Por: Mariana Molano, asistente de investigación del GAPI y Alejandra Serna Córdoba, estudinate y miembro activa del GAPI

El 14 de febrero de 2025, Colombia logró un avance sustancial con la aprobación del CONPES 4143. En efecto, el CONPES promete reorganizar el sistema de cuidados y reconocer las prácticas de cuidado comunitario, enfáticamente aquellas que desarrollan las comunidades campesinas y pueblos étnicos. No obstante, el discurso institucional sobre el progreso ha formalizado una omisión: las mujeres migrantes, como actoras invisibles frente al cuidado comunitario y ambiental, continúan siendo marginalizadas en el diseño de las políticas públicas que inciden directamente sus vidas. Bajo esta premisa, resulta coherente cuestionarse ¿Puede predicarse el principio de integralidad en la Política Nacional de Cuidado cuando existe una clara exclusión de grupos de interés en la fase de diseño?

Desde el Grupo de Acciones Públicas (GAPI), esta pregunta no resulta inadvertida. En efecto, durante los últimos años, nuestro trabajo con mujeres migrantes nos ha permitido conocer de cerca las experiencias de quienes, desplazadas por factores climáticos y violencias estructurales, han construido procesos de cuidado ambiental y comunitario que trascienden las fronteras tradicionales de lo que entendemos por “política pública de cuidado”. Las mujeres migrantes promueven el cuidado más allá de las fronteras nacionales y se identifican como defensoras de los territorios, el ambiente y el tejido social. El trabajo desarrollado desde el GAPI frente al acompañamiento activo y permanente a mujeres migrantes se construye a partir del reconocimiento de que son sujetas políticas que aportan tanto a la defensa de derechos como al cuidado ambiental, pero cuyas voces han sido sistemáticamente excluidas en los debates sobre política pública.

Un ejemplo que ilustra esta realidad es el de Carolina Pomares, activista colombiana cuya experiencia de trabajo en frontera la ha llevado a conocer de cerca las dificultades de la vida en territorios marcados por la movilidad humana, la desigualdad y los impactos ambientales. Su compromiso con las mujeres migrantes y su comprensión de las dinámicas fronterizas le han permitido impulsar procesos de organización colectiva que combinan la defensa de los derechos de las mujeres con la protección del ambiente. Su liderazgo ha sido decisivo en la construcción de redes comunitarias que reflejan tanto su propia capacidad transformadora como la de las mujeres migrantes a quienes acompaña.

Estas experiencias nos han mostrado que las mujeres migrantes son voceras naturales del cuidado ambiental porque sus experiencias están marcadas por la resiliencia y por un ejercicio cotidiano del cuidado de sus familias, sus comunidades y los territorios que habitan. En efecto, desde su cotidianidad, las mujeres migrantes disponen de un conocimiento profundo del territorio, de las necesidades de la comunidad y, en consecuencia, ejercen una forma de cuidado integral que comprende personas, ecosistemas, cultura y cohesión social.

La ausencia de las mujeres migrantes en el CONPES 4143 no es un olvido técnico, sino un reflejo de cómo entendemos la migración y el cuidado en Colombia. Tendemos a ver a las personas migrantes como receptoras pasivas de ayuda humanitaria, y no como agentes transformadoras que contribuyen activamente al cuidado de los territorios que las acogen. Lo cierto es que las mujeres migrantes son fuente primaria de conocimiento al ser quienes en algún momento debieron formular estrategias de adaptación y resistencia para afrontar los retos que supone la migración.

Esta perspectiva es particularmente problemática cuando hablamos de migración climática. Las mujeres que se movilizan por factores ambientales no solo traen consigo conocimientos ancestrales sobre manejo de recursos naturales, sino que desarrollan estrategias de adaptación y resiliencia que benefician a las comunidades receptoras. Sus prácticas de cuidado trascienden lo doméstico y se extienden al cuidado de los ecosistemas, la gestión comunitaria del agua, la agricultura sostenible y la construcción de redes de apoyo que fortalecen el tejido social.

Desde nuestra experiencia en el GAPI, hemos documentado cómo estas mujeres se convierten en mediadoras entre diferentes formas de conocimiento ambiental, conectando saberes de sus territorios de origen con las realidades de sus nuevos lugares de residencia. Son, en esencia, agentes de transferencia tecnológica y conocimiento ecológico, pero esta contribución permanece invisible ante los ojos de la política pública. Nuestro acompañamiento ha incluido la creación de espacios para niños, niñas y adolescentes donde los más pequeños tienen lugares para jugar y acceso a libros, así como el apoyo en la conformación de pulgueros comunitarios a través de donaciones de ropa que permiten a las familias migrantes generar ingresos propios. Estas iniciativas revelan cómo el cuidado se extiende más allá de lo individual y se convierte en construcción de tejido social y económico.

Las voces de las mujeres migrantes permiten visibilizar la relación intrínseca entre migración y sostenibilidad ambiental. Sus testimonios cuestionan estereotipos que las reducen a víctimas de la violencia o la pobreza, y muestran en cambio su papel activo en la transformación social y ecológica de los territorios que habitan. En esta misma línea y a través de nuestro trabajo con el GAPI hemos aprendido que el cuidado ambiental no es solo una práctica técnica, sino una práctica política. En efecto, cuando una mujer migrante organiza a su comunidad para proteger una fuente hídrica, no solo está ejerciendo cuidado ambiental, sino que está haciendo política pública desde abajo, está construyendo ciudadanía, está defendiendo derechos.

Esta perspectiva nos obliga a replantear los marcos conceptuales de la política de cuidado. Si realmente queremos una política integral, debemos reconocer que el cuidado no se detiene en las fronteras nacionales, que las prácticas de cuidado ambiental son tan relevantes como el cuidado doméstico, y que las mujeres migrantes son sujetas políticas cuyas voces deben estar en el centro de estas discusiones. La exclusión de su protagonismo en el diseño de la política nacional de cuidado imposibilita construir una política verdaderamente transformadora, conectada con los territorios y articulada con quienes actúan diligentemente frente al cuidado comunitario y ecosistémico.

El CONPES 4143 representa un avance significativo, pero su implementación será exitosa solo si logra incluir las voces y experiencias de todos los sectores que ejercen cuidado en Colombia. Las mujeres migrantes no pueden seguir siendo las grandes ausentes de esta política. Para ello, proponemos tres acciones concretas. Primero, es fundamental que el Ministerio de Igualdad y Equidad, en coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, desarrolle lineamientos específicos que reconozcan el aporte de las mujeres migrantes a las prácticas de cuidado ambiental. Esto incluye crear mecanismos de participación que garanticen su voz en los espacios de diseño e implementación de la política. En efecto, la intervención y el intercambio de perspectivas es esencial para la construcción de una política integral, legítima y sostenible.

Segundo, las universidades y centros de investigación debemos fortalecer los estudios sobre migración climática y cuidado ambiental, documentando las prácticas y saberes que estas mujeres aportan a los territorios. La investigación jurídica debe vincularse a la acción transformadora en contextos sociales concretos, como lo hemos hecho desde el GAPI. Ello permitirá exponer el rol histórico, social, cultural y económico de las mujeres migrantes, a su vez, enriquecerá el diseño de políticas de cuidado con conocimientos locales basados en evidencia social, y consolidará el conocimiento local en un insumo para la formación educativa de nuevas generaciones.

Tercero, es necesario crear un fondo específico dentro de la inversión proyectada de 25 billones de pesos para fortalecer iniciativas comunitarias que ya están trabajando en la intersección entre migración, cuidado y ambiente. Estas experiencias no pueden seguir dependiendo exclusivamente del trabajo voluntario y la autogestión. Si verdaderamente se proyecta una transformación de alto impacto social se requerirá la asignación de recursos económicos para el desarrollo de los objetivos. Al final, se debe entender que las transformaciones sociales requieren compromiso político, social y económico para su efectivo diseño e implementación.

La experiencia de Carolina, y la de miles de mujeres migrantes en Colombia, nos recuerda que las políticas públicas más efectivas son aquellas que se cimientan sobre el reconocimiento de las prácticas que ya se han consolidado en los territorios. Lo inminente en este punto es reconocer que la cotidianidad de las mujeres migrantes engloba el cuidado de sus familias, de sus comunidades y de los ecosistemas, en consecuencia, es deber del Estado potenciar los saberes de las mujeres migrantes a través del reconocimiento de su labor y garantizando su participación activa en la estructuración de la Política Nacional de Cuidado.

La Política Nacional de Cuidado tiene la oportunidad histórica de ser realmente transformadora, pero solo lo será en la medida en que logre incluir todas las voces que ejercen cuidado en Colombia. Las mujeres migrantes no solo merecen asumir un rol activo en el diseño de la política, sino que su inclusión es esencial para la construcción de una política más justa, sólida y efectiva.

Desde el GAPI seguiremos trabajando para que estas voces sean escuchadas. Creemos firmemente que la investigación jurídica debe estar al servicio de la justicia social, y que reconocer a las mujeres migrantes como sujetas políticas del cuidado ambiental es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y sostenible.

El cuidado no tiene fronteras. Es hora de que nuestras políticas públicas tampoco las tengan.


Este artículo surge del trabajo conjunto entre el Grupo de Acciones Públicas (GAPI) y la Corporación Las Violetas, en el marco de la Escuela Emma, espacio de formación e incidencia para mujeres migrantes.

Referencias

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2025, febrero 14). Documento CONPES 4143 – Política Nacional de Cuidado. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Bogotá República de Colombia.

Ministerio de Igualdad y Equidad. (2025, febrero). “Colombia da un paso histórico aprobado CONPES para la Política Nacional de Cuidado”. Sala de Prensa.

Consultor Salud. (2025, febrero 21). “Política Nacional de Cuidado en Colombia – CONPES 4143”

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