Por: Ricardo García Duarte*
En los balances que se han ofrecido del paro y de la marcha del 21 de noviembre, los observadores han hablado de los intereses políticos que eventualmente pudieren impregnar el proceso de movilización. La controversia se ha limitado sin embargo a señalamientos que destacan la voluntad de uno u otro político profesional por capitalizar los beneficios que se derivan de la participación de las masas en las calles y plazas; o, por el contrario, que evidencian la intención de estigmatizar la intervención ciudadana en el espacio público.
Ahora bien, más allá de los enfrentamientos verbales entre los voceros de las distintas instancias partidistas, en los que cada uno trata de sintonizar el suceso real con su discurso tradicional, esto es, con su propia verdad, no sobra someter a consideración el componente político de la movilización, un componente que se relaciona con la estrategia, las percepciones, el marco que ofrece la coyuntura interpartidista, y el proceso de la opinión pública en el mediano plazo.
Respecto de la estrategia, honestamente resulta exagerado hablar de la presencia en los acontecimientos de una sola línea de acción política, de cara a las elecciones de 2022. Es cierto que muchos manifestantes tienen en mente el horizonte de las presidenciales, pero no hay un centro unificado ni una dirección explícitamente partidista. El petrista o el fajardista, por ejemplo, marcharán juntos pero de ningún modo compartirán una estrategia política; y más bien su participación estará envuelta en la manta ancha de un descontento más o menos difuso.
En materia de percepciones, lo que suele suceder en un momento de movilizaciones callejeras, es la transferencia psicológica de la inconformidad social hacia la responsabilidad del gobierno de turno, responsabilidad que tiene que ver con las posibles causas de la crisis. Se trata de un efecto de transferencia o de identificación que cualquiera puede apreciar al mirar los resultados de las encuestas y al escuchar las consignas coreadas por los manifestantes, particularmente en el cacerolazo.
El marco que traza el comportamiento de los actores en el mundillo partidista presenta un rasgo favorable a la movilización desde abajo. Es una fractura entre las élites políticas, tanto por las discordias pasadas frente al tema de la paz, como por causa de la difícil formación de una coalición de apoyo al gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en los ocho años de Uribe Vélez y también en los de Juan Manuel Santos. Este tipo de fracturas en la cúspide del poder facilita un espacio mayor para la protesta social y para su amplia composición, tal como ya sucediera en los remotos tiempos del paro cívico nacional, en septiembre de 1977, cuando un sector muy significativo del conservatismo se distanció del gobierno de López Michelsen.
Finalmente, la formación de la opinión pública ha discurrido en los últimos 12 años por la división nacida de la partición de líneas en el interior de las élites, después de que el gobierno de Santos se empeñara en lograr un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. En otras palabras, el cisma político entre el SÍ y el NO del plebiscito ha transitado antes y después de este último, por la base de los comportamientos de cada una de las dos mitades de la Colombia políticamente activa. Para decirlo de una vez, por entre las entrañas del 21N circula aún el sentimiento del SÍ como un rio subterráneo que toca ideológicamente a muchos de los marchantes que se han tomado las calles; no quizás a los de 20 años, pero con seguridad a los mayores de 25.
Si la manifestación del 4 febrero de 2008 contra las FARC anticipaba el flujo social que alimentaría después el sentimiento del NO a los acuerdos, la marcha del 21 de noviembre de 2019, vino a prolongar la onda del SÍ, en una actitud de donde emerge uno de los elementos que integra el componente político de las actuales movilizaciones callejeras.
*Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.