fluctuar entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos diez años. Este cálculo equivaldría a destinar anualmente, durante la próxima década, una suma parecida a la del impuesto al patrimonio para este solo propósito. A esta cifra hay que sumar el compromiso de la reparación a las víctimas del conflicto, que según el propio presidente Santos puede costar, en los próximos diez años, la suma de 54 billones de pesos. Lo que significa destinar casi un punto del PIB por año. De otra parte, el Bank of América calcula el costo del posconflicto en 187 billones de pesos –casi la mitad del PIB del país– para extenderlo en diez años. De esta suma, la mitad correspondería al programa rural y otra mitad a pagos de reparación.[18]

Durante la segunda semana de noviembre, seis Estados europeos recibieron al presidente Santos, el objetivo de su visita era buscar tanto apoyo político como crear un fondo para financiar el posconflicto. Todos los analistas coinciden en que tuvo más éxito en lo primero que en lo segundo. Santos logró el apoyo político y generó un ambiente favorable para el proceso de paz. En cambio para el fondo solo logró un crédito y no una donación que Alemania aprobará por un valor entre 75 y 100 millones de euros anuales hasta 2016, ligado a la agenda del proceso de paz. Préstamo que agrandará la deuda externa colombiana y del cual aún no conocemos las condiciones que nos impondrán.[19]

Considerar que la comunidad internacional sea quien deba pagar, por donación o incluso por créditos, el posconflicto es una salida facilista para el Estado y la sociedad colombiana. Así como los colombianos hemos asumido los costos de la guerra debemos asumir los costos de la paz. Políticas de reforma tributaria, control a la evasión y elusión de impuestos, persecución a la corrupción y un mejor diseño en la planeación y ejecución de los dineros públicos, son, entre otras, acciones que se hacen necesarias para financiar el posconflicto.

En síntesis, el país debe alistarse para costear el posconflicto y poner todos sus esfuerzos para lograrlo, a pesar de los cambios y vicisitudes de la economía nacional y mundial. Hace tres años, en el 2011, el país vivía un ciclo económico positivo con un crecimiento envidiable del 6%, hoy la realidad económica de Colombia está cambiando. Estamos pasando de una bonanza de los precios altos de materias primas (commodities), gracias a la fuerte demanda de China y la India, a un ciclo menos próspero. Los altos porcentajes de crecimiento de China están bajando y no necesitan de nuestras materias primas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) Latinoamérica a duras penas crecerá este año por encima del 1% y del 2% en el 2015. Para Colombia los bajos precios del petróleo, el carbón y el níquel será un duro golpe económico. Por eso es importante prender las alertas, ahora que se comienza a pensar en financiar el posconflicto. Todo lo anterior significa que la financiación del posconflicto requerirá de una gran imaginación para que las cuentas puedan cuadrar. El desafío de los costos del posconflicto, según las proyecciones económicas nacionales e internacionales, se torna sumamente complicado de resolver, por eso es necesario que, tanto el gobierno como la propia guerrilla, en lugar de asumir compromisos económicos inflexibles, “labrados en piedra”, comiencen a pensar en fórmulas más ajustadas a lo que se viene. Lo más sensato sería hacer unos compromisos que dependan sustancialmente del desempeño de la economía mundial y no de definiciones a priori y sin fundamento.[20]

En conclusión, es necesario admitir que los desafíos del posconflicto son múltiples y complejos, y que si bien el apoyo a la paz es necesario, también lo es apelar a la crítica sobre los límites y evidentes problemas a los que ella se está enfrentando. Hasta ahora, el discurso del presidente Santos está enfocado en los teóricos frutos del posconflicto y, para la comunidad internacional, en la promoción de Colombia como el nuevo país líder económico latinoamericano, sin exponer cómo será posible alcanzar el posconflicto que se está amasando en La Habana.

En este sentido, la entrega de esta revista No. 83 de Cien Días Vistos por CINEP, hace un aporte a la comprensión del posconflicto. En su conjunto los artículos analizan tanto la continuidad de la confrontación armada con las Farc y el rearme paramilitar en medio de los diálogos, como las posibilidades de construir el posconflicto desde el contexto regional, tomando los casos de la Costa Caribe y de Bogotá D.C. Otros escritos examinan la relación entre las víctimas desplazadas en Bogotá, las víctimas de la explotación minera del carbón en la Guajira y de las comunidades que están siendo impactadas por el fracking en Colombia y la superación de su situación en un contexto de posible posconflicto. Mientras que otros artículos indagan sobre cómo el posconflicto puede ofrecer posibilidades reales para la participación política y la construcción de la paz, de diversos actores como las Farc, el movimiento social y el sindicalismo.

Finalmente, nuestros lectores tienen la oportunidad de leer una ponencia del Foro “Comunidades y Estado Neoliberal en Guatemala”, convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en abril de 2013, en la que se muestra el paso en Guatemala del terror militar a la violencia neoliberal, luego de firmados los acuerdos de paz en 1996. Una realidad vivida por el pueblo guatemalteco y que nos advierte sobre los límites y riegos de los procesos en su etapa de posfirma.

Con esta entrega de la revista Cien días, deseamos a nuestros lectores una navidad colmada de buenas nuevas y un año 2015 abundante en esperanza para construir una paz son justicia social en Colombia.