Camila Carvajal, investigadora del Cinep/PPP, esboza en estos apartados una radiografía del Catatumbo. Territorio que ha padecido, por años, el abandono estatal y una deuda histórica de la sociedad colombiana con los habitantes de esta región que buscan reivindicar su derecho a una vida digna. La autora del artículo “Erradicar la coca no arranca el problema de raíz”, publicado en la revista Cien Días vistos por Cinep en su número 93, plantea ciertas características de la situación de esta zona. Su trayectoria histórica, las luchas de sus habitantes y el panorama de la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca hacen parte de sus aportes.
Para comprender la situación del Catatumbo se debe analizar la región desde sus procesos históricos, los cuales han configurado una realidad social, cultural, económica y política particular. Según Carvajal, “tenemos la costumbre de abordar estos problemas entendiendo que la violencia se manifiesta por la manera en que se ha configurado el territorio”. Es decir, los modos de poblamiento (colonización, arraigo, etc.) han construido relaciones sociales específicas entre los sujetos que interactúan dentro del espacio.
Desde la época colonial la región se convirtió en escenario de múltiples disputas por el territorio. El asentamiento de las comunidades, la variedad en sus recursos y sus características geográficas han favorecido una constante colonización que, según Carvajal, “se ha dado al margen del Estado, y en función de unas bonanzas económicas que han configurado el territorio de una manera muy espontánea”.
Los indígenas también hacen parte de este territorio. Sin embargo, la historia de ellos en el Catatumbo ha estado marcada por el despojo de sus espacios ancestrales y la violencia contra su comunidad desde la época colonial. La primera avanzada de conquista del territorio Barí se emprendió con la fundación de Maracaibo en 1530. En este período, según la autora, se establecieron diversas fundaciones de pueblos y se dieron los consecuentes asentamientos en las provincias de San Cristóbal, Salazar, Ocaña, Maracaibo y Mérida. Los poblados fueron atacados por los guerreros indígenas y, por este motivo, se consideró la necesidad de su reducción.
En el siglo XX, la bonanza petrolera dinamizó la colonización, lo que aumentó las tensiones entre indígenas y colonos. Esto fue así hasta 1964. A mediados del siglo XX la violencia en Colombia comenzó a intensificarse. La consolidación de las guerrillas, el arribo del narcotráfico, la falta de capacidad estatal para responder ante la pérdida de su acción de control, entre otros, fueron los elementos que poco a poco moldearon el conflicto armado.
Este periodo se caracterizó por el surgimiento de nuevos actores armados así como de nuevas modalidades de violencia. La región del Catatumbo no fue ajena a esta situación. El aislamiento de la región, debido al olvido estatal, dio paso a fuertes movilizaciones sociales y el asentamiento de las guerrillas.
Los grupos paramilitares también se posicionaron en la zona. En la década del 90 se dio la expansión del proyecto paramilitar. “Los planes de la Casa Castaño en el Catatumbo eran bastante particulares. En el 99 tuvo lugar una incursión paramilitar de tierra arrasada, tristemente célebre por masacres como la de La Gabarra”, afirma Carvajal. Esto derivó en el masivo desplazamiento de habitantes del sector y el abandono de las tierras.
Siglo XXI en Catatumbo: la hoja de coca y Acuerdos de La Habana
La desconfianza hacia el Estado se ha mantenido en la región del Catatumbo. La precariedad de las instituciones, según Carvajal, ha hecho que que las capacidades de las administraciones municipales de la región sean muy limitadas. Esto impide tener una gobernanza efectiva, que se traduce en los altos índices de necesidades básicas insatisfechas: la baja cobertura y calidad de la salud y la educación, el precario estado de las vías, entre otros.
Ante este escenario, las economías ilegales surgen, de acuerdo con Carvajal, por una multiplicidad de factores que forzan a las comunidades a buscar alternativas de subsistencia. La hoja de coca se ha consolidado como uno de los productos más importantes dentro de la región. Por lo mismo, el Catatumbo es un territorio priorizado dentro del Acuerdo de La Habana respecto a la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.
La implementación del Acuerdo Final aún no se ha consolidado del todo. Carvajal establece que la falta de garantías para la población y la incapacidad estatal para cumplir con lo acordado son algunos de los factores que impiden una solución a la situación. Pero, ¿en qué reside la problemática de la erradicación forzada? La autora afirma que el objetivo de reducir los cultivos por medio de la acción violenta no garantiza las condiciones para que surjan economías alternativas.
La presencia de grupos guerrilleros también se ha constituido como óbice para la erradicación y sustitución de cultivos. El Frente de Guerra Nororiental del ELN, grupo ‘Los Pelusos’, una disidencia del Frente 33 de las extintas FARC y el Cartel de Sinaloa son parte de los grupos alzados en armas que se ubican en la región. Así mismo, se han producido enfrentamientos entre el ELN y el grupo ‘Los Pelusos’, de acuerdo con Carvajal, por el control de los territorios que dejó la entonces guerrilla de las FARC. El proceso expansivo del EPL, impulsado después de la neutralización de mandos como Megateo y David León, también se ha consolidado como otro de los detonantes de la intensificación del conflicto. Esta disputa ha puesto en el centro del fuego a la población civil.
El abandono del Estado, según la autora, se evidencia con la precaria infraestructura estatal y el acceso limitado que tienen los pobladores a los mercados regionales. Por consiguiente, el involucramiento a actividades productivas ilegales (como lo es el cultivo y procesamiento de coca) se convierte en la única manera de subsistencia para las familias del Catatumbo. Además, los procesos de colonización informal (complejizados, en buena parte, por los migrantes venezolanos) han ocasionado, según Carvajal, el aislamiento de los indígenas Barí y la deforestación del Parque Nacional Catatumbo-Barí.
Ahora bien, ante la precariedad de atención estatal, “los cultivos de coca han dinamizado la vida social, impulsando procesos de reconocimiento (…) para suplir las precariedades del Estado en materia de institucionalidad y acceso a una ciudadanía que por décadas les ha sido negada”. Así las cosas, la autora establece que el proceso de erradicación y sustitución de cultivos debe centrarse, en principio, en la transformación del campo, la inclusión política y la integración productiva del campesinado cocalero.
El panorama no es del todo alentador. El gobierno de Iván Duque, bajo la dirección de Guillermo Botero en el Ministerio de Defensa, ha manifestado que la erradicación forzada se considera como herramienta principal para la erradicación de cultivos ilícitos en la región. La medida se adopta con el fin de reducir las hectáreas cultivadas y, además, evitar la descertificación de Estados Unidos.
A la par, estas decisiones refuerzan la estigmatización histórica de esta región en donde, según la autora, se le representa como un “territorio sumido en la ilegalidad”. De ahí que se establezca la justificación de una intervención militar para ‘recuperar’ la región. Estas medidas, por obvias razones, no tomarían en cuenta la oposición de ciertos campesinos cultivadores que, junto con sus familias, subsisten de esta actividad.
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Por: Sergio Mahecha Jaimes – @MajaSergio / Oficina de Comunicaciones Cinep/PPP