Es bastante grande el malestar de los proveedores del Colegio Gimnasio Santana del Norte.
Es bastante grande el malestar de los proveedores del Colegio Gimnasio Santana del Norte.

El normal funcionamiento de un círculo económico depende, en buena medida, del estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales que se adquieren con el paso del tiempo. Cuando uno de los actores de esa cadena, especialmente el primero, incumple sus compromisos, el efecto dominó es inevitable: quienes dependen de esos recursos comienzan, a su vez, a enfrentar dificultades para atender sus propias obligaciones, afectando a trabajadores, proveedores y terceros que nada tienen que ver con el origen del problema.
En ese sentido, considero que tienen toda la razón los proveedores y contratistas del colegio Gimnasio Santana del Norte que han hablado conmigo para manifestar su profundo malestar por los constantes incumplimientos en el pago de las obligaciones adquiridas y formalmente pactadas por el centro educativo. No se trata, por tanto, de simples inconformidades aisladas ni de reclamos carentes de fundamento, sino de situaciones que, según relatan quienes las padecen directamente, vienen afectando de manera seria el normal desarrollo de sus actividades económicas.
Es perfectamente entendible que estos proveedores y contratistas estén molestos. Muchos de ellos dependen de los pagos que reciben del colegio para cumplir con la nómina de sus trabajadores, atender compromisos con sus propios proveedores, cubrir obligaciones tributarias y mantener en funcionamiento los servicios que prestan. Cuando una institución contrata un servicio, recibe el beneficio de este y establece unas condiciones de pago, lo mínimo que puede esperarse es que honre oportunamente lo pactado. Cumplir un contrato no debería presentarse como un favor, sino como una obligación elemental derivada de la palabra empeñada y de la responsabilidad empresarial.
No creo que sea necesario recordar al colegio ni a su propietaria, la señora Jackeline Santana, que detrás de cada factura pendiente, de cada cuenta sin pagar y de cada obligación incumplida hay personas, familias, trabajadores y pequeñas empresas que también tienen compromisos que atender. Mucho menos debería ser necesario recordar que una institución educativa, por la naturaleza de su actividad y por el ejemplo que pretende transmitir a sus estudiantes, debería distinguirse precisamente por el respeto, la responsabilidad y la ética en sus relaciones con quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano.
Lo que resulta aún más preocupante, según manifiestan las personas que han hablado conmigo y cuyos nombres no voy a mencionar para protegerlas, es la presunta falta de canales efectivos de comunicación para atender estos reclamos. Afirman que en repetidas ocasiones no reciben respuesta a sus llamadas telefónicas ni a sus correos electrónicos y que, incluso cuando acuden personalmente en busca de una explicación, no encuentran una atención adecuada. Si esto ocurre de manera sistemática, estaríamos frente a una situación mucho más grave que un simple retraso en un pago: estaríamos hablando de una preocupante ausencia de responsabilidad y de respeto frente a quienes legítimamente exigen el cumplimiento de lo que se les debe.
Una institución puede atravesar dificultades financieras, administrativas o de cualquier otra naturaleza. Lo que no resulta aceptable es convertir esas dificultades en una carga que deban soportar unilateralmente quienes prestaron un servicio de buena fe. Si existen problemas para cumplir con los compromisos adquiridos, lo correcto es dar la cara, explicar la situación, establecer acuerdos serios y cumplirlos. El silencio, la evasión y la indiferencia no solucionan las obligaciones pendientes; por el contrario, profundizan la desconfianza y deterioran relaciones comerciales construidas durante años.
Tener una posición dominante o contar con mayor capacidad económica, contractual o institucional no otorga licencia para desconocer los derechos del otro, ignorar sus reclamos o tratarlo con desprecio. Mucho menos cuando se trata de personas y empresas que prestan servicios vitales para la operación de un colegio. Ningún proveedor debería sentirse obligado a rogar por un pago que le corresponde, perseguir indefinidamente a quien tiene la obligación de pagarle o soportar malos tratos simplemente porque se encuentra en una posición contractual más débil.
El respeto hacia los proveedores también hace parte de la responsabilidad social y de la cultura institucional de cualquier organización. Un colegio no solo educa dentro de sus aulas; también educa con sus decisiones, con la manera como trata a sus trabajadores, con la forma en que responde ante sus obligaciones y con el comportamiento que adopta frente a quienes dependen de su actividad. Por eso, resulta particularmente contradictorio que una institución dedicada a la formación de niños y jóvenes pueda transmitir, por acción u omisión, la idea de que las obligaciones pueden incumplirse y que quienes reclaman legítimamente pueden ser ignorados.
Por ello, sería deseable que el Gimnasio Santana del Norte y su administración asuman con seriedad los reclamos que vienen haciendo sus proveedores y contratistas, revisen las obligaciones pendientes y establezcan mecanismos claros, transparentes y verificables para ponerse al día. La solución no pasa por guardar silencio ni por cerrar las puertas a quienes reclaman; pasa por responder, reconocer las obligaciones y cumplirlas. Al final, la verdadera medida de una institución no está únicamente en lo que ofrece a quienes pagan por sus servicios, sino también en la manera como responde frente a quienes, desde otras posiciones, hacen posible que esos servicios puedan prestarse.
La educación exige coherencia. No se puede hablar de valores, responsabilidad, respeto y principios mientras, al mismo tiempo, quienes hacen parte de la cadena que sostiene la actividad educativa deben enfrentar incertidumbre, silencio o incumplimientos para recibir aquello que legítimamente se les adeuda. Los proveedores también merecen respeto, respuestas oportunas y, sobre todo, que se honre la palabra empeñada. Esa debería ser una obligación básica de cualquier institución, pero mucho más de una que tiene como propósito formar a las nuevas generaciones.
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