La RTVC o Radio y Televisión de Colombia es una entidad estatal que con una relativa independencia administra los medios públicos del país, entre ellos Señal Colombia, Canal Institucional, Canal 13, los ocho canales regionales, la Radio Nacional de Colombia y Radiónica. Hoy en día cuenta además con las plataformas OTT (Over The Top), Señal Memoria y RTVCplay.
La herencia que reciben la radio y la televisión educativa
A lo largo del siglo XX en Colombia se dieron procesos donde los medios, la educación y la cultura han estado juntos para influir de diversas maneras en la formación de la sociedad.
Radio Sutatenza fue fundada en 1947 y su proceso se extendió casi a finales del siglo, proyecto que llegó durante décadas a las comunidades campesinas que habitaban las cabeceras y sectores rurales de unos 900 municipios en el marco de la Comunicación para el Desarrollo, con el lema “la educación nos hace libres”.
La puesta en marcha del Cine Club Colombia fundado en 1949 en cabeza del catalán Luis Vicens y del que hizo parte el periodista y crítico de cine Hernando Salcedo Silva, proceso que influyó en la creación de la Cinemateca Distrital y en generaciones de cinéfilos, cineastas y en la conformación de otros cineclubes en el país.
Y la televisión educativa que se inaugura en 1961 con clases diarias de 3 a 4 de la tarde para los cursos de ciencias, matemáticas, geografía y música dirigidos a estudiantes de primero a quinto grados de primaria, en el primer gobierno del Frente Nacional, cuando Ligia Fajardo de Guerrero, una educadora que fue la encargada de crear este proyecto y dirigirlo durante algún tiempo.
Mas de 270 programas se emitieron en los primeros dos años, y al quedarse sin presupuesto, el gobierno colombiano opta por pedir ayuda a los Estados Unidos y recibe apoyo financiero de la Fundación Ford para revivirla en 1964, la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y los Cuerpos de Paz suministraron equipos técnicos, instalaron televisores en instituciones educativas, y asignaron personal para trabajar en producción, programación y uso de los materiales de apoyo en los lugares donde llegaba la señal y se usaban los contenidos educativos.
Según lo cuenta Claudia Bautista en Señal Memoria, el Ministerio de Educación “seleccionó a los telemaestros, escogió los colegios y escuelas en que se instalaron los receptores e instruyó a los profesores locales” y el Ministerio de Comunicaciones a través de la Radiotelevisora Nacional se ocupó de los aspectos técnicos y de la producción.
Otro caso que hay que resaltar es el bachillerato por radio creado en 1967, que en 1993 contaba con más de 53 mil personas matriculadas y que permitió a más de 2 millones de personas que obtuvieran su título de bachiller, gracias al modelo “que combinaba emisiones radiales, materiales impresos y la presencia de facilitadores y telecentros en las regiones” (Bautista, 2017), la Radiodifusora Nacional de Colombia tomó las riendas del programa en la década de los años 70 y se ocupó de él hasta octubre de 2004, cuando se liquidó Inravisión.
Desde luego saltan a la vista por una parte la tradición que tienen la radio y la televisión educativa en el país y en el continente, y por otra los usos instrumentales que se le dieron a estos medios con intensiones alfabetizadoras para insertar a la población en la sociedad, como parte de la mano de obra y con funciones específicas en el sistema económico capitalista.
La transición en marcha
Es en las dos últimas décadas del siglo XX cuando en Colombia se configura lo que hoy tenemos en la radio y la televisión públicas, a partir de hechos y circunstancias sociales y políticas que definieron los rumbos que tomaron en el país en los primeros años de este milenio que comienza.
En la década de los años 80 ocurre un hecho que para Colombia es motivo de alegría cuando le es otorgado el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en 1982, lo que contrasta con un drama social y humano de enormes proporciones producto de fenómenos naturales y una guerra irracional, expresada en una serie de hechos que parecían no tener fin en la llamada “década perdida”, entre los que se cuentan la toma de la embajada de República Dominicana por un comando del M-19 en 1980; el terremoto de Popayán en 1983 que derribó 448 años de historia y dejó cerca de 10.000 damnificados además de personas muertas en la ciudad y poblaciones cercanas; el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 por parte del cartel de Medellín; la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma a sangre y fuego por parte de las fuerzas militares en 1985; en ese mismo año la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, una tragedia anunciada que acabó con la vida de cerca de 23.000 personas según informan algunos medios de comunicación, más los miles de damnificados; la masacre en el Restaurante Pozzetto en 1986 a manos de Campo Elías Delgado; en ese mismo año el asesinato don Guillermo Cano director del periódico El Espectador, quien se sumó a la lista de cientos de periodistas amenazados, secuestrados y asesinados a manos de sicarios; el asesinato del candidato a la Presidencia de la República Luis Carlos Galán en 1989 y el exterminio y desaparición de al menos 1.500 integrantes de la Unión Patriótica, entre ellos militantes de ese partido político, diputados, senadores y dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, lo que llevó al exilio a muchos de los sobrevivientes.
Para los años 90, luego de la desmovilización y entrega de armas de la mayoría de miembros de la guerrilla del M-19 y el asesinato de su líder el candidato presidencial Carlos Pizarro, se convoca en 1991 a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de promulgar una nueva Constitución que reemplazó la centenaria y anacrónica del año 1886, y con la esperanza de que este nuevo contrato político y social abriera un nuevo camino en la resolución de los problemas más agudos que enfrentó la sociedad colombiana a lo largo del siglo pasado.
Aun así en el transcurso de la década los problemas más profundos de la nación y con raíces históricas de mucho tiempo atrás persistieron, la crisis económica, la corrupción, la gobernabilidad, el conflicto armado y la violencia se agudizaron y crecieron, mientras se construía la Carta Magna en la que convergieron la mayoría de fuerzas sociales y políticas que venían en conflicto.
Por aquella época el mundo y el continente tomaron otra fisonomía y así mismo Colombia le abrió las puertas a los capitales internacionales y liberó su comercio, con lo cual se complejizó aún más la situación del país, y para los periodistas y los medios surgió el reto digital y de convergencia tecnológica, con nuevos lenguajes, narrativas, formatos, lideres de opinión y nuevas relaciones con sus públicos, sus audiencias, sus empleadores y los poderes públicos y privados.
En 1995 se crea Señal Colombia, para dar inicio a otra etapa en el desarrollo de contenidos con un enfoque educativo y cultural, cuyo diálogo con las regiones le da protagonismo a sus voces, y que en la actualidad recupera el archivo de los procesos de educación mediática en el país con el proyecto de Señal Memoria; y en 1997 se le otorgan las licencias a CARACOL y RCN para convertirse en canales de televisión privada de la que surgieron superproducciones inolvidables.
En lo noticioso se quedaron dando vueltas en la construcción del enemigo interno y externo en complacencia con el gobierno de turno, y han perdido credibilidad frente a las audiencias como ocurre en la actualidad debido a su notable sesgo informativo, que ahora combinan con su programación de entretenimiento como recurso de propaganda ideológica.
¿Convergencia o coyuntura?
La RTVC nació en el año 2004 durante el gobierno del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, luego de la liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISIÓN que existía desde 1963, y de la productora Audiovisuales que surgió en 1976, con lo cual surge la pregunta ¿porqué se quiere debilitar e incluso poner en riesgo la existencia de una entidad que lleva 14 años de vida y fue constituida en su momento por el partido del actual gobierno?, ¿se trata de poner en práctica la famosa frase de cajón “el fin justifica los medios”?
Tal vez antes que una convergencia digital se trata de una coyuntura política y económica en la que los poderes reales (económicos y financieros), y los poderes formales (ejecutivo, legislativo, judicial y mediático), cierran filas en su afán desesperado por mantener el control del país y sus recursos, cuando ya no es posible tapar y sostener esto que tenemos: una sociedad corrupta hasta la médula, en la que los medios y las tecnologías juegan un papel protagónico en el presente y en el futuro de todos.
Entonces en lugar de ir a la vanguardia y ponernos en la sintonía global, estamos amarrados a la miopía de la dirigencia del país que tan solo ve en su proyecto de “ley de convergencia” un negocio enorme del cual esperamos saber cómo se beneficiarán los medios públicos, y la oportunidad de sacar del paso a sus contradictores incómodos, porque en eso se convirtieron tanto Señal Colombia con su mirada plural frente al pensamiento único de la ultraderecha, y Canal Uno, en especial su noticiero, que recuperó la investigación, el reportaje y el espíritu del Cuarto Poder surgido en los orígenes del pensamiento liberal europeo en el seno de las revoluciones burguesas, informativo que hoy en día ejerce control a los unos y a los otros, y sus periodistas miran para todos lados, a la izquierda y a la derecha.
La ley de convergencia es necesaria, pero falta discusión, debatir por ejemplo ¿de qué manera se educará la población para el cambio que vivimos?, de manera tal que se constituya en el quinto poder: una opinión pública crítica y responsable; ¿cómo se financiarán la radio y la televisión públicas con esta nueva ley?, de manera que se protejan su autonomía y su mirada plural en el abordaje de contenidos?; ¿cómo se fortalecerán la radio y la televisión regionales y comunitarias? para que sus ciudadanías se hagan visibles y se fortalezcan sus identidades; ¿de qué manera se va a democratizar el uso del espectro electromagnético para que no se convierta en uso exclusivo de las corporaciones de telecomunicaciones?; ¿qué leyes regularán el tratamiento, difusión y recepción de contenidos en medios y TICS sin afectar la libertad de expresión y el derecho a la información?, es un gran debate pero es mejor debatir que censurar.
Bogotá 11 de diciembre del 2018