En 1919 Franz Kafka publicaba el relato “En la Colonia Penitenciaria (In der Strafkolonie)” un relato que tiene que ver todo con nosotros, con el sistema de justicia que impartimos desde nuestras leyes, pero especialmente con la noción de justicia que impartimos desde nuestra cultura.

En el relato de Kafka se nos cuenta cómo funciona una “colonia penitenciaria” un lugar donde las personas son castigadas antes de ser probadas culpables, un lugar donde el procedimiento judicial es una maquinaria medieval que poco ayuda a impartir justicia y a reflexionar sobre la misma (¿nos suena familiar?).

El sistema penitenciario Colombiano está lleno de “colonias penitenciarias” de lógicas terribles, de políticas oscuras e inhumanas. Desde lo que fue la cárcel de la Gorgona (nuestro Alcatraz tropical) donde las serpientes y las enfermedades acababan con la vida de los mal alimentados reclusos, hasta las mazmorras de San Felipe que nos remiten a esa herencia punitiva e irracional de la inquisición. O incluso en la modernidad podemos situar la cárcel que hizo en el páramo de Sumapaz el dictador Gustavo Rojas Pinilla para sus opositores; aislar a sus opositores sin comida, en un frío y deshabitado Páramo.

A la fecha el déficit de cupos carcelarios es superior a 40.000.

En las cárceles y penitenciarías a cargo del INPEC, la sobrepoblación penitenciaria conduce a que, antes de la pandemia, 30 establecimientos de reclusión presentaran niveles oficiales superiores al 100% de hacinamiento, siete sobrepasan el 200% y 3 establecimientos de reclusión alcanzan estadísticas oficiales superiores al 300%. A manera de ejemplo, en la Cárcel de Riohacha, donde sólo deberían estar recluidas unas 100 personas, la población penitenciaria ha alcanzado cifras históricas que superan las 500 personas. Actualmente, los niveles de hacinamiento en ese infierno no se reducen a menos de 250%. Aquí debemos recordar a los muchachos asesinados y quemados en el CAI de Soacha.

Pero esto no se limita a las cárceles; en las estaciones de policía y las celdas de las unidades de reacción inmediata, el hacinamiento puede llegar a ser superior al 500%. Un ejemplo de ello es la estación de policía de Engativá, donde formalmente sólo pueden ser recluidas unas 30 personas, y al 3 de septiembre de 2020, habían 170 personas hacinadas; es decir, 566,7% de hacinamiento.

Hace más de dos décadas, la Corte Constitucional en Sentencia T-153 de 1998, encontró que las condiciones de reclusión en Colombia vulneran todos los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Consecuentemente la Corte declaró la existencia del Estado de Cosas Inconstitucional; en otras palabras significa que en las cárceles de Colombia la Constitución Política no existe. La Corte, entonces, concluyó que “el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario”.

La solución, sin embargo, no es la construcción de nuevas cárceles. Esta ha sido una estrategia de larga data fallida. Mientras los cupos aumentaron en un 100% fruto de un ambicioso plan del Gobierno Nacional de aumentar la capacidad instalada de las cárceles, la población carcelaria aumentó más del doble.

Razones:

1. No se están solucionando las causas sociales del delito

2. Los legisladores obedecen a lógicas punitivistas del mal llamado populismo punitivo. Es decir, construyen una política criminal irracional y lejos de cualquier consideración empírica. Así las cosas, cada año el Código Penal se reforma en promedio 3,3 veces; sin que ello pueda significar siquiera una estrategia real en la solución del problema criminal

El sistema punitivo que seguimos es un modelo que ha fracasado en otras sociedades. La labor más importante del sistema carcelario es la resocialización, nuestro sistema falla en esa labor completamente.

Creo que nos hemos enfocado más en el problema que en la solución y en esto también tenemos responsabilidad los medios y los periodistas; nos gusta el voyerismo sobre los personajes, sobre su pasado, su capacidad de daño, sobre su estatus, pero no nos importan las víctimas o la reparación, nuestras palabras tendrían que estar cuestionando ese sistema punitivo y buscando otras formas de justicia.

Un ejemplo de todo este fracaso en la región y en lo que no debemos convertirnos es el caso de Bukele en El Salvador, el sistema de Bukele ha “cambiado la violencia de las pandillas por la violencia de Estado” sus inhumanas cárceles que recuerdan con mucho dolor a los campos Nazis, son el descalabro de los valores esenciales de la humanidad y la democracia.

La creciente situación de orden público en las cárceles del país y el llamamiento a conmoción del ministro de Justicia Osuna nos debe permitir reflexionar sobre el Sistema Carcelario y  los errores históricos que hemos cometido y seguimos cometiendo.

Nuestro sistema penitenciario es un fracaso, el modelo del sistema es un fracaso, lo punitivo nos ha llevado muy lejos y muy mal. La sed de venganza, o la narrativa promovida por muchos en el país de un deseo de destrucción para los seres humanos encarcelados o que han cometido crímenes es tremendamente peligrosa, en una sociedad donde sistemáticamente y por diferentes actores se violaron los derechos humanos. Debemos comprender que los y las reclusos son seres humanos que tienen derechos y que debemos protegerlos también.

Todo esto me recuerda la anécdota literaria de un niño preguntándole a su padre; “¿Por qué no matamos a los ladrones, así no tendremos más?” y el padre le responde; “¿Listo, ya no tendremos ladrones, pero y entonces…qué hacemos con los asesinos?”.

La pedagogía y la búsqueda de reparar los lazos sociales son más importantes que buscar los logros superficiales y banales de un sistema punitivo.

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Diego Aretz es un periodista e investigador Colombiano, candidato a master en reconciliación y estudios de paz de la Universidad de Winchester, ha sido columnista de medios como Revista Semana, Nodal, El Universal, colaborador de El Espectador. Así mismo es asesor de la Unidad de Búsqueda.

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