La doble moral de las marchas

Cada vez que la izquierda convoca una marcha, la derecha sale a exigir respeto por los derechos de quienes no protestan. Aunque el argumento parece razonable, muchas veces esconde una intención bastante menos noble: insinuar que quienes se quedan en casa están de acuerdo con el Gobierno de turno. Como si no salir a la calle equivaliera a firmar un cheque en blanco al gobernante.

Durante el Gobierno de Iván Duque, en medio del estallido social y de las noches de cacerolazos, la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que eran más los colombianos que no marchaban que quienes sí lo hacían. Un razonamiento bastante conveniente para el poder: como muchos no salen a protestar, entonces deben estar satisfechos. ¡Qué manera tan ingeniosa de fabricar mayorías! No hace falta conquistar el respaldo ciudadano; basta con atribuirle una opinión a quienes nunca la expresaron.

La realidad es que la gente no marcha por muchas razones: porque trabaja, porque tiene responsabilidades familiares, porque teme perder su empleo o, sencillamente, porque no le gusta manifestarse. También hay quienes respaldan al Gobierno, por supuesto, pero convertir a todos los que permanecen en casa en simpatizantes del poder es una forma bastante descarada de manipulación política.

Lo curioso es que quienes invocan los derechos de los que no marchan suelen preocuparse, ante todo, por los trancones. Parece que el problema no es la congestión, sino quién la produce. Cuando protesta el adversario, la movilidad se convierte en una tragedia nacional; cuando marcha el bando propio, las incomodidades parecen sacrificios necesarios para defender la democracia. En Colombia, hasta los trancones tienen ideología.

Por supuesto, el derecho a protestar no autoriza a agredir personas, destruir bienes públicos o privados ni vandalizar buses y estaciones de transporte. La violencia debe condenarse sin importar quién la ejerza. Pero tampoco es legítimo utilizar los actos de algunos para estigmatizar a todos los manifestantes. Ni todos los que salen a la calle son vándalos, ni todos los que se quedan en casa respaldan al Gobierno.

La doble moral también aparece cuando se cuestiona a la izquierda por llevar menores de edad a las manifestaciones, mientras sectores conservadores y organizaciones religiosas marchan acompañados de sus hijos contra el aborto o determinadas políticas relacionadas con la población LGBTIQ+. ¿Los niños corren peligro cuando marchan con la izquierda, pero están perfectamente seguros cuando lo hacen con la derecha? Si de verdad preocupa su bienestar, el criterio debe ser el mismo para todos. La protección de la infancia no puede depender del color de una bandera ni de las convicciones políticas de sus padres.

Eso no significa desconocer que la izquierda también ha abusado de las convocatorias callejeras. Durante el Gobierno de Duque, algunas movilizaciones parecían responder a una estrategia de protesta permanente, como si el país tuviera que vivir en campaña electoral las veinticuatro horas del día. Incluso Gustavo Petro llegó a proponer que la gente golpeara cacerolas desde sus ventanas a la medianoche del 31 de diciembre. Una ocurrencia que pretendía convertir hasta la llegada del Año Nuevo en una manifestación política. Afortunadamente, los colombianos también quieren celebrar, descansar y vivir sin que cada momento de su existencia tenga que convertirse en un acto de militancia.

Y qué decir de las marchas contra la corrupción. Allí aparecen políticos de todos los sectores denunciando indignados un problema que también ha salpicado a sus propias colectividades. Todos condenan la corrupción, siempre y cuando la cometa el adversario. Cuando el señalado pertenece al propio bando, aparecen las justificaciones, los matices y las explicaciones. ¡Qué admirable compromiso con la transparencia, siempre que no haya que aplicarla en casa!

Si la izquierda y la derecha quisieran organizar una marcha verdaderamente coherente contra la corrupción, podrían empezar por revisar sus propias filas. Aunque habría que ver cuántos dirigentes llegarían hasta el final si las pancartas dijeran: «La corrupción es inaceptable, especialmente cuando la cometen los nuestros».

El problema, entonces, no es que unos marchen y otros no. El problema es que cada sector pretenda presentar sus propias protestas como heroicas expresiones democráticas y las del adversario como amenazas para la convivencia. La democracia exige garantizar el derecho a manifestarse, respetar a quienes deciden no hacerlo y condenar la violencia sin distinciones políticas.

En últimas, la marcha más necesaria en Colombia sería la de los políticos contra su propia hipocresía. Esa sí tendría serios problemas de asistencia: no por falta de ciudadanos dispuestos a acompañarla, sino porque muchos de sus principales convocantes tendrían que marchar en contra de sí mismos.

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