¿Dónde están los milagros?

Cada vez que alguien pregunta por qué se critica tan poco al gobierno de Abelardo De La Espriella, aparece casi siempre la misma respuesta: hay que darle tiempo. Un mes no alcanza para evaluar un gobierno, dicen; no se pueden exigir resultados después de apenas 30 días.

El argumento, en principio, parece razonable. Todo gobierno necesita tiempo para ejecutar sus políticas, poner en marcha sus programas y demostrar resultados. Pero hay una pequeña contradicción que no debería pasar inadvertida: ¿no dizque Abelardo De La Espriella era el milagroso?

Porque si durante la campaña se vendió la idea de que él tenía soluciones extraordinarias para los problemas del país, entonces resulta inevitable preguntar dónde están los milagros. No se puede pedir paciencia para medir los resultados y, al mismo tiempo, reclamar aplausos anticipados por un gobierno que apenas comienza. Si 30 días son insuficientes para determinar si gobierna mal, también deberían ser insuficientes para decretar que gobierna bien.

No se puede jugar con las dos barajas.

Cuando conviene, se dice que hay que esperar para juzgar. Cuando conviene, se celebra cada declaración, cada gesto y cada decisión como si estuviéramos asistiendo al nacimiento de una nueva era. Eso no es evaluación: es indulgencia selectiva.

Y conviene decirlo con toda claridad: gritar frente a un micrófono, manotear, cerrar el puño, elevar la voz o adoptar una postura desafiante no constituye una política pública. Mucho menos demuestra capacidad de gobierno. El volumen de la voz no guarda relación alguna con la calidad de las decisiones.

Iván Duque también sabía utilizar el micrófono, levantar la voz y construir discursos de firmeza. Eso, sin embargo, no impidió que su gobierno terminara siendo objeto de fuertes cuestionamientos y que su legado político quedara sometido a una evaluación mucho más compleja que la que ofrecían sus intervenciones públicas.

El problema, entonces, no es que De La Espriella lleve apenas 30 días. El problema sería creer que durante esos 30 días el país debe suspender su capacidad crítica porque el nuevo presidente necesita tiempo para demostrar lo que prometió. Una cosa es darle tiempo y otra concederle inmunidad política.

En lo que he visto hasta ahora aparece un presidente que parece especialmente empeñado en demostrar quién manda. Y ahí es donde comienzan las preguntas incómodas. Porque la autoridad presidencial no se demuestra intimidando, gritando o imponiendo. Se demuestra gobernando dentro de las reglas, respetando las instituciones y entendiendo que el poder tiene límites.

También preocupa la impresión de que el Presidente prefiera tener cerca a quienes lo aplauden antes que a quienes puedan decirle que está equivocado. Un gobernante rodeado de aduladores puede sentirse muy poderoso, pero está extraordinariamente mal acompañado.

La historia está llena de gobiernos que terminaron creyéndose sus propios aplausos.

El caso del DANE merece especial atención. Si la salida de Ricardo Valencia estuvo relacionada con discrepancias frente al manejo o la interpretación de las cifras, como se ha planteado públicamente, entonces el asunto no debería despacharse como una simple disputa burocrática. Las estadísticas oficiales no pueden convertirse en instrumentos al servicio de la narrativa de un gobierno. Si una cifra incomoda, se debate. Si una metodología tiene problemas, se corrige. Si existe una irregularidad, se investiga. Pero la solución no puede ser que las instituciones produzcan únicamente los datos que resulten políticamente convenientes.

Y aquí aparece otro asunto de fondo: la obsesión con el gobierno de Gustavo Petro.

Nadie está diciendo que Petro haya sido un ángel. Su administración tuvo errores, escándalos y decisiones profundamente controvertidas. Todo aquello que deba investigarse debe investigarse. Si hubo corrupción, quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia.

Pero una cosa es investigar posibles delitos y otra convertir la administración pública en una gigantesca operación de revancha política.

No todos los funcionarios que trabajaron durante el gobierno anterior son delincuentes. No todos los programas anteriores fueron un desastre. No todas las cifras negativas son falsas y no todas las positivas son sospechosas. Gobernar consiste precisamente en tener la capacidad de distinguir.

Si el nuevo Gobierno pretende corregir lo que estuvo mal, adelante. Para eso recibió el poder. Pero si su principal argumento para justificar cada problema consiste en señalar a Petro, entonces la pregunta inevitable será cuándo empezará realmente a gobernar De La Espriella.

Porque resulta muy cómodo gobernar culpando al antecesor. Lo difícil es hacerse responsable de lo que ocurre durante el propio mandato.

Y aquí De La Espriella debería tener cuidado con algo que parece olvidar: el cielo también tiene memoria.

Está escupiendo demasiado hacia arriba.

Ningún gobierno está vacunado contra los escándalos. Ningún presidente está por encima de los errores. Ninguna administración puede garantizar que entre sus funcionarios no aparecerá un caso de corrupción. Quien construye su autoridad política sobre la supuesta superioridad moral frente a sus adversarios debería recordar que el poder tiene una costumbre particularmente incómoda: tarde o temprano, examina a todos con la misma lupa.

Por eso sería saludable que el Presidente dejara de comportarse como si cada crítica fuera una conspiración y entendiera que la prensa no está para aplaudirlo.

Porque respetar la libertad de prensa no significa permitir que los periodistas hagan preguntas mientras sean cómodas. La libertad de prensa se pone a prueba precisamente cuando aparece la pregunta que incomoda, la repregunta que molesta y el periodista que no acepta la respuesta prefabricada.

Un presidente democrático no necesita periodistas arrodillados ante el poder. Necesita periodistas que pregunten. Que contradigan. Que investiguen. Que insistan. Que incomoden.

Y también necesita funcionarios capaces de decirle que no.

El verdadero peligro para un presidente no es tener críticos. El verdadero peligro es quedarse sin ellos.

Después de 30 días no es serio declarar que el gobierno fracasó. Pero tampoco es serio proclamar que ya demostró ser exitoso. El mismo criterio debe aplicarse en ambas direcciones. Si todavía es temprano para exigir resultados definitivos, también es temprano para repartir certificados de excelencia.

Así que paciencia, sí. Pero paciencia no significa silencio.

Tiempo, sí. Pero tiempo no significa impunidad política.

Respeto institucional, sí. Pero respeto institucional también significa permitir que las instituciones hagan su trabajo aunque sus decisiones incomoden al Gobierno.

Y milagros, si fueron prometidos, que aparezcan donde realmente importan: en el empleo, la seguridad, la economía, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y la calidad de vida de los colombianos.

Porque un país no se gobierna a gritos.

Tampoco a punta de aplausos.

Y mucho menos a punta de milagros prometidos.

Al final, De La Espriella tendrá que demostrar algo mucho más difícil que su capacidad para llenar plazas, levantar el puño o pronunciar discursos incendiarios: tendrá que demostrar que puede ejercer el poder sin convertirlo en una extensión de su personalidad, gobernar sin confundir autoridad con autoritarismo, escuchar sin sentirse derrotado y aceptar la crítica sin tratar al crítico como enemigo.

Los colombianos no necesitan un presidente que les diga constantemente quién manda. Ya sabemos quién manda: temporalmente, el presidente. Pero el poder no le pertenece. Es prestado. Y precisamente por eso, cuando terminen los aplausos, cuando se apaguen los micrófonos y cuando desaparezcan las cámaras, quedará la única pregunta que realmente importa: ¿qué hizo con ese poder?

Ahí, y no en el volumen de sus discursos, comenzará la verdadera evaluación.