Reflexiones

Publicado el RicardoGarcia

La detención

Por: Ricardo García Duarte*

 

Vivo revuelo ha causado, como era previsible, la orden de arresto domiciliario contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, amén de que ha tensionado los ánimos de un país que se regodea con la polarización cuando es convocado -casi a diario- a opinar sobre este personaje político, que en su momento llegó a dominar la opinión pública, la clase política y el poder ejecutivo; pero que ahora enfrenta la amenaza de una grieta inescrutable abierta desde la justicia, la rama a la que no controló nunca y cuya voluntad más bien se enajenó.

La medida de aseguramiento contra el hoy Senador, proferida por un Sala de la Corte Suprema de Justicia, más allá de la crispación, pone de presente la existencia, por lo menos, de tres grandes aspectos en el proceso penal; un proceso que en lo concerniente a la investigación de los hechos o a la parte instructiva, está vertebrado complejamente en etapas, términos de tiempo y valoración de pruebas; y que además construye sentido, al apoyarse en un equilibrio, el que nace de la aspiración a derrotar al sindicado de un delito o una falta, por un lado; y, por el otro, de las garantías que la justicia ha de brindar para que aquel saque adelante su causa: se trata de ese equilibrio ideal entre la acción del Estado y la defensa del procesado; entre la culpabilidad y la inocencia.

En medio de ese equilibrio, ideal pero inestable, entre la futura condena y la absolución, se inscribe la medida preventiva de la detención para conseguir un control sobre el sindicado. En ese lugar procesal de restricciones provisionales sobre la persona, aparecen aquellos tres notorios aspectos; a saber: 1) el técnico; 2) el normativo; y 3) el del poder.

El primero representa la faceta funcional dentro de la actuación procesal; es decir, un modo de evitar que se presente cualquier perturbación originada en la conducta del sindicado, en la integridad de las pruebas o en la realización de las diligencias judiciales.

El segundo significa la validación del deber ser; es la manera de legitimar abstracta y referencialmente el hecho de que el curso de la instrucción transita libre de obstrucciones; con lo cual, la administración de justicia quiere proporcionar confianza a la sociedad. Solo que lo hace exigiendo un precio elevado, el de la libertad del encartado judicialmente, sin que este haya sido condenado.

El tercer aspecto, el más invisible, no por ello el menos real y efectivo, es el del poder. Todo el proceso judicial es una manifestación de este último en manos del Estado para dominar los mecanismos con los cuales somete al potencialmente acusado, a aquel que eventualmente ha causado un perjuicio a la sociedad, haciéndole daño a otros. La forma más aguda para el ejercicio de ese poder está constituida por la supresión o limitación de la libertad, para no hablar de la pena de muerte que no existe en el país. De esa manera, afirma su soberanía, a través del aparato judicial. Lo usual es que lo ejerza, con esos alcances, después de la condena. Pero el aseguramiento preventivo es una forma de anticipar la puesta en práctica (también la puesta en escena) de ese poder. Así, pone al presunto trasgresor de la norma en una situación negativa muy especial, no solo por estar sin su plena libertad, sino porque lo convierte en sospechoso de provocar alteraciones en el desarrollo de la investigación, es decir, de obstruir a la justicia; lo que curiosamente en este caso se confunde con las posibles imputaciones de fondo, como es el fraude a esta última.

A veces ocurre que una detención preventiva solo se reduce a la manifestación caprichosa de ese poder, lo que está coloquial y gráficamente contenido en la expresión popular: ‘una detención no se le niega a nadie’.

En otras ocasiones, el aseguramiento está asociado efectivamente con los riesgos que envuelve la libertad de un individuo por los peligros que se desprenden de sus antecedentes y de su conducta presente; por ejemplo, sucede esta eventualidad cuando la ausencia de una detención puede facilitar la fuga del perseguido, motivo para convertir a la justicia en rey de burlas.

Como en esta circunstancia procesal están, de por medio, la libertad de los individuos y las garantías del debido proceso, lo más aconsejable en un Estado de Derecho es que la línea general sea la de no hacer detenciones preventivas para que el sindicado se defienda en libertad; y que solo se acuda de manera excepcional a ese mecanismo restrictivo de la detención previa.

Ahora bien, en el caso particularmente sonado de la detención de un ex presidente, las razones de una detención podrían reposar en el acervo probatorio recaudado por la Corte; es lo que su Sala de Instrucción ha insinuado; aunque tales elementos probatorios no son conocidos por el público o no lo suficientemente. No las pruebas que se remiten al proceso de fondo, sino los indicios o hechos contundentes en el sentido de que la libertad de dicho sindicado representa un riesgo para la consumación limpia y sin interferencias de la fase instructiva (investigativa) del proceso.

Quizá en todo este asunto, concurran elementos probatorios y una afirmación simbólica y material del poder del Estado, frente a uno de sus más connotados representantes, ya en su condición de aforado por ser Senador activo y objeto de acción judicial; una afirmación particularmente densa e intensa en la suma de sus mensajes.

Rector, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

 

 

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