Por: Sofía Jarrín Hidalgo Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES
Ecuador no escapó al acontecimiento más importante del siglo XXI, la creciente presencia de China en el sistema internacional. Las relaciones diplomáticas sino-ecuatorianas iniciaron en 1972, pero no es sino hasta el 2010 que se consolidan sus vínculos comerciales, productivos e inversiones.
Adicionalmente, la década de gobierno de Rafael Correa -igual que en los países donde primaron los gobiernos progresistas- imprimió una característica política particular expresada en el distanciamiento de la influencia económica de los Estados Unidos, la cual determinó las estrategias de desarrollo adoptadas por la mayoría de los países de América Latina y Caribe en la década del 90, y encaminó las relaciones diplomáticas del Estado ecuatoriano hacia una tendencia desarrollista regional, que apostaba por combatir los peores excesos del neoliberalismo y consolidar la Cooperación Sur-Sur, en medio de una significativa necesidad de inversión en infraestructura y explotación de recursos naturales . Esto implicó que el Ecuador formalice sus vínculos comerciales con economías emergentes como la china y la brasilera. Evidencia de este fenómeno, es que desde entonces “más de 70 empresas chinas se han registrado en el país.”
Como consecuencia del estrechamiento de las relaciones entre ambos países, actualmente China es el primer prestamista y contratista del Ecuador, especialmente en los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructura, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. En este contexto, la deuda pública que el Ecuador mantiene con las instituciones financieras chinas (China EximBank y China Development Bank), es de aproximadamente $us. 17,4 mil millones y representa el 38,7% del PIB .
En este sentido, es importante observar que los créditos chinos cuentan con acondicionamientos especiales que comprometen al Estado ecuatoriano a la contratación de sus empresas, mano de obra, equipos, suministros y tecnología ; lo que implica una mayor dependencia de contratistas del gigante asiático, además ubicando sus empresas en los primeros puestos de las listas de contratación pública para el desarrollo de proyectos de gran envergadura. La experiencia demuestra que en la licitación de grandes obras de infraestructura, empresas de origen chino como Sinohydro, CGGC-Fopeca y Harbin tienen un tratamiento preferencial, pues se efectúan aplicando la figura de régimen especial para cumplir con los requerimientos de las entidades financiadoras, que exigen cartas de compromiso para la aprobación de los créditos.
Otro elemento a considerar es el costo de las tasas de interés. Estas representan un 5% más de lo que costarían los créditos con el Banco Mundial, “sin embargo, tienen la misma o menor tasa de interés que las de los bonos brady, global y soberanos —formas de financiamiento que tienen aún mayor costo que los préstamos bilaterales” .
Con la inyección de capitales chinos, varios críticos al gobierno de Correa, sostienen que este tipo de inversiones y líneas de crédito alimentaron la construcción de “los elefantes blancos de la revolución”, puesto que se aprovechó de la fiebre del oro chino para emplazar edilicios monumentos que representaban la grandeza del poder estatal. Uno de los más destacados es la Plataforma Financiera Gubernamental, complejo ministerial donde funcionan 13 entidades estatales con capacidad de albergar hasta cinco mil funcionarios públicos en un área de 132.824 m2 de construcción.
La Plataforma fue financiada por el Banco de Desarrollo Chino (CDB), y la implantación de la obra estuvo a cargo de la constructora China CAMC Engineering Co Ltd., filial de la empresa estatal China National Machinery Industry Corporation.
La empresa suscribió cinco contratos con el Estado ecuatoriano para el desarrollo de la obra principal y complementarias, por un monto aproximado de $us. 216,8 millones. Sin embargo, informes recientes mencionan que el precio real asciende a $us. 251 millones. Esta empresa también ha participado en la construcción de otras 25 obras públicas, entre las cuales se incluyen: “siete edificios del ECU-911, cinco hospitales, dos universidades, una escuela del milenio, el parque ‘Los Samanes’ y un proyecto multiparques, con una inversión que bordea los $us. 810 millones”.
Otro ícono de las obras faraónicas y controversiales que se derivan de la alianza chino-ecuatoriana es el Proyecto Propósito hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (CCS). Este proyecto, no solo representa la obra más grande y costosa nunca antes construida en el país, sino que también se constituye en la piedra angular del imaginario desarrollista idealizado de la “Revolución Ciudadana”, al ser una representación de la transformación de la matriz energética en el Ecuador.
CCS fue construida por la empresa china Sinohydro Corporation, por un costo aproximado de $us. 2.245 millones, de los cuales $us. 1.682 millones se cubrieron mediante el crédito del EximBank-China. El proyecto está emplazado en la cuenca del río Coca, en las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y tiene una capacidad de generación de 1.500MW que abastece el 40% de la demanda nacional.
A pesar de que el proyecto se constituye en un motor de la economía energética del país, este no está exento de problemas. En su fase constructiva reportó un incremento del 7% del precio inicial. También, es conocido que la empresa china no cumplió con los requisitos mínimos de salud y seguridad laboral, lo cual generó que en diciembre de 2014 se produzca un accidente que cobró la vida de 13 trabajadores y reportó 12 heridos. Asimismo, Sinohydro recibió varias paralizaciones y denuncias por violar los derechos de los trabajadores. En 2012, alrededor de 200 trabajadores presentaron 26 denuncias por maltrato, insalubridad y malas condiciones alimenticia ante la Inspectoría de Trabajo de Sucumbíos, las cuales se derivaron solamente en el pago de una multa por $us. 5.280 .
Con estos argumentos, está claro que China, se convirtió no sólo en un aliado político y económico para promover el desarrollo de infraestructura del país, sino que sus empresas y subsidiarias representa el nuevo vecino oriental que vino para quedarse y establecer raíces en tierra fértil. Esto amerita algunos desafíos, debido a que las condiciones preferentes que involucra llegar con “plata en mano” genera desventajas y limitantes para el desarrollo del sector empresarial ecuatoriano. Por otro lado, esta presencia significa que los mecanismos de control, regulación y transparencia de nuestro país son cada vez más obsoletos frente a los cambios de nuestros nuevos acreedores y procesos de dependencia. Por ese motivo también podemos apreciar que existe un debilitamiento del sistema de justicia por el allanamiento de nuestras autoridades ante la presión del capital internacional.