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La preocupante tendencia de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a desfinanciar proyectos que causan daños socioambientales sin una adecuada reparación de daños

  • En América Latina y el Caribe, los BMD abandonan proyectos cuando existen denuncias y movimientos sociales sobre los impactos ambientales negativos y la vulneración de derechos humanos
  • Este fue el principal tema del panel “El rol de los brazos privados de Bancos Multilaterales de Desarrollo”, moderado por la ONG Ambiente y Sociedad, del VII Foro regional de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos para América Latina y el Caribe

Por Karen Pinto Garzón

La desfinanciación y el abandono de proyectos que generan conflictos socioambientales por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), sin antes haber brindado una adecuada reparación de los daños a las comunidades y sus territorios, es una tendencia en aumento que preocupa en América Latina. Este fue el principal tema de debate en el panel “El rol de los brazos privados de Bancos Multilaterales de Desarrollo”, realizado el 14 de julio en Bogotá en el VII Foro regional de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. 

El panel fue moderado por David Cruz, investigador de la ONG Ambiente y Sociedad, quien explica que “muchas veces los proyectos financiados por los BMD generan impactos ambientales y territoriales negativos, y la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras y campesinas”; y, cuando existen denuncias o movimientos sociales, esas entidades deciden “retirar sus inversiones o cerrar los proyectos sin tomar medidas específicas frente a esos impactos”, añadiendo que este es un accionar que se presenta en diferentes países de la región.

Un ejemplo de esta enorme problemática es el que viven los indígenas maya –Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Mam- de la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis, en castellano), ubicada al norte de Guatemala, en la frontera con México. Rigoberto Juárez, coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional (GAP) y expositor del mismo panel, dice que las comunidades de esa zona han enfrentado durante los últimos años impactos ambientales adversos y la violación a sus derechos debido a la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, financiadas por el BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo. 

La construcción de las dos plantas hidroeléctricas, que empezó en el año 2013, se paralizó luego de que el BID retirase su financiación de 13 millones de dólares por las denuncias de las comunidades sobre los impactos negativos socioambientales. La decisión de la entidad, que anunció “una salida responsable”, se dio a finales de 2021, después de que en septiembre de ese año el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), perteneciente al Grupo BID, publicara un informe en el que se señalan inconsistencias sobre el territorio y los derechos de los habitantes, debido al incumplimiento de sus políticas operativas y salvaguardas.  

David Cruz,  Mara Bocaletti, Rigoberto Juárez, María Camila Barriga,  y Carolina Juaneda 

“Acudimos a mecanismos nacionales para que investigaran las grandes violaciones que se hicieron en nuestros territorios, pero nunca pasó nada. Entonces, tuvimos que acudir a los mecanismos propios del BID, en este caso el MICI, y les demostramos que violentaron los derechos de los pueblos indígenas, no nos consultaron, destruyeron el medio ambiente. Y el banco se dio cuenta mediante el informe del MICI de que efectivamente incumplieron sus propias normas”, indica Juárez, quien además dice que siguen esperando una adecuada reparación de los daños.

Según Cruz, el experto de Ambiente y Sociedad, es necesario que los BMD asuman sus responsabilidades sobre los daños causados por los proyectos, porque son los que posibilitan su realización. Sin embargo, no sólo responsabiliza a los BMD, sino que menciona que incluso antes de ejecutar las iniciativas, tanto esas entidades, como las empresas y las instituciones públicas que piden las subvenciones, deben salvaguardar los derechos.

En el informe de la ONU “Remedy in Development Finance”, publicado en febrero de este año, se señala que a muchas comunidades y personas afectadas por los proyectos de desarrollo, respaldados por las Instituciones financieras de desarrollo (IFD) bilaterales y multilaterales, no les proporcionan acceso a reparaciones por los daños que han sufrido. Por lo que, las IFD deberían garantizar que los proyectos que financian no ocasionen daños a las comunidades y asegurar medidas de reparación para todas las víctimas. 

En la publicación de la ONU se indica asimismo que la falta de una adecuada planificación de los proyectos, así como el escaso acceso a fuentes de información, la falta de una consulta adecuada, y la falta de garantías de las comunidades son unos de los mayores promotores de conflictos sociales en América Latina y el Caribe. Pese a que una de las obligaciones de las IFD es  proporcionar el acceso a la información durante toda la cadena de ejecución de los proyectos que apoyan.

Además, Cruz resalta la importancia de que en espacios como el VII Foro regional de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos -que se ha posicionado en los últimos años como el más importante sobre esta temática en la región- se escuche a los directamente afectados, así como al líder Rigoberto Juárez, que habló del caso Ixquisis en el panel sobre el rol de los brazos privados de los BMD. 

En dicho espacio también participaron las expertas ​​Mara Bocaletti, directora ejecutiva de la Plataforma Internacional contra la Impunidad; Carolina Juaneda, gerenta del Programa para América Latina del Bank Information Center, y María Camila Barriga, representante del Compliance Advisor Ombudsman.

Para Juaneda, el de Ixquisis es “un caso sin precedentes en la región” porque “la recomendación 29 del informe de verificación del MICI sienta un antecedente enorme para la salida responsable y el acceso a remedio en el marco de los financiamientos de los BMD”, no obstante enfatiza que, “ahora el gran desafío está en la implementación”. 

La paralización de las hidroeléctricas, como varias fuentes reconocen, fue un logro de las comunidades maya de Ixquisis. A través de su lucha de varios años, desde que se negó la existencia de pueblos indígenas y se empezaron los proyectos sin consultar, consiguieron la desinversión del gigante financiero.

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