UNA POLITICA RURAL A LA DERIVA

Una política rural a la deriva

Hoy las declaraciones oficiales, especialmente las presidenciales, frecuentemente se asemejan a un potente volador lanzado en la mitad de una noche oscura: un momento de fuerte relumbrón luminoso y ruidoso que capta nuestra atención, pero que rápidamente desaparece en la oscuridad de la noche y de él no queda nada, no le sigue nada; talvez otro volador estallando en mil colores y luego nada.

Hemos conocido una luz de bengala potentísima que, desde la época de la campaña electoral, el Presidente Petro ha lanzado frecuentemente a la opinión, la de repartir tres millones de hectáreas de buenas tierras en producción tanto agrícola como ganadera, equivalente al 53% de las tierras hoy en agricultura. Tierras que serían adquiridas a precios comerciales, con miras a repartirlas entre campesinos sin tierra o con insuficiente cantidad de ella. Inmediatamente Fedegán le paró la caña y le dijo que los ganaderos, cuya actividad ocupa 39 millones de hectáreas, muchas de ellas de baja calidad y en regiones con muy bajo desarrollo, estarían dispuestos en condiciones comerciales, de venderle tierras al gobierno.

La ex ministra de Agricultura Cecilia López acogió con entusiasmo la directiva presidencial y empezó a moverse. A los pocos meses reconoció que la meta no era realizable, que máximo podrían ser  430.000  hectáreas anuales y que solo se habían  adelantado negociaciones de unos pocos miles. Hubo un silencio presidencial en torno a la responsable afirmación ministerial; luego el país entendió que ese día Cecilia había firmado su salida del ministerio. El presidente con la nueva ministra volvió con su punto, alegando que el problema estaba en la no ejecución presupuestal del ministerio y que el cambio aceleraría el proceso. Para ello, basado en la interpretación de un artículo del Plan de Desarrollo, el gobierno va a expedir un decreto por medio del cual, si el propietario no acepta la  oferta de compra del gobierno por su valor catastral, se le aplicará la extinción del dominio, pagándole solo una fracción de ese valor. Con ello, una medida excepcional se volvería ordinaria.

En el pensamiento presidencial, movido talvez más por un sentido de justicia hacia los campesinos sin tierra, que el de buscar un ordenamiento rural que atienda los requerimientos de producción de alimentos y materias primas para el mercado interno y para la exportación, a la par con el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los habitantes rurales y de sus comunidades, objetivos que exigen ir más allá del solo reparto de la tierra, necesario pero no suficiente como lo enseñan experiencias en otros países y aún acá.

Tierra sí, pero además crédito adecuado a las condiciones de la producción primaria; organización de la producción y de la comercialización de esa producción a la vez que inversiones en emprendimientos productivos rurales para agregarle valor a esos productos, al incorporarles más trabajo, adicional al realizado directamente con su cultivo, generando empleo rural formal y no de simple rebusque. Y respecto a estos componentes fundamentales de una política de desarrollo de la producción y de los territorios rurales, hoy fuera de declaraciones, de planteamientos en el plan de desarrollo, no hay nada concreto, solo señales contradictorias; basta con decir que el crédito para esas actividades está cayendo; según cifras de Finagro, entre el primer semestre del año pasado y el actual su caída ha sido del 17%, 2.7 billones.

Para rematar, al Banco Agrario único sobreviviente de la privatización del sistema bancario,  el Presidente ahora  quiere que sea una especie de banco de los pobres y del rebusque, alejándolo de su espacio natural, la ruralidad  vista hoy en la perspectiva amplia de la nueva ruralidad, donde están presentes no solo las actividades productivas realizadas en el predio, sino  la minería de pequeña escala, los programas de manejo de aguas y tierras y de la riqueza forestal para explotarla, protegerla y acrecentarla. Una tal política requiere de un sólido apoyo financiero, complementado con la necesaria asistencia técnica. Colombia en ese campo fue pionera y tiene una experiencia que espera ser evaluada para, aprendiendo de ella, adelantar una política realista de financiación y tecnificación de la producción rural entendida en su sentido amplio.

Necesitamos que el Presidente  se baje de sus sueños y nos invite a avanzar a partir de nuestra realidad, con sus posibilidades y limitaciones, hacia unas transformaciones que Colombia reclama y que en un esfuerzo colectivo y ciudadano, como propósito nacional, podremos lograr. Los sueños, aún los presidenciales, son como pompas de jabón que brillan un momento y luego estallan dejando nada.