Una paradoja es una declaración o un acto que encierra cualidades y sentidos contradictorios. Pues bien, en los últimos días he estado atrapado, como si fuera víctima de un joker diabólico, en una situación paradójica, a la vez patética y trágica. Patética por los ingredientes de banalidad y moralismo de que se alimentó; trágica por el peligro de que el inocente que destapa el mal sea sacrificado de alguna manera.
Habiendo denunciado unos actos de corrupción en la Universidad de la que soy rector, acabé sorpresivamente señalado por supuestos hechos sobre los que se ha extendido la sombra de que pudiesen estar tocados también por esa deletérea mancha que cubre a los aparatos administrativos; esto es, la corrupción, causa de la destrucción de lo público y derrota ética de la sociedad.
Cuando recaudé la documentación adecuada, procedí en enero de 2019 a poner una queja apoyada en evidencias, no en conjeturas. Siete meses después, surtida la investigación de la Procuraduría General, el sindicado pidió tardíamente ser escuchado en versión libre, solo para lanzar sin escrúpulos una andanada de ataques, a fin de dar la impresión de que yo participaba de sus procederes ilegales o de que me beneficiaba de ellos. Lo hizo mezclando escenarios de burdel para despertar una reacción moralista; además presentó situaciones ficticias; y, sobre todo, sin aportar pruebas directas y fehacientes. Al ser exhibida esta narrativa ominosa de retaliación por algún noticiero que no advirtió la ausencia de pruebas, recibió la bendición mediática; con lo cual la historia cambió y la realidad quedó invertida.
Ahora el atacado era yo, el mismo que curiosamente había denunciado a la persona incursa en abusos e irregularidades, un individuo concreto, no un ente abstracto.
Así, el denunciante, respaldado en el derecho justo (las pruebas y la ley), terminó siendo perseguido, con base en un derecho injusto (falsedades y ausencia de pruebas). No obstante recuérdese el principio según el cual “mil años de derecho injusto no igualan a una hora de derecho justo”. Por más abultadas o sofísticas que sean las falsedades, nunca podrán convertirse en una verdad jurídicamente aceptable. Este último es un principio esencial, que se sitúa en el núcleo de la justicia, tal como ha sido construida, bajo el modelo occidental, heredero del Derecho Natural.
Ahora bien, la justicia debe continuar su marcha, para que coincidan la ley formal, la norma superior que dicta los imperativos éticos, y la verdad material. El proceso disciplinario debe adelantarse sin más dilaciones, asegurado por una valoración de las pruebas, en relación con los delitos o las faltas que salieron a flote con mi denuncia; de modo que se culmine en la debida forma, con un fallo que tenga respaldo en los elementos encontrados durante la indagación, cualquiera sea su sentido.
Los procesos judiciales están dispuestos para que el sindicado o el disciplinado haga acopio de sus argumentos con la mira puesta en desvirtuar los cargos que se le imputen, no para eludir este deber y dedicarse en cambio a enlodar a quienes lo han descubierto, operación esta última deleznable que solo revela la debilidad de sus razones para defenderse de los reproches que le hacen los entes responsables de la vigilancia.