El adoctrinamiento de Viviane Morales

La señora ministra de Educación, Viviane Morales, debería tener claro que, antes de darle rienda suelta a su fanatismo religioso, debe medir cuidadosamente cada paso que dé, para evitar que cualquier decisión tomada desde su nuevo cargo termine generando resultados que la obliguen a salir del Ministerio por la puerta de atrás.

No creo que la doctora Morales desconozca que el mundo cambió y que ya no es posible pretender que un joven —sea menor o mayor de edad— piense y actúe de acuerdo con visiones propias del Antiguo Testamento, desconociendo los principios de una sociedad que lucha por la igualdad, la libertad, la inclusión y el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas.

Me atemoriza pensar que, valiéndose de un cargo de poder, la ministra de Educación promueva limitaciones o prohibiciones para que, a través de los manuales de convivencia de los colegios, dos adolescentes del mismo sexo no puedan expresar sus sentimientos dentro de las aulas o, peor aún, se les obligue a adoptar comportamientos que están lejos de querer asumir. Una cosa es orientar y educar, y otra muy distinta imponer desde el Estado una determinada concepción moral o religiosa.

En Colombia ya tenemos antecedentes de profundas depresiones que han terminado en suicidios por la incomprensión de directivas escolares que no han entendido que los jóvenes de hoy no quieren vivir escondiendo su manera de pensar, sus sentimientos ni sus proyectos de vida. Casos como el de Sergio Urrego no pueden ni deben repetirse, y la ministra debería tenerlo muy claro antes de pretender imponer su manera de pensar en la educación de niños y adolescentes.

Viviane Morales debe entender que la educación de los menores de edad no puede ni debe diseñarse de acuerdo con lo que piensa o quiere una ministra en particular. La educación pública pertenece a la sociedad y debe estar dirigida al respeto por el otro, a la convivencia, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por ningún motivo. El Ministerio de Educación no puede convertirse en una extensión de las convicciones religiosas de quien temporalmente ocupa el cargo.

Estoy de acuerdo con la ministra cuando afirma que a un niño menor de 10 años no se le pueden presentar términos o asuntos sin considerar su edad y su nivel de desarrollo. Pero hay algo que la doctora Morales parece ignorar o, al menos, no querer reconocer: un adolescente no espera a cumplir 18 años para comenzar a preguntarse por su identidad, sus afectos y sus preferencias sexuales. Estos procesos forman parte del desarrollo y del crecimiento humano, y no desaparecerán porque una autoridad administrativa intente ignorarlos o regularlos desde una determinada visión moral.

Pretender que desde el Ministerio de Educación se pueda controlar la manera en que los adolescentes sienten, piensan o construyen su identidad es, además de ingenuo, profundamente peligroso. La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y convivir, no un escenario en el que los estudiantes tengan que esconder quiénes son por miedo a ser señalados, sancionados o discriminados. Cuando una institución educativa convierte la diferencia en motivo de castigo, deja de educar y comienza a excluir.

También resulta preocupante que, mientras el país enfrenta enormes desafíos en materia educativa, el debate ministerial termine concentrándose en cruzadas morales y disputas ideológicas. La prioridad debería estar en ampliar los cupos, mejorar la calidad de la educación pública, dignificar las condiciones de los docentes, reconstruir los colegios afectados por desastres, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales y garantizar acceso real a tecnología y herramientas educativas. Esas son las urgencias que requieren liderazgo, presupuesto y decisiones de Estado.

Aquí no hay tiempo ni espacio para adoctrinamientos ni para visiones religiosas impuestas desde el Ministerio de Educación. Colombia es un Estado plural en el que las creencias religiosas de una funcionaria, por respetables que sean en el ámbito personal, no pueden convertirse en política pública ni utilizarse para limitar los derechos de quienes piensan, sienten o viven de manera diferente.

La ministra debería recordar, además, que ocupar un cargo público no significa tener licencia para imponer convicciones personales sobre toda la sociedad. Su responsabilidad no es educar al país según sus creencias, sino garantizar que el sistema educativo respete la Constitución, la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Si no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, entonces el problema no está en los jóvenes ni en la sociedad que ha cambiado: está en una concepción del poder que todavía pretende que el país se adapte a ella.

Y si, como consecuencia de políticas excluyentes, vuelven a presentarse casos de jóvenes perseguidos, discriminados, humillados o llevados al límite de la desesperación por su orientación sexual o su identidad, la responsabilidad política no podrá esconderse detrás de los manuales de convivencia ni de las decisiones de cada colegio. Quienes ocupan posiciones de poder deben responder por las consecuencias de las políticas que promueven. Doctora Viviane Morales, la educación no puede convertirse en el instrumento para imponer una moral particular: debe ser, ante todo, una herramienta para formar ciudadanos libres, críticos, respetuosos y capaces de convivir con quienes son diferentes.

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