El sábado pasado, el presidente Juan Manuel Santos presidió el Acuerdo para la Prosperidad desde la macondiana ciudad de Gabriel García Márquez.
Y no le presté tanta atención a su carreta proselitista llena de promesas y de mariposas amarillas, como a esta ironía de la vida de la que me di cuenta: el Acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones de un colegio público cuyo nombre hace homenaje al tantas veces alcalde de ese municipio, Fossy Marcos María. Y desde ese colegio, el Primer Mandatario inauguró el primer acueducto rural que, según sus palabras, le entrega agua a una comunidad que nunca la ha tenido.
Pues bien, querido lector, sepa usted que el nombre de la persona que enaltece el sustantivo de esa institución educativa desde donde Santos anunció el ‘agüita para su gente’ es precisamente la misma que, según informes de prensa, terminó inhabilitada y destituida por parte de la Procuraduría General, precisamente, por jugar con el agua del pueblo.
Fossy Marcos María, tres veces alcalde de Aracataca, no puede ejercer cargos públicos por lo menos hasta el año 2027, según consta en registros de prensa, porque cuando estuvo al frente de su municipio “habría incurrido en falta disciplinaria al omitir el ejercer control, vigilancia, revisión e intervención a la operación del sistema de acueducto de Aracataca, lo que había ocasionado que la ciudadanía recibiera agua que, según estudios técnicos, no es apta para el consumo humano” (ver El Informador).
Y métales más coincidencia al tema: explíqueme usted que la persona que lleva el nombre de uno de los pocos colegios públicos del municipio, es el mismo que ha sido citado a audiencia pública por la Procuraduría Provincial de Santa Marta para que dé explicaciones en una investigación que se le adelanta por, presuntamente, haber declarado una inexistente urgencia manifiesta y emergencia educativa el 10 de noviembre de 2009 con la única finalidad de poder realizar contrataciones directas.
Con la urgencia declarada, según consta en las investigaciones del ministerio público, el entonces alcalde habría tenido vía libre para definir contrataciones relacionadas con mantenimientos de computador, compras de tableros acrílicos, adquisiciones de obras informáticas escolares en temas agropecuarios, obras en las instituciones educativas, etc, vulnerando además la Ley de Garantías en ese entonces.
Con tan solo una breve revisada al portal de contrataciones públicas (muy reconocido porque allí se publican un mínimo de las contrataciones reales de un ente público, cuando por ley deberían publicarlas todas para información de los ciudadanos), uno puede ver que durante los años 2008 y 2009 el entonces alcalde de Aracataca se pasó de maracas contratando adecuaciones y construcciones de aulas en los colegios públicos del municipio, incluyendo –claro está- el que lleva su nombre. Para la muestra un botón, dos, tres botones, cuatro y uno más.
A este paso voy a terminar por creer que el alcalde que le ponga su nombre a un colegio, es como aquél que al que nombre un cantante de vallenatos en sus canciones… ¿Sí o no?
Por Polo Díaz-Granados
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