Durante la audiencia en la que se define la situación jurídica de Miguel Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán, investigados por presuntas irregularidades en contratos de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, la defensa de Ortega centró su intervención en cuestionar los elementos que han sido presentados para relacionarlo con los hechos investigados.

El abogado pidió al juez que no ordenara una medida de aseguramiento contra su representado.

Según el abogado, de las 47 pruebas expuestas por el apoderado de víctimas, solamente dos se refieren a su cliente y, además, lo hacen de manera general.

Para la defensa, estos elementos no serían suficientes para establecer una inferencia razonable sobre la participación de Ortega en las conductas que son objeto de investigación.

El abogado también se refirió a un número telefónico que habría sido vinculado a un grupo de WhatsApp llamado “Amigos”. Según lo expuesto durante la audiencia, en ese grupo se habrían discutido acciones relacionadas con la presunta apropiación de recursos.

Sin embargo, la defensa aseguró que el número señalado no pertenece ni ha sido utilizado por Sebastián Ortega. Por ello, cuestionó que esta información pueda ser tenida en cuenta para relacionarlo con las conversaciones y los hechos investigados.

El abogado pidió al juzgado revisar cada elemento de manera independiente y establecer si existe una conexión verificable entre las pruebas y su representado.

El proceso está relacionado con contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos Voluntarios de Itagüí durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022. De acuerdo con la información expuesta en el proceso, estos contratos alcanzaron un valor cercano a los $17.656 millones.

La audiencia quedó suspendida y continuará posteriormente para que el juzgado escuche los argumentos de las partes y avance en el análisis de la situación jurídica de los investigados.

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