Si tú eres uno de los 4 gatos que me lee, es porque tienes clarísimo qué es la Essmar y por qué es que el caicedismo –que tiene la ciudad sin agua, igualito que los de antes- está desesperado por quitarse la ‘sed’ de burocracia logrando que alguien les abra el chorro de esta entidad, que está actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Si no me lees, o eres un lector cachaco, entonces te cuento rápidamente que la Essmar es una empresa de servicios públicos que creó el caicedismo en 2016 para arropar allí todas las concesiones que poco a poco fue quitándole a privados -que hacían negociados con los de antes- para ahora manejarlos con una sola empresa bajo su entero control político: la joya de la corona, le llamamos en Santa Marta.

Y no es para menos, pues la Essmar, a la que no solo le quedó el negocio del acueducto -que antes manejó Metroaguas- sino también el del alcantarillado, alumbrado público y la intervención a la recolección de basuras, es una entidad a la que le ingresan más de 100 mil millones de pesos al año, de los que se gastan al menos 18 mil millones tan solo en contratos de personal; el resto lo embolatan en la operación. (Si no me crees, mira sus cuentas aquí)

Y lo más lindo, es que, al ser mixta, no se rige por tanto obstáculo de transparencia que les dificulta mandar la plata pa donde ellos quieren.  ¿Ya vas viendo de dónde viene la sed?

No en vano, cuando la Essmar la intervinieron, personajes como Patricia Caicedo Omar, hermana del gobernador Carlos Caicedo, y quien gerenció esta empresa en su tiempo, ha acudido a recursos jurídicos para tratar de recuperar el manejo que en su momento les quitaron bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, y que Gustavo Petro aún les tiene vedado… ¡Por algo será!

Precisamente, uno de estos recursos fue noticia hace pocos días, cuando el juez décimo administrativo del Circuito de Santa Marta le falló a favor y ordenó -contra todo pronóstico- que se declare nula la intervención de la Essmar; dicho de otro modo, que la Essmar vuelva a manos del manejo de la Alcaldía de Santa Marta, es decir, del caicedismo.

Yo sé que alguno de los 4 gatos que me lee podrá decirme: ¡Nojoda Polo! Pero confía en la justicia, ¿o es que acaso vas a creer que con la medida lo que pretenden es hacerles el favor al caicedismo? A lo que yo respondo: ¡Piensa mal y acertarás!

El fallo -que se produjo el pasado 26 de julio con una sentencia emanada por el juez 10 administrativo del Circuito de Santa Marta, Romualdo José Gómez Andrade– en realidad no debió haber sido fallada por este juez, por lo que -de entrada- ¡tiene un grave vicio de nulidad!.

Si tú, yo, o quien quiera hacerlo, ingresa al sistema SAMAI, en el que se pueden ver las anotaciones de los expedientes judiciales, se darán cuenta que hay una anotación con fecha del 17 de marzo de 2023, que señalaba que esta demanda debía ser enviada al juez de Descongestión asignado en el reparto. Sin embargo, el juez Gómez decidió seguir con este en su despacho, pese a no ser competente para ello.

¡Su nombre -el del juez- me sonaba!, por eso es por lo que, con la malicia periodística propia de los que sospechamos, se me dio por buscar su cédula en las bases de datos públicas y me encontré con un homónimo: Romualdo Gómez Pinilla, SU PAPÁ.

Para los que no saben, el papá del juez que falló a favor de Patricia Caicedo es dueño de una empresa llamada Decolda (sociedad anónima), empresa contratista (¿adivinan de quién?) … ¡De la Alcaldía!, Dicho de otro modo, el papá del juez es y será contratista del mismo ente territorial que -si las cosas se le dan al caicedismo- comenzará a ser administrada por, nada más y nada menos, la demandante, Patricia Caicedo. ¿Pillan lo que pillo?

Pa que vayan viendo la vaina, Decolda es la interventora de la concesión de Amoblamiento Urbano, uno de los pocos privados que le han funcionado al caicedismo de maravillas, y para quienes SÍ QUE NO aplica el discurso de que las concesiones son negocios de politiqueros que hay que desmontar.

De hecho, parece tan rentable el negocio, que Rafael Alejandro Martínez, uno de los alcaldes del caicedismo (2016-2019), le renovó el contrato de intervención al papá del juez durante una década, después de unas facultades que le entregó el Concejo de Santa Marta en el año 2018.

Por este y otros negocios, el papá del juez se puede dar el lujo de reportar es su declaración de bienes y rentas que, durante un solo año, generó ingresos por más de $2 mil millones de pesos. ¡Gracias en buena parte al caicedismo!

¡No me vengan con cuentos! Que a este juez le cabe una explicación bien grande: ¿A cuenta de qué decidió quedarse con un proceso que, por competencia, ni siquiera le correspondía? ¿Por qué en su declaración juramentada como impartidor de justicia, jamás reportó como eventual inhabilidad tener un papá que, no solo es contratista de la Alcaldía, sino que además gana miles de millones por eso?

¡Acuérdense! Que no es la primera vez que el caicedismo da muestras de tener amiguismos en la rama judicial. No solo se los conté una vez el caso del magistrado penal Carlos Milton Fonseca y los negocios de su hermana, sino que en otra ocasión les hablé de ‘los buenos amigos’ de Carlos Caicedo.

Al paso que vamos, al único en Santa Marta al que le van a quitar la sed es al caicedismo, el resto de los 500 mil habitantes, que sigamos mamando.

¿El poder para qué?

 

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